El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto de inauguración de la obra de remodelación y ampliación del Polo Judicial Avellaneda-Lanús, y aprovechó la oportunidad para revivir una polémica.

Kicillof afirmó que el Ejecutivo provincial envió al Senado bonaerense “casi cien pliegos para la designación y nombramiento de funcionarios, jueces”, y acto seguido dijo “le pido a nuestra oposición que se sienten, que negocien, pero que voten los pliegos”.

Las declaraciones del gobernador llegan luego de que uno de los principales operadores legislativos de la Cámara de Diputados, el vicepresidente de la misma, Rubén Eslaiman, también se expresara sobre la cuestión.

“No sesionamos porque la alianza Juntos nos extorsiona. Para sesionar se necesitan 47 diputados sentados y nosotros somos 42″, apuntó el diputado massista.

Pero los desencuentros en el Senado tienen su propia historia y el gobernador la conoce bien, o al menos eso se supone, pues está directamente involucrado.

Luego de dos largos años, los dos primeros años de gestión del gobernador Kicillof 2020/21, de tironeo por retiro y resistencia a tratar pliegos que habían sido despachados por mayoría en el último tramo de la gestión de María Eugenia Vidal, durante la última parte de este último año es que se produjeron los primeros entendimientos.

Es que el oficialismo esperó la renovación parcial del Senado para tratar de doblegar a la oposición en función de una composición distinta del Cuerpo, y algo de eso pasó, pero no se puede salir de una suerte de “empate a lo Pirro”.

Los últimos desencuentros por los pliegos judiciales en el Senado bonaerense fueron en la sesión de Asuntos Constitucionales de noviembre de 2022, los legisladores de Juntos abandonaron el Salón Dorado sin validar los expedientes, con portazo de por medio. El oficialismo insistió en el tratamiento de 41 expedientes, pero finalmente no hubo despacho.

Todo empezó en 2020 cuando fueron acordados 41 pliegos por mayoría compuesta por la oposición con el rechazo y ausencia del oficialismo que era franca minoría en el recinto.

Pero esos acuerdos tuvieron que esperar la designación por debe hacer el Ejecutivo vía decreto y que nunca se dignó a realizar ese trámite final indispensable. Eso espera la oposición, aún.  

Pero como quien no quiere la cosa, el Poder Ejecutivo remite una nueva remesa de pliegos, son en total 40 de jueces, fiscales y defensores oficiales con los que Kicillof quiere dar una señal de disposición para avanzar en la cobertura de vacantes en el Poder Judicial, luego de que la Suprema Corte advirtiera sobre un récord histórico de oficinas judiciales que están sin su titular en la provincia.

Así se comenzó a desplegar una suerte de juego en espejo. Y mientras el gobierno que encabeza Kicillof se negó a promulgar los decretos de designación de los 41 funcionarios “acordados”, remitió un paquete de idéntico número de funcionarios judiciales para el Senado preste acuerdo.

Luego, Kicillof revisó nombres y firmó el decreto para nombrar a 31 funcionarios “acordados” en la era Vidal, del total de 41. Y al mismo tiempo la oposición en el Senado posibilitó avanzar en el trámite formal para acordar 31 funcionarios que recientemente remitiera el gobierno de Kicillof, de un total de 41 remitidos.

Una vez publicadas las designaciones, los senadores avanzaron con los 31 despachos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que luego fueron tratados en el recinto para la eventual prestación de acuerdo. Finalizado ese trámite legislativo el PE podrá proceder a la designación de los mismo, vía decreto de designación debidamente publicado.

Pero luego de esas idas y vueltas, los senadores opositores alegaban un conjunto de giros “inconsultos” de pliegos judiciales, además de marcar una serie de objeciones sobre los perfiles de los magistrados propuestos por el gobernador Kicillof. 

Entre los expedientes más rechazados por los opositores se encontraba el del ex defensor oficial de La Plata, Manuel Bouchoux, propuesto para el importante Tribunal de Casación bonaerense. Desde Juntos le achacaban su pertenencia a Justicia Legítima y su perfil cercano a La Cámpora.

Pero al mismo tiempo, la principal fuerza opositora espera que los dos postulantes para el Tribunal de Casación que tienen acuerdo desde 2020, Francisco Pont Vergés y Ana Julia Biasotti, no sean designados.

Ambos fueron parte de los pliegos judiciales que aprobó la oposición cuando ostentaba mayoría en el recinto del Senado bonaerense, en septiembre de 2020, en una sesión que quedó en la historia.

Será muy difícil que se produzcan acuerdos para la designación de funcionarios judiciales ahora, pues hay posturas históricas, incluso fervientemente reclamada por el actual oficialismo, que durante el proceso electoral no se trata acuerdos en el Senado bonaerense.

De esta forma, el gobernador Axel Kicillof, junto con su ministro de Justicia, Julio Alak, estarían haciendo historia, pues ante una cantidad de vacantes y los reclamos sucesivos de los magistrados, cumplirán con apenas unas 62 designaciones judiciales en cuatro años de mandato.