El jefe del bloque radical de la Cámara alta, Eduardo Vischi, presentará este miércoles un proyecto de su autoría para fortalecer a la Justicia con Competencia en Familia, Niñez y Capacidades de las Personas.

El senador correntino estará acompañado por Agustina Díaz Cordero, jueza nacional de Familia Nº23, y será este miércoles 16 de octubre a las 17.30, en el Salón Auditorio Emar Acosta, del edificio Alfredo Palacios, Hipólito Yrigoyen 1702, piso 5.

El proyecto tiene por objeto fortalecer la Justicia Nacional en lo Civil, con competencia específica, exclusiva y excluyente, en los Derechos de la Niñez, Familia y Capacidad de las Personas. Tiende a que los actuales juzgados civiles con competencia en materia de Familia y Capacidad de las Personas 4, 7, 8, 9, 10, 12, 23, 25, 26, 38, 56, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 102 y 106, pasen a denominarse como “Juzgado Nacional de Primera Instancia en Familia, Niñez y Capacidad de las Personas”, manteniendo su número correspondiente.

Propone crear tres Salas en el ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, que se denominarán como “Cámara Nacional de Apelaciones en Familia, Niñez y Capacidad de las Personas”, creando nueve cargos de Juez de Cámara en el ámbito de la Justicia Nacional en lo Civil con el fin de cubrir las designaciones de los Magistrados que integrarán las Salas que son creadas en el artículo precedente.

Insta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura de la Nación a disponer lo pertinente a fin de cumplir con las designaciones y dotarlas de las partidas presupuestarias correspondientes.

Deja claro Vischi que la autoría intelectual y material de la misma es compartida con la doctora Agustina Díaz Cordero, quien -ciertamente y por su experticia en la materia en consideración a su calidad de magistrada, especializada en la materia y miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación-, “tuvo a bien proponer y desarrollar esta propuesta, que por mi parte he venido a complementar, y presentar formalmente en calidad de senador de la Nación”.

Toda esta propuesta, se corresponde con la necesidad de dotar al sistema judicial de mayor estructura y especificidad en la materia de familia, niñez y capacidad de las personas.

La senadora nacional Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social – Tucumán) presentó un proyecto de ley para declarar en todo el territorio nacional, a la alfabetización una política educativa prioritario la cual la autoridad de aplicación de esta ley implementara en el plazo de seis meses.

Entre los objetivos, la iniciativa establece: “Consolidar una política de alfabetización como proyecto de trabajo conjunto entre el Ministerio Nacional y las jurisdicciones, en pos de garantizar trayectorias escolares potentes y enriquecedoras”, y agrega: “Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura como condiciones básicas para la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento”.

Además, propone la creación del Comité de Alfabetización que presidirá el ministro de Educación de la Nación y contará con representación del INFOD, del Consejo Federal de Educación y reconocidos especialistas de la temática en la proporción que la reglamentación de la ley determine.

Al respecto, propone como funciones de dicha institución: “Participar sin excepción en el proceso de alfabetización nacional, de acuerdo con lo reglamentación de esta Ley; Construir el marco estratégico, fijar los estándares y metas y desarrollar documentos de apoyo para la viabilidad del Plan; Diseñar las estrategias, y programas conduciendo los procesos de validación y sistematización de las propuestas pedagógicas, estratégicas y organizativas del Plan”.

“Programar, en forma permanente, reuniones de trabajo para coordinar acciones y revisar los métodos y metas logrados de acuerdo con la política de alfabetización establecida; Desarrollar procesos de investigación en el campo de la alfabetización; Administrar los recursos financieros que se asignan para el proceso de alfabetización; Sistematizar experiencias exitosas, como soporte de las acciones de desarrollo curricular y de las estrategias que se planteen para la ejecución del programa; Planificar, conducir y monitorear la producción de materiales educativos; Asistir técnicamente a las jurisdicciones en lo atinente al desarrollo de los programas que viabilizan el cumplimento de la presente ley”, explaya.

La senadora argumenta que “la iniciativa busca garantizar derechos educativos básicos y declarar a la alfabetización como una política de Estado a través de fortalecer el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura con el propósito de que todos los niños y niñas aprendan a leer y escribir durante el primer ciclo de la escuela primaria”.