Con la intención de evitar las malas praxis veterinarias, vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley que tiene por objeto regular el ejercicio profesional de la medicina veterinaria, promoviendo el bienestar animal, su trato digno, los derechos de los tutores y la seguridad en la prestación de los servicios.

El texto en cuestión fue denominado como “Ley Greta”, en honor a una perrita que falleció a causa de una inadecuada atención veterinaria mientras se encontraba internada en una reconocida clínica del distrito capitalino.

De esta manera, la iniciativa alcanzaría a los profesionales matriculados en el ejercicio de la medicina veterinaria; las personas que desempeñen funciones dentro de establecimientos habilitados para la prestación de servicios veterinarios; los establecimientos habilitados para la prestación de servicios veterinarios; y los tutores responsables de los animales.

Al mismo tiempo que establece las obligaciones de los profesionales veterinarios, por lo que sostiene que estos deben “ejercer la profesión respetando la dignidad de los animales y los derechos de sus tutores”; “asentar en la historia clínica del animal todo procedimiento, prescripción y tratamiento realizado, incluyendo nombre, apellido y número de documento de la/s personas intervinientes en cada etapa del proceso”; “informar de manera clara y oportuna al tutor sobre el diagnóstico, el tratamiento y la evolución del animal”; “mantener formación continua mediante capacitación y actualización profesional”, entre otras cuestiones.

Asimismo, el proyecto busca fijar la obligatoriedad de firmar un consentimiento informado a la hora de realizar procedimientos que impliquen riesgo para las mascotas, en el que deben constar las posibles complicaciones, costos y alternativas. Así como también se prevé que los veterinarios informen, previo a la prestación del servicio, un presupuesto escrito que detalle en forma desagregada los conceptos incluidos, tales como honorarios profesionales, internación, medicamentos, insumos y cualquier otro gasto que corresponda.

“Ante sospecha fundada de mala praxis es obligatoria la realización de una necropsia oficial, a cargo de un perito veterinario independiente debidamente habilitado”, sostiene la iniciativa y fija sanciones para aquellos profesionales que incurran en negligencias: una multa que podría oscilar entre las 500 y diez mil unidades fijas; y/o inhabilitación para el ejercicio de actividades vinculadas a la atención de animales en el ámbito de la Ciudad por un plazo máximo de dos años; o clausura total o parcial del establecimiento por un plazo de hasta 180 días, cuando este resulte responsable.

El texto también sostiene que “la sanción se eleva al doble cuando la persona interviniente ejerciere la actividad veterinaria sin contar con matrícula profesional habilitante” y que “la sanción se eleva al doble cuando la mala praxis recaiga sobre un animal de asistencia y le ocasionare sufrimiento extremo, daño irreversible o la muerte”.