Fue en el marco de una reunión organizada por el Círculo de Políticas Ambientales donde autoridades y especialistas remarcaron que “más del 90% del producto pesquero se exporta y representa unos 2000 millones de dólares al año”, pero que Argentina “no cuenta con un registro público y en línea de embarcaciones y permisos pesqueros”.
Autoridades, especialistas y representantes del sector pesquero regional participaron de la jornada “Herramientas para impulsar la transparencia de la pesca”, organizada por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Sin Azul No Hay Verde y la Fisheries Transparency Initiative (FiTI), con el acompañamiento de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) y su Centro de Integridad Corporativa.
El encuentro, realizado en el Club Alemán de Buenos Aires, reunió a funcionarios nacionales y regionales, cámaras empresarias, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, para debatir cómo fortalecer la gobernanza y la sostenibilidad del sector pesquero a través del acceso a la información y la transparencia.
Durante la jornada, remarcaron que, en Argentina, el sector pesquero es una fuente importante de divisas, más del 90% del producto pesquero se exporta y representa aproximadamente 2000 millones de dólares al año, generando de forma directa más de 25.000 empleos.
En su disertación, Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales, advirtió que Argentina es hoy “el único país de América del Sur que no cuenta con un registro público y en línea de embarcaciones y permisos pesqueros, una herramienta clave para la trazabilidad y la gestión sostenible del recurso”.
“En nuestro país, la información sobre la flota y los permisos no está disponible en línea. Los datos están dispersos en resoluciones o dependen de pedidos formales de acceso a la información. Paradójicamente, hoy son las ONG, los organismos internacionales o el propio sector privado los que publican esa información que el Estado debería liderar”, señaló Bilbao.
La directora del CPA destacó que abrir y sistematizar esos datos sería una oportunidad institucional: “Publicar registros oficiales no es un riesgo, es una oportunidad. Fortalece la autoridad del Estado como fuente técnica y confiable, ordena la información y contribuye a una gestión pesquera más moderna y transparente”.
Consuelo Bilbao, directora de política del Círculo de Políticas Ambientales.
Por su parte, José Vélez Tacuri, secretario nacional de FiTI Ecuador y representante del Viceministerio de Acuacultura y Pesca del Ecuador, compartió la experiencia de su país en la implementación de políticas de apertura y acceso a la información pesquera.
“En Ecuador, la transparencia representó un desafío inicial que abordamos con rigor técnico y diálogo multiactor. Hoy se ha transformado en una oportunidad que nos ha permitido consolidar mercados, fortalecer la confianza con la comunidad internacional y atraer inversiones destinadas a mejorar la gobernanza y la sostenibilidad del sector pesquero”, explicó Vélez Tacuri.
A su vez Nicolás Rovegno, gerente regional de la Fisheries Transparency Initiative (FiTI), subrayó que la transparencia “es una condición esencial” para la sostenibilidad y la legitimidad del sector pesquero. “La transparencia no debe verse como una carga administrativa, sino como una inversión en gobernanza. Publicar información sobre la flota, los permisos y las decisiones del sector pesquero genera confianza, mejora la trazabilidad y posiciona mejor a los países frente a los mercados internacionales y a la cooperación global”, destacó.
Participaron además Darío Sócrates de la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos; María Soledad Schulze – Observatorio del Sistema Pesquero Argentino; Mariana Regueira Corti – Directora del Centro de Integridad Corporativa de la Cámara de Industria y Comercio Argentino – Alemana-; Néstor Roche – Unión Argentina de Pescadores Artesanales y Milko Schvartsman, Coordinador de Proyectos de Océanos y Pesca del CPA.
El proyecto sobre trazabilidad de la pesca es muy demandado por todos los sectores, bastante transversal en cuanto a quienes abogan por su aprobación, pero una y otra vez el tema queda en el camino. Ya ha obtenido dictamen y ha perdido estado parlamentario.
Hablamos del proyecto de trazabilidad de la pesca, que tuvo dictamen en Diputados el 16 de noviembre de 2022, pero no llegó al recinto y perdió estado parlamentario a fines de ese año. Razón por la cual, y ante el consenso que tiene el tema, fue reflotado el 13 de junio de 2023 para que se le volviera a dar dictamen en el seno de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios a una iniciativa que unificaba entonces proyectos impulsados por el peronista Carlos Selva y la radical Ximena García, ambos ya exdiputados.
Pero si bien se especuló con la incorporación del tema en las sesiones posteriores, eso no sucedió, por lo que en el mes de octubre de ese año se pidió durante una sesión un apartamiento del reglamento para sumarlo al temario de esa jornada. Terminaron aprobándolo con las ¾ partes de los diputados presentes, pero al finalizar la sesión había sido el único tema que se quedó sin tratar: se cayó el quórum justo cuando trataban de abordarlo.
El año pasado los intentos de dictaminar fueron vanos en ambas cámaras y el pasado 21 de mayo un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo sustentable, y de Justicia y Asuntos Penales del Senado fracasó por falta de quórum en su intento por tratar el tema. En lo que va de este 2025, solo se retomó el tema en mayo en la Comisión de Ambiente del Senado, pero el debate se suspendió y habían pautado iniciar nuevas rondas de conversaciones para arribar a un nuevo dictamen, algo que jamás sucedió.
Por ese motivo, la Oficina de Presupuesto del Congreso no pudo estimar el impacto fiscal de los estímulos a productores y comercializadores de productos de pesca y acuicultura como tampoco el ingreso por presuntas multas a aplicar en el futuro que compensarían ese gasto por falta de información precisa.
