Un proyecto de la diputada Mercedes Llano propone modificar la ley de riesgos del trabajo para impedir que organismos públicos paguen gastos de intermediación en la contratación de ART, con el objetivo de reducir costos y mejorar la transparencia.
La diputada nacional Mercedes Llano (La Libertad Avanza – Mendoza) presentó un proyecto de ley para eliminar los gastos de intermediación en las contrataciones de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) realizadas por el Estado Nacional y organismos públicos.
La iniciativa propone modificar la Ley 26.773 con el objetivo de impedir que recursos públicos sean destinados al pago de comisiones, honorarios o gastos de comercialización vinculados a intermediarios en licitaciones y contrataciones estatales.
“El Estado debe administrar los recursos públicos con criterios de austeridad, transparencia y eficiencia. No tiene sentido que se sigan financiando costos de intermediación en contrataciones donde el propio Estado cuenta con capacidad técnica para gestionar directamente estos procesos”, sostuvo Llano.
El proyecto establece que, en las contrataciones realizadas por el Estado Nacional, las ART deberán limitar sus presupuestos exclusivamente a costos administrativos y operativos necesarios para la prestación del servicio, prohibiendo expresamente gastos vinculados a publicidad, promoción, comisiones u honorarios derivados de intermediaciones.
Según explicó la legisladora, la iniciativa busca eliminar “sobrecostos innecesarios” que no aportan valor técnico ni mejoran las prestaciones del sistema de riesgos del trabajo.
“Las contrataciones públicas deben priorizar la transparencia y la oferta más conveniente para los contribuyentes, evitando mecanismos que puedan facilitar direccionamientos o gastos injustificados”, afirmó.
El proyecto también incorpora mecanismos de fiscalización y auditoría a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la Nación, además de un régimen de sanciones para las ART que incumplan la normativa. Entre ellas se contemplan multas, suspensión para participar en licitaciones públicas e incluso inhabilitaciones en casos graves o reiterados.
Asimismo, la propuesta invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen o dictar normas equivalentes para eliminar gastos de intermediación en sus respectivas contrataciones de ART.
La iniciativa se fundamenta en principios de racionalidad del gasto público, transparencia administrativa y fortalecimiento del sistema de riesgos del trabajo, garantizando que los recursos se destinen prioritariamente a prestaciones y servicios vinculados a la protección de los trabajadores.
En un encuentro realizado en la Cámara baja, legisladores nacionales recibieron al viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann, y ratificaron el interés de ambos países en profundizar la relación bilateral, con el comercio y las inversiones como principales motores.
En el marco de una reunión organizada de manera conjunta por el Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con Panamá y la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, legisladores nacionales recibieron al viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de la República de Panamá, Carlos Guevara Mann, para avanzar en una agenda común centrada en el fortalecimiento del vínculo comercial.
La titular del GPA con la República de Panamá para el período 2024-2025, la diputada nacional Mercedes Llano, destacó durante el encuentro que la reunión tuvo como objetivo “celebrar un hito fundamental: ratificar nuestro firme compromiso con la apertura económica”. En ese sentido, subrayó la confianza en la voluntad política de ambos países y remarcó que el desafío es “llevar adelante una negociación ágil”.
Llano también valoró la presencia de la delegación panameña como un gesto concreto de voluntad de trabajo conjunto y sostuvo que el diálogo apunta a construir “una agenda en común que se traduzca en crecimiento y mayores inversiones para nuestros países”.
Por su parte, Guevara Mann consideró “gratificantes” los avances logrados en materia comercial y afirmó que un eventual acuerdo entre las partes permitirá seguir afianzando la relación bilateral. “Un acuerdo comercial de este tipo contribuye a mejorar el desarrollo y la calidad de vida”, señaló. Además, puso en relieve el rol estratégico de Panamá como puente y plataforma de conexión para los países del Mercosur, en el marco de una política exterior basada en el multilateralismo.
El viceministro panameño destacó, asimismo, las oportunidades de cooperación en diversas áreas, como la cultural, agrícola, medicinal y de seguridad, y aseguró que existen “muchos espacios para trabajar juntos e inspirarnos mutuamente”.
A su turno, el embajador de Panamá en Argentina, Juan Luis Correa, llamó a profundizar el trabajo conjunto para concretar el tratado comercial en elaboración y expresó la intención de acelerar el proceso para lograr su firma en el corto plazo. “Hay un gran interés por Argentina”, afirmó.
Del encuentro, realizado en el Salón Blanco del Palacio Legislativo, participaron también las diputadas nacionales de La Libertad Avanza María Luisa González Estevarena y María Cecilia Ibáñez, junto a Luciana Términe, directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional. Asimismo, estuvieron presentes representantes de la Embajada de Panamá en Argentina y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto vinculados a asuntos parlamentarios, integración económica y la región de América Central y el Caribe.
La diputada nacional destacó el papel “fundante” del Partido Demócrata Nacional en la construcción del proyecto liberal que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada y llamó a fortalecer la unidad del espacio para “poner fin a la decadencia populista”.
La diputada nacional de La Libertad Avanza Mercedes Llano asumió la presidencia del Partido Demócrata Nacional (PDN) y, durante el acto de asunción, subrayó el protagonismo que tuvo el espacio en los inicios del actual gobierno liberal. En ese marco, remarcó que el PDN fue “custodio histórico del liberalismo” y sostuvo que dio “la batalla cultural sin improvisación y en soledad durante más de 90 años”.
Al repasar el proceso de reconstrucción partidaria, Llano recordó que “desde hace 15 años un núcleo duro liberal resistente, cuando nadie osaba siquiera mencionar nuestro ideario, se encaminó a reconstruir el Partido Demócrata Nacional sobre la base de fuerzas locales liberales y conservadoras”, y señaló que esa tarea “proporcionó al actual presidente Javier Milei la primera estructura partidaria sobre la cual recostó su candidatura”. “Nos unió la convicción y no la conveniencia”, afirmó.
La nueva titular del PDN describió las dificultades que atravesó el espacio político para consolidarse en un escenario adverso. “En soledad, sin recursos, frente a un contexto hostil y contra todos los oficialismos, los medios pautados y los partidos hegemónicos, el Partido Demócrata Nacional jugó un rol fundante y central en la devolución de la esperanza de poner fin a la decadencia populista y motorizar el sueño liberal”, expresó.
En su discurso, Llano también enumeró lo que consideró logros del actual gobierno nacional, entre ellos la estabilización económica, la reforma del Estado, el equilibrio fiscal, la restitución del orden público y la alineación internacional del país, además de la reducción de la pobreza y el enfrentamiento con corporaciones económicas y sindicales.
Asimismo, convocó a profundizar la articulación política dentro del liberalismo. “Es necesario unir fuerzas y poner a las ideas por encima de todo, respetando los matices”, sostuvo, y definió al PDN como “un espacio complementario por su significado histórico, su experiencia y su anclaje federal”, además de resaltar su “carácter conservador y su espíritu liberal en lo político”, al que vinculó con la defensa de las tradiciones republicanas.
Llano se convirtió así en la primera mujer en presidir el Partido Demócrata Nacional. El acto se realizó en la sede central del partido y contó con la participación del presidente de la Convención, Patricio Villegas; el titular saliente del PDN, Carlos Balter; senadores y diputados nacionales; autoridades provinciales; legisladores locales y referentes históricos del liberalismo, además de representantes del PAN y la UCeDé.
Sobre el cierre, la flamante presidenta destacó el papel de la juventud partidaria, a la que definió como protagonista del cambio, e invitó a los jóvenes a sumarse al Partido Demócrata al considerar que “son el presente y el futuro del país”.
La iniciativa busca modificar la Ley Nacional de Tránsito para simplificar la circulación de la maquinaria agrícola, eliminar permisos considerados innecesarios y adecuar la normativa a las demandas del agro moderno, con el objetivo de reducir costos y mejorar la competitividad del sector.
La diputada nacional oficialista Mercedes Llano presentó un proyecto de ley que propone cambios en la Ley Nacional de Tránsito (N° 24.449) con el foco puesto en desburocratizar y simplificar la circulación de la maquinaria agrícola en todo el país. Según planteó, el régimen actual de permisos carece de impacto real en la seguridad vial y funciona como un mecanismo “meramente recaudatorio” que encarece la actividad productiva.
El eje central de la iniciativa es la creación de una categoría específica de “Maquinaria Agrícola” dentro de la normativa vigente. Esta modificación permitiría su libre circulación, siempre que cuenten con seguro obligatorio y sean operadas por personal idóneo, sin requerir las autorizaciones administrativas que hoy rigen y que, de acuerdo al proyecto, afectan la eficiencia y competitividad del sector.
La propuesta apunta a eliminar una serie de trámites que alcanzan tanto a la maquinaria autopropulsada como a los trenes agrícolas y al transporte en carretones. En la actualidad, esos procedimientos implican costos adicionales y cargas administrativas que, según Llano, resultan difíciles de controlar y no se traducen en mejoras concretas en materia de seguridad vial.
Otro de los puntos destacados del proyecto es la incorporación de mayor flexibilidad operativa. En ese sentido, se habilita la circulación nocturna de maquinaria agrícola bajo determinadas condiciones de seguridad, atendiendo a las necesidades propias de los ciclos productivos y a las dinámicas del trabajo rural.
La iniciativa también actualiza los estándares de seguridad vial, incorporando tecnologías disponibles en el sector, como sistemas de iluminación LED, señalización reflectiva y mejoras en los requisitos de visibilidad, con el objetivo de compatibilizar la actividad agrícola con una circulación más segura en rutas y caminos.
Finalmente, el proyecto busca reducir los costos logísticos y acompañar la evolución tecnológica del agro, ampliando los parámetros de traslado de la maquinaria y tomando como referencia experiencias internacionales que ya avanzaron en esquemas normativos más flexibles y adaptados a la producción moderna.
Luego de la revelación sobre una campaña de espionaje ruso, la mendocina Mercedes Llano advirtió sobre "los riesgos de un ecosistema mediático vulnerable, donde la dependencia de la pauta oficial puede facilitar la penetración de intereses externos".
Luego de la revelación sobre una campaña de espionaje ruso, que habría financiado notas periodísticas en distintos medios para desprestigiar la gestión de Javier Milei (razón de la cual se agarró el Gobierno para suspender acreditaciones de periodistas en Casa Rosada y la Cámara de Diputados), la diputada oficialista Mercedes Llano repudió "maniobras de desinformación extranjera en Argentina".
A través de un proyecto de declaración, la mendocina manifestó su más "enérgico repudio a las maniobras de desinformación detectadas en el país, vinculadas al financiamiento de noticias falsas y la creación de perfiles periodísticos artificiales con fines de desestabilización institucional".
La iniciativa advierte sobre "la existencia de una red sofisticada de injerencia extranjera que habría operado en territorio argentino en los últimos meses, mediante la publicación de contenidos falsos en medios digitales locales y la utilización de identidades ficticias generadas con inteligencia artificial para influir en la opinión pública".
En los fundamentos del proyecto, Llano subrayó que "estas acciones buscan erosionar la confianza en las instituciones democráticas y distorsionar el debate público, atentando contra la soberanía informativa de la Argentina".
"Los abusos de la libertad se combaten con más libertad. Este proyecto no busca ejercer el derecho de defensa institucional, refutando estas maniobras de desestabilización y reafirmando nuestro compromiso con la verdad y la transparencia informativa", sostuvo.
Asimismo, la legisladora remarcó "la importancia de fortalecer el periodismo independiente" y advirtió sobre "los riesgos de un ecosistema mediático vulnerable, donde la dependencia de la pauta oficial puede facilitar la penetración de intereses externos".
El proyecto fue acompañado por sus pares de La Libertad Avanza Patricia Holzman, Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Bárbara Andreussi, Romina Diez, Adrián Brizuela, Gabriela Flores, César Treffinger, Laura Soldano, Rosario Goitia, Carlos Zapata, Sabrina Ajmechet, Gladys Humenuk y Eliana Bruno.
Una diputada de La Libertad Avanza impulsa una ley que establece la obligatoriedad de una evaluación de idoneidad psicológica funcional para legisladores nacionales electos, autoridades superiores del Poder Ejecutivo y candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, con el objetivo de garantizar la aptitud necesaria para el ejercicio del poder público.
La diputada nacional Mercedes Llano presentó un proyecto de ley que propone la creación de una Evaluación de Idoneidad Psicológica Funcional de carácter obligatorio para quienes aspiren a ocupar los cargos más altos del Estado. La iniciativa alcanza a los legisladores nacionales electos —quienes deberían someterse al examen antes de asumir—, a los aspirantes a cargos superiores del Poder Ejecutivo —previo a su designación— y a los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación, que deberían aprobarla antes de la oficialización de sus postulaciones.
Según el proyecto, la evaluación tiene como finalidad asegurar que quienes ejercen el mando político cuenten con las aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas necesarias para el desempeño responsable y constitucional de sus funciones. Se considera dentro de estas capacidades el juicio crítico y ético, la regulación emocional, el autocontrol, la capacidad de autocrítica y la empatía institucional.
El procedimiento quedaría a cargo de organismos especializados e independientes, utilizando pruebas estandarizadas y validadas científicamente en el país. Entre los métodos previstos se incluye la evaluación de rasgos de la llamada “Tríada Oscura” —narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica—, así como pruebas de juicio ético y entrevistas estructuradas por competencias. El dictamen final se limitaría a determinar si el evaluado es “Apto Funcional” o “No Apto Funcional”, manteniendo en reserva todos los datos clínicos.
En caso de resultar “No Apto Funcional”, el postulante quedaría inhabilitado para asumir el cargo o sostener su candidatura, aunque la normativa prevé un mecanismo de revisión en un plazo de 24 horas ante un comité técnico interdisciplinario.
En los fundamentos, Llano sostiene que el derecho a elegir y ser elegido no es absoluto y que el sistema constitucional admite requisitos razonables destinados a garantizar la idoneidad para cargos de alta responsabilidad institucional. Afirma que la evaluación no busca diagnosticar enfermedades mentales ni discriminar por razones de salud, sino valorar competencias funcionales vinculadas directamente al ejercicio del poder público.
El texto también argumenta que la medida sería coherente con las exigencias vigentes para cargos técnicos y para múltiples funciones del sector público, donde las evaluaciones psicológicas son habituales. Además, señala que la literatura especializada identifica riesgos institucionales asociados a rasgos disfuncionales de personalidad, como la corrupción, el autoritarismo y la erosión del tejido democrático.
Llano concluye que la evaluación funcionaría como una herramienta preventiva para fortalecer la calidad democrática, mejorar la toma de decisiones en el Estado y preservar la confianza ciudadana en sus representantes.
La mendocina Mercedes Llano propone que las universidades nacionales publiquen información completa y actualizada sobre su gestión, para garantizar transparencia y control ciudadano.
Conforme la constante que ha establecido el actual gobierno en materia de universidades, la diputada mendocina de La Libertad Avanza Mercedes Llano presentó un proyecto para modificar la Ley de Educación Superior, incorporando obligaciones de transparencia activa y rendición de cuentas en las universidades públicas. La iniciativa busca garantizar el acceso permanente y completo a información institucional, académica, administrativa y financiera.
La propuesta de Mercedes Llano plantea la incorporación de un nuevo artículo en la Ley N° 24.521 que obligue a las universidades nacionales a publicar, de manera proactiva y en formatos abiertos, datos sobre su estructura, autoridades, designaciones, nóminas salariales, presupuestos, transferencias, compras, auditorías y convenios. También deberán informar sobre becas, planificación estratégica, informes de gestión, indicadores académicos, proyectos de investigación, publicaciones científicas y rankings internacionales.
El proyecto se apoya en la Ley N° 27.274 de Acceso a la Información Pública y en los estándares fijados por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), con el objetivo de fortalecer el control ciudadano sobre el uso de fondos públicos y la gestión universitaria. Según Llano, estas medidas no afectan la autonomía universitaria, sino que la robustecen al dotar al sistema de mayor legitimidad social y previsibilidad institucional.
“Las universidades son sostenidas mayoritariamente con recursos estatales, por lo que deben garantizar la publicidad de sus actos y la rendición de cuentas”, sostiene la diputada en los fundamentos del proyecto, que también cita experiencias internacionales como el Índice de Transparencia de las Universidades Latinoamericanas (INTULAT).
La diputada mendocina de La Libertad Avanza fue elegida al frente del PDN y destacó la continuidad de la defensa del ideario liberal. Convocó especialmente a los jóvenes a sumarse a la histórica fuerza política.
La diputada nacional Mercedes Llano fue electa presidenta del Partido Demócrata Nacional. “Quiero agradecer a todos los que me apoyaron y apoyarán en esta nueva etapa”, expresó la legisladora mendocina tras su designación.
“Es un honor haber sido elegida presidente del Partido Demócrata Nacional. Como herederos directos de la generación del 80, seguiremos defendiendo incansablemente las ideas de la libertad consagradas en la Constitución Nacional de 1853/60 que transformaron a Argentina en una deslumbrante potencia”, señaló la diputada de La Libertad Avanza, que agregó en redes sociales: “Con la coherencia que nos asiste de haber luchado, sin claudicar y muchas veces en soledad, por el ideario liberal, fuimos el primer partido en apoyar- sin vacilaciones ni especulaciones- el proceso de transformación que lidera el presidente Milei en el país”.
Por último, Llano señaló que “seguiremos levantando con la firmeza y convicción de siempre las banderas de la libertad, el federalismo y la república. Convoco especialmente a los jóvenes a sumarse a esta histórica fuerza política”.
Presentaron un proyecto para modificar el Estatuto del Personal del Congreso e imponer concursos públicos en los ingresos y ascensos. Busca “erradicar prácticas discrecionales” y profesionalizar la planta legislativa.
La diputada nacional Mercedes Llano (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de ley para modificar el Estatuto y Escalafón del Personal del Congreso de la Nación (Ley 24.600), con el objetivo de “jerarquizar la función legislativa” e introducir criterios meritocráticos tanto en el ingreso como en la carrera administrativa de los empleados legislativos.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de las diputadas Alida Ferreyra y Paula Omodeo, propone sustituir los artículos 4, 5 y 14 de la norma vigente para incorporar como requisito explícito el concurso público en cada instancia de acceso y promoción dentro de la planta permanente. Además, establece que cualquier designación que no cumpla con esos parámetros será considerada “nula de pleno derecho”.
En los fundamentos del proyecto, Llano advierte que el Congreso argentino se ha caracterizado históricamente por un fuerte nivel de patronazgo partidario, donde el ingreso a planta permanente no depende de la idoneidad sino de vínculos políticos. Según un estudio del politólogo Gerardo Scherlis (2009), la Legislatura nacional es la institución del Estado que más extendió esas prácticas, a diferencia de otros organismos donde existen exámenes de ingreso formalizados.
El texto cita estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en 2024 midió el índice de desarrollo de los servicios civiles en América Latina en apenas 40 puntos sobre 100, reflejando la debilidad de los sistemas meritocráticos en la región.
Llano piensa que la ausencia de mecanismos de selección competitivos no solo favoreció el sobredimensionamiento de la burocracia.
El proyecto también pone el foco en el crecimiento sostenido del personal legislativo. Según estimaciones elaboradas con datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, en 2023 había en promedio 31 empleados por cada legislador, cifra que trepa a 49,3 si se contabiliza la estructura de la Imprenta del Congreso y la Biblioteca.
En las últimas dos décadas, la planta del Parlamento se incrementó un 61,5%, pasando de 10.040 agentes en 2003 a 16.224 en 2023. El mayor crecimiento se dio en el Senado, con un aumento del 89% en su dotación, mientras que la Cámara de Diputados amplió apenas un 5,5% la suya. También se disparó la cantidad de empleados en “otros organismos” legislativos, como la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General y la Defensoría del Público, que crecieron un 306% en el mismo período.
Una reforma “necesaria”
Para Llano, la ausencia de mecanismos de selección competitivos no solo favoreció el sobredimensionamiento de la burocracia, sino que también afectó la calidad del trabajo legislativo. “La utilización política de los cargos impide consolidar una planta profesional con estándares técnicos elevados, y termina impactando negativamente en el funcionamiento institucional y en el costo para el Estado”, argumentó.
El proyecto propone armonizar el régimen legislativo con la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional (25.164), que ya establece el concurso como regla para el ingreso a la administración pública. También busca eliminar ascensos automáticos que se habilitaron a través de disposiciones internas de las presidencias de ambas cámaras.
En síntesis, la iniciativa de Llano apunta a reducir la discrecionalidad en las designaciones, garantizar igualdad de oportunidades, optimizar el uso de los recursos y profesionalizar la tarea parlamentaria. El desafío ahora será encontrar consensos en un Congreso donde, según advierten los propios fundamentos, el sistema de patronazgo ha sido una práctica arraigada durante décadas.
La diputada nacional Mercedes Llano, integrante del Partido Demócrata, aseguró que desde su espacio reclamarán la construcción de "una alternativa liberal pura". No descartó que se conforme otro frente.
Anunciada la unificación de las elecciones provinciales en Mendoza con la fecha de los comicios nacionales, para el próximo 26 de octubre, desde la gestión de Alfredo Cornejo aseguraron que hay negociaciones "avanzadas" para sellar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.
La posible alianza calentó los ánimos en los socios de los libertarios en el distrito cuyano. Este jueves, desde la cuenta de X del Partido Demócrata de Mendoza expresaron: "Bregamos por la conformación de un frente liberal puro en Mendoza, alineado a las ideas de la libertad que impulsa @JMilei".
"Los oportunistas de siempre buscarán teñir de rojo la provincia, como antes la tiñeron de populismo kirchnerista, sumiendo a la provincia en el estancamiento y la decadencia institucional", sostuvieron, en un posteo que fue replicado por la diputada nacional Mercedes Llano, quien integra la bancada de LLA en la Cámara baja.
Y completaron: "Desde el PD, apoyamos a Javier Milei desde sus inicios y seguiremos defendiendo el modelo liberal para que Mendoza recupere la senda del progreso".
En tanto, en declaraciones al diario Los Andes, Llano afirmó que desde su partido seguirán "insistiendo en la necesidad de construir una alternativa liberal pura, diferenciada del modelo intervencionista-populista impulsado por Cornejo, que saque a Mendoza del estancamiento y la decadencia institución".
La legisladora admitió que un frente entre Cambia Mendoza -al que son opositores en su provincia- y LLA generaría "incomodidades" y sería una "alianza forzada". Por eso, advirtió que no descartaría la conformación de otro frente. "Ese escenario aumenta las posibilidades de competir con otro frente liberal autónomo que, desde ese lugar, siga apuntalando al presidente y sus ideas", dijo.
Para la diputada, Cornejo apuesta a un acuerdo con Milei porque tiene una imagen "en declive" y necesita de la figura presidencial “para camuflar una eventual derrota en Mendoza”.
Bajo el título de "carencia política", una diputada libertaria afirma que "se busca despolitizar las instituciones de nuestro sistema de gobierno".
La diputada nacional Mercedes Llano (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de ley que propone prohibir que personas afiliadas a partidos políticos puedan ocupar puestos relevantes en distintas instituciones y organismos.
Bajo el título "carencia política", la iniciativa plantea que los cargos "no podrán ser ocupados por personas que dentro de los 10 años anteriores al pretendido nombramiento hubieran sido afiliados a partidos políticos; precandidatos; candidatos; ocupado efectivamente puestos electivos, de confianza política o de carrera, ya sean temporarios o permanentes; y/o contratados; en cualquiera de los tres poderes del Estado Nacional" y "siempre que no hayan sido obtenidos por concurso público de oposición y antecedentes".
La prohibición alcanzará a las magistraturas del Poder Judicial de la Nación, incluida la Corte Suprema de Justicia; las magistraturas del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Procurador General de la Nación y Defensor General de la Nación; Defensor del Pueblo de la Nación y sus adjuntos; presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación; el Síndico General de la Nación y los síndicos generales adjuntos; la Oficina Anticorrupción; autoridades superiores de los entes reguladores y de los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional y de los servicios públicos concesionados; y autoridades superiores de los organismos administrativos que ejerzan funciones jurisdiccionales.
El proyecto fue acompañado con las firmas de los oficialistas Lilia Lemoine, Lorena Villaverde, Alida Ferreyra, María Emilia Orozco, Carlos García y Julio Moreno Ovalle, además de la aliada Paula Omodeo, dentro del interbloque LLA-CREO.
Según el texto, las restricciones estarán exceptuadas "a aquellos individuos que puedan demostrar su idoneidad en la materia a través de certificaciones, credenciales académicas y/o experiencia profesional relevante, emitidas por instituciones reconocidas y válidas en el ámbito correspondiente".
"La evaluación de la idoneidad será realizada por un Comité Evaluador compuesto por expertos en la materia, quienes determinarán, en un plazo no mayor a 30 días a contar desde que el interesado afirme haber entregado todos sus antecedentes, si el postulante cumple con los requisitos necesarios para ocupar el cargo en cuestión. La labor de este Comité será ad honorem y quedará sujeta a la futura reglamentación", establece el texto.
Y agrega que "la decisión del Comité Evaluador será incuestionable y deberá ser publicada en el sitio oficial del organismo correspondiente, garantizando la transparencia del proceso".
En los fundamentos, Llano señaló que la "carencia política" se define como "la situación de exclusión que afectará a individuos con vínculos recientes a partidos políticos, candidaturas o desempeños en cargos públicos durante los últimos diez años, impidiendo su acceso a determinados puestos en el Estado Nacional, comprendido en sentido amplio".
"Este concepto implica una restricción que busca garantizar que quienes ocupen estas posiciones lo hagan sin influencias partidarias o compromisos políticos, promoviendo así un ejercicio más imparcial e íntegro del poder público. Se busca despolitizar las instituciones de nuestro sistema de gobierno", afirmó.
Según la libertaria, la propuesta "surge de la necesidad urgente de robustecer nuestras instituciones y recuperar la confianza ciudadana en la gestión pública, principalmente en el Poder Judicial de la Nación y en los órganos de control".
"La regulación del requisito de idoneidad es esencial para prevenir la politización de los organismos de control, entre otros, y asegurar que los designados mantengan un compromiso auténtico con el bien común, alejándose de intereses políticos personales", sumó.
Finalmente, la mendocina sostuvo: "Consideramos que la grave crisis moral que atravesamos los argentinos exige un compromiso renovado para combatirla mediante el restablecimiento de principios que conduzcan al orden justo. Lo que se propone es alcanzar cambios profundos, utilizando los medios disponibles, con el objetivo de lograr una reestructuración que tecnifique profesionalmente y despolitice nuestras instituciones".
La mendocina Mercedes Llano presentó un proyecto de repudio contra el canal de noticias RT, luego de la advertencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La diputada oficialista Mercedes Llano presentó un proyecto de declaración en el que expresa su “rechazo y enérgico repudio” al canal de noticias RT (Russia Today), por “la difusión de noticias falsas o intencionalmente distorsionadas tendientes a desprestigiar y desestabilizar el gobierno del presidente Javier Milei y aumentar las tensiones de Argentina con sus países vecinos”.
En la iniciativa, la libertaria destacó que “el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó que RT ha dejado de ser simplemente un medio de comunicación para convertirse en un instrumento de influencia alineado con intereses políticos”.
“Las ideas o noticias falsas, como las que repudiamos con este proyecto, no se combaten prohibiéndolas, sino con mayor ejercicio de la libertad de expresión. Es el que ejercemos con este proyecto para refutarlas y denunciar su intencionalidad política, fines subalternos y carácter distorsionado”, sostuvo la mendocina.
Y añadió que “lamentablemente, estas prácticas no son algo nuevo para los argentinos, pues hemos sufrido en el pasado reciente (y aún quedan casos) los males perpetrados por los medios de comunicación adictos a la pauta estatal y que han sido utilizados para perseguir opiniones diferentes, desinformar, mentir y confundir a la población, o, incluso, desestabilizar a opositores”.
La mendocina Mercedes Llano presentó un proyecto para dejar sin efecto una ley de 1975. “Se terminaron los privilegios, como dijo Milei”, enfatizó.
La diputada libertaria Mercedes Llano presentó un proyecto que propone la derogación de la Ley 20.959, sancionada en 1975, que permite a los legisladores nacionales la libre circulación y el libre estacionamiento en cualquier punto del país. La norma también alcanza a secretarios y prosecretarios de ambas cámaras.
“¿Sabías que los legisladores nacionales y altos funcionarios del Congreso de la Nación tenemos, por ley, una credencial que nos permite el libre estacionamiento? ¿Incluso a no pagar el mismo cuando todos los ciudadanos pagan? Se terminaron los privilegios, como dijo @JMilei”, enfatizó en sus redes la oficialista.
En la iniciativa fue acompañada por su par de bloque Lilia Lemoine y la aliada tucumana Paula Omodeo, del monobloque CREO.
“Mi compromiso fue, es y será luchar contra los privilegios, con foco en la austeridad y la transparencia”, agregó la legisladora.
En los fundamentos de su proyecto, señaló que "no existe razón para que un legislador sea considerado un ciudadano diferente en el cumplimiento de las normas que constituyen el pacto social de convivencia al que suscribimos todos los argentinos, tal como lo establece el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional: ‘todos los habitantes somos iguales ante la ley’”.
En este sentido, Llano argumentó que "el proyecto apunta a desterrar lo que una enorme parte de la sociedad percibe como un privilegio. No hay motivo para que los ciudadanos paguen por estacionar sus vehículos y sus representantes no lo hagan".
"Los diputados y senadores son ciudadanos de a pie con la enorme responsabilidad de representar a los ciudadanos que depositaron en ellos su confianza, responsabilidad que deben honrar y jerarquizar", sostuvo.
Para la libertaria, "cualquier prebenda, por más minúscula que parezca, sólo atenta contra la representatividad, agraviando y distorsionando la historia de la defensa de los principios republicanos que hicieron grande a nuestro país".
El proyecto es impulsado por la mendocina Mercedes Llano y busca una "visualización rápida y unívoca" de los salarios en los tres poderes del Estado, mediante una modificación en las normas de acceso a la información.
La diputada libertaria Mercedes Llano (Mendoza) presentó un proyecto de ley para que se publiquen en forma individualizada los salarios de las autoridades políticas y los empleados públicos de los tres poderes, así como de otros organismos públicos con el fin de “buscar mayor transparencia”.
“El proyecto busca transparentar las remuneraciones de los funcionarios políticos y de los agentes del gobierno nacional con el fin de garantizar a los ciudadanos herramientas para ejercer el control social sobre el uso eficiente de los fondos públicos”, informó la diputada sobre su presentación legislativa, a través de un comunicado.
El objetivo es que se publiquen las remuneraciones, en forma individualizada, de las autoridades políticas y de los empleados de la Administración central, Poder Judicial y Legislativo como así también de órganos descentralizados, empresas públicas y fondos fiduciarios.
En el plano formal, la iniciativa propone modificar el inciso D del artículo 32 de la Ley N° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. “El espíritu del proyecto es el de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública, en consonancia con estándares internacionales definidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, explicó.
En ese sentido, el objetivo es que los organismos públicos nacionales comprendidos en la ley deberán publicar: nombre y apellido completo con sus remuneraciones brutas, remuneraciones netas, viáticos, honorarios, cargo, jerarquía, dedicación horaria y si perciben asignaciones o remuneraciones especiales. Además, se aclara que la forma de publicar estos datos en la página oficial deberá permitir una "visualización rápida y unívoca".
“Desde la Libertad Avanza bregamos por la transparencia en todos sus niveles. Hoy no hay información pormenorizada sobre empleo público en el país y mucho menos en una burocracia altamente politizada como la nuestra”, apuntó la diputada libertaria, debido a que en la actualidad esta información solo es accesible a través de un pedido de acceso a la información que puede realizar cualquier ciudadano, aunque desde el Gobierno pueden esgrimir distintas objeciones ya sea para demorar la respuesta o negarla.
A su vez, Llano señaló que “transparentar las nóminas salariales permitirá combatir los abusos y discrecionalidad en materia de designaciones y, de ese modo, establecer cimientos para construir una administración basada en el mérito y no en los favores políticos”.
El proyecto es acompañado con las firmas de los diputados Gerardo Huesen, Emilia Orozco, Oscar Zago, Facundo Correa Llano, Rocío Bonacci, Lilia Lemoine, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz, Carlos D´Alessandro, Alberto Arancibia, Álvaro Martínez, Fernanda Araujo, Santiago Santurio y Paula Omodeo (del bloque oficialista aliado CREO).
De las cinco bancas en juego, Cambia Mendoza que debía renovar tres, perdió ante el espacio libertario. Por su parte, UP solo renovó una de las dos disputadas.
Con más del 84% de los votos escrutados, el resultado de las elecciones generales arrojó en la provincia de Mendoza que La Libertad Avanza obtuvo el primer lugar con el 43% de los votos; Cambia Mendoza finalizó segundo con 27% y Unión por la Patria alcanzó el 23%.
De este modo, como sucedió en las PASO de agosto pasado, el espacio libertario tiene a tres diputados nacionales, Juntos por el Cambio, uno (perdió dos), y Unión por la Patria, uno -también perdió uno-.
Así las cosas, Mercedes Llano, legisladora provincial por el Partido Demócrata; Facundo Correa Llano, empresario inmobiliario; y Lourdes Arrieta, periodista son los nuevos diputados por Mendoza de La Libertad Avanza a partir del 10 de diciembre.
Por su parte, Cambia Mendoza solo renovó la banca del diputado nacional Lisandro Nieri, ya que no pudo consolidarse como primera fuerza y perdió dos bancas. El vicepresidente primero de la Cámara baja, Omar De Marchi -quien ahora juega para los libertarios-, y Jimena Latorre no fueron por la renovación.
Por el lado, de Unión por la Patria, solamente ingresó el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro. En este caso, también pierde una banca porque debía renovar dos que eran de Eber Pérez Plaza y Marisa Uceda, quienes tampoco fueron por la renovación.
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