Las diputadas bonaerenses Florencia Retamoso y Sofía Pomponio votaron en contra de los proyectos presentados por el gobernado Axel Kicillof sobre ley impositiva 2024, la prórroga de las leyes de Emergencia y la autorización para un endeudamiento por más de 1800 millones de dólares.

Ambas, legisladoras -cercanas a Patricia Bullrich– sostuvieron que “es el rechazo al golpe al bolsillo de los bonaerenses que pretende Kicillof”. “El pedido de endeudamiento y la suba de los impuestos demuestran la falta de compromiso del gobernador con el mandato de austeridad que votaron los argentinos en la última elección”, reclamaron.

Por su parte, Retamoso agregó que “la propuesta de Kicillof es un fuerte golpe al bolsillo de los bonaerenses, incorporando significativas sumas al impuesto inmobiliario y las patentes, además de un millonario endeudamiento”.

“No hay medidas de alivio para las pymes ni atención al sector rural. No hay búsqueda de inversiones ni eficiencia en la administración pública y en la recaudación fiscal. Tampoco se busca la venta de activos no esenciales”, siguió.

En última instancia, deslizó que el gobernador “parece ajeno a la realidad y poco dispuesto a revisar su gestión”. “Sorprende que ni siquiera demuestre un poco de interés en analizar y reducir sus gastos políticos, todo lo contrario. En tiempos críticos, necesitamos austeridad y compromiso”, cerró.

La diputada provincial Sofía Pomponio (Pro) presentó un proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires que busca introducir la figura de la inhabilitación provisoria para conductores involucrados en delitos viales.

Esta iniciativa surge a raíz de un caso ocurrido en agosto de este 2023 en el que una mujer atropelló al arquitecto Ricardo Sierra, dejándolo en estado vegetativo, y continuó conduciendo como si nada hubiese sucedido días después.

También, el texto propone modificar el artículo 56 bis del Código Procesal Penal, estableciendo criterios especiales de archivo para casos en los que la afectación del bien jurídico sea insignificante y la pena máxima del delito imputado no supere los seis años de prisión.

Además, contempla la posibilidad de archivar las actuaciones cuando el daño sufrido por el imputado sea desproporcionado en relación a la aplicación de una pena, a menos que existan razones de seguridad o interés público. También se prevé el archivo cuando la pena en expectativa carezca de relevancia en comparación con otros delitos imputados.

La propuesta incluye la celebración de una audiencia en la que el imputado deberá estar acompañado por su defensor y deberá acreditar haber reparado el daño ocasionado o expresar la posibilidad de hacerlo. Además, se establece que el archivo deberá estar debidamente motivado y podrá estar sujeto a condiciones, como la obligación de abstenerse de ejercer determinadas actividades en caso de delitos reprimidos con pena de inhabilitación.

Por otro lado, agrega al Código Procesal Penal el artículo 168 ter, que establece la posibilidad de solicitar la inhabilitación provisoria de conducir vehículos con motor en casos de delitos cometidos en la conducción de un vehículo o con motivo u ocasión de ella. Esta medida podrá ser solicitada por el Agente Fiscal y deberá ser admitida si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 146 del código. La inhabilitación provisoria podrá ser impuesta como obligación especial en casos de excarcelación, morigeración de prisión preventiva o alternativas a ésta.

En tal sentido, Pomponio expresó: “Con esta reforma, se busca agilizar los procesos legales relacionados con delitos viales y brindar mayor protección a las víctimas. La figura de la inhabilitación provisoria permitirá que el fiscal pueda solicitar la suspensión del carnet de conducir de manera más rápida y efectiva. Además, se establecen requisitos para que el imputado demuestre su aptitud para conducir, como la realización de exámenes médicos que demuestren su estado psicofísico en el momento del hecho”.