Presentaron un proyecto para restituir el control estatal sobre el precio del GLP y declarar su comercialización como servicio público. Apunta contra el decreto 446 del Gobierno, al que acusa de dejar a millones de hogares sin protección ante los aumentos.
La diputada nacional Blanca Osuna (UP – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para derogar el decreto 446/2025 —impulsado por el Gobierno nacional— que desreguló el mercado del gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas, eliminando los precios de referencia y reduciendo la intervención del Estado a funciones de seguridad. En su lugar, la iniciativa propone declarar a la comercialización de GLP como servicio público, restaurando el rol del Estado como regulador, fijador de precios y garante del acceso en condiciones justas para los sectores más vulnerables.
“Esta medida del Ejecutivo deja completamente desprotegidos a millones de argentinos que dependen del gas envasado para cocinar o calefaccionarse”, advirtió Osuna, quien también cuestionó que el decreto haya sido dictado “en plena ola de frío y crisis de gas”.
El proyecto no solo propone derogar el decreto vigente desde el 3 de julio pasado, sino también modificar la Ley 26.020, vigente desde 2006, incorporando el artículo 5° BIS, que establece como servicio público la comercialización al consumidor final de garrafas de 10, 12, 15, 30 y 45 kilos.
Un servicio público esencial
La iniciativa pone el foco en el rol social que cumple el GLP envasado para millones de hogares, particularmente aquellos que no tienen acceso a la red de gas natural. Según datos del Censo 2022, el 41,6% de los hogares argentinos utiliza garrafas para cocinar o calefaccionarse. En provincias como Entre Ríos —de donde es oriunda la autora— sólo el 30% de la población tiene acceso a gas por red.
“Estamos hablando de un servicio esencial para garantizar una vida digna. Por eso es el Estado quien debe regularlo, no el mercado”, sostuvo Osuna. Y recordó el mandato del artículo 42 de la Constitución Nacional, que obliga a las autoridades a proteger los derechos de los consumidores y usuarios, “garantizando la calidad y eficiencia de los servicios públicos, así como su acceso en condiciones de equidad y a precios justos”.
El Decreto 446/2025, promovido por el asesor presidencial Federico Sturzenegger, suprimió el artículo 34 de la ley vigente, que establecía precios de referencia para el uso domiciliario del GLP, y eliminó toda fijación estatal de precios para la comercialización de garrafas.
Para Osuna, este tipo de medidas “responde a una lógica de libertad de mercado que no contempla las necesidades sociales”, y representa una regresión en términos de derechos adquiridos. “En nombre de la libertad contractual, se habilita un aumento descontrolado de precios que castiga a quienes más lo necesitan”, agregó.
En la misma línea, el proyecto de ley establece que la autoridad de aplicación deberá fijar precios máximos para la venta minorista de garrafas, tomando como base los valores vigentes al momento de la sanción de la ley y ajustándolos según la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Educación, control y participación ciudadana
Además de establecer un precio justo, el proyecto incorpora nuevas funciones al artículo 7 de la Ley 26.020, entre ellas:
◆ Garantizar la publicidad de los precios al público,
◆ Promover programas de educación para el consumo eficiente de GLP,
◆ Establecer protocolos de control estatal para la comercialización y almacenamiento seguro de garrafas.
También obliga a la autoridad de aplicación a realizar audiencias públicas o consultas populares, no vinculantes, que permitan escuchar la voz de los consumidores antes de establecer los precios máximos.
El proyecto se basa en antecedentes como el Programa Hogar, implementado desde 2015 para subsidiar el consumo de GLP en sectores vulnerables, y en el marco legal provisto por la Ley 26.020, que creó un fondo fiduciario para fomentar la expansión de redes de gas y permitir el acceso a una energía vital.
A su vez, Osuna cita al jurista Darcy y al especialista Raúl Bertero para defender la noción de que ciertos servicios públicos —aun cuando sean prestados por privados— deben mantener la regulación estatal como garantía de acceso universal, continuo y económico.
El proyecto, que lleva también las firmas de las diputadas Nancy Sand y Andrea Freites, y de los diputados Jorge Neri Araujo Hernández y Jorge Ricardo Herrera, deberá sortear un escenario legislativo complejo, con un oficialismo que defiende la desregulación como política de Estado.
“No puede haber libertad real cuando el acceso a servicios esenciales como el gas se convierte en un lujo”, concluyó Osuna, en defensa de una iniciativa que busca reinstalar el rol del Estado como garante del derecho a la energía para todos los argentinos.