Con un quórum alcanzado a las 12.30, la Cámara baja sesiona este miércoles para tratar nueve proyectos consensuados, entre los que se destaca la iniciativa que busca darle una solución a los tomadores de créditos hipotecarios.

Para el quórum se sumaron una decena de diputados de la UCR y la Coalición Cívica, entre ellos Julio Cobos, presente desde temprano, habida cuenta su interés manifiesto en la aprobación del proyecto sobre créditos UVA.

Según se anticipa, será muy extensa esta reunión, pues se espera que el tratamiento de los proyectos previstos demandará al menos doce horas. Pero además habrá 17 cuestiones de privilegio, 10 homenajes y 16 apartamientos de reglamento, lo que estirará la reunión al menos hasta las 3 de la mañana.

Entre los temas a tratar hay algunos muy esperados, como el primero que figura en la nómina presentada por el oficialismo a la hora de solicitar esta sesión especial: Violencia de género digital. El proyecto de Mónica Macha y Danya Tavela modifica la Ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres.

También conocido como “Ley Olimpia”, busca incorporar a nuestra ley una tipificación de la violencia digital como una forma de violencia por motivos de género, lo que permitirá incluirla en las políticas públicas.

“Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”, señala uno de los artículos que considera Violencia Digital o en Línea a “aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres, sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas, o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC, así como cualquier otra que pueda surgir a futuro ejercida por este medio, que afecte los derechos protegidos de la presente ley”.

Créditos UVA

Como dijimos, la principal atención de esta sesión estará puesta en el proyecto denominado Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios. Este tema que atiende la situación de alrededor de 106.000 tenedores de créditos UVA cuenta con dos dictámenes.

El despacho de mayoría, fruto de un consenso alcanzado a lo largo de tres meses, fue acompañado por los legisladores del Frente de Todos y la UCR. Obtuvo en total 50 firmas a favor, de las cuales 10 fueron con disidencias parciales de los radicales. El interbloque Juntos por el Cambio exhibió sus diferencias a partir de un dictamen de minoría encabezado por el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz, que a su vez fue suscripto por sus pares del Pro y la CC-ARI, pero también con disidencias parciales.

El proyecto establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (salario formal de la economía). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

Estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado.

También se tratará la creación del Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos. El mismo tendrá una vigencia de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal, entre otros puntos. El autor del proyecto es el formoseño Ramiro Fernández Patri, presidente de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, una de las que aprobó el dictamen que se abordará este miércoles.

La iniciativa busca contribuir a un empleo de inclusión, puede generar divisas; es una producción muy amigable con el medio ambiente y apunta a lograr una soberanía alimentaria con calidad. Un proyecto para el fomento de la producción orgánica tuvo media sanción en 2013 y perdió estado parlamentario en 2015.

Entre los beneficios previstos, se establece que a partir de la inscripción en el registro, los productores van a poder tener un bono fiscal por el 70% de los aportes patronales que hagan y ese bono les va a permitir cancelar deudas impositivas ante la AFIP -salvo Ganancias-, y reducción del 60% en el pago del impuesto a las Ganancias.

Las deudas con el ENOHSA

Otro de los proyectos que serán tratados este miércoles es el plan de refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos, respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

Durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad, esas provincias y municipios tomaron deuda en moneda extranjera especialmente con el ENOHSA, que otorgó créditos para obras de infraestructura de provisión de agua potable y saneamiento.

El plan de refinanciación impulsado por el diputado Eduardo Fernández incluirá exclusivamente créditos otorgados en el marco de programas de financiamiento por organismos multilaterales de créditos a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos y comprenderá las garantías por deudas asumidas en convenios complementarios celebrados con el ENOHSA. La mayoría de los créditos otorgados por ENOHSA durante el período de convertibilidad en el que un dólar equivalía a un peso argentino se pautaban a un plazo de 12 a 15 años, con aval provincial garantizado por los fondos de la coparticipación federal.

El monto total de la deuda vencida y a vencer al 31 de marzo de 2023 asciende a USD 85.756.662,58, correspondiendo a deuda vencida el 76,52%. La deuda total afecta a 13 provincias: Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero, Chaco, Mendoza, Chubut, Misiones, Tucumán y Catamarca.

En la provincia de Córdoba, los municipios que hoy afrontan estas deudas son Río Tercero, Cosquín, Villa General Belgrano, Monte Maíz, San Basilio, Huinca Renancó, y se suma la Cooperativa de Agua Potable de Villa Nueva. Al mes de marzo 2023, el monto de la Deuda Total es de USD 55.475.0.14,65.

Otro de los proyectos a tratarse es la derogación de la Ley 11.317, relacionado con el trabajo de las mujeres y niños, y el y decreto 2.699 del 28 de mayo de 1925. Se trata de un proyecto impulsado por las diputadas Silvia Lospennato, Lorena Masín y Vanesa Siley, que deroga las normas relacionadas con prohibición de tareas peligrosas o insalubres para personas menores de 18 años.

Asimismo se incluye un artículo que prohíbe hacer discriminaciones entre los trabajadores por motivo de género, orientación sexual, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales, discapacidad o de edad.

También se tratará el proyecto de ley de Regulación del Ejercicio Profesional del Acompañamiento. El dictamen consensuado contempla proyectos de Daniel Gollán, Soledad Carrizo y Virginia Cornejo.

Se entiende por “Acompañante Terapéutico” al trabajador y profesional del campo de la salud con título habilitante, cuya función consiste principalmente en acompañar a la persona asistida a través de un abordaje biológico, psicológico y social integral en el marco de un equipo interdisciplinario y/o por indicación de un profesional tratante a cargo, para facilitar la rehabilitación del sujeto acompañado, prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover su reinserción en el ámbito comunitario.

Asimismo se tratará la aprobación de cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos argentinos propuestos por gobiernos extranjeros, como así también un acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la República Argentina y la República Portuguesa, suscripto en la ciudad de Lisboa el 25 de junio de 2007, y la declaración de monumento histórico nacional del Parque de la Constitución Nacional.