Impulsado por el respaldo electoral del 26 de octubre, el Gobierno de Milei pondrá en marcha una ambiciosa reforma laboral que busca transformar el régimen vigente en Argentina. El Ejecutivo apunta a flexibilizar las condiciones de contratación, reducir la informalidad y dinamizar el mercado de trabajo, en medio de fuertes resistencias gremiales y un Congreso que se prepara para un debate intenso.
Tras el contundente respaldo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Gobierno de Javier Milei aceleró la presentación de su ambicioso proyecto de reforma laboral, que promete modificar de raíz el régimen vigente en Argentina. Bajo el paraguas de la denominada Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, la iniciativa busca modernizar las relaciones laborales, flexibilizar las condiciones de contratación y reducir la informalidad, que afecta a más del 40% de los trabajadores del país.
La reforma laboral no es nueva en la agenda libertaria. Ya en el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, el oficialismo había intentado avanzar con cambios profundos, aunque la Justicia suspendió su aplicación. Posteriormente, varios de esos puntos fueron incorporados en la Ley Bases, que logró sanción parlamentaria. Ahora, el Ejecutivo se prepara para enviar al Congreso un nuevo paquete legislativo que incluye reformas estructurales en materia laboral, tributaria y previsional.
Entre las principales modificaciones que propone el nuevo texto, se destacan:
La Confederación General del Trabajo (CGT) y otros gremios ya manifestaron su rechazo a la reforma, calificándola como una reedición del DNU 70/2023 y una amenaza a los derechos laborales adquiridos. La posibilidad de que los convenios por empresa desplacen a los de actividad genera especial preocupación, al igual que la flexibilización de las condiciones de despido y contratación.
Desde el oficialismo, en cambio, se insiste en que la reforma no busca quitar derechos, sino formalizar el empleo, reducir la “industria del juicio” y dinamizar el mercado laboral, especialmente para las PyMEs, que enfrentan altos costos de contratación y litigiosidad.
El proyecto será debatido en el Congreso a partir de diciembre, en el marco del Consejo de Mayo, donde confluyen representantes del Ejecutivo, gobernadores, empresarios y algunos sectores sindicales. Con el nuevo equilibrio parlamentario, el gobierno confía en tener los votos necesarios para avanzar, aunque el camino legislativo promete ser tenso y con fuerte resistencia de la oposición y los gremios.
La reforma laboral se presenta como una de las piezas centrales del modelo económico libertario, que busca reducir el peso del Estado, flexibilizar el mercado y atraer inversiones. Pero también abre interrogantes sobre el futuro de la protección laboral, la equidad salarial y el rol de los sindicatos en una Argentina que, una vez más, se encuentra en una encrucijada histórica.
