La inversión pública ejecutada durante 2025 ascendió a $2,1 billones y registró una caída real del 27% respecto de 2024, de acuerdo con el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). La retracción se explicó fundamentalmente por la fuerte disminución de las transferencias de capital, que se redujeron 48,6% en términos reales, mientras que la inversión real directa tuvo un repunte del 14,9% interanual y pasó a concentrar la mayor parte de la ejecución, con el 53% del total.

La OPC destaca que se repitió el patrón de los últimos años en cuanto al ritmo de ejecución, con una marcada aceleración en el segundo semestre y, en especial, en el último trimestre. Aun así, la inversión pública se ubicó entre los rubros del gasto primario que más contribuyeron a la reducción del gasto total, detrás de subsidios, gastos en personal y programas sociales.

Desde la perspectiva funcional, cinco áreas concentraron el 78,9% de las erogaciones vinculadas a la inversión: Transporte, Energía, Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología, y Agua Potable y Alcantarillado. Energía y Vivienda fueron los sectores que más empujaron la baja interanual, especialmente por la caída de transferencias y la disolución de fondos fiduciarios que en 2024 habían canalizado buena parte del gasto, como Pro.cre.ar y el Fondo Fiduciario de la Vivienda Social. En contraste, Transporte y Educación registraron incrementos reales que compensaron parcialmente esas caídas.

Durante 2025 se ejecutaron 229 proyectos de inversión por un total de $0,7 billones. El más relevante fue la construcción del Reactor RA-10, a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En paralelo, las compras de bienes de capital sumaron $0,4 billones y se concentraron en un 75% en diez organismos, entre los que se destacó la Secretaría de Educación, con adquisiciones relacionadas con la conectividad y la infraestructura escolar.

Las transferencias de capital, que totalizaron $1 billón, tuvieron una contracción marcada debido a la reducción de fondos dirigidos a empresas públicas —que cayeron 47% interanual— y a la eliminación de los fondos fiduciarios mencionados. ENARSA continuó siendo el principal destinatario, con $0,4 billones, aunque con una merma significativa producto de la menor ejecución en proyectos energéticos. A diferencia del resto, las provincias y municipios recibieron un monto total de $0,2 billones, lo que implicó un crecimiento real del 34,6% interanual que permitió atenuar parcialmente la caída de otras partidas.

El informe también mostró que las caídas mensuales en términos reales se dieron en nueve de los doce meses del año, con enero registrando el retroceso más agudo (−84,9%) y diciembre la variación más positiva (24,1%), en línea con la concentración estacional de la ejecución.

En su análisis histórico, la OPC remarcó que la composición entre inversión real directa y transferencias de capital se modificó de manera significativa en 2025. Mientras en los últimos cinco años la primera representó en promedio un tercio del total, en este ciclo pasó a ser mayoritaria, desplazando a las transferencias, tradicionalmente predominantes.

Con estos datos, la inversión pública volvió a ubicarse en niveles históricamente bajos en relación con el producto, en línea con la tendencia contractiva del gasto de capital observada en los años recientes.

El diputado nacional Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe) presentó un proyecto de ley que busca garantizar mayor transparencia en la ejecución de la inversión pública nacional. La iniciativa establece que la Dirección Nacional de Inversión Pública -o el organismo que la reemplace- deberá enviar informes periódicos al Congreso sobre el estado de situación del Plan Nacional de Inversión Pública.

“Hoy, el Congreso y la ciudadanía no tienen información clara y periódica sobre cómo se ejecutan las inversiones públicas; los datos llegan tarde o solo si se piden por nota”, señaló el legislador.

La iniciativa contempla la obligatoriedad de dos informes: uno anual, a presentar dentro de los 30 días posteriores al cierre del ejercicio presupuestario, y otro semestral, al 31 de julio. Estos reportes deberán detallar “las inversiones que se finalizaron, el nivel de ejecución de cada una, el avance en materia de licitaciones, la disponibilidad de fondos y los plazos previstos”.

Según Mirabella, “el Estado debe ser eficiente, pero eso no significa cerrar organismos, sino mejorar la rendición de cuentas y garantizar un desarrollo equitativo”.

Con la finalidad de incrementar la inversión pública en la provincia de Buenos Aires, el senador de JxC Marcelo Daletto propuso dos nuevos proyectos de ley que se suman a la iniciativa anunciada semanas atrás sobre la Unidad Modular de Infraestructura (UMI) para darle una mayor estabilidad al desarrollo de las obras que lleva adelante la provincia.

Por un lado, el primer proyecto, busca llevar a la provincia en forma gradual hacia un presupuesto que destine un 20% a infraestructura. Por el otro, la segunda iniciativa pretende reconocer a aquellos municipios que sean eficientes en el gasto de capital con fondos propios asignándoles un presupuesto extra.

“La eficiencia de un gobierno se puede medir, entre otras cosas, por la cantidad de fondos que se destinan de manera constante a la obra pública. Mayor obra es mayor bienestar para la sociedad, son más y mejores escuelas, hospitales, rutas, redes de agua potable, prevención de inundaciones y sequía, entre otras. Mayores obras no es mayor gasto, es reducir gastos corrientes y aumentar gastos de capital”, señaló el legislador. 

Y continuó: “el primer proyecto para cumplir el objetivo mencionado es establecer por ley que la provincia llegue en 4 años a tener un 20% en su Presupuesto destinado a obra pública. Scioli lo tenía en 3 puntos, y Vidal y Kicillof lo llevaron a 7 puntos. Nuestra propuesta es alcanzar esta meta en forma gradual del siguiente modo: en 2024, el gasto de capital deberá representar el 10%; en 2025 el 13%; en 2026 el 16%; y en 2027, el 20%.

Asimismo, agregó que “la ventaja de esta meta legal es que obliga al Ejecutivo a tomar medidas de austeridad y de ahorro para cumplir con la pretendida inversión pública al elaborar el Presupuesto”.

Respecto de la otra iniciativa, donde se pretende aumentar la obra pública en los municipios incrementando la transferencia de fondos sólo a aquellos distritos que sean eficientes en su realización.

“En la actualidad los distritos reciben el 16,14% de la masa coparticipable, nuestra iniciativa consiste en premiar a aquellas comunas que superen el 20% de su Presupuesto en gasto de capital, aumentándole 2 puntos más de la masa coparticipable. Es decir, un Municipio eficiente recibiría el 18,14%, y uno ineficiente, recibiría el 16,14%”.

Asimismo, el legislador dijo que “esto no implica un mayor gasto para la provincia porque cuando se llegue a implementar la iniciativa, estaría contemplado dentro del gasto para infraestructura que hoy es de un 7 % y que en 4 años pretendemos llevar al 20%”.

Y finalizó: “estamos convencidos que si implementamos las UMI como una unidad de medida estable para gestionar la infraestructura en estos tiempos de inflación; si aumentamos de manera gradual las partidas presupuestarias destinadas a obra pública hasta llegar al 20%; y si premiamos a aquellos municipios eficientes, lograremos impulsar la infraestructura en toda la provincia”.