Por Gabriela Lena. La diputada nacional advierte que el caso de Cecilia, en Resistencia, no es un caso más. Al horror de la desaparición de una mujer, hay que sumarle la opresión del poder.
Un femicidio es el asesinato de una mujer por su condición de tal. El concepto surgió para dar cuenta de una situación que se repetía trágicamente: mujeres muertas a manos de varones (generalmente parejas o familiares cercanos), luego de ser víctimas de violencia, abusos y sumisión. Era necesaria una palabra que se diferenciara de otros tipos de crímenes, para denunciar un horror que se repetía como una epidemia, que estaba al lado de nuestras casas, en nuestros barrios y ciudades, pero que no salían a la luz.
También surgieron las marchas: mujeres de todas las diversidades, sin más identificación que el lema Ni una menos exigen, cada año, que se detenga la violencia de género, los abusos y violaciones en las calles y en las casas, aunque cuesta mucho mantener la pureza del reclamo y evitar que quede entrampado de la mirada sesgada, del partidismo.
Lamentablemente, el número de casos de femicidios en el país no se ha reducido. A pesar de que la problemática se ha puesto en el centro del debate público y la gran mayoría de los argentinos son conscientes de la gravedad de este flagelo, prácticamente todos los días nos enfrentamos con la noticia de otra mujer asesinada.
El caso de Cecilia, en Resistencia, no es un caso más. Al horror de la desaparición de una mujer, de los indicios que parecen apuntar a un crimen atroz, a los detalles truculentos; a la desesperación de la familia que no obtiene respuestas hay que sumarle la opresión del poder porque los imputados en este hecho son quienes se han manejado durante décadas como dueños y señores del Estado.
El clan Sena, comandado por el matrimonio de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, vienen manejando a discreción recursos estatales millonarios, amparados por la impunidad que les ha otorgado su socio, el gobernador Jorge Capitanich y el kirchnerismo nacional a cambio de favores electorales. Esa impunidad desaforada los llevó a esta locura de sangre y muerte.
Es un femicidio del poder, donde impera el miedo a quienes se manejan por sobre la ley y las instituciones. ¿Cómo no recordar ahora a María Soledad, de Catamarca, o Paulina Lebbos, de Tucumán?
Se repite el dolor y el horror, los asesinos ebrios de poder e impunidad, la búsqueda de verdad y justicia por parte de madres y padres destrozados. Las marchas de miles de ciudadanos que buscan saber qué pasó, pero que también reclaman por el imperio de la ley.
En el medio del proceso electoral del Chaco, Capitanich se esforzó para calificar al femicidio de Cecilia como un tema policial y deslindar vinculaciones políticas. Aunque las muertes llevan todas al mismo dolor, no es lo mismo una cosa u otra para quienes buscan justicia.
Debe quedar bien claro que cuando los crímenes se cometen al amparo del poder, cuando quienes los perpetran están acostumbrados a no dar cuenta de sus actos y son máximos dirigentes del poder que gobierna una provincia, son casos políticos.
Por eso, nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género, por los derechos que nos asisten a todas las mujeres nos lleva a reclamar justicia por Cecilia. Y a acompañar a su madre y a su familia que con valentía se enfrenta a todo un aparato gubernamental que pretendió desde el principio sumir este hecho en el silencio.
