Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado comenzaron este martes el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Poder Ejecutivo, en una reunión que combinó una extensa exposición técnica, cuestionamientos políticos de la oposición y un fuerte cruce entre el peronismo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El debate, que se prolongó durante más de cuatro horas, quedó en cuarto intermedio y continuará la próxima semana.

El plenario fue presidido por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez y contó también con la presencia del arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, quien expresó reparos sobre el impacto social de la iniciativa en los sectores más vulnerables. Se trató de la primera reunión informativa en torno a un proyecto que el oficialismo considera prioritario y sobre el cual aspira a emitir dictamen en las próximas semanas, aunque la oposición pidió ampliar la nómina de expositores antes de avanzar.

En representación del Ejecutivo, Sturzenegger defendió la propuesta enmarcándola en los que definió como los dos pilares centrales del actual Gobierno: el equilibrio fiscal y la libertad económica. Según el ministro, ambos conceptos están intrínsecamente ligados a la protección de la propiedad privada, a la que calificó como un requisito indispensable para el desarrollo económico. A su entender, la fragilidad fiscal histórica del país contribuyó a la vulneración de los derechos de propiedad y desalienta tanto la inversión local como la extranjera.

Durante su exposición, el funcionario sostuvo que la Argentina desperdició durante décadas su potencial minero, energético y productivo por la falta de reglas claras y previsibles. En ese sentido, señaló que el país nunca logró “poner sobre la mesa” el respeto efectivo de los derechos de propiedad, lo que habría frenado proyectos de inversión de gran escala. En línea con ese diagnóstico, defendió las modificaciones propuestas a diversas normas, entre ellas el Código Civil y Comercial, el Código Procesal, la ley de Tierras, la ley de Manejo del Fuego y el régimen de integración socio-urbana de barrios populares.

Uno de los puntos que mayor controversia generó fue la intención del Gobierno de flexibilizar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Sturzenegger calificó como “flagrantemente inconstitucional” la legislación vigente, que limita al 15% la propiedad extranjera, y propuso eliminar ese tope para el sector privado, manteniendo únicamente las restricciones cuando haya participación de Estados extranjeros. Según explicó, la actual normativa desalienta la producción y el desarrollo, incluso en extensiones reducidas de tierra.

También cuestionó duramente la Ley 27.453 de Barrios Populares, al afirmar que, tras una década de vigencia, apenas logró regularizar una porción mínima de los casos, lo que a su juicio demuestra una ineficacia estructural del Estado. En la misma línea, criticó la extensión de las restricciones de la Ley de Manejo del Fuego a zonas productivas agropecuarias, al considerar desproporcionado que se limite el uso de un inmueble durante 30 años aun cuando no se trate de bosques nativos.

La defensa del proyecto no transcurrió sin sobresaltos. Desde el inicio del debate, los senadores del bloque justicialista aprovecharon la presencia del ministro para cuestionar su trayectoria y responsabilizarlo por políticas económicas de gobiernos anteriores. El jefe del bloque, José Mayans, y el senador Martín Soria encabezaron los reproches, acusándolo de haber sido protagonista de los principales fracasos económicos de las últimas décadas, desde la crisis de 2001 hasta el endeudamiento durante la gestión de Mauricio Macri.

Las críticas incluyeron referencias al megacanje, la emisión de Lebac, la deuda con el FMI y el actual programa de ajuste del Gobierno. En ese contexto, Sturzenegger respondió con ironía y contraataques políticos, interpelando al peronismo por sus derrotas electorales recientes y rechazando las responsabilidades que le adjudicaban. El intercambio marcó uno de los momentos de mayor tensión de la reunión.

Hacia el cierre del encuentro expuso el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, quien aportó una mirada social al debate. Si bien no se refirió a la totalidad del articulado, advirtió que algunas modificaciones incluidas en el proyecto, en particular las que alcanzan a la ley de barrios populares, podrían tener un efecto regresivo sobre comunidades en situación de vulnerabilidad. Carrara abogó por mantener un rol activo del Estado nacional en los procesos de regularización dominial y urbanización.

Tras más de cuatro horas de discusión, el fueguino Agustín Coto informó que el debate continuará en próximas reuniones informativas y que los integrantes de la comisión podrán proponer nuevos invitados, especialmente a pedido de la oposición. El oficialismo, no obstante, dejó en claro que busca avanzar con el dictamen en un plazo relativamente corto.

El comienzo del tratamiento dejó expuesto que el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada será uno de los ejes de confrontación política en el Senado. Mientras el Gobierno lo presenta como una herramienta clave para generar previsibilidad y crecimiento, la oposición advierte sobre sus consecuencias sociales, el alcance de algunas reformas y la dirección general de la política económica.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles a las 16 en el Senado para explicar los alcances del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas centrales del Gobierno de Javier Milei en materia económica y jurídica. La exposición está prevista para las 16, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

El encuentro será encabezado por los presidentes de ambas comisiones, los senadores de La Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente. Allí, Sturzenegger detallará los objetivos de una propuesta que busca reforzar el derecho de propiedad, agilizar los mecanismos de restitución de inmuebles y modificar regulaciones vigentes desde gobiernos anteriores.

El proyecto plantea cambios en el régimen de expropiaciones mediante la incorporación de un procedimiento rápido para la devolución de inmuebles, basado exclusivamente en la acreditación del título de propiedad. Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema preserva las garantías del debido proceso y el control judicial, pero elimina demoras que, según afirman, perjudican a los propietarios.

Entre los puntos más sensibles de la iniciativa se encuentra la eliminación de las restricciones para que ciudadanos extranjeros puedan adquirir tierras rurales. La normativa vigente, sancionada en 2011, fijó límites a la titularidad extranjera, pero el Gobierno considera que esas disposiciones resultaron un freno a la inversión internacional, especialmente en el sector agropecuario. En ese sentido, el proyecto propone concentrar los controles únicamente en los casos que involucren a Estados extranjeros o entidades vinculadas, con el objetivo de resguardar la soberanía y la seguridad nacional.

La propuesta oficial también incluye modificaciones a la ley del Manejo del Fuego, una iniciativa impulsada en 2020 por Máximo Kirchner. La norma del Ejecutivo deroga artículos clave de la norma impulsada en 2020 que impedían la venta de tierras afectadas por incendios durante décadas y prohibían cambiar el uso del suelo en zonas agrícolas incendiadas. Desde el Ejecutivo argumentan que esas restricciones, pensadas para preservar los ecosistemas, resultan desproporcionadas y terminan afectando el ejercicio del derecho de propiedad sin lograr una protección ambiental efectiva.

El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas, en el marco del proceso para reducir la estructura estatal y el gasto público. La decisión, publicada en el Boletín Oficial N° 35.702, afecta a dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial, entre otras.

Al respecto, desde el bloque de Unión por la Patria mostraron preocupación por las medidas y proponen un rechazo por mayoría simple en el Congreso de la Nación. Así lo explicó la diputada Carolina Gaillard en un extenso posteo en sus redes: “Los decretos delegados de Milei que disuelven de manera encubierta organismos como en Instituto Nacional del Teatro, la CONABIP, el INTA, el INTI, el INASE, y la destrucción de la Marina Mercante con el DNU 340 entre otros, pueden ser tratados si hay quórum y rechazados con mayoría simple en el recinto de ambas cámaras y pierden validez, o sea quedan sin efectos”.

“Aquellos que votaron la Ley Bases y la delegación de facultades pueden resarcirse tratando en sesión especial estos decretos de MILEI que desmantelan el estado y dar quórum y votar rechazo de estos decretos delegados”, criticó.

En esa línea, bregó para que “prime la sensatez y la responsabilidad de todos los bloques políticos” porque “tenemos herramientas para frenar este desquicio debemos usarlas como Congreso. No pueden avasallar las instituciones y quedarnos de brazos cruzados cuando existen herramientas de control de los decretos delegados que establece la Ley 26122”.

Gaillard remarcó que el art. 20 de la ley dice que si no se trata en la Comisión Bicameral dentro de los 10 días puede ser tratado de oficio en el recinto. “Ya estamos en plazo y podemos tratarlos y rechazarlos si los bloques están de acuerdo”, remarcó.

Para los arrepentidos diputados o diputadas que hoy deberían estar leyendo el Boletín Oficial: INTI, INTA, FONDO MANEJO DEL FUEGO, VIALIDAD, etc. no hay que esperar una tragedia en la Argentina para entender porque esta no es una desregulación sino que es una entrega.
Todos los… https://t.co/Gf8MHrwM6k

— Vanesa Siley (@Vsiley) July 8, 2025

También se manifestó la diputada Julia Strada: “Hoy de repente muchos diputados muestran preocupación por la destrucción de organismos estratégicos del Estado. Léase INTI, INTA, VIALIDAD, INSTITUTO DEL CÁNCER, sólo por mencionar los últimos atacados”.

Strada recordó que la ley Bases tuvo 142 votos afirmativos en general, y las facultades delegadas en particular tuvieron 135 votos afirmativos. “Pocos se bajaron de votarle superpoderes a Milei. El gobierno contó con aliados para hacer este desastre. Las actas son públicas”, criticó.

“Miren lo que le votaron a Milei: el Capítulo Reforma del Estado otorgó poder para transformar y desguazar organismos (el art. 3), empresas públicas (el art. 4) y fondos fiduciarios (el art. 5). Además, le dieron poder para la intervención de organismos (el art. 6). Vean abajo los artículos de la Ley”, cuestionó.

La diputada de UP apuntó: “Todavía me acuerdo de algunos aliados del gobierno queriendo hacerse los patriotas, metiendo organismos entre las excepciones de disolución del Art. 3. En castellano, decían "le 'damos la herramienta' al gobierno, pero ojo porque estamos preservando que algunas cosas no se disuelvan" MIENTRAS LE DABAN SUPERPODERES PARA HACER COSAS SIMILARES O PEORES QUE DISOLVER. ¿Saben lo que estaba en esa lista de "salvataje"? INTI e INTA. Hoy los vacían, cambian funciones, desjerarquizan: porque esos aliados les dieron el poder para hacer lo que quisieran. Desde UP lo dijimos: había que rechazar sin matices”.

Milei no podría destruir el INTA, INTI, Vialidad y decenas de organismos clave para el desarrollo sin que legisladores rionegrinos le aprobaran la Ley Bases.

Presentaré un proyecto de Ley para derogar los decretos. Veremos quien esta con Milei y quien con los rionegrinos. pic.twitter.com/oHRjQ3JNEJ

— Martin Soria (@MartinSoria_) July 8, 2025

"La disolución de Vialidad Nacional es el ejemplo claro del uso real de las facultades extraordinarias de la ley bases: centralismo, ajuste sin planificación y desmantelamiento del Estado donde más se lo necesita. No es eficiencia, son las mismas ideas centralistas que buscan destruir el interior productivo", expresó el senador pampeano Daniel Bensusán.

El decretazo ómnibus de Milei incluye 24 decretos para eliminar organismos públicos y reestructurar otros 7. Se disuelve Télam (+350 despidos), se vacía el CONICET (+4.000 científicos en riesgo), y se entregan INTA e INTI al Ministerio de Economía.

Esto no es modernización: es…

— José Glinski (@jglinski) July 8, 2025

La Ley Bases no le sirvió de nada a Río Negro. Vino a destruir el federalismo y a poner a la provincia de rodillas.

Fue un error histórico e irreparable de quienes votaron este bodoque impresentable que hoy Milei usa para gobernar por decreto.

Los lamentos disfrazados de… pic.twitter.com/lNwXUNBSi6

— Martin Doñate (@martindonate) July 8, 2025

Organismos disueltos

Entre los organismos disueltos se encuentran la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el fideicomiso FONDEP, las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas, entre otros. En algunos casos, como el del Instituto Nacional de Medicina Tropical, se justificó la eliminación por superposición de funciones y falta de resultados concretos.

Transformaciones y fusiones

Otros organismos fueron transformados en unidades organizativas dependientes de ministerios, como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La CNRT se transformó en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte se reconvirtió en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con competencias limitadas a la investigación aeronáutica.

También se dispuso la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, el INAREPS y el hospital de salud mental Bonaparte, con el objetivo de optimizar recursos y fortalecer capacidades asistenciales.

El Senado sancionó este viernes las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego (26.815), con el fin de establecer la prohibición de cambios en el uso y destino de tierras que hayan sido afectadas por incendios. La votación resultó con 41 votos a favor, y 28 en contra y una abstención, correspondiente al senador Carlos "Camau" Espínola.

El Frente de Todos contó con el apoyo de los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), mientras que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal rechazaron la iniciativa.

La flamante ley impide la realización de emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.

La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.

Al defender el proyecto, la correntina Ana Almirón (Frente de Todos) destacó que se trata de una iniciativa impulsada por el diputado Máximo Kirchner ante lo que hemos visto en los últimos tiempos, en que “el país ardió en llamas”. Aclaró que esa comparación no era exagerada, y puntualizó que “es un tema sumamente urgente; hay más de 900 hectáreas en toda la Argentina afectadas por incendios. En 22 de las 24 provincias se dieron incendios muy grandes, y más del 90% de estos incendios se dieron por el accionar del hombre. Puede ser de manera intencional, o por descuido, pero fue por acción humana”.

“Modificamos el artículo 22 bis ampliando los medios de producción y el objeto de cuidado de esta ley. Nosotros con esta normativa ampliamos de bosques nativos a humedales, bosques implantados, y se establecen un plazo de 60 años en los que se prohíbe modificar el suelo” cuando sucedieron esos incendios, comentó en un pasaje de su discurso.

“Lo que estamos haciendo con esta norma es tender a la restauración del suelo, la diversidad, y a los que se oponen a esta iniciativa, que dicen que es una ley contra el campo, quiero decirles que cuando nosotros pensamos en la reconstrucción, pensamos en una reconstrucción que incluye al campo, es con todos. Pero no permitimos que unos vivos hagan negocios con el medioambiente”, remarcó la senadora de La Cámpora.

Negó también que se avasallen las competencias de las provincias, señalando que la Constitución nacional es la que faculta al Estado nacional a este tipo de medidas y que es una función específica del Estado dictar normas que establezcan presupuestos mínimos de protección.

Con una postura contraria, la senadora Gladys González (Juntos por el Cambio) trajo a colación una frase que se lanzó durante el debate: “Que no se puede ser de Cambiemos y ser ambientalista”. Lo que dijo que no se puede ser es “hipócrita” y consideró que la medida es “impracticable”.

Una de sus hipótesis es que no hay voluntad política para solucionar el tema, dijo, aplicando la Ley de Bosques o avanzando con la ley de Humedales, o fortaleciendo los equipos provinciales que previenen los incendios. “Este como sí en esta primera hipótesis también está cargado de ideología, con la lógica ‘amigo-enemigo’, de buscar culpables, mezclando todo”, señaló.

Su segunda hipótesis es que hay una buena intención detrás de este proyecto. “Sancionando ‘a los vivos’, dijo Ana; ‘a los pillos’ digo yo”, comentó, señalando que “analizando las características del proyecto sería una buena intención que hizo alguien que no sabía del tema”. Con todo, señaló que quienes acompañaron la iniciativa son gente “con muchísima trayectoria legislativa”, ante lo cual se preguntó “si  no se animaron a decirle que no a quien es su conductor político, o si de verdad no se animaron a sugerirle modificaciones para mejorar esta iniciativa a quien por estas horas pareciera que va a ser su próximo candidato a presidente. Porque no lo entiendo de otra manera, conociendo la trayectoria de estos legisladoras”.

Consideró que “esta no es una buena ley” y entre los argumentos señaló que se establecen plazos “de 30 a 60 años para proteger ecosistemas que ya están protegidos por otras leyes vigentes a perpetuidad; es una ley de enormes indefiniciones”. Es más, sostuvo que en uno de sus artículos habla de humedales, un tema del que hace años que los legisladores vienen discutiendo, sin ponerse de acuerdo en su definición. Por el contrario, esta ley lo da  por sabido y así resulta “inaplicable porque no se entiende a qué superficie se refiere”.

“La historia nos ha enseñado que cuando quieren proteger todo, no quieren proteger nada. Eso la hace también inaplicable”, enfatizó.

"Esta modificación a la Ley de Manejo del Fuego revela una falta de conocimiento total y absoluta de cómo se producen los incendios en el interior de nuestro país", afirmó Rodríguez Machado. Y agregó: “No conocen el interior; lamento en nombre del interior este proyecto no federal, inconstitucional y con un sesgo ideológico de lo que llamamos los cordobeses ‘hippies chic”.

El correntino Pedro Braillard Poccard (Juntos por el Cambio) señaló que “si acá lo que se busca es proteger los bosques nativos, con la correcta aplicación de la Ley de Bosques, pues que se haga cargo cada provincia. Y si la nación quiere establecer alguna normativa, que actúe en algunas zonas del país que tienen este problema. No es el caso de mi provincia”.

“Sí hemos pedido a los gobiernos nacionales que en lugar de venir a decirnos cómo cuidar lo nuestro, e imponernos tantas normas, que se invierta más dinero en aviones hidrantes, en ayudar a las autoridades locales, en lugar de imponernos este tipo de normas”, agregó.

La fueguina Eugenia Duré (Frente de Todos) dijo que le quedaba claro a partir de lo que había escuchado “es que se está en contra del autor de este proyecto, porque en la Cámara de Diputados contó con 132 votos positivos y los negativos fueron justamente 96 de Juntos por el Cambio”.

Al intervenir en el debate, el senador Alfredo de Angeli calificó de “mamarracho” el proyecto propuso la vuelta a comisión del dictamen -puntualmente a la de Agricultura, por la que no pasó-, para que “podamos sacar algo mucho mejor que esto”, pero su moción fue rechazada en una votación a mano alzada.

Qué establece la nueva ley

La norma modifica el artículo 22 bis de la Ley 26.815, de modo de establecer una serie de prohibiciones por el término de 60 años “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”.

De acuerdo al nuevo texto, no se podrá “realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; y la división, subdivisión, excepto cuando resulten de división o participación hereditaria, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares”.

Tampoco, “la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”.

Todo ello “sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales y locales, como de los tratados internacionales aprobados y ratificados por la Nación en la materia, que aplicarán complementariamente en cuanto sus normas resulten más extensas o amplias en sus beneficios para con los mismos”.

Además, se incorpora el artículo 22 ter que reza que esta prohibición “será extendida si así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente”.

En tanto, el nuevo artículo 22 quáter se refiere a los incendios en “zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural”.

En esos casos, la prohibición será por 30 años y no se podrán realizar emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento.

El Frente de Todos se propone convertir en ley este viernes, en una sesión especial virtual que arrancó a las 14.19 en el Senado, el proyecto que crea un aporte solidario y extraordinario a pagar por única vez para contener la pandemia del Covid-19.

Ese es el tema principal de la sesión citada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, donde además el oficialismo intenta sancionar la modificación a la Ley de Manejo del Fuego, para prohibir el cambio de uso en tierras incendiadas.

La sesión se da en el marco de la prórroga de sesiones ordinarias dispuesta por el Poder Ejecutivo hasta el 3 de enero, tras la corrección del decreto anterior, que ponía como fecha el 11 de diciembre.

El proyecto de impuesto a la riqueza recibió dictamen favorable el pasado 24 de noviembre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y establece un aporte por única vez a pagar por las personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.

La alícuota a pagar irá del 2% al 3,5% y habrá un diferencial para los bienes declarados en el exterior, del cual sus propietarios quedarían exentos si aceptan repatriar el 30% de esas tenencias.

Según informó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el aporte alcanzaría a 11.855 personas humanas, es decir, más que las 9.298 que calculaba el ente recaudador cuando el proyecto se trató en la Cámara de Diputados.

Con 40 integrantes, el bloque presidido por José Mayans no tendría inconvenientes en sancionar el proyecto, y contaría además con la ayuda de aliados, mientras que Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal rechazan la iniciativa.

La oposición sostiene que existe una doble imposición con el impuesto a los Bienes Personales, y advierte además que el tributo podría ser confiscatorio y quedar instalado para siempre, a pesar de que la redacción aclara que es por única vez.

Otros proyectos

En la sesión también se tratará el proyecto impulsado por el jefe del bloque de diputados oficialistas, Máximo Kirchner, que modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, con el fin de impedir la realización de emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.

La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.

El proyecto recibió dictamen favorable el 24 de noviembre, con el rechazo de la oposición, que advirtió que el texto no distingue entre incendios intencionales y no intencionales; que avanza sobre facultades provinciales; y que implica un retroceso respecto de leyes vigentes.

Por otra parte, la Cámara alta tratará este viernes la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

También figura en el temario un proyecto de Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) sobre creación de un “Programa Nacional de Turismo Seguro”.

Asimismo, se votarán dos acuerdos internacionales: un Acuerdo de Cooperación Mutua para la Vigilancia y Control del Espacio Aéreo con Uruguay; y un Acuerdo de Cooperación en Defensa con Italia.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias reiteró su alarma ante el inminente avance del proyecto de modificación de la Ley de Manejo de Fuego en el Congreso de la Nación.

“A pesar de que ya existe una Ley de Manejo de Fuegos, este proyecto modificatorio pone en riesgo seriamente la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país”, expresaron las entidades del campo. Sucede que la norma prohíbe por el término de 30 años desde su extinción cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio. Esta prohibición se da independientemente de que los incendios sean provocados o accidentales. Cabe aclarar, además, que esta nueva prohibición se aplica a las superficies con bosques implantados o nativos, sumando nuevas restricciones a las ya existentes en la ley de bosques, advierten.

Coninagro, CRA, la Federación Agraria y la Sociedad Rural sostienen que estas restricciones “afectan gravemente el derecho de propiedad y son aplicadas incluso a aquellos individuos que no son culpables de estos incendios por tratarse de hechos accidentales o causados por dolo eventual o animoso de un tercero”.

Señalan que el proyecto da por asumida, de este modo, la culpabilidad individual del propietario del campo, “afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia, condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa, quien además de haber perdido su capital de trabajo o sus inmuebles por estos hechos debe enfrentar una condena por un evento sobre el cual no tiene responsabilidad alguna”.

La Mesa de Enlace señaló que están a favor de que se legisle sobre el manejo del fuego, pero aclaran que “no podemos dejar pasar por alto esta invasión al derecho de propiedad, ni que se considere a todos los productores del país delincuentes ambientales, o se instaure una mirada prejuiciosa sobre todos quienes trabajamos en la tierra, en especial cuando somos víctimas de hechos naturales o provocados que, de por sí han lesionado nuestra producción y el capital destinado a ella”.