La Ciudad de Buenos Aires tiene una población de más de 3 millones de habitantes. Hoy en día, el concepto de “accesibilidad” nos convoca a pensar en las inequidades a las que nos enfrentamos a diario en sus 203 km2. Es fundamental que el acceso a derechos se convierta en un tema fijo en la agenda y construyamos una Ciudad humanizada, enfocada en desarrollar políticas públicas eficaces, con posibilidades reales de desarrollo.

El derecho a la vivienda y progresar en la planificacion de un hábitat adecuado es uno de los principios que encontramos en el Artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ¿A qué se compromete? A atender el déficit habitacional y de infraestructura y, sobre todo, a atender las situaciones de aquellas personas con menos recursos. Pero cuando hacemos un análisis de la condición habitacional, nos encontramos con que vivimos en una Ciudad donde el 36% de las familias alquilan y destinan entre un 40 y 60% de sus ingresos a costear el alquiler. 

En la cima de la injusticia social, vemos que, en la Ciudad con mayor coparticipación y mayor ingreso, más de 400 mil habitantes viven en barrios populares, es decir el 15% de la población, con nula o lenta urbanización, problemas en el transporte y regulación cero en cuanto a precios y condiciones en el precio de la renta. A esto no podemos sumarle que más de 75 mil personas viven en pensiones, hoteles familiares, 90 mil viven en inquilinatos o conventillos, muchas veces, en condiciones de hacinamiento y sin acceso a todos los servicios públicos.

Aunque nos parezca una novedad, la Constitución contempla el uso de las viviendas ociosas. Mientras que más de 150 mil personas tienen como problema principal el acceso a la vivienda, hay relevadas más de 300 mil viviendas vacías en la Ciudad. También es evidente que es necesario discutir la vivienda como una cuestión de Estado, cuando no es noticia que la legislatura otorgue permisos de construcción de vivienda, incluso cediendo hectáreas públicas, que no vuelven a la ciudadanía. En el último período de gobierno, se contabilizan 1 millón y medio de viviendas construidas, pero seguimos perdiendo calidad de vida.

Durante el Gobierno de Cambiemos, 473 hectáreas públicas pasaron a manos de privados, un barrio de Núñez entero. Lamentablemente, según el propio Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, estas construcciones no vienen a solucionar este asunto de fondo, sino que los niveles de vivienda lujosa crecen. Se construyen viviendas carísimas, en tierras que eran del Estado y quedan vacías a la merced de la especulación del mercado de inversiones inmobiliarias y arriendo a extranjeros mediante plataforma.

Este Artículo también le da la responsabilidad a la Ciudad de gestionar los espacios para personas en situación de calle. En este punto queda en completa evidencia que llevamos 16 años sin políticas públicas enfocadas en resolver el problema habitacional. Mientras que el oficialismo reconoce poco más de 3.500 personas en situación de calle, distintas ONGs, que se dedican a esta problemática social, denuncian que existen más de 10 mil personas que se encuentran a la deriva.

Romper con la lógica mercantil implica también poner el foco en la cuestión energética. Las discusiones en materia de sustentabilidad son urgentes. Todavía sigue siendo un pendiente acceder a servicios públicos de calidad de manera equitativa en muchos puntos de la Ciudad. La desigualdad debe ser abordada con perspectiva social y ya no más desde un Estado subsidiario del neoliberalismo, que haga pequeños esbozos de asistencialismo para desmerecer a lo público. De esta manera, las y los porteños podremos tener la garantía de poder acceder a servicios públicos de calidad y de forma igualitaria, en toda la extensión de la Ciudad de Buenos Aires.

En línea con la sustentabilidad, es indispensable que tomemos conciencia de la necesidad de aumentar la cobertura arbórea de la Ciudad. No es noticia que los veranos se extienden y recrudecen sobre una planificación urbana inundada de cemento y contaminación sonora. La determinación de que existan más árboles por habitantes y que, progresivamente, podamos optar por energías más limpias, nos va a posibilitar vivir en una Buenos Aires más fresca, descarbonizada, con menor contaminación sonora y mejor calidad de vida y posibilidades de esparcimiento en espacios verdes.

El negocio inmobiliario arrasó con muchas de las hectáreas públicas de la Ciudad que tenemos posibilidad de transformar y reconvertir en fuentes de energía, instalaciones deportivas, pulmones y motores verdes de una CABA más disfrutable.

Pasamos de ser la vanguardia en materia de transporte para quedar muy debajo en cantidad de kilómetros de nuestra red de subterráneos: La mayor red del mundo es la de Shangai con 743 km, otra muy importante es la de Londres con 408 km, podemos encontrar 394 km en Nueva York y más de 200 km en Ciudad de México ¿Buenos Aires? 56,7 km, ninguno construido en los últimos 8 años.

La red ni crece ni se mejora, además de ignorar el reclamo sistemático de los trabajadores, y después de 3 fallecimientos, 84 trabajadores afectados y 2500 bajo vigilancia médica, los trabajadores del subte nos siguen alertando sobre el peligro al que nos exponemos todos los días como usuarios viajando en vagones con asbesto comprados en 2013 a Madrid; que los descartaba como chatarra. Como si fuera poco, las medidas de fuerza descuentan salario por parte de la empresa y con el aval del Estado de la Ciudad Autónoma.

Tenemos una oportunidad histórica para ponerle freno a la injusticia y garantizar el acceso y el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos de la Ciudad. Llevamos 16 años de gobierno de Juntos por el Cambio y el deterioro, la desigualdad, la falta de planificación en transporte e infraestructura escolar es mayor.  Estamos convencidos de que no podemos quedar relegados a una ciudadanía de segunda y que la participación de cada uno de nosotros es fundamental, necesaria y urgente.