Tal como lo tenía en sus planes desde hace días, el oficialismo pidió una sesión con agenda propia en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles. Luego que la oposición reprogramara su convocatoria a tratar -ahora, entre otros temas- la interpelación de Manuel Adorni, La Libertad Avanza solicitó una sesión desde las 10.

El temario era el que ya se anticipaba, pero llamativamente no fue incluida la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que obtuvo dictamen de tres comisiones esta semana. El tema, que cobró relevancia en el marco de los compromisos asumidos con la administración de Donald Trump y el acuerdo comercial bilateral, venía retrasado y seguirá así, pues el oficialismo decidió pasarlo para "más adelante", sujeto a las negociaciones que el Gobierno todavía mantiene con Estados Unidos.

Sí se debatirán, y La Libertad Avanza buscará la media sanción, los proyectos de "Ley Hojarasca" y el que modifica el Régimen de Zona Fría, con la intención de reformular los subsidios al gas en las provincias que habían ingresado al beneficio por una ley votada en 2021, impulsada en aquel entonces por Máximo Kirchner.

Sin chances de lograr quórum, los solicitantes de la sesión que estaba prevista para este jueves 14 con la intención de votar un emplazamiento a comisiones sobre los proyectos que proponen la interpelación de Adorni, retiraron esa convocatoria y presentaron un nuevo pedido para el miércoles 20 a las 11, con otros temas sociales.

Sin embargo, días atrás, LLA había reunido a sus aliados y les había transmitido la intención de sesionar el 20. Por eso, este jueves presentaron el pedido, pero desde las 10. Es decir que, si los violetas reúnen quórum una hora antes, la siguiente sesión quedaría trunca.

La llamada "Ley Hojarasca" finalmente será llevada al recinto: se trata de un proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a derogar una serie de normas que considera se volvieron obsoletas o inútiles, generan burocracia o "atentan contra las libertades".

Al obtener despacho de mayoría, el oficialismo aceptó una serie de modificaciones: no se eliminarán artículos de distintas normas referidas al financiamiento del Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios. Tampoco habrá derogación de la ley que prevé el libre estacionamiento para los legisladores nacionales y se quitó del listado una ley que el sector del cooperativismo reclamó no derogar.

En cuanto a la modificación del Régimen de Zona Fría, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo hace 10 días obtuvo dictamen exprés en comisiones este miércoles.

La iniciativa redefine quiénes conservarán el beneficio en las tarifas de gas. Para la Patagonia, Malargüe y la Puna se mantendrán los subsidios al consumo residencial. En cambio, para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

El proyecto abarca además la deuda de las distribuidoras de energía con CAMMESA, derogación de algunos beneficios para el sector de hidrocarburos y la prórroga del régimen de incentivo a las energías renovables.

El temario incluye además una decena de tratados internacionales y un proyecto por el cual se reconoce al Brigadier (R) "VGM" Jorge Francisco Martínez por su actuación en la Guerra del Atlántico Sur y se le concede la medalla de "La Nación Argentina al valor en combate".

El pedido de la sesión fue firmado por los libertarios Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo, Laura Rodríguez Machado, Facundo Correa Llano, Bertie Benegas Lynch, Carlos Zapata, Santiago Santurio y Lisandro Almirón.

En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza y sus aliados se alzaron con el dictamen de mayoría del proyecto de ley enviado por el Gobierno que modifica el régimen de zona fría, sobre los subsidios al gas en distintas provincias, que se ampliaron por una ley votada en 2021, impulsada por Máximo Kirchner.

La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo el 4 de mayo pasado y tuvo un tratamiento exprés, ya que solo con una reunión se pasó la firma y quedó así habilitado para su debate en el recinto. En el oficialismo buscarán incluirlo en el temario de una sesión prevista para el próximo miércoles.

El plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda se llevó a cabo este miércoles por casi tres horas. Al encuentro asistieron funcionarios del área energética, con Carmen Tettamanti, secretaria de Energía, a la cabeza.

Mientras transcurrían los intercambios entre diputados y los representantes del Ejecutivo, se pasó a la firma el dictamen, obteniendo el de mayoría 46 firmas en total, correspondientes a La Libertad Avanza, la UCR, el Pro, el MID, Innovación Federal (Salta + Misiones), Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan) y Elijo Catamarca (Catamarca). El texto tuvo cambios menores respecto a la redacción original.

Por su parte, el bloque de Unión por la Patria presentó un dictamen alternativo con 31 firmas. También fue con un despacho de minoría Provincias Unidas, con 4 firmas.

El proyecto apunta a reformar el régimen votado en 2021 (Ley 27.637), por el cual ingresaron a los beneficios partidos y departamentos de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

En ese momento, la ampliación de zona fría fue impulsada por Máximo Kirchner, motivo por el cual legisladores del camporismo salieron rápidamente a cuestionar la propuesta en redes sociales. Sin embargo, a los representantes de este sector del bloque peronista no se los escuchó durante el plenario de este miércoles.

La iniciativa redefine quiénes conservarán el beneficio. Para la Patagonia, Malargüe y la Puna se mantendrán los subsidios al consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. En cambio, para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

En tal sentido, el texto establece que los hogares de las zonas ampliadas solo recibirán una bonificación adicional por zona fría si están inscriptos en el SEF, que abarca a familias con ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales, y a beneficiarios de programas específicos como el ReNaBaP o la pensión a veteranos de Malvinas.

Otra modificación clave es que el subsidio se calculará exclusivamente sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa.

Al defender el proyecto, Tettamanti expresó: “Nosotros estamos cambiando los esquemas de subsidios. La filosofía detrás de esto es que creemos que los recursos económicos son escasos y hay que utilizarlos de manera eficiente y justa”. En tal sentido, dijo que los subsidios deben ir “exclusivamente a la gente que lo necesita”.

El actual subsidio por zona fría “subsidia a absolutamente todos los usuarios de una vasta región del país, con independencia de su poder adquisitivo. Esa es la primera injusticia”, enfatizó la funcionaria y señaló que “todos los contribuyentes están poniendo 500 mil millones de pesos para subsidiar a ricos y pobres”.

“Hay una región del país que realmente es más fría, que es la Patagonia. En Ushuaia se consume siete veces más de lo que se consume en Buenos Aires”, apuntó y aclaró que “la gente de la zona fría tradicional va a tener el subsidio que históricamente tenía, sobre los metros cúbicos de gas que consume”.

En cuanto a la alícuota vigente del 7,5% sobre el precio del gas natural, Tettamanti aseguró que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas ya no alcanza para financiar el régimen. “No le estamos sacando ningún subsidio a la gente que lo necesita. Pero en el resto del país estamos focalizando lo que se recauda con la alícuota del 7,5% en los usuarios que más lo necesitan. Lo que queremos es que la gente que pueda pagar la energía, la pague”, agregó.

Por otra parte, el proyecto prevé la regularización de obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En esta línea, se determina que el PEN instruirá, a través de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) a aplicar créditos a la cancelación exclusiva de las obligaciones que las distribuidoras del servicio público de electricidad tuvieran con la compañía, en caso que dichas distribuidoras estén incluidas en acuerdos de pago suscriptos en el marco de regímenes de regularización de deudas establecidos por el Gobierno Nacional y sin perjuicio de otros conceptos, sujeto a la declinación por parte de las mismas de la totalidad de reclamos judiciales o administrativos.

“Durante los últimos 20 años hemos vivido de emergencia tarifaria en emergencia tarifaria. Durante todos esos periodos, las distribuidoras de energía eléctrica tuvieron las tarifas pesificadas y congeladas. Eso originó que las distribuidoras no tenían los recursos para pagar los costos de operación y mantenimiento, hacer inversiones y además pagarle la energía que le suministraba CAMMESA”, explicó la secretaria de Energía y manifestó que “se acumularon deudas millonarias”.

En cuanto a otro artículo de la iniciativa, que es el que prorroga el régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045, la funcionaria expresó que “es muy importante mantener la estabilidad tributaria” y “hoy en día la energía renovable proporciona aproximadamente un 20% de la generación del país”. “Es muy importante que tengan seguridad jurídica de que no se las va a gravar con tasas municipales, provinciales ni otros impuestos nacionales”, añadió.

El debate

Durante la reunión, la diputada de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado recordó la sanción de la ley en 2021 y opinó que en ese momento “se metió la política”. “Lejos de ampliar la zona a quienes verdaderamente necesitaban esta ayuda del Estado, se decidió extender a lo que es una marcha geográfica donde no se identificara cuál era más fría que otra”, aseveró y mencionó que “en esa época muchos decían que era un subsidio pro-ricos”, entre esos “nada más y nada menos que el ministro Martín Guzmán”. “Sin embargo, el peso electoral de los lugares a donde se extendía implicaba la imperiosa necesidad de darles algo extra para ganar las elecciones”, acusó.

“Córdoba, la provincia que represento, es el símbolo de la arbitrariedad de esta ley”, dijo y señaló que el subsidio lo reciben “los 13 departamentos más ricos de la provincia”, que están al sur. “La mitad más pobre le están pagando a los que tienen pileta climatizada en la parte más rica”, lanzó.

El jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, recogió el guante con una chicana: “Escuchaba a la diputada hablar de las piletas climatizadas. No sé de dónde las sacan. Es tan irrisorio como hablar de las cascadas”. Y recordó que el proyecto tuvo 190 votos positivos en la Cámara de Diputados, y entre ellos lo votaron “Alejandro Cacace (actual secretario de Desregulación), Omar de Marchi, Sebastián García de Luca, Silvia Lospennato, Mario Negri, Humberto Orrego, actual gobernador de la provincia de San Juan. Petri, Luis Alfonso, ¿es de ustedes no? Ignacio “Nacho” Torres, gobernador de Chubut”, enumeró.

A responderle salió la oficialista Silvana Giudici, quien resaltó que “era el contexto del atraso de las tarifas, de la inmovilización de las obras y de que todos los años, ya sea en las zonas frías o el resto del país, no teníamos gas ni electricidad”. A continuación, detalló que a partir de la ampliación “se incorporaron 3.431.000 personas al subsidio. ¿Se acuerdan? Como las moratorias del ‘plan platita’. Total después otros la van a pagar”.

“Se aumentó la tasa del 5% a 7,5% que todos los usuarios del país pagamos para subsidiar a aquellos sectores de las zonas ampliadas”, cuestionó y precisó que “el 45% del Fondo compuesto por el 7,5% se lo llevaron solamente el 20% de estos usuarios, que son los de mayores ingresos”.

Coautora de aquella ley, la massista Jimena López subrayó que “este Gobierno subió cinco veces en el 2025 el recargo que pagamos todos para financiar zona fría, no es que no lo han tocado. En abril se arrogaron una facultad de subirlo al 11,25% sin pasar por este Congreso, como han hecho un montón de cosas”. “Ahora recortan los beneficios, pero no bajan el recargo. El proyecto no dice dónde va a ir esa diferencia porcentual”, advirtió.

En el arranque de la reunión se designaron algunos cargos vacantes: en la Comisión de Energía y Combustibles, la libertaria Lorena Villaverde asumió la secretaría primera, mientras que el peronista Emir Félix lo hizo en la secretaría segunda; en tanto, en Presupuesto y Hacienda, el diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto fue elegido vicepresidente primero, y el oficialista Alfredo González secretario tercero.

Diputadas y senadoras kirchneristas salieron a criticar duramente el proyecto de ley enviado por el Gobierno que propone una reforma a la Ley de Zona Fría, sobre el esquema de subsidios al gas en provincias con temperaturas extremas.

“Alerta Mendoza”, advirtió la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien aseguró que el proyecto “te afectará a vos y tu familia”. “No es un simple ajuste, están atacando el federalismo. Las consecuencias: los mendocinos pagarán el déficit con frío y desesperación”, pronosticó.

En tal sentido, la vicejefa del interbloque peronista aseguró que “están en juego 400.000 hogares mendocinos. Miles de familias y jubilados que hoy se ven obligados a elegir entre comer o calefaccionarse. La ‘eficiencia’ que pregonan es, en realidad, una crueldad social sin precedentes”.

“Mendoza no puede ser un dibujo escondido en un Excel porteño. En Malargüe, San Rafael, Alvear y el Valle de Uco, el frío no perdona, no se puede ‘ahorrar’ gas cuando hay 10 grados bajo cero. Lo que el Gobierno llama ‘exceso’, para nosotros es supervivencia”, continuó.

Asimismo, Fernández Sagasti habló de “una trampa técnica: pasamos de un subsidio porcentual a la ‘Canasta Básica Energética’. Es decir, un bloque mínimo de consumo y el resto a precio de mercado”. “En síntesis: esconden un tarifazo encubierto que ignora la realidad térmica de nuestras zonas áridas”, completó.

Por su parte, la senadora Ana Marks calificó a la iniciativa como “el tercer intento de desguace de una política clave para millones de argentinos, y lo hacen en la previa al comienzo del invierno. Una vez más las familias van a tener que elegir entre comer o calefaccionarse”.

“La Ley de Zona Fría no es un privilegio: es una herramienta que compensa desigualdades estructurales. Tocarla de esta manera implica aumentar las facturas y también la carga impositiva indirecta. Es más ajuste, más exclusión y más pobreza energética”, subrayó.

La rionegrina apuntó que “este es el tercer intento del gobierno de Milei de voltear el régimen de Zona Fría. Lo intentaron con la Ley Bases en 2024, luego en el Presupuesto 2026, y ahora vuelven a la carga. No es casual que sea un proyecto del diputado Máximo Kirchner, que tuvo la decisión política de proteger a quienes más necesitan políticas energéticas frente a condiciones climáticas adversas”.

Marks explicó que “hasta ahora, el descuento del 30% o 50% se aplicaba sobre prácticamente toda la factura. Con este proyecto, lo limitan solo al precio del gas, dejando afuera transporte, distribución e impuestos. Es decir, los aumentos más fuertes van a impactar de lleno en el bolsillo de los usuarios”.

“Este mismo gobierno elevó la alícuota al 7,5% que pagan los usuarios para financiar el Fondo Fiduciario, que recauda unos 400 millones de dólares al año. Y, aun así, dicen que el sistema es inviable y avanzan para recortarlo. Es un argumento falaz para justificar un ajuste”, enfatizó y cuestionó que “nuevamente estamos frente a superpoderes para Milei; este proyecto pretende darle al Presidente la facultad de modificar las ‘modalidades’ del beneficio y de subir o bajar hasta un 50% el recargo que pagan los usuarios del resto del país, es un cheque en blanco que ya sabemos a quién más va a afectar”.

En materia eléctrica, la legisladora del bloque Justicialista alertó sobre el impacto en Río Negro: “Este proyecto de ley obliga a regularizar las deudas con CAMMESA sin respaldo nacional, trasladan toda la presión a las provincias. En nuestro caso, eso implica que el EPRE deberá decidir entre tarifazos o subsidios provinciales”.

Frente a este escenario, recordó que en la Cámara alta “no solo hemos presentado iniciativas por una energía con equidad social junto a legisladores patagónicos, sino que avanzamos con un proyecto de ley para la recuperación de la soberanía hidrocarburífera y el autoabastecimiento”.

Finalmente, Marks sentenció: “El problema no es el consumo, es un esquema tarifario injusto que desconoce la realidad climática del país. Este proyecto no soluciona nada, agrava todo. Cada vez más hogares van a destinar una mayor parte de sus ingresos a pagar servicios esenciales. Eso no es eficiencia, es abandono del Estado”.

“El gobierno nacional modificó el sentido de la Ley de Zonas Frías, impulsada por Máximo Kirchner, que nació como una política para equilibrar las desigualdades climáticas entre regiones. Ahora empezará a redefinirse bajo criterios exclusivamente económicos y eso puede dejar afuera a miles de familias trabajadoras”, advirtió la diputada Gabriela Estévez.

Al hablar de su provincia, la camporista señaló que “en Córdoba, donde alrededor de 600 mil personas acceden a tarifas diferenciales, las boletas de gas podrían aumentar hasta un 50%”. “Otra vez el ajuste recae sobre las clases medias, afecta a la producción y castiga a quienes siguen apostando y trabajando en el interior profundo de nuestro país. Y la pregunta sigue siendo la misma, si cada vez hay más ajuste y cada vez más deuda, ¿a dónde está yendo la plata?”, se preguntó.

“Otra vez Santa Fe perjudicada por @JMilei. ¿Sabían que están juntando votos para derogar la Ley de Zona Fría?”, escribió en su cuenta de X la diputada Florencia Carignano y cargó: “Primero empezaron cambiando nombres a las instituciones y lugares nombradas con el apellido Kirchner y ahora van por las leyes. No se trata de un apellido. Se trata de millones de argentinos y argentinas que hoy pueden calefaccionarse”.

Según la opositora, este proyecto “es contra más de 500.000 santafecinos beneficiados por esta ley”. “El odio político les nubla la mirada: quieren borrar derechos solo porque no los impulsaron ellos. Los gobernadores van a ser claves en que esto suceda. ¿Cuándo vamos a ver el ajuste en los gastos de lujos de sus funcionarios?”, desafió.

También desde Santa Fe, la diputada Alejandrina Borgatta manifestó que “más de 550 mil hogares recibían subsidio al gas natural por la Ley de Zona Fría de Máximo Kirchner. Por decisión del gobierno nacional, el beneficio pasará de ser igualitario a ‘adicional’,  financiado por el consumidor final con un aumento en su tarifa de hasta 7,5%”.

“3 leyes Kirchner que el gobierno quiere derogar. Ley de Zona Fría: para que los argentinos que viven en provincias con bajas temperaturas paguen el gas más barato. Ley de Fuego: prohíbe hacer negocios inmobiliarios con incendios intencionales. Ley de Tierras Rurales: pone un tope a la extranjerización de nuestro suelo. ¿Por qué molesta tanto el apellido Kirchner? Porque siempre que están en lugares de decisión, gobiernan y legislan en defensa del pueblo y de la patria”, definió la diputada Lucía Cámpora.

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización en las tarifas de gas natural que combina la suba del precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un nuevo escalón de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y el mecanismo de ajuste mensual por inflación.

Con los nuevos cuadros tarifarios, el cargo fijo mensual más bajo para usuarios residenciales (categoría R1) se ubicará en $3.824 en la Ciudad de Buenos Aires y en $4.416 en el conurbano bonaerense. En tanto, para los hogares de mayor nivel de consumo (R4), los cargos fijos superan los $91.000 mensuales en territorio porteño.

La actualización se inscribe dentro del esquema de tarifas móviles por temporada que comenzó a implementar la Secretaría de Energía, con el objetivo de reflejar las variaciones estacionales del costo del servicio. En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dispuso que las facturas deberán consignar el Precio Anual Uniforme (PAU), una referencia clave para el cálculo de los beneficios sociales.

El PAU es la variable sobre la cual se aplican los descuentos destinados a los usuarios vulnerables incluidos en el sistema de subsidios vigente. Según la normativa, este precio se utilizará para los consumos de gas realizados durante todo 2026, a partir de la entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios.

Las resoluciones aclaran que el PAU es independiente de otros costos de abastecimiento, como el gas natural regasificado, que quedan excluidos del esquema de bonificaciones. En ese sentido, tras la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el beneficio estatal se aplicará exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio surgido del Plan Gas.Ar.

El objetivo oficial es garantizar que los usuarios residenciales de menores ingresos mantengan el acceso al consumo básico, en un contexto de recomposición gradual de tarifas. Las empresas licenciatarias, por su parte, deberán publicar los nuevos cuadros tarifarios en diarios de gran circulación dentro de los próximos diez días hábiles.

Según el cronograma definido por el Ministerio de Economía, el impacto total de la Revisión Quinquenal de Tarifas se completará a través de 31 aumentos mensuales y consecutivos, consolidando un sendero de actualización escalonada del servicio.

La vicegobernadora bonaerense participó del lanzamiento de la propuesta del diputado nacional Máximo kirchner, que contempla una rebaja de entre el 30 y el 50% en las tarifas para más de tres millones personas. Magario resaltó alcanza también a las garrafas contemplando a aquellos hogares que no disponen de gas natural.

La Vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, estuvo presente en el anuncio en el Congreso de la Nación de la presentación del proyecto de Ley de Disminución de la Tarifa de gas para las Zonas Frías, que lleva la firma del diputado nacional Máximo Kirchner, y que beneficiará en forma directa a más de tres millones de argentinos y argentinas sobre la base de su situación de vulnerabilidad.

Magario celebró la iniciativa e hizo hincapié en que el beneficio incluye a más de 50 distritos de la provincia de Buenos Aires “como un primer paso hacia un esquema de servicios públicos accesibles”.

La vicegobernadora ponderó que los descuentos se extiendan al precio de la garrafa contemplando así a aquellos hogares que no tienen acceso a la red de gas natural.

“Esto beneficia a más de tres millones de personas y da respuesta a una demanda histórica por parte de asociaciones de defensa del consumidor”, resumió Magario.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que resaltó la tarea conjunta de los bloques en la confección del proyecto y anticipó que la iniciativa tendrá trato prioritario "porque implica llevar alivio a los usuarios y usuarias de gas y eso genera un impacto directo en el bolsillo".

Por su parte, el diputado Máximo Kirchner explicó que la propuesta se enmarca “en un cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas”.

“Quienes desconocen la realidad de la Argentina y hablaban de veredas calefaccionadas o de que los argentinos y argentinas malgastaban el gas le hicieron un gran daño al poder adquisitivo de nuestro pueblo”, agregó.

Del la presentación, participaron la titular de ANSES, Fernanda Raverta, las legisladoras del oficialismo Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez, además de quienes trabajaron en el proyecto, Liliana Schwindt, Jimena López y los diputados José Luis Ramón (Unidad y equidad) conjuntamente con Jorge "Topo" Rodríguez (Consenso Federal).

“Desde nuestro bloque manifestamos el total acompañamiento al proyecto presentado por el presidente del bloque de nuestro espacio político en la Cámara de Diputados de la Nación, Máximo Kirchner, junto con el titular de ese cuerpo legislativo, Sergio Massa, para beneficiar a más de tres millones de compatriotas con una reducción de entre el 30% y el 50% de la tarifa de gas, de acuerdo a su situación de mayor o menor vulnerabilidad”, dijeron este viernes los senadores provinciales del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires.

Como se sabe que la iniciativa “es el resultado de un trabajo en conjunto entre los bloques del Frente de Todos, Consenso Federal y Unidad y Equidad Federal”, y así lo expusieron los senadores bonaerense del FdT.

Detallaron que en la provincia, “el beneficio contemplado en el proyecto abarcaría a las localidades de más de 40 distritos: Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea, Tres Arroyos, San Cayetano, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Tandil, Olavarría, Azul, General La Madrid, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Laprida, Benito Juárez, Gonzales Chaves, General Juan de Madariaga, General Lavalle, Ayacucho, Rauch, Pellegrini, Salliqueló, Guaminí, Tres Lomas, Daireaux, Balcarce, Puan, Adolfo Alsina, Tapalqué, General Guido, Castelli, Dolores, Maipú, Tordillo, Bolívar y Pehuajó”.

“Se trata de un proyecto que busca dar respuesta a un reclamo histórico de nuestras comunidades, y que apunta a generar un considerable alivio para los bolsillos de nuestros vecinos y nuestras vecinas, que con mucho esfuerzo vienen padeciendo los daños producidos tras cuatro años de neoliberalismo, incluyendo el brutal tarifazo impulsado a nivel nacional por la administración del expresidente Mauricio Macri y a nivel provincial por la de la exgobernadora María Eugenia Vidal, así como las consecuencias de la pandemia”, consignaron.

Para el bloque de senadores que conduce Gervasio Bozzano “esta reducción de las tarifas de gas para los usuarios y usuarias redundará en un beneficio para los sectores productivos, a partir del aumento del salario real generado por la medida. Resulta, en este sentido, otro paso en el camino de la recuperación del poder adquisitivo de la población bonaerense y de toda la Argentina, y de la reactivación económica para poner nuevamente a la Provincia y al país en marcha”.             

Por último, los miembros de la bancada oficialista afirmaron que “el compromiso que asumió nuestro espacio el 10 de diciembre de 2019 es el de recuperar la senda de la inclusión, el desarrollo y la ampliación de derechos. La pandemia que actualmente atraviesa nuestra coyuntura no ha sido ni será un obstáculo que nos impida seguir trabajando en ese sentido”.