La titular de la Defensoría de los Derechos de Niños y Adolescentes planteó que la AUH y la tarjeta alimentar “son derechos a la seguridad social”. También, expresó preocupación por “los nuevos tipos penales” porque “es atrasar como 100 años”.
La titular de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, participó del plenario de comisiones de Diputados en medio del debate por la ley ómnibus y solicitó a ambas cámaras que “revean la posibilidad de mejorar el aumento automático de la AUH y la tarjeta alimentar” porque “son derechos de seguridad social”.
En su intervención, Graham expresó: “Venimos a hablar en nombre de 12 millones de niños y adolescentes que habitan nuestra patria. Soy la defensora de una institución pública de derechos humanos, autárquica, autónoma, independiente y con amplias facultades jurisdiccionales”.
“Preparamos con las defensorías provinciales un documento sobre nuestras observaciones técnicas y algunas preocupaciones que nos genera tanto el DNU como la ley que estamos discutiendo”, informó y señaló: “Tenemos la misión de cumplir con los derechos de niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención de los Derechos del Niño y en la Ley Nacional 26.061. También en las observaciones generales que emite este comité al cual debemos rendir como República Argentina en el 2024 nuestro informe que se rinde cada cinco años”.
Retomando las palabras del Comité leyó: “Las políticas económicas no son nunca neutrales en sus consecuencias sobre los derechos del niño. El Comité expresa su profunda preocupación por los frecuentes efectos negativos que tiene sobre los niños los programas de ajustes estructurales y la transición a una economía de mercado”.
La invitada destacó: “Vemos con satisfacción el aumento del 100% de la AUH y el 50% de la tarjeta alimentar”, pero expresó preocupación por “la supresión de la movilidad jubilatoria trimestral a la cual está atada también automáticamente la AUH y las asignaciones familiares que no son ni planes ni programas, son derechos a la seguridad social que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes en virtud del artículo 26 de la Convención”.
“Venimos a pedir que se mejore esa actualización trimestral porque si no la inflación se va a terminar licuando cualquier aumento. Pedimos a ambas cámaras que revean la posibilidad de mantener e incluso mejorar el aumento automático de esta prestación de seguridad social y sostener políticas que garanticen un precio accesible a los alimentos porque es lo que más aumenta los alimentos que consumen los nenes”, solicitó.
Por otro lado, se refirió al título tercero de seguridad y defensa y expresó preocupación por “la reforma al artículo 194 y la creación de un 194 bis. Primero porque en la técnica legislativa no tienen nada que ver en el medio de esos artículos porque hablan de la seguridad interior. Esa propuesta extiende la respuesta del sistema penal a situaciones donde niños y adolescentes por el solo hecho de ejercer su derecho a participar o a manifestarse pueden ser procesados o privados de libertad cuando el imperativo jurídico es que el reproche legal a conductas de chicos debe ser la última ratio por el menor tiempo posible y por situaciones menores excepcionales”.
“Nos preocupa mucho nuevos tipos penales para nosotros demasiados abiertos que también incluye un 194 bis y dice ‘el hecho de encontrarse una persona menor de 13 años sin adulto responsable en peligro inminente a su integridad física y que deberá recurrirse a la autoridad que lo encuentre en esa situación. Esto es atrasar 100 años y volver a la Ley Agote de 1919”, indicó y resaltó que “tenemos que reconocer la autonomía progresiva de niños y niñas”.
En educación, sostuvo que “la escuela es un factor de protección donde se aprende y se enseña ahí los chicos dicen lo que no dicen en la casa. Es la socialización nos negamos rotundamente para que no sea ley el artículo 550 del proyecto. Hay más de 4 millones de chicos que concurren al primario presencialmente”, y pidió: “Escuelas abiertas los 190 días, presencial y con docentes”.
Desde la fundación, también cuestionaron el juicio por jurados porque “vulnera el principio de especialidad porque tienen que ser jueces especializados en adolescencia y niños y esto contradice a Tratados internacionales”.
“Nos preocupa la eliminación de la ley de mil días y la unidad ejecutora que es algo central porque es una política trascendental. La reforma es regresiva y esto va a ser aún peor. Hay que implementar en su totalidad la ley de salud mental”, cerraron.
