La ofensiva de Trump contra el narcotráfico quedó envuelta en contradicciones: mientras ordena destruir embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas, indultó al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en EE.UU. por vínculos con carteles.
Donald Trump declaró la guerra al narcotráfico. Como primera medida ordenó que se destruyeran desde el aire aquellas embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas que surquen el Caribe o el Pacífico. Hasta el 5 de diciembre eran 23 las embarcaciones hundidas y 87 los muertos por los ataques.
Por otro lado, Trump indultó al ex presidente Honduras Juan Orlando Hernández, a quien la justicia norteamericana había condenado, por narcotráfico, a 45 años de prisión. Como presidente de su país, Hernández había facilitado el transporte clandestino y continuo de cocaína con destino a Estados Unidos. Y había recibido, al menos una vez, un millón de dólares de “El Chapo”, el líder del Cartel de Sinaloa: la poderosa organización internacional, originaria de México y dedicada al narcotráfico. El fundamento del indulto fue inaudito: “Según gente a la que respeto enormemente, Hernández ha sido tratado muy dura e injustamente”.
El indulto fue anunciado por Trump dos días antes las elecciones presidenciales hondureñas, celebradas el 30 de noviembre. El partido de Hernández —Partido Nacional, de ultraderecha— llevaba como candidato a Nasry “Tito” Asfura que, como parte de su campaña, había celebrado con la Confraternidad Evangélica un acuerdo contra el aborto, y se había pronunciado contra el matrimonio igualitario.
Trump intervino en el proceso electoral con un recurso que ya había usado en Argentina. Escribió en Truth Social, la red por la cual se comunica oficialmente: “Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene gran confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas”. Y más íntimamente: “Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo”.
Eso pareció demostrar que Trump no lucha contra el narcotráfico a secas sino contra el que está asociado (real o presuntamente) a la izquierda o la ultraizquierda y afecta a Estados Unidos.
La lucha contra el narcotráfico, imprescindible en Latinoamérica, debe ser apolítica y regional. Eso es así porque Latinoamérica es crucial para el narcotráfico internacional. Produce la totalidad de lo que se consume en mundo de hoja de coca, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína. Colombia es la mayor productora (70 %) y el resto procede de Perú, Bolivia, Venezuela y Brasil.
El narcotráfico está ligado, por otra parte, a la criminalidad. Es difícil saber cuántos homicidios ha causado y causa, pero Latinoamérica tiene la tasa de homicidios más alta del mundo: 15 por 100.000 habitantes. Segunda es África con 12,7. A juzgar por las estadísticas de InSight Crime, “el crimen organizado −y el tráfico de cocaína en particular—ha sido el principal motor de los homicidios en América Latina y el Caribe en la última década”.
Recientemente el periódico El País, de España, publicó un extenso informe sobre “el crimen organizado, que está estrangulando a América Latina”. En ese informe se dice: “A medida que aumentan la producción y el tráfico de drogas, los grupos criminales están diversificando sus operaciones y aumentando su poder de fuego. Mientras tanto, los gobiernos oscilan entre la mano dura y la parálisis”.
No hay, es cierto, planes integrales contra el narcotráfico Hay una excepción, no gubernamental sino académica. Dos investigadores del español Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, especializados en “narcotráfico, crimen organizado e inseguridad ciudadana”, Carlos Malamud y Rogelio Núñez Castellano, han propuesto una estrategia para enfrentar esos problemas. Básicamente se trata de:
Algunas de estas medidas han sido, tímida y aisladamente, adoptadas por ciertos gobiernos. Pero este es un plan integral, que supone una tecnificación extrema, inteligencia financiera, elevación de presupuestos, especialización de las fuerzas de seguridad, coordinación entre gobiernos e instituciones intachables.
Es fácil proponerlo pero difícil de implementar. En todo caso, si el narcotráfico es un crimen serial todo esfuerzo gubernamental por erradicarlo es imperativo.
Trump podrá seguir destruyendo decenas de embarcaciones y así eliminar sólo la pequeña cantidad de drogas que transportan unas mínimas flotillas. Y perseverar en su apoyo a candidatos o gobiernos coincidentes con su ideología pero que no son necesariamente enemigos del narcotráfico. O exponerse a sí mismo a incurrir en contradicciones, como el indulto a Hernández. O gobiernos que emplean inútilmente la mano dura.
En Honduras Asura ganó —apenas por décimas— el centrista Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Sin embargo, hay millares de boletas impugnadas y Nasralla, que invocó fraude, requiere un reconteo; y la izquierdista Xiomara Castro, presidenta de Honduras hasta el mes próximo, reclama la nulidad de los comicios. Mientras tanto el narcotráfico, invulnerable, crece y se extiende por Latinoamérica.
Donald Trump fue libremente elegido pero, de hecho, controla los tres poderes y ejerce facultades cuasi dictatoriales. Sus decisiones pueden dar origen a una sociedad más injusta y un país menos respetable.
Es cierto que no accedió al poder a través de un golpe de estado. Es cierto que no disolvió el Congreso ni la Corte Suprema. Es cierto que (si no es reelecto) tendrá sólo cuatro años en la Casa Blanca. Pero Donald Trump -habiendo ganado la presidencia por el voto popular- ejerce un poder cuasi dictatorial.
No suprimió el Congreso pero lo controla. En el Senado tiene 53 legisladores oficialistas contra 47 opositores. En la Cámara de Representantes, 219 contra 212. Y en la Corte Suprema cuenta con 6 jueces de 9.
Tiene objetivos económicos claros e instrumentos eficaces pero desmedidos y en algunos casos crueles. A mediano plazo pueden dar lugar a una sociedad más injusta y a un país menos respetable.
Estos son ejemplos de cómo gobierna:
■ La Justicia federal había prohibido las deportaciones que no estuvieran debidamente fundadas. Violando esa prohibición, en tres meses Trump deportó a (cifras oficiales) 142.000 indocumentados, la mayoría por ser, supuestos “miembros de grupos criminales”.
■ Calificó el flujo migratorio como una“invasión” de “enemigos” e invocó una ley de 1798, que facultaba al Presidente a “detener y deportar a ciudadanos de naciones con las que Estados Unidos está en guerra”.
■ La Constitución norteamericana dice que “todas las personas nacidas en los Estados Unidos” tienen la nacionalidad de ese país. Es una norma de 1868, sancionada para proteger a los hijos de esclavos. Trump decidió que los hijos de indocumentados que nacen en Estados Unidos carecen de la nacionalidad estadounidense. La Corte avaló la decisión de Trump con el voto de mayoría adicta (6 a 3).
■ Congeló los fondos de un programa del Departamento de Salud y Servicios que provee atención médica a niños de familias pobres. La GAO, auditora externa que provee información al Congreso, declaró que esta medida es ilegal.
■ Desmanteló el Departamento de Educación, que estaba dedicado a “garantizar la igualdad de acceso a la educación y promover la excelencia”.
■ Ordenó a la Universidad de Harvard “no matricular a estudiantes extranjeros”, agregando que “los existentes deben trasladarse o perder su condición legal”. A los potenciales se les prohibirá la entrada a Estados Unidos. Harvard es una universidad privada pero subsidiada en parte con fondos federales. Como sus autoridades rechazaron la imposición de Trump, éste le congeló subsidios por 2.200 millones de dólares. Harvard recurrió a la Justicia.
■ A la prohibición de aceptar alumnos extranjeros se agregaban órdenes de tipo político. Harvard tenía que eliminar de su currícula todos los programas de diversidad de género e inclusión. Y debía impedir que se organizaran en el campus manifestaciones en favor de Gaza.
■ La ciencia sufrirá recortes de 160.000 millones de dólares. Grandes investigaciones quedarán desfinanciadas. La ciencia aplicada y el ejercicio de la medicina también quedarán afectados. El Servicio Nacional de Salud perderá 40 % de su presupuesto. Los estados no recibirán fondos federales para la gestión de enfermedades infecciosas, servicios de salud mental, tratamiento de adicciones y diversas patologías.
■ Trump desvinculó a Estados Unidos del Acuerdo de París y los compromisos de implementar un plan para combatir el cambio climático.
■ Eliminó toda la regulación que, en favor de la salud pública, inducían o procuraban reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
■ Suprimió los incentivos a los coches vehículos eléctricos. Al contrario, impondrá un impuesto anual a los propietarios de coches eléctricos (250 dólares; 100 si son híbridos)
■ Declaró la Emergencia Nacional Energética, con un objetivo: “Liberar la energía estadounidense”, mediante una mayor producción de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas. Trump asegura que la energía limpia es “una estafa, la peor forma de energía y la más cara”.
■ Canceló planes para el desarrollo de proyectos eólicos marinos en aguas federales frente a las costas de Texas, Luisiana, el Maine, Nueva York, California y Oregón, así como en el Atlántico central, para los cuales la Oficina de Gestión de Energía Oceánica había reservado un millón y medio de hectáreas.
■ En una decisión imprevisible, mandó a quemar anticonceptivos, comprados por USAID, que estaban destinados a países de bajos recursos. Habían costado 9.7 millones de dólares.
■ A la USAID la cerró. Era una entidad que proveía ayuda económica o humanitaria a 120 a países. Antes de la invasión israelí estaba actuando en Gaza para “mejorar la vida del pueblo palestino” y sentar las bases para una solución viable al conflicto de palestinos e israelíes.
■ La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la autoridad exclusiva para imponer impuestos, incluidos aranceles: pero el Congreso, dominado por Trump, ha aprobado leyes que le permiten imponer aranceles “por razones de seguridad”.
■ Trump estableció aranceles a todos los países del mundo, incluso con los que no tienen comercio, para negociar reducciones, conceder premios o imponer castigos. A India y Brasil les impuso un arancel de 50%; a India porque le compra petróleo a Rusia y a Brasil por su relación con China. En el caso de la Unión Europea acordó un arancel de 15% a cambio de inversiones europeas en Estados Unidos por 600.000 millones de dólares. Días después dijo que, si no se realizaban esas inversiones, la Unión Europea cargaría con un arancel de 35%.
■ Intervino la entidad autónoma que regula los mercados, supervisa las fusiones de empresas y autoriza (o no) a otros países a emitir deuda bajo legislación estadounidense. Esas facultades quedan ahora directamente en las manos de Trump.
Todo bajo control.
Rodolfo Terragno es político, historiador y periodista.