Fue a través de una resolución conjunta, fundamentada en la derogación de la ley que disponía el funcionamiento de esa comisión, que nunca se había constituido.
A través de una resolución conjunta, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dejaron sin efecto la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Fabricación, Comercialización y Distribución de Pasta Celulosa y de Papel para Diarios.
En los fundamentos, las autoridades del Congreso indicaron que “nunca fue constituida, y sin embargo cuenta hasta la fecha con personal afectado a la misma”. Otro argumento fue que la ley que disponía su creación fue derogada mediante el DNU 70/23.
La Ley 26.736, sancionada en diciembre de 2011, al comienzo de la segunda presidencia de Cristina Kirchner, establecía el control parlamentario a través de una comisión bicameral compuesta por ocho senadores y ocho diputados. Sin embargo, nunca se puso en marcha.
“En atención a la situación reseñada, debe darse inmediata intervención a las Secretarías Administrativas de ambas Cámaras para que den curso a las acciones pertinentes en lo que refiere a los recursos y personal de dicha comisión”, agrega la resolución firmada por Villarruel y Menem.
En la iniciativa se propone componer la bicameral por diez miembros del Senado y diez de la Cámara baja.
El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT – CABA) presentó un proyecto de ley para la creación de una Comisión Bicameral facultada para revisar las leyes aprobadas durante la última dictadura militar.
En tal sentido, el legislador expresó: “Queremos dar un contundente mensaje de no impunidad y poner al Congreso a la altura de la historia democrática removiendo otro de los vestigios de la dictadura militar, como es la vigencia de leyes aprobados por fuera del sistema democrático”.
Esta iniciativa se da en el marco del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, y a 40 años de la vuelta de la Democracia a nuestro país:
La Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) creada por la dictadura sancionó entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983 más de dos mil leyes, de las cuales 469 aún siguen vigentes.
Además, el diputado del FdT manifestó: “Si se atiende al total de 4.449 leyes vigentes, se advierte que casi una de cada diez fue aprobada por el gobierno de facto. Algunas de ellas son especialmente relevantes y significativas, como la Ley de Entidades Financieras, la Ley de inversiones extranjeras, la Ley de expropiaciones y el Régimen Penal de Minoridad entre otras”.
La Comisión bicameral propuesta por Valdés, además de revisar la normativa, tendrá facultades para “proponer las adecuaciones al sistema de sanción de leyes establecido por nuestro sistema republicano de gobierno, como así también las derogaciones o modificaciones que correspondan para garantizar el respeto a los Derechos Humanos”.
Según el articulado del proyecto, dicha bicameral estará integrada por veinte miembros, de los cuales diez deben pertenecer al Senado y a Diputados. Los mismos serán designados por los presidentes de cada Cámara a propuesta de cada bloque, garantizando la proporción de las representaciones políticas en cada una de las Cámaras y la paridad de género.
En el final, Valdés explicó: “Los Derechos Humanos como política del Estado argentino constituyen uno de los pilares fundamentales en nuestro país desde el regreso de la Democracia. La promoción y protección de los Derechos Humanos debe ser transversal a todas las políticas públicas”.
0898-D-2023La exsubdirectora de la AFI dejó asentado en una nota los motivos por los cuales no iba a exponer ante la Comisión. Sin embargo, aclaró que lo haría ante la Justicia.
La exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani se presentó ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, pero se negó a declarar sobre la denuncia de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos y el supuesto armado de causas judiciales contra sindicalistas.
La ex funcionaria concurrió a las 17.30 al Congreso Nacional donde fue recibida por los miembros de la comisión, encabezada por Leopoldo Moreau, ante la que presentó un escrito en la cual argumentó los motivos por los cuales no iba a declarar ante ese organismo parlamentario.
Fuentes parlamentarias señalaron que, en la nota, Majdalani manifestó que no iba a exponer ante la Comisión ni tampoco respondería preguntas, aunque aclaró que sí lo haría ante la justicia, si fuera llamada a hacerlo por estas denuncias.
La decisión de la Bicameral de convocar a Majdalani fue adoptada la semana pasada, tras haber recibido al extitular de AFI Gustavo Arribas, quien también se negó a declarar y presentó un escrito ante los miembros de la comisión.
Los exfuncionarios del organismo de inteligencia fueron mencionados ante la Comisión parlamentaria por algunos de los participantes de la reunión que se desarrolló en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que empresarios, autoridades de la AFI de la gestión macrista y funcionarios de la administración de María Eugenia Vidal analizaron cómo impulsar causas contra gremialistas.
El exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, quien dijo haber asistido a la reunión del Bapro de 2017 para supervisar la grabación de las cámaras, señaló que concurrió por una supuesta orden de Arribas que le fue retransmitida por Majdalani.
La Bicameral inició la investigación sobre la llamada mesa judicial bonaerense luego de que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunciara ante los Tribunales federales que había hallado un video de esa reunión en la sede porteña del Banco Provincia, en la que, se supo, participaron también espías.
Cabe recordar que la comisión ya convocó a tres exdirectivos de la AFI de la gestión macrista: el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Sebastián De Stéfano, y el exjefe de Gabinete de la agencia, Diego Biorci, además del mencionado Dalmau Pereyra.
De acuerdo a la iniciativa, la bicameral estaría compuesta por 48 miembros y tendría un plazo de dos años para la redacción de un proyecto de ley.
Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el macrista Gerardo Milman, presentaron un proyecto de ley que propone la creación de una “Comisión Bicameral de Reforma del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”.
La iniciativa indica que ese cuerpo deberá estar integrado por 48 miembros en total: 24 diputados y 24 senadores, “respetando la proporción de las representaciones políticas en cada una de las cámaras y la representación de cada jurisdicción del país”.
De acuerdo al texto, la comisión tendrá como función “el estudio y elaboración de propuestas sobre el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos; la recepción y análisis de las propuestas realizadas por las diferentes jurisdicciones del país y por las organizaciones o especialistas en la materia; coordinar las actividades necesarias para la participación de cada jurisdicción del país y especialistas en la materia; y la elaboración un proyecto de ley de Coparticipación Federal de Impuestos”.
El articulado agrega que “para el cumplimiento de sus fines” la bicameral deberá constituirse “en cada jurisdicción del país, realizando las acciones de participación que resulten pertinentes con cada Legislatura provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo remitir en forma semestral, la documentación elaborada a consideración del Poder Ejecutivo Nacional, los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Además, estima que “en un plazo no mayor a dos años desde su constitución”, la comisión deberá presentar el proyecto elaborado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.
En los argumentos del proyecto se señaló que la reforma del régimen de coparticipación debería contemplar “cumplir con una eficiente asignación de los recursos en todo el territorio nacional; garantizar la prestación homogénea, equitativa y eficiente de la totalidad de los servicios básicos y esenciales; propiciar la distribución del ingreso en forma equitativa en toda la geografía nacional; promover un modelo de desarrollo sustentable, competitivo y dinámico, que permita la disponibilidad incremental de otros factores de producción, entre otras características a considerar”.
Al recordar que es una manda constitucional la elaboración de una ley convenio al respecto, Milman indicó que “en los hechos nunca ha ido más allá de una intención de su cumplimiento futuro y postergado, plasmada en diversos Pactos concertados en los años 1999, 2000, 2002, 2017, 2018, 2019 y 2020, hasta la actualidad”.
“Se debe agregar que desde la reforma constitucional en el Congreso de la Nación se presentaron diferentes proyectos de ley y se ha producido un significativo trabajo sobre la materia”, agregó.
El proyecto fue firmado por Gerardo Milman -autor-, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Omar de Marchi, Silvia Lospennato, Federico Angelini, Karina Bachey, Gustavo Santos, Danya Tavela, Sabrina Ajmechet, María Lujan Rey, Mercedes Joury, Pedro Galimberti, Alejandro Finocchiaro y Paula Omodeo.
La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mantuvo una reunión informativa que contó con la presencia de representantes de organizaciones sin fines de lucro que contaron su experiencia sobre la crianza comunitaria.
Este viernes se llevó a cabo una reunión informativa de forma presencial de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por la diputada Paola Vessvessian (FdT), en donde se trató el informe de la senadora María Eugenia Duré (FdT – Tierra del Fuego) que busca mostrar y divulgar la promoción de la defensa de los derechos a través de la comunicación, y otro de la diputada Claudia Bernazza (FdT – Buenos Aires) sobre reflexiones en torno a la crianza familiar comunitaria y experiencias en territorio. Además, estuvieron presentes representantes de organizaciones no gubernamentales y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
La senadora Duré fue la primera oradora, quien explicó el trabajo comunicacional que se realizó: “Nos ha tocado en estos dos años trabajar en este punto focal que es la comunicación porque nos parecía importante que la comisión haga hincapié en lo que significa la comunicación en la escucha de los niños, niñas y adolescentes”.
“No hay mejor derecho que el de ser oído”, expresó la legisladora oficialista y agregó: “Pudimos escuchar la voz de los principales protagonistas en el plenario de todo el país”, y compartió las palabras de un joven mendocino: “Hay una cosa de estigmatizar a la juventud y es difícil de llevar”, ante lo que aseguró: “Lo que nos propusimos es continuar el trabajo de tener la territorialidad por lo que hemos marcado algunas cuestiones y acciones”.
No hay mejor derecho que ser oído”, sostuvo la senadora Duré.
En ese sentido explicó: “En función de eso hicimos, en principio que todas las actividades que se llevaron en la bicameral se difundieran, es importante que los medios sirvan para difundir el trabajo que llevamos adelante. Pudimos hacer gacetillas, replicar en los medios la reunión que se mantuvo con los jóvenes y adolescentes”.
“Creo que vamos a hacer alguna reunión mas por zoom con los jóvenes”, avizoró Duré y continuó: “Pensamos hacer campañas de difusión. Cuando pensamos en los derechos tenemos que pensar en cómo llegarles en cuanto a las redes sociales, cómo comunicamos nosotros, de qué manera les vamos a difundir los derechos. La idea que trabajos es hacer placas que sean lo más directas posibles con un lenguaje inclusivo, directo para que lo comprendan no solamente cuáles son sus derechos, sino que lo puedan replicar y comunicar”.
Por último, destacó: “Propusimos hacer un informe de gestión de la Bicameral, en principio de lo que se hizo en el 2020 y un informe del 2021 y el trabajo articulado realizado con diferentes áreas institucionales, organismos. La idea es que la comunicación sirva para replicar y difundir los derechos de niños, niñas y adolescentes y poder escuchar sus voces”.
Por su parte, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro – CABA) sostuvo: “Es un tema que nos permite reflexionar, más allá de las diferencias partidarias hay una mirada conjunta de la protección de los derechos. En la ciudad hay muchos organismos y esta todo regulado, pero hay otras realidades donde de repente la justicia o defensoría puede tardar 8 meses en buscar a un chico y es imposible”.
Más allá de las diferencias partidarias, hay una mirada conjunta de la protección de los derechos”, expresó Guadalupe Tagliaferri.
“Me interesa mucho porque cuando hablamos de infancias es del todo el país, en la ciudad hay un exceso de organismos y lugares y hay chicos que necesitan cuidados comunitarios que quizás la justicia por la distancia puede tardar mesas de dar cuenta de cómo continuar”, expresó la legisladora del Pro.
Además, la diputada Bernazza agradeció que se le haya dado lugar en la agenda y explicó que “Es un tema que tiene que ver con que nuestros hijos se crían en entornos de redes que no solo están los papás biológicos, pero a veces están desabrigados y por lo tanto la crianza comunitaria viene a traer los elementos que necesitan para salir adelante. Estas crianzas comunitarias tienen algunos hitos históricos como el surgimiento del Movimiento Nacional de los chicos del pueblo”.
“No nos tenemos que quedar con que solo las organizaciones crían comunitariamente, es un tipo de crianza que abarca el conjunto enorme que va de la crianza básica como familia a el tema de la adopción, pero en el medio hay una enrome cantidad de experiencias”, indicó.
En este contexto, Bernazza contó que ha “presentado un proyecto de ley de prevalencia y preferencia de las comunitarias frente a la vulneración de derechos”, con el objetivo de que “definitivamente este en el centro de la escena la comunidad de crianza”.
Luego, Luis Espósito representante de “La casa Juan XXII” de Avellaneda fue uno de los primeros en contar las experiencias de lo que ponen en práctica: “Nos definimos como una casa con todo lo que significa esa palabra, un lugar donde se construye a diario una utopía. Esa casa siempre esta en construcción con los chicos y los grandes como compromiso de amor”.
“Nos consideramos una auténtica alternativa de crianza. Nuestra definición es la de ser una organización de la comunidad donde lo central son los lazos de familiaridad. Es un espacio proveedor de identidad y una forma de vivir en la sociedad y más que eso, intentar transformarla”, detalló y agregó: “Llegan pibes que se insertan en el lugar donde tratamos de recuperar los vínculos con su propia familia de origen y juntarlos para rearmar el proyecto de familia y de vida”. “Esto es mucho más que una herramienta o un dispositivo. Estamos hablando de seres humanos que operan dentro de una vida comunitaria”, consideró.
También habló María Agustina Iafolla del “Hogar del Padre Cajade” quien manifestó: “Llevamos 37 años trabajando por las infancias postergadas. Se construyeron emprendimientos productivos y nuestro medio de comunicación para los jóvenes. Hacemos un trabajo atacando las causas, generando políticas públicas y estrategias comunitarias”, y finalizó: “La crianza comunitaria tiene el plus de la ternura como ese modo de hacer y generar lazos, como categoría personal y política en términos de transformar la realidad”.
María Lourdes Molina, en representación de la “Casa San José”, aseguró que ven “con profundas dificultades los plazos que pone la ley porque no alcanzan y por eso tendamos una ley más flexible para que nos permita seguir acompañando como familia”. “La casa busca dar respuestas a niños, niñas y adolescentes que sufren maltratos y tienen derechos vulnerados”, agregó la directora de la institución, Nadin Sanaa Hennawi.
En suma, el referente de la “Casa Juan Diego” Gustavo Vogel expresó: “Creo que también tiene que ver con una revisión de la relación entre el Estado y las organizaciones sociales. Que ele Estado pueda visibilizar a las organizaciones es una punta pie inicial muy importante porque necesitamos que el marco normativo se adapte a las necesidades de la comunidad y reconozca a las experiencias de vida”.
A su vez, el subsecretario del SENAF del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Mariano Loungo, quien planteó que “los chicos en su inmensa mayoría viven con sus familias y según una encuesta de UNICEF un 60% viven con sus padres, un 30 % con las madres y un 3 % con los padres”. También, compartió datos relevados a través de estudios construidos con los órganos de protección del país: “Los chicos sin cuidados parentales están en el orden de los 9 mil”.
“Había muchas dificultades para tener estadísticas en esto porque cada provincia tenía terminologías propias, pero pudimos tomar una nomenclatura común. El primer número fue de 14 mil chicos, luego de la intervención bajó en el segundo estudio que se hizo con UNICEF a 9 mil y no cambió significativamente”, indicó y precisó que “desde la SENAF queremos presentar esta mirada de familia ampliada porque es importante, es el centro de vida de los chicos”.
Por su parte, la senadora Beatriz Graciela Mirkin (FdT – Tucumán) se preguntó brevemente: “¿Qué hace que Estado y comunidad estén tan disociados en mi provincia?”, y agregó: “¿Cómo hacer para que esto cobre realidad en Tucumán? Es una problemática grande que me afije”.
Además, la diputada Carmen Polledo (Pro – CABA) expresó que “tenemos un desafío importante por delante por las consecuenticas que dejó la pandemia y va a ser un dolor de cabeza muy grande”, y agregó: “Los paradigmas que había en la sociedad hay que volver a hablarlos, cada uno de nosotros sabemos cómo cambian las dinámicas en nuestro territorio”.
“Me atrevo a decir unas cuestiones porque estuve muchos años en el territorio. Soy bastante crítica sobre la existencia de los programas en provincia y el manejo con el sistema judicial, hay que pensar actuaciones profesionales”, manifestó la diputada Jimena López (FdT – Buenos Aires), y concluyó: “El Poder Judicial tiene una mirada de patronato”.
La idea es del senador Julio Cobos. Se trataría de una comisión de seguimiento de los acuerdos internacionales sobre política ambiental.
El senador Julio Cobos propuso crear en el ámbito del Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de los Acuerdos Internacionales sobre Política Ambiental, para que realice un seguimiento y control de eficacia de los Acuerdos Internacionales sobre Política Ambiental, ya que hoy no existe un seguimiento efectivo sobre la realización de las metas asumidas por la Argentina.
El exvicepresidente de la Nación explicó que “la comisión debe evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Argentina tras la firma, aprobación y ratificación de acuerdos internacionales sobre política ambiental, cambio climático y desarrollo sustentable. La fiscalización que realice el Congreso a través de esta comisión permitirá conocer el avance exacto en materia ambiental de los diversos organismos nacionales, provinciales o municipales, tras los compromisos asumidos a nivel internacional; aquí radica la importancia de la presente ley, que tiene como marco el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional”.
“Si bien el artículo 86 del Reglamento Interno del Senado prevé la creación de Comisiones Bicamerales o Bicamerales Mixtas para el estudio de materias de interés común o cuya complejidad o importancia lo tornen necesario, la sanción de una ley fortalece institucionalmente dicho ámbito y brinda una mayor dimensión a la importancia que se le otorga a su concreción”.
El legislador mendocino señaló que “la relevancia de las políticas ambientales y climáticas ha crecido de manera sostenida en el siglo XXI. Prueba de ello es la sanción de la Ley General del Ambiente (2002), el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental (2004), la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (2019) y la Ley Yolanda (2020)”.
“El cambio climático afecta a todos los países de todos los continentes, alterando las economías nacionales y a las personas. En este contexto, resulta necesario que el Congreso de la Nación, en el marco de las facultades constitucionales otorgadas y a través de una Comisión específica, efectúe el seguimiento de los objetivos de los acuerdos en cuestión, verifique el cumplimiento de los mismos, sus resultados y las perspectivas de desarrollo futuro”.
“Debemos tomar medidas urgentes para abordar la emergencia climática con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia. Las metas ambientales que los gobiernos se imponen a la hora de firmar Tratados Internacionales deben ser fiscalizadas y fundamentalmente cumplidas para contribuir a la transformación de una Argentina con mayor capacidad de adaptación a las necesidades que el planeta y la humanidad nos demandan. Es a través del seguimiento y del diálogo técnico y político que podremos cumplir con los compromisos que nuestro país asume a nivel internacional y así eventualmente incrementar nuestras metas ambientales y climáticas”, finalizó Cobos.
La senadora Nancy González fue elegida presidenta y la diputada Cristina Alvarez Rodríguez secretaria por unanimidad. La oposición reservó la decisión sobre la vicepresidencia para el próximo encuentro.
La Comisión Bicameral Permanente Interparlamentaria Argentino-Mexicana quedó conformada este jueves en una reunión virtual. La senadora Nancy González (FdT-Chubut) fue elegida presidenta y la diputada Cristina Álvarez Rodríguez (FdT-Buenos Aires), secretaria. Por su lado, la oposición pidió reservar la decisión sobre el puesto de vicepresidente hasta la siguiente reunión.
El prosecretario parlamentario del Senado, Juan Pedro Tunessi, inició la reunión con el anuncio de que las sesiones serán de manera virtual, y el recordatorio de que el encuentro estaba destinado a elegir autoridades. A continuación, repasó la nómina de los legisladores miembros.
La senadora Norma Durango (FdT-La Pampa) solicitó la palabra para presentar a la candidata oficialista a la presidencia. “En nombre del bloque de Frente de Todos vamos a proponer para presidir esta Comisión Interparlamentaria Argentino-Mexicana a la senadora Nancy González”, formuló. Además, argumentó la importancia de la comisión: “Es una de las pocas bicamerales que existen”. “Nosotros hemos ido a México a reconocer el trabajo y la ayuda y la solidaridad que México tuvo con los argentinos en la última dictadura”.
Jimena Latorre (JxC-Mendoza) se manifestó en nombre de la oposición respecto del puesto de vicepresidente de la comisión. “En nombre de Juntos por el Cambio voy a pedir la reserva de la vicepresidencia hasta la próxima reunión que es donde designaremos quién ocupará ese lugar”, solicitó.
El diputado Carlos Selva (FdT-Buenos Aires), por su lado, se encargó de postular a la secretaria. “Para mí es un honor proponer a Cristina Álvarez Rodríguez como secretaria, porque justamente todo lo que enunciara anteriormente, va a ser un año de mucho trabajo con México y creo que Cristina tiene todas las condiciones, no solamente de idoneidad y de compromiso con el trabajo, sino también su capacidad administrativa”, argumentó el legislador bonaerense.
Las autoridades se aprobaron por unanimidad y Nancy González, la flamante presidenta, pasó a dirigir la reunión. En primer lugar, agradeció a todos por “la confianza de dirigir esta bicameral”. A su gratitud añadió que “va a ser una comisión que va a tener mucho trabajo” y propuso una próxima reunión “con toda la documentación que tengamos”. Por último, destacó la “relación tan fluida que tenemos con el país de México”.
La secretaria de la comisión, Cristina Álvarez Rodríguez, habló a continuación. La diputada del oficialismo instó a “fortalecer el vínculo con el querido país hermano de México”. En el mismo sentido, destacó la “oportunidad histórica que tienen México y Argentina”, que ejemplificó con “la afinidad entre nuestros queridos presidentes, Alberto y AMLO” y con algunos temas en agenda como “vacunas, de acuerdos comerciales, la cooperación en materia de derechos humanos y género, el flujo de migrantes”.
Para concluir, González adelantó que “en una próxima reunión definiremos los pasos a seguir y qué acciones son las primeras que nos están reclamando para poder interactuar con el país querido de México y que lo necesita también nuestro país la República Argentina”.
La bicameral quedó conformada por los senadores Nancy González, Inés Blas, Norma Durango (Frente de Todos); Gladys González, Oscar Castillo (Juntos por el Cambio); y los diputados Carlos Selva, Cristina Alvarez Rodríguez (Frente de Todos); Federico Frigerio, Jimena Latorre (Juntos por el Cambio); y Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal).
Para el diputado del Frente de Todos hubo una “mala interpretación” del mensaje presidencial, y habló de la facultad del Congreso para dictar leyes que regulen el funcionamiento del Poder Judicial.
El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau aclaró este miércoles que en el Congreso todavía “no hay ningún proyecto vinculado a la creación de una comisión bicameral”, y señaló que se dio un “mal entendido” y se están formando “opiniones sobre algo que todavía no existe”.
Pese a que el senador oficialista Oscar Parrilli y la propia ministra de Justicia, Marcela Losardo, hicieron referencia al tema, Moreau consideró que existió “una interpretación equivocada” de las palabras del presidente Alberto Fernández durante la Asamblea Legislativa.
El legislador recordó que el mandatario pidió “acentuar una tarea que está rubricada en la Constitución, que es la tarea del control cruzado con el Poder Judicial”. Por eso, explicó que el Poder Judicial controla “tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo respecto a la constitucionalidad de la normas que se dictan”, mientras que “el Congreso tiene la facultad de dictar leyes vinculadas a la actividad del Poder Judicial”.
“Como un ejemplo extremo, si el Congreso el día de mañana sale diciendo ‘no hay más Código Civil’, no hay más Código Civil”, graficó, y agregó que el Parlamento se encarga de dictar las leyes orgánicas e incluso “la composición de la propia Corte se puede ampliar, se puede achicar, también por mayorías simples en el Congreso. Eso se llama control cruzado”.
En diálogo con radio Futurock, el oficialista indicó que ” ya existen comisiones de control y seguimiento, como la del Ministerio Público”. Entonces, consultado sobre si era un “error” hablar de una nueva comisión, respondió: “En realidad sí, por lo menos hasta ahora nadie ha promovido eso”.
Lo que sí reiteró Moreau es su opinión de que “es absolutamente imprescindible una reforma amplísima del Poder Judicial, porque salta a la vista que está funcionando muy mal”.
“La Corte Suprema parece una especie de poder monárquico“, criticó y apuntó que los jueces del máximo tribunal “gozan de privilegios extraordinarios respecto al resto de los ciudadanos”.
Para el diputado hace falta “una reforma profunda”, pero “los que se oponen es porque se oponen a todo lo que signifique remover privilegios”. “Hay que seguir trabajando, hay que seguir convenciendo, tratar de dar respuesta a las demandas que tiene la sociedad”, agregó.
Y volvió a disparar contra la Corte, al sostener que “se ha transformado en una especie de gobierno paralelo” y “apunta a veces incluso al corazón de decisiones tomadas por el Parlamento en el ejercicio soberano de su función. Carece absolutamente de prestigio”.
Desde la bancada opositora señalaron que sí debería crearse una comisión, pero para investigar “el uso de privilegios para el acceso a las vacunas”.
Diputados del interbloque Juntos por el Cambio ratificaron su rechazo a la creación de una comisión bicameral que controle al Poder Judicial, luego que el presidente Alberto Fernández le pidiera al Congreso, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, asumir “el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial” como “lo prevé nuestra Constitución”.
A través de un comunicado difundido este miércoles, la bancada opositora que conduce el cordobés Mario Negri lamentó “escuchar que el oficialismo pretenda crear una comisión legislativa para controlar a la Justicia, no sólo porque sería abiertamente inconstitucional, sino porque además demuestra que la principal preocupación del Poder Ejecutivo es amedrentar a jueces y fiscales para garantizar la impunidad en nuestro país”.
“Vemos a un Gobierno alejado de los problemas reales de los argentinos que no acceden a las vacunas, que no pueden retomar sus trabajos al ver limitada su movilidad por las restricciones en el transporte público, de las miles de PyMEs que cerraron sus puertas, de millones de mujeres que no pueden reinsertarse en el mercado laboral teniendo que hacer malabares para que sus hijos recuperen apenas algunas horas de presencialidad escolar y de los millones de nuevos pobres y desocupados que dejó la pandemia. Esto es lo que preocupa a los argentinos, que aún no saben cuál es el plan de vacunación que nos permitirá recuperar la normalidad”, cuestionaron.
Para los legisladores del Pro, la UCR y la CC-ARI, “si el oficialismo quiere crear una comisión, en lugar de pensar en controlar la Justicia, lo invitamos a apoyar nuestra propuesta para monitorear la transparencia de un plan de vacunación que nos devuelva previsibilidad y tranquilidad a todos los argentinos”. “Sostenemos que la única comisión que debería proponer el Gobierno es la que investigue el uso de privilegios para el acceso a las vacunas”, concluyeron.
“Eso no es constitucional”, aclaró la ministra de Justicia y dijo que las atribuciones apuntan a “analizar” el funcionamiento del servicio de justicia y proponer iniciativas para mejorarlo.
El rol de la Justicia volvió a estar en el centro de la escena tras el mensaje del presidente Alberto Fernánez ante la Asamblea Legislativa, y en las últimas horas por la propuesta de crear una comisión bicameral de control del Poder Judicial, que el senador Oscar Parrilli salió a anunciar.
Sobre el tema se refirió este miércoles la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, quien señaló: “Lo que el presidente planteó, y está muy bien que lo pida, es que el Congreso asuma el rol cruzado de control del Poder Judicial. Esto es lo que plantea nuestra Constitución en un poder republicano y democrático”.
“Ese control no significa interferir en las decisiones, sino para que se respete el equilibrio de poderes”, sostuvo la funcionaria y dijo que la comisión funcionaría como “un órgano de asesoramiento, no permanente, creado para el estudio de un asunto determinado”.
La ministra aseguró que “en caso de que ocurra (la creación), porque eso es una decisión del Congreso, será para analizar o estudiar el funcionamiento del Poder Judicial dentro de las atribuciones. Podría convocar una audiencia pública para que los jueces informen sobre su gestión, pero todo eso para un mejoramiento de la justicia”.
Losardo también explicó que la bicameral podrá “elaborar propuestas legislativas”, pero aclaró que no tendrá atribución para sancionar a jueces: “No puede, eso no es constitucional. Eso le corresponde al Consejo de la Magistratura y al jurado de enjuiciamiento”.
Por otra parte, la funcionaria reclamó que están “a la espera” de la sanción del proyecto de reforma judicial en la Cámara de Diputados para “reordenar el sistema federal”. “Creemos que la Justicia tiene que cambiar, tiene que mejorar. No toda. Está lleno de jueces que son probos, honestos y trabajan”, prosiguió.
En declaraciones a radio El Destape, la titular de la cartera de Justicia enfatizó que la vía para “mejorar el sistema judicial” es por “el camino de las instituciones”. En ese sentido, criticó la postura de la oposición.
“Siempre estuvimos dispuestos a aceptar cambios, pero siempre nos encontramos con una pared”, expresó y rechazó que la iniciativa ni siquiera se debata. “Todavía no lo habíamos enviado y se hablaba del proyecto para la impunidad de la vicepresidenta. Después dijeron que el presupuesto era mucho, después de por qué lo presentamos en pandemia. Siempre hubo un no”, agregó.
Entonces, Losardo consideró que “algunos quieren seguir y están cómodos como están ahora, parte de la oposición seguro. Todo lo que se quiera hacer para mejorar, para transparentar el servicio de Justicia es lo que siempre se traba, entonces me pregunto, ¿algunos quieren una Justicia transparente, proba?”.
Consultada respecto de las causas que involucran a la vicepresidenta, la ministra prefirió no hablar específicamente de alguna, pero sí afirmó que “hay muchas causas judiciales que tienen un montón de vicios y que tienen un montón de cuestiones que no fueron atendidas, y no se ha hecho nada”. “La llamaron una vez a ocho indagatorias en un día. ¿A alguien le pasó eso? La vicepresidenta es una persona que siempre ha estado a derecho”, completó.
El senador sugirió la creación de una comisión bicameral para investigar al Poder Judicial a raíz de lo que pidió Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Qué le respondió la oposición.
Legisladores nacionales de Juntos por el Cambio salieron a criticar con fuerza la propuesta del senador oficialista Oscar Parrilli para crear una comisión bicameral que investigue al Poder Judicial, a raíz de lo que pidió el presidente Alberto Fernández este lunes en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
“El presidente lo que dijo es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde, habló de un rol cruzado de control de los poderes, y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, debatir, discutir y que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial”, planteó Parrilli en declaraciones a El Destape, y desde Juntos por el Cambio brotaron los cuestionamientos.
El jefe del interbloque de diputados, Mario Negri, advirtió que “Parrilli quiere crear una comisión bicameral inquisidora de jueces y fiscales”.
“Con evidente abuso de autoridad, el kirchnerismo quiere atribuirse facultades que la Constitución Nacional le da al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento”, señaló el cordobés, y remató: “Inaceptable. No pasarán”.
Su par del Senado Luis Naidenoff coincidió en que se trata de “una nueva embestida para apretar y amedrentar a los magistrados que no se doblegan ante el poder, como quienes condenaron a Lázaro Báez por lavado o a Julio De Vido por corrupción”.
“No vamos a permitir que se lleven puesta la independencia de la Justicia ni la República”, sentenció el titular del interbloque en la Cámara alta.
Por su parte, el senador radical Pablo Blanco consideró que “la pretensión del presidente Fernández, explicitada por el senador Parrilli, de armar una comisión bicameral en el Congreso para investigar a la Justicia es un disparate total a la medida de Cristina Fernández”.
“Ese proyecto no debería prosperar, y si lo hace, quienes la integren se transformarán en apéndices del oficialismo para condicionar a la Justicia. Ir contra la división de poderes es atentar contra la República”, subrayó el senador fueguino.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López sostuvo que “la propuesta de Parrilli, Alberto Fernández y Cristina Kirchner constitucionalmente se llama ‘subvertir el orden institucional’, y políticamente se llama ‘estamos fracasando en el plan de impunidad y vamos a atacar’”.
“Crear una comisión para controlar el desempeño de jueces es un intento por domesticar y acallar a la Justicia independiente, que viola la división de poderes y la Constitución. No lo vamos a permitir!”, advirtió Luis Petri.
