La legisladora dejó su banca este jueves para darle cumplimiento a los acuerdos internos del Frente de Izquierda y Amanda Martín, quien ya pasó por la Legislatura, tomó posesión de la banca.
Tal y como es costumbre dentro del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), la diputada Andrea D'Atri renunció a su banca por el acuerdo de rotación interno que tienen dentro del espacio y en su lugar asumió Amanda Martín.
D'Atri había asumido su banca en diciembre de 2024 y tenía mandato hasta el 2027, pero por el acuerdo de rotación del FIT, este jueves elevó su renuncia a la Legislatura porteña.
La ex legisladora se especializó en Estudios de la Mujer, dedicándose a la docencia, la investigación y la comunicación. Es dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
Además contaba con una reconocida militancia en el movimiento de mujeres, en 2003 fundó la agrupación Pan y Rosas de Argentina, que también tiene presencia en Chile, Brasil, México, Bolivia, Uruguay, Perú, Costa Rica, Venezuela, EE.UU., Estado Español, Francia, Alemania e Italia. Ha dictado conferencias y seminarios en América Latina y Europa.
En su lugar asumió Martín, quien ya tuvo un paso previo por esta misma Casa. La flamante diputada es docente militante de Ademys y dirigente del Partido Obrero.
Martín, como docente de historia de nivel medio y superior, cuenta con una amplia trayectoria en la lucha en defensa de la educación pública desde que era estudiante secundaria y universitaria como presidenta de sus centros de estudiante. Además, continuará trabajando en la escuela pública y ganando su salario como docente, a la vez que desarrolla su labor como legisladora.
Más allá de esta rotación de bancas, en la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura tomó juramento al Dr. Guillermo Martín Schleiber para integrar el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La legisladora del FIT advirtió que a quienes critican dicha figura "les interesa es legitimar la violencia contra las mujeres, el poder de los varones sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas".
En vísperas de una nueva movilización por el Ni una menos y días después del brutal crimen de Agostina Vega, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Andrea D'Atri apuntó con dureza contra quienes cuestionan la utilización del término "femicidio" para referirse a ese tipo de asesinatos.
A través de sus redes sociales, la diputada planteó que "los que repiten que el femicidio valora más la vida de una mujer (asesinada) que la de un hombre, porque impone una pena mayor para ese crimen que para otros no es que no conocen el Código Penal" y consideró que "están haciendo correr un bulo, una fake news, para conseguir que la violencia machista siga siendo impune, como hace un siglo atrás, cuando era 'normal', como cuando era 'normal' que las mujeres no tuvieran derecho alguno, ni los trabajadores, ni nadie".
"Si vos no conoces el Código Penal y no queres caer en este bulo fabricado por los anti derechos, misóginos y reaccionarios que promueven a abusadores y criminales, violentos y femicidas, te cuento que en su artículo 80 dice 'Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 1º A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. (inciso sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012); 2º Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso; 3º Por precio o promesa remuneratoria; 4º Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. (inciso sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012); 5º Por un medio idóneo para crear un peligro común; 6º Con el concurso premeditado de dos o más personas; 7º Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito; 8° A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición. (Inciso incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.601 B.O.11/6/2002); 9° Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. (Inciso incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.816 B.O.9/12/2003); 10 A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas. (Inciso incorporado por art. 2° del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008; 11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. (inciso incorporado por art. 2° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012); 12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1°. (inciso incorporado por art. 2° de la Ley N° 26.791 B.O. 14/12/2012)'", sostuvo D'Atri.
Fue entonces cuando indagó: "la pregunta es ¿por qué les parece repugnante que la violencia de género que conduce a un desenlace fatal como el femicidio, sea considerado un agravante y no dicen, por ejemplo, que el Código Penal 'valora más' la vida de un policía que la de cualquier civil asesinado?". Por lo que aseguró que "la respuesta es: no les preocupan las víctimas masculinas de crímenes aberrantes, supuestamente desconsideradas por el Código Penal. Lo que les interesa es legitimar la violencia contra las mujeres, el poder de los varones sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, la imposición de los roles estereotipados de los géneros y la subordinación de las mujeres en todos los órdenes de la vida. Volver al siglo XIX, como lo hicieron con los derechos laborales. Pero las mujeres hicimos lo que no hizo la dirigencia sindical, con nuestros derechos: salimos a las calles, nos reconocimos en el grito de Ni Una Menos, denunciamos corriendo riesgos y cuando tocan a una nos seguimos organizando cientos y miles".
"Aunque saquen la figura agravante del femicidio, aunque nos quiten derechos que hemos conquistado, aunque nos sometan a niveles increíbles de precarización de nuestras vidas, algo cambió en la historia y en nuestras vidas y conciencias. Y eso no tiene vuelta atrás. Por suerte para nosotras y para millones de hombres que decidieron cuestionar sus privilegios y no aferrarse a ellos hasta el punto de la violencia extrema", sentenció la legisladora.
Gabriel Solano (PO) se mostró crítico con los recientes anuncios del Gobierno Nacional y convocó a una movilización federal para el próximo 20 de diciembre.
El legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano analizó los recientes anuncios del Gobierno Nacional en materia de economía y seguridad, por lo que los calificó como “una provocación” y convocaron a una movilización en todo el país para el próximo 20 de diciembre.
En ese contexto, el trotskista aseguró que “los anuncios del Gobierno son una provocación” y recordó que “este Gobierno tuvo dos conferencias de prensa. En una anunció una brutal devaluación de la moneda, los tarifazos, despidos en el sector público, y la eliminación de la obra pública, a lo que le agrega ahora la perspectiva de eliminar la movilidad jubilatoria. Un plan de agresión contra el pueblo. Y en cualquier lugar del mundo, un plan de agresión contra el pueblo genera una reacción popular”.
“Viendo que esto va a venir, vienen ahora las declaraciones de Patricia Bullrich, que son una amenaza. Una amenaza que la calificamos como ilegal”, señaló y remarcó que “en la Argentina existe un derecho a la protesta amparado por la Constitución Nacional, y ese derecho a la protesta es clarísimo: para levantar estas garantías constitucionales, debería declarar el Estado de Sitio”.
Al mismo tiempo, Solano consideró que “Patricia Bullrich carece de los elementos legales y políticos para aplicar la política que sostiene. El problema de la protesta es un problema de orden general”, por lo que recordó que para “el 20 de diciembre está convocada una movilización con concentraciones en las 24 provincias del país”.
“La ministra no tiene la capacidad legal de prohibirla y si lo hace se va a colocar en la ilegalidad. El derecho del pueblo a movilizarse es el derecho a defenderse contra esta agresión”, sentenció.