Basados en los criterios de la Asociación Americana de Psiquiatras, diputados radicales presentaron proyecto para tratar la “adicción al juego”. Asimismo, hay otra iniciativa para la prohibición de la pirotecnia.
Los diputados Luis Lucero Guillet y Victor Sosa (UCR) presentaron una iniciativa para avanzar hacia un marco normativo integral que reemplace el paradigma de la apelación a la responsabilidad individual de las personas jugadoras por otro, centrado en la responsabilidad estatal de desarrollar políticas públicas integrales que combatan el juego patológico.
La ludopatía es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud que consiste en el impulso irrefrenable que tiene un individuo para participar en juegos de azar, aun sabiendo de las probables consecuencias que pueda sufrir, ya sean patrimoniales, familiares, laborales o personales.
La Asociación Americana de Psiquiatras definió los criterios diagnósticos de la ludopatía estableciendo: preocupación frecuente por jugar; necesidad de aumentar la magnitud o la frecuencia de las apuestas para conseguir la excitación deseada; intentos repetidos sin éxito para detener o controlar el juego; intranquilidad o irritabilidad cuando se intenta detener el juego; empleo del juego como estrategia para escapar de problemas; intento de recuperar al día siguiente mediante el juego el dinero que se perdió el día anterior; engaños a la familia; y conductas ilegales para obtener dinero.
“Es necesario y fundamental la intervención del Estado desde las políticas preventivas, que impulsen, entre otras acciones, la concientización de la población mediante diversas herramientas, como campañas de difusión masiva que adviertan sobre los riesgos y consecuencias que implica la ludopatía, la obligación de publicar mensajes sanitarios sobre las implicancias del juego excesivo, la creación de un registro de autoexclusión, la prohibición de la existencia de cajeros dentro de las salas de juego y regular las formas de publicidad del juego”, fundamentó Lucero Guillet.
“Se trata de una ley amplia e integral, que establece importantísimas limitaciones y restricciones con el fin de evitar el desarrollo de conductas patológicas y proteger a quienes padecen esta enfermedad”, señaló el legislador Víctor Sosa.
Diputados radicales presentaron un proyecto de ley para prohibir el uso de pirotecnia y cohetería estruendosa en el territorio puntano. La pirotecnia produce daños en la salud física y psíquica de las personas, al igual que en los animales. Además, es generadora de un lamentable número de accidentes y lesiones en quienes la manipulan, están cerca o se ven involucrados indirectamente.
Los tradicionales Festejos de Navidad y Año Nuevo suelen caracterizarse por el uso de este tipo de artefactos, que causan un marcado quebranto a la salud de personas con autismo, sobre cuando se trata de niños. También a los adultos mayores, personas con capacidades diferentes, enfermos en general e incluso a mascotas y animales.
El bloque UCR de la Cámara de Diputados de San Luis presentó un proyecto de ley para aplicar la prohibición del uso de pirotecnia para proteger a los más vulnerables. En varias ciudades de nuestra provincia fue limitado el uso y comercialización de la pirotecnia: Ciudad de San Luis, Juana Koslay, Villa Mercedes, Merlo, El Volcán, Unión, Tilisarao y La Punta aprobaron ordenanzas que prohíben la pirotecnia.
“Es momento de ser empáticos y cuidar a quienes más lo necesitan. Las próximas fiestas las tenemos que poder disfrutar todos”, señaló el diputado Luis Lucero Guillet.
La medida es impulsada por diputados radicales promueve la inclusión de las personas que presentan TEA en los diferentes niveles educativos, sociales y laborales.
Legisladores del bloque radical presentaron un proyecto para que la provincia cuyana implemente la normativa federal de abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista (TEA).
La provincia de San Luis no está adherida a la Ley Nacional N°27.043. Entre sus ejes principales, promueve la investigación clínica en la materia y la formación de profesionales en el tema. Entre sus beneficios, exige que las organizaciones de seguridad social, medicina prepaga y obras sociales brinden las prestaciones necesarias para la pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento.
Por otro lado, promueve la inclusión de las personas que presentan TEA en los diferentes niveles educativos, sociales y laborales.
“Es una lucha de las organizaciones civiles vinculadas al autismo, que nos sensibiliza y nos exige que demos una respuesta a un reclamo por décadas invisibilizado en la legislación provincial”, señaló el titular del bloque UCR, Luis Lucero Guillet.
Existe una ley provincial sancionada en 2018 vinculada con el autismo, que no ha sido promulgada por el Ejecutivo provincial, encabezado por Alberto Rodríguez Saá, a pesar de que su ministra de Salud, por entonces Graciela Corvalán, era la autora de la iniciativa. Actualmente no hay leyes que aborden los trastornos del espectro autista en San Luis.
