Después de ocho horas de debate, la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo concluyó el proceso de audiencias para la selección del defensor del pueblo y el procurador penitenciario. Al término del encuentro que se llevó a cabo en el Salón Azul, el titular Daniel Kroneberger (UCR) anticipó que buscarán pasar a la firma el dictamen el próximo miércoles 5 de noviembre.

En la jornada de este jueves se escucharon las exposiciones de 21 postulantes para ocupar la Defensoría del Pueblo sobre el total de 39 que fue iniciado este miércoles. Por su parte, los siete candidatos a ocupar Procuraduría Penitenciaria también presentaron sus propuestas y ejes de trabajo. “Hubo exposiciones muy sólidas, de mucha experiencia y trayectoria que hace que tengamos los elementos suficientes para procesar y cubrir estas vacancias con personas idóneas que le van a dar garantía a la ciudadanía argentina de que van a estar a la altura”, señaló el legislador pampeano.

Asimismo, dejó en claro que el objetivo de la Comisión Bicameral es la de llegar a la designación antes del 30 de noviembre pese a la resistencia del oficialismo que, a través de Lilia Lemoine y Nicolás Mayoraz, manifestó su rechazo al proceso. Sin embargo, el radical a cargo de la selección reiteró que “el proceso es totalmente transparente y a la luz de día, donde cualquier ciudadano argentino pudo inscribirse porque se le dio mucha difusión”.

Cabe recordar que la selección final deberá ser establecida en un proyecto de resolución que deberá ser dictaminado por la Bicameral y luego, pasar por ambas cámaras donde requerirá los dos tercios de los votos en cada recinto para finalmente designar al nuevo defensor de pueblo y al procurador penitenciario.

Las audiencias 

Uno de los primero en exponer este jueves el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, quien señaló que su objetivo es “defender, proteger y custodiar los avances logrados en inclusión y buenas prácticas, con el compromiso de trabajar para garantizar todo lo necesario”. Luego, Mariana Katz destacó la importancia de "un federalismo activo para asegurar la equidad territorial" y expresó su aspiración de conducir una Defensoría basada en los pilares de empatía, autonomía y transformación.

Después fue el turno de Amelia de los Milagros López, quien sostuvo que “no somos ni reemplazamos al Poder Ejecutivo, que es responsable del diseño de las políticas públicas, pero las defensorías pueden colaborar mejorando procesos y aportando evidencia desde la perspectiva de los ciudadanos”.

En otro tramo, la legisladora porteña María José Lubertino afirmó que “el plan que presentó refleja mi convicción: mi ruta es la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes vigentes. Defiendo los derechos humanos con una mirada intersectorial y creo que tenemos una gran oportunidad de recuperar la confianza que los ciudadanos han perdido en las instituciones”.

También, Cristina Maiztegui consideró que “la Defensoría del Pueblo es autónoma e independiente; no debe asistir al presidente en la defensa de los derechos humanos, sino controlar si el gobierno cumple o no con su responsabilidad desde la perspectiva de los derechos de la población”.

A su vez, Analía Marsella se refirió a su proyecto para llegar a una “Defensoría con una mirada de largo plazo, que trascienda las mayorías en el Congreso y los cambios de gobierno”, y destacó que su naturaleza es "ejercer pensamiento crítico con base técnica”. En tal sentido, Alejandro Nato planteó la necesidad de "trabajar codo a codo con las defensorías provinciales, con un enfoque intersectorial e interjurisdiccional, y darle mayor visibilidad a nivel nacional".

La Comisión Bicameral Defensoría del Pueblo se reunió este miércoles en el Salón Arturo Illia para avanzar con la selección de postulados al cargo del defensor homónimo y a la Procuraduría Penitenciaria de la Nación. Sin embargo, la diputada libertaria Lilia Lemoine pidió por la impugnación del proceso y planteó que varios de los candidatos cumplen “requisitos de incompatibilidad” con el cargo.

“Ante todo en la Ley de la Defensoría del Pueblo… en el Capítulo VII… en Incompatibilidades dice que el cargo de defensor del pueblo es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional a excepción de la docencia estando a levedad la actividad política partidaria”, explicó Lemoine.

En otro tramo de la reunión, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti tomó la palabra y aclaró que “las incompatibilidades que nombró la legisladora son ‘en ejercicio’”. “Es claro que (la ley se refiere) en ejercicio de la Defensoría de la Nación y que no se puede tener otro cargo ni siquiera partidario”. Minutos antes, Juliana di Tullio evitó pronunciarse sobre la moción de la legisladora oficialista, pero sintetizó: “Me parece impropio todo su contenido”.

No obstante, el momento en que Lemoine propuso impugnar el proceso y la posterior explicación de la mendocina se volvió viral en redes sociales. Y lejos de llegar a una tregua, la diputada nacional Marcela Pagano -quien está enfrentada a la libertaria desde hace meses- ironizó en un posteo de X: “Es apremiante que mejoremos las herramientas educativas para que el nivel de lecto-comprensión de los argentinos vuelva a estar entre los mejores del mundo”.

Es apremiante que mejoremos las herramientas educativas para que el nivel de lectocomprensión de los argentinos vuelva a estar entre los mejores del mundo! https://t.co/iPRm4f0nhf

— Marcela Pagano (@Marcelampagano) October 22, 2025

Con la intención de nutrir su argumento, Lilia Lemoine agregó que “es mentira que se haya promovido la participación ciudadana... sobre todo porque los preseleccionados fueron a dedo”. También esgrimió que “se está ‘bufonizando’ este proceso para lograr meter en tiempo récord un defensor del pueblo porque el sector oficialista no alcanza al tercio en las dos cámaras”.

“Yo me pregunto: ¿cómo es que tenemos candidatos que son legisladores, exlegisladores, pertenecientes a grupo políticos, legisladores en actividad, jueces o un juez que presentó 15.000 avales en tiempo récord que fue destituido por abuso de poder que eso merece una impugnación por sí mismo?”, cuestionó la diputada de La Libertad Avanza.

También, planteó que “el proceso ya está mal” porque “el proceso de selección no está contemplando las funciones administrativas, y el proceso debe ser impugnado y deberíamos revisarlo”. Además, manifestó que “la Constitución dice que cualquier ciudadano puede ser defensor del pueblo, no creo que tenga la ‘federalidad’ necesaria”.

Antes de terminar su intervención en el Salón Arturo Illia, Lemoine reiteró que “no se está respetando el derecho democrático”, y consideró que “se aceleró cuando La Libertad Avanza perdió el tercio de apoyo en el Congreso”. Reiteró que se debe impugnar el proceso, advirtió que “di la chance de que el proceso siguiera y me doy cuenta de que no se está haciendo de manera correcta”, y agregó: “solo fueron notificados los que están conectados con la política”.

En el cierre de la conjetura presentada ante los vocales de la Bicameral Defensor del Pueblo deslizó otro cuestionamiento: “¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Para seguir poniendo palos en la rueda a un gobierno? Esto no fue abierto al público ni de amplia participación y debería impugnarse porque a los 39 finalistas los elegimos a dedo y ayer”.

Las autoridades de la Bicameral Defensor del Pueblo, Daniel Kroneberger en el rol de presidente y Margarita Stolbizer como secretaria, quedaron atónitos con la moción elevada por la diputada libertaria. En el final Anabel Fernández Sagasti incorporó que “me extraña que se falte a la verdad para intentar ensuciar un proceso que la Constitución nos manda a los legisladores y no podemos mirar para otro lado”.

Y relató que tanto al proceso de selección de candidatos para la Defensoría del Pueblo como el de la Procuraduría Penitenciaria se exigió la entrega del certificado de antecedentes penales, el de posibles deudores alimenticios y una planificación de lo que desean hacer. “Hemos subido la vara de lo que establece la Constitución Nacional y la ley para hacer este proceso más serio”, concluyó.

La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, presidida por el senador Ricardo Kroneberger (UCR), se reunió este miércoles para recibir a Juan José Bockel, subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y a Ariel Cejas Meliare, procurador adjunto interino de la Procuración Penitenciaria, quienes presentaron sus informes de gestión y respondieron preguntas por parte de los miembros de la Bicameral.

Desde el Salón Arturo Illia, Kroneberger expresó al inicio del encuentro: “La comisión estuvo varios años sin funcionar, es importante que nosotros le demos otra impronta y que nos visiten figuras como las de hoy para interiorizarnos sobre su trabajo”.

Por su parte, Bockel explicó los mecanismos de funcionamiento de la Defensoría, sus reuniones periódicas, "las cuales no ocasionan gastos gracias al zoom", y agregó: "Tratamos de tener una política de ser colaboradores activos de las distintas administraciones y no ser obstáculos".

“Nosotros desde la Defensoría del Pueblo tratamos de tener una política de colaboradores activos de las distintas administraciones. No somos un obstáculo, queremos ayudar para que se encuentren soluciones", argumentó.

Luego repasó los diferentes espacios que integran dentro de organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la participación de la Defensoría del Pueblo en un "convenio de cooperación con la encargada de América del Sur de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)".

A su turno, Meliare precisó que "nosotros trabajamos sobre tres ejes: sensibilizar los problemas de la cárcel, ponerlos en la agenda pública y construir posibles soluciones”. “La Procuración Penitenciaria refuerza y mejora nuestra democracia, con el objetivo de visibilizar los problemas de la cárcel y los lugares de encierro, poner estos problemas en la agenda pública y construir posibles soluciones”, informó.

A continuación, detalló los temas sobre los que están trabajando y, entre ellos, se refirió al "problema de la superpoblación en cárceles o lugares de encierro”, de lo que recordó que hay dos proyectos de ley que la procuración ha presentado al respecto, e instó al Congreso para el tratamiento de los mismos.

También describió el diagnóstico penitenciario sobre más de 25 cárceles federales. En ese sentido, alegó que desde la Procuraduría se insta a “que el Ejecutivo incorpore criterios de alojamiento respetuoso de los derechos humanos”.

Asimismo, hizo hincapié en la problemática de sobrepoblación de detenidos en comisarías y alcaldías en la Ciudad de Buenos Aires. “Lugares sin agua, sin luz natural, sin baños y un montón de situaciones gravosas a los DD.HH. Son detenidos que están a disposición de jueces nacionales, deberían estar en cárceles federales”, argumentó.

“Se ha presentado un habeas corpus junto con otros organismos para trabajar la situación de estas personas, hemos llegado a casos de personas cumpliendo condena en esas condiciones”, añadió Meliare.

Para finalizar, Kroneberger propuso para "el año que viene poder hacer un programa de trabajo en el cual insertar todos los temas que han planteado los legisladores presentes" y se refirió a la situación de ambos organismos que están con autoridades interinas: "Me parece que hasta que nosotros logremos ese camino de normalización definitiva acerca de las autoridades de la Defensoría y de la Procuración sería necesario rectificarlos en sus puestos hasta el año que viene que podamos darle una situación definitiva".