El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifestó su preocupación por las declaraciones del gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, quien señaló que pretende que en la reforma de la Constitución provincial se discuta “el tema de la gobernanza de la prensa”, a cuyo efecto precisó: “Nosotros respetamos la libertad de expresión a rajatabla, pero creemos que es importante que todos nos autolimitemos cuando tenemos que hablar de las autoridades legítimamente electas por la voluntad popular”.

“Se trata de expresiones de una inusitada gravedad, porque la modificación constitucional anunciada, si llegara a prosperar, constituiría una violación flagrante de la libertad de expresión protegida del modo más enfático por la Constitución Nacional (artículos 14 y 32), los tratados internacionales con jerarquía constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresó el Colegio de Abogados.

La entidad considera “innecesario” remarcar, a esta altura de los tiempos, que “la libertad de expresión es consustancial a la democracia republicana. Se la considera una libertad estratégica, en la medida en que de ella depende la efectiva vigencia de otras libertades”.

“A diferencia de lo que pretende el gobernador Quintela, la libertad de expresión es muy amplia en cualquier caso, pero lo es mucho más cuando se emiten opiniones, críticas y juicios de valor respecto de funcionarios públicos -continúa el Colegio de Abogados-. En tales circunstancias, nuestra Corte Suprema aplica el estándar de la real malicia, destinado a que la responsabilidad por dichas expresiones solo quepa en situaciones sumamente restringidas. El fundamento de esa protección especial es el interés público comprometido y la necesidad de evitar el efecto silenciador que podría tener la autocensura de quienes callen sus puntos de vista para no incurrir en responsabilidades civiles o penales”.

Por último, el comunicado de la entidad que preside Alberto F. Garay, “precisamente las autoridades electas por la voluntad popular son las que más deben aceptar el escrutinio público de la prensa y de todos los ciudadanos, en aras de la transparencia, de la pluralidad de fuentes de información, de vitalidad que confiere a la democracia la circulación de opiniones ricas y variadas, y del rol que una ciudadanía activa cumple en controlar, junto a la justicia, que los gobernantes no se corrompan y si lo hacen, que cumplan su deuda con la ley”.