A pocos días de cumplirse el primer año del gobierno de Javier Milei y con los recientes anuncios en el PAMI y también sobre la medida relacionada al arancelamiento de universidades para extranjeros, la diputada nacional Blanca Osuna (Unión por la Patria – Entre Ríos) consideró que hay “una sumatoria de hechos trágicos para un primer año de gestión".

En tal sentido, la legisladora entrerriana se refirió a los diferentes fallos judiciales que obligan al Ministerio de Capital Humano a la entrega de alimentos y cargó que “la justicia ha sido permisiva porque una cosa es dar la orden y otra cosa es repetirla en una sucesión que casi es una ‘tomada de pelo’”.

Entrevistada por parlamentario.com, brindó un análisis de lo que ocurrió con el sistema universitario durante el 2024 y se anticipó al contexto del período 2025: “La perspectiva es gravosa y preocupante”. En ese punto, también apuntó contra el accionar del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio: “Está enmarcado en el paraguas de estas políticas de despojo”.

Con relación al anuncio del Gobierno nacional sobre el recorte de los medicamentos para jubilados y pensionados del PAMI, afirmó que “la angustia que provoca ese despojo conmueve a cualquier persona de bien, pero evidentemente hay un goce premeditado en el provocar dolor que es el signo distintivo de este gobierno”.

- El Gobierno nacional anunció la implementación del arancelamiento universitario para alumnos extranjeros no residentes y se habla de que será por medio de un proyecto de ley ¿considera que la iniciativa podría tener el aval necesario en el Congreso de la Nación?

- No puedo confirmar si va a tener o no aval, lo que sí puedo brindar, sin dudas, es mi posición: Yo creo que abrir una rendija por el arancelamiento, primero, conspira contra las normas que tienen vigencia en la Argentina, pero después igual, yo le hago un paralelo con lo que está pasando con los medicamentos y quienes son jubilados, pensionados que dependen del PAMI para su provisión. Se abre una posibilidad que no sabe cuándo termina para afectar a los interesados. En el caso de la universidad, claramente, esta posibilidad conspira y hecha por tierra una tradición argentina del ingreso irrestricto, de la autonomía y de la gratuidad que son conquistas históricas que las leyes han ido consolidando y plasmando, pero además las prácticas de distintos gobiernos en el respeto a esas definiciones. Por otra parte, la proporción de personas que provienen de otros lugares a tomar sus estudios acá, a formarse como profesionales es absolutamente insignificante. Con estudios que, además, corroboran que quienes vienen a formarse acá, terminan viviendo en el país y aportando desde esa formación a la realidad social, productiva, integral y al desarrollo del país. Creo que tiene, esa definición, que no sé qué formato, en definitiva, tendrá o qué decidirá el presidente al respecto, si por ley o por DNU. La verdad es que tiene que ser rechazada absolutamente por el Congreso si es por un proyecto de norma o repudiada claramente si es por DNU porque deben ser analizados por el Congreso.

- Ante la incertidumbre de que por el momento el Gobierno no contaría, por decisión propia, con un presupuesto ¿en qué situación estarán las universidades para el próximo año?

- Venimos de un acompañamiento a las universidades porque la situación es absolutamente crítica. Primero porque vienen con un déficit que se fue acumulando y agravando respecto al inicio del año y al presupuesto reconducido, problema que no se saldó con aportes parciales que el gobierno ha hecho y en una presentación realizada, además de las movilizaciones, por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), donde respecto al presupuesto del año 25, ellos explicitaron y ampliaron en detalle cuáles son sus necesidades. Me consta, por haber participado en el consejo federal, que el secretario de Eduación, (Carlos) Torrendell, dijo, en el marco de ese consejo, que había voluntad para atenderlo y para saldar esa cuestión, pero bueno la perspectiva es gravosa y preocupante. Si uno, además, lo inscribe dentro de lo que ha sido la declinación y el descompromiso frente a las obligaciones que el Estado tiene respecto a la educación, no hay memoria de una situación tan extrema de desfinanciamiento, que quedó patente en el articulo 27 del proyecto que presentó el Ejecutivo, pero a eso se suman acciones como el FONID, el aporte por conectividad y material didáctico que desapareció de una y que afecta el salario docente que está cada vez mas deprimido como los salarios de trabajadores y trabajadoras públicas.

Lo vemos en mi provincia, que, además, hay un reclamo y una sorpresa dolorosa al acceder, vía internet, a lo que son las planillas de pago del salario correspondiente al pago del mes de noviembre que todavía no se ha ejecutado. La verdad que el gobernador está enmarcado en el paraguas de estas políticas de despojo, burla e incumplimiento constitucional que da vía a que sucedan estas cuestiones.

- Para este miércoles convocaron a una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública ¿qué medidas tomarán a partir del recorte del PAMI a los medicamentos de los jubilados?

- La convocatoria la plantea le presidente de la comisión (Pablo Yedlin) frente a lo grave de esta situación. Yo creo que, si hay una expresión espantosa de la falta de cuidado, de la falta de atención es dejar sin medicamentos a personas mayores, personas discapacitadas, enfermos crónicos o con enfermedades terminales. La angustia que provoca ese despojo, la verdad que conmueve a cualquier persona de bien, pero evidentemente hay un goce premeditado en el provocar dolor que es el signo distintivo de este gobierno. Lo denunciamos y va quedando en el reclamo, pero además, estamos frente a una situación que las leyes argentinas definen como un delito que es el abandono de personas y entonces si uno ve caso a caso, ese delito, en función de que no se dé la provisión o se obstaculice el acceso, a tal punto que se hace de imposible cumplimiento el derecho y eso, llevado a casos de algunas situaciones que uno ve que la provisión de determinados medicamentos se va sacando de lo que es del Vademécum que fue un programa histórico y valioso que tuvo por años el Ministerio de Salud y que ha aprovisionaba a los centros de salud, hospitales y efectores de salud de una lista de medicamentos de mayor consumo, también fue quitado. Se van sumando situaciones de riesgo en una Argentina donde, además, la desigualdad con sectores que van viendo como tienen mejores condiciones, más ganancias y más acumulación en cuanto a lo que es la riqueza, esa distribución de la renta tan desigual que hace el Estado va definiendo una Argentina con altísimo riesgo. Riesgo para quienes padecen el despojo y riesgo, también, porque esa desigualdad provoca conductas agresivas frente a la incomprensión de lo que implica no ser atendido como corresponde.

- ¿Cree que el Ministerio de Capital Humano camina por la cornisa ante tantas demandas judiciales en relación a la entrega de alimentos?

- De hecho, incumple demandas judiciales que van indicando lo que tiene que hacer que es la distribución. Primero fue describiendo o estructurando una escena donde había cuestiones de que el Ministerio había recibido en malas condiciones, pero todo eso fue cayendo porque efectivamente se comprobó que los productos estaban en buenas condiciones y que debían ser distribuidos. La justicia ha sido permisiva porque una cosa es dar la orden y otra cosa es repetirla en una sucesión que casi es una tomada de pelo. Hay que tomar medidas frente al incumplimiento de la ministra como de cualquier vecino cuando, a ese nivel, la administración de bienes tan preciado para un conjunto importante de la población, pero que quedan en manos de una persona o de una ministra, queda encolumne ahí, incumpliendo en una inconducta evidente de agresión y de odio porque no distribuir alimentos en una Argentina que tiene indicadores de pobreza y de hambre crecientes se suma. Si uno ve lo de los alimentos, lo de los remedios, lo de la universidad es una sumatoria de hechos trágicos para un primer año de gestión.

Al exponer este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Yanina Nano Lembo, destacó que desde el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello le dijeron "basta al asistencialismo y la intermediación y nos encargamos de poner la plata directamente en el bolsillo de quienes más lo necesitan; ahora sabemos dónde van los fondos, cómo se usan y para qué".

En su presentación en el contexto del debate del Presupuesto 2025, y ante la ausencia de Pettovello -quien al igual que Luis Caputo, ministro de Economía, se resistió a asistir al Congreso-, la funcionaria resaltó: "Tomamos la firme decisión de eliminar todo tipo de intermediación para que los recursos lleguen a donde más se los necesita y de manera directa a los beneficiarios finales".

"Hoy estamos en un contexto en donde los índices de pobreza alcanzan cifras dolorosas que no ignoramos. La situación actual de las personas que se encuentran bajo la línea de pobreza es el resultado de décadas de políticas sociales asistencialistas y poco transparentes, que no sólo no mejoraron su calidad de vida, sino que los mantuvieron en una situación de dependencia, sin brindarles herramientas para alcanzar autonomía y libertad", cuestionó.

Nano Lembo defendió la línea del Gobierno de que "sin una macroeconomía estable, la construcción de un país con oportunidades se complejiza y la pobreza no baja". "El esfuerzo que estamos haciendo los argentinos impactará positivamente en todos los sectores de la sociedad, y muy especialmente en los sectores más vulnerables", consideró.

"Decidimos terminar con la intermediación de la política social y lo logramos", insistió en su exposición y detalló que el presupuesto contemplado para la Secretaría que comanda para el año próximo "asciende a un poco más de 4 billones de pesos", lo que representa un 43% más que el presupuesto vigente este año.

La encargada del área de niñez y adolescencia dijo que "este incremento refleja la prioridad del Gobierno de impulsar políticas destinadas a acompañar a los sectores más vulnerables". "Los principales aumentos se encuentran destinados a fortalecer la estrategia de primera infancia y fortalecer la prestación Alimentar", apuntó.

"Casi el 90% del presupuesto se destinará a transferencia directa a las personas, sin intermediarios", subrayó y reveló que cuando llegaron a la gestión se encontraron con que anteriormente "se repartían recursos de manera discrecional y siempre priorizando a los intermediarios y las provincias amigas".

Respecto de la Subsecretaría de Políticas Sociales, ésta tendrá asignados "3,2 billones de pesos, equivalente al 79% total de la secretaría, con un incremento del 57% respecto del vigente".

Sobre la prestación Alimentar, enfatizó que se aumentó la cantidad de titulares y el monto que reciben. Habló así de un "138% de aumento y junto con la AUH estamos cubriendo casi el 100% de la canasta básica alimentaria de todos los niños y adolescentes alcanzados por estos programas".

"La prestación Alimentar es una prioridad para el 2025, proyectamos un total de 2,9 billones, lo que representa el total del 72% del presupuesto", precisó.

A su vez, "estamos acompañando a 4.325 comedores registrados y tenemos la intención de incorporar nuevos, pero lo haremos siempre que podamos ratificar su existencia de manera efectiva", agregó y destacó también un refuerzo al programa Alimentar Comunidad.

Sobre la Subsecretaría de Políticas Familiares, Nano Lembo sostuvo que buscarán "fomentar el desarrollo temprano, desde la gestión hasta los 3 años" y "devolverle a la familia su lugar como centro de vida". Este área recibirá 65.800 millones de pesos, lo que significa un incremento del 20% respecto de este año. "En 2025 vamos a avanzar con una estrategia federal de primera infancia", sumó.

Respecto de la Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria, tendrá un presupuesto de 677.616 millones de pesos; mientras que la Subsecretaría de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano recibirá 28.947 millones de pesos, equivalente al 1% del total del presupuesto.

"Vamos a impulsar los centros de familias, espacios donde vamos a promover la reconstrucción del lazo familiar, trabajando sobre los modos de crianza, la contención, el desarrollo de los niños y adolescentes y el desarrollo socio-económico de los adultos. Estos espacios se van a gestionar de manera local, junto a las provincias y los municipios", reveló en otro tramo de su exposición.

Hacia el final, resumió: "Nuestra visión es clara. Apostamos por una política social sin intermediarios, un modelo de inversión social directa, que es superador de las políticas asistencialistas de gobiernos anteriores, porque hace un uso racional, transparente y basado en criterios objetivos de fondo, y porque brinda acompañamiento y recursos en el bolsillo de los que más necesitan".

"Vamos a continuar priorizando las transferencias directas, para que la ayuda llegue sin intermediarios a los bolsillos de cada una de las familias que más lo necesitan. Vamos a trabajar de manera articulada con las provincias, con una mirada federal e integral de desarrollo humano. Y vamos a utilizar indicadores objetivos", completó.

En la primera tanda de intervención de los legisladores, la diputada Victoria Tolosa Paz (UP) cuestionó: “Están ajustando brutalmente las partidas destinadas a los sectores más vulnerables de la Argentina”.

Aunque destacó la medida del Gobierno de extender el rango etario de los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar -que pasó de los 14 a los 17 años-, la exministra de Desarrollo Social calificó de “falaz” la exposición de Nano Lembo sobre que se cubre la canasta básica por medio de la suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar. “Se duplicó la indigencia y creció la pobreza infantil con 7 de cada 10 niños”, enfatizó y observó: “Debemos ser garantes de que el presupuesto no venga con un ajuste”.

Entre las varias consultas que recibió la funcionaria, y muchas de ellas no respondió, el diputado Nicolás del Caño (FIT) preguntó sobre las becas Progresar y el programa Conectar Igualdad, que "directamente no presenta partida presupuestaria". "Programa Progresar, Conectar Igualdad y ESI corresponden a la Secretaría de Educación", contestó Nano Lembo.

También, Del Caño expresó: "¿Qué opinan que un hospital pediátrico de excelencia como es el Garrahan esté en una situación de ajuste brutal como el que se está viviendo hoy?". También en alusión a la Marcha Blanca que realizaron trabajadores de la salud este martes frente al Congreso había hecho referencia del caso Garrahan la diputada Carla Carrizo (UCR). "Sobre el Garrahan vamos a elevar la inquietud al nuevo ministro de Salud", dijo la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia.

Además de preguntarle por la aplicación de la Ley Lucio, entre otros temas, la diputada Julia Strada (UP) quiso saber la opinión de la funcionaria sobre el artículo del proyecto que propone desindexar las asignaciones. No tuvo respuesta.

Con su estilo enfático, la diputada Florencia Carignano (UP) fue la última en tomar la palabra. "7 de cada 10 chicos son pobres en la presidencia de Javier Milei, chicos, que es diferente a perros", lanzó y cuestionó que ante eso "la señora secretaria finge demencia".

"¿Por qué han despedido a cientos de profesionales técnicos y personal especializado de la SENAF?", preguntó y reiteró varias veces la cifra de niños pobres. "Culpa suya", cargó la kirchnerista contra Nano Lembo y agregó: "Son una vergüenza ustedes".

En línea con lo que había dicho en su exposición inicial, la funcionaria de Capital Humano manifestó que las cifras de pobreza son "dolorosas" y "no las podemos ignorar", pero afirmó que "son producto de décadas de políticas económicas inadecuadas". "El Gobierno priorizó el acompañamiento a los más vulnerables", defendió.

Luego de no asistir en la última semana, la Comisión de Acción Social y Salud Pública reiteró el pedido de citación sobre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La reunión está convocada para el próximo martes 18 de junio a las 13.30.

Desde la oposición insisten con el pedido de citación hacia la funcionaria en relación a que se presente ante el Cuerpo para informar sobre el conflicto que la cartera atraviesa respecto al almacenamiento y distribución de alimentos. Además, pretenden interpelarla sobre lo ocurrido con la salida de Pablo De la Torre de la Secretaría de Niñez y Familia.

En la última reunión, los legisladores de la oposición se cruzaron con los oficialistas en antes y durante del encuentro en comisión. En primera instancia, el titular de la comisión Pablo Yedlin (UP) cargó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien acusó, comunicado de por medio, de actuar de “forma antirreglamentaria”, al no haber respondido al pedido elevado el jueves 6 de junio.

La respuesta del titular del Cuerpo fue que la formalización de la invitación a Pettovello debía contar con los giros de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y José Luis Espert, respectivamente. Finalmente, la funcionaria no asistió.

En segunda instancia, ya con la reunión informativa en curso, hubo fuertes cruces entre los diputados de La Libertad Avanza y Unión por la Patria. Lisandro Almirón apuntó contra Victoria Tolosa Paz -exministra de Desarrollo Social, área que hoy pertenece a Capital Humano- a quien responsabilizó de cometer “hechos delictivos durante su gestión y todavía no están esclarecidos”.

Así las cosas, la ministra Sandra Pettovello, quien estuvo en Casa Rosada esa mañana y el lunes por la noche sufrió un intento de un de intimidación en su domicilio, no se hizo presente en el Congreso y se prevé que tampoco lo haría este martes.

La diputada nacional Carla Carrizo (UCR) reclamó este viernes explicaciones a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ante la polémica por la distribución de alimentos destinados a comedores comunitarios.

A través de un pedido de informes, solicitó que desde el Gobierno nacional se detallen "las cantidades exactas y tipos de alimentos almacenados, sus fechas de elaboración, adquisición y vencimiento; las razones por las cuales los alimentos no han sido distribuidos a los comedores comunitarios; descripción del plan actual del Ministerio; y las acciones llevadas a cabo por organismos de control y supervisión".

“Seis mil toneladas de alimentos guardados y 42% de pobreza son incompatibles en democracia. No puede el silencio institucional ni la desafectación de Pablo de la Torre ser la única respuesta. La ministra Pettovello debe informar cuál es la política de su Ministerio para atender la emergencia alimentaria. La gravedad de la situación es evidente como incompresible”, enfatizó la radical.

Carrizo consideró que "el Gobierno demuestra insensibilidad, falta de experiencia y una profunda crisis moral en la gestión de los recursos de los más vulnerables. Mientras miles de kilos de alimentos están almacenados, muchas personas pasan hambre y son sometidas a extorsiones por parte de aquellos que deberían estar protegiéndolos". "Necesitamos que el presidente deje de juntar millas, que abandone el turismo VIP y se dedique a gestionar nuestro país que viene de muchos años de inoperancia", agregó la legisladora.

“Es imperativo que el Ministerio de Capital Humano brinde respuestas claras y precisas, garantizando la transparencia en la gestión de los alimentos retenidos y asegurando su distribución inmediata y justa a los comedores comunitarios”, concluyó.

El Gobierno nacional denunciará ante la Justicia Federal a la actual diputada nacional Victoria Tolosa Paz (UP) por la licitación que por $18.224.700.000 que firmó el 7 de noviembre de 2023 en su condición de ministra de Desarrollo Social para la adjudicación de 17,4 mil toneladas de “yerba mate elaborada con palo”.

La denuncia fue presentada por la subsecretaría legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, que halló presuntas “irregularidades en la Licitación Pública N° 95-0058-LPU23″, “sobreprecios” y, entre otros cuestionamientos, “mala calidad del producto” adquirido.

“Tres mil toneladas de las cinco mil que están en los depósitos corresponde a yerba, que es puro palo. Le pregunto a los ex ministros si con yerba se alimenta el pueblo argentino. El resto de los alimentos son productos adquiridos por la gestión anterior para dárselos a las organizaciones sociales, pero vamos a usarlos para asistir a la población en situaciones de emergencia”, comentó Gianni en declaraciones a los medios.

Los ex ministros aludidos por la encargada de realizar las denuncias penales de la cartera a cargo de Sandra Pettovello son la mencionada diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, su compañero de bancada Daniel Arroyo y Juan Zabaleta.

El “dictamen de evaluación de ofertas” fue el 18 de septiembre de 2023 y fueron beneficiadas la distribuidora Compañía Comercial Mayorista S.R.L, que suministraría yerba marca “El Buen Ojo”; Yerbatera Kleñuk, de Ignacio Kleñuk, a la cual se le compró yerba mate elaborada con palo de la misma marca; y a la empresa de Hugo Oscar Holowaty, a quien se le compró la marca “Sierra del Imán”. Las tres firmas ofertaron exactamente el mismo valor por cada paquete de mil gramos, $1518,90.

Según se publicó en el Boletín Oficial el 8 de noviembre de 2023 desde la ex cartera a cargo de Tolosa Paz justificaron la compra en una “evaluación técnica” solicitada por la Secretaría de Articulación de Política Social a la Universidad Nacional de San Martín donde se aconsejó qué propuestas aceptar y cuáles desestimar.

El pasado 4 de abril, cuando se la interpeló sobre las millonarias compras de yerba mate elaborada con palo, la diputada de Unión por la Patria respondió a través de su red social X: “Sí, compramos miles de kilos de yerba para las familias de todas las provincias. En la vida real el mate, el mate cocido y el mate cocido con leche son infusiones esenciales en los comedores, en las escuelas y en las mesas del pueblo. Le aconsejo que largue el teléfono y se acerque a tomar unos mates con su gente”.

El gasto en yerba mate realizado sobre el fin del mandato de Alberto Fernández representa el 68,8% del total de $30.500 millones de pesos destinados a productos básicos para conformar el stock de emergencia destinados a las personas más vulnerables.

Al revisar las adjudicaciones realizadas por Tolosa Paz, los abogados de Capital Humano advirtieron las inconsistencias en la tramitación de las multimillonarias compras, como sucedió con la compra de aceite y guardapolvos, que se otorgaron de manera “dirigida”, o de manera irregular a empresas y cooperativas ligadas con el poder de turno, o que fueron denunciadas por utilizar facturas.

El Ministerio de Capital Humano ya había detectado irregularidades en las adjudicaciones de alimentos destinados a los sectores más vulnerables el 27 de abril.

En ese caso, denunció a los responsables del ex ministerio de Desarrollo Social, por supuesto “direccionamiento” en la licitación por $613.974.500 para la compra de 2.700.000 botellas de aceite de girasol de un litro y medio.

Las anomalías fueron detectadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a través de una serie de auditorías internas en las que se descubrieron sobreprecios de hasta un 500%; cartelización en las compras; direccionamiento hacia empresas y sociedades; y “falta de trazabilidad” en el destino de los alimentos para programas sociales.

La adjudicación, según la documentación que se aportó a la Justicia, corresponde a la orden de compra 132 tramitada a través del expediente 2022-89392670 y que “se realizó para la adquisición de 2.700.000 unidades de aceite de girasol en el formato singular de 1,5 litros para mitigar las demandas de ayuda alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad”.

La denuncia destaca que en varios puntos del expediente se menciona de manera directa a la firma que resultó beneficiaria “Proveeduría Integral MC S.R.L.” Otra de las irregularidades detectadas por la PIA fue “el vencimiento del plazo de tres días para complementar la documentación faltante y presentada en el expediente al momento”.

El diputado nacional Facundo Manes (UCR – Buenos Aires) presentó un pedido de informes pidiéndole al Gobierno nacional conocer las razones por las cuales “no distribuye los alimentos cuando hay emergencia por el hambre y la malnutrición”.

“Presentamos con diputados de distintos bloques un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que detalle por qué no cumple sin dilaciones con el fallo judicial sobre la distribución de alimentos acumulados en los depósitos”, señaló el legislador radical, cuyo proyecto es acompañado por los diputados Mónica Fein, Natalia de la Sota, Fernando Carbajal, Manuel Aguirre, Marcela Coli, Daniel Gollán y Pablo Juliano.

“Gobernar es priorizar y no hay nada más urgente que acabar con el hambre. Este compromiso debe concretarse con decisiones políticas, y en la disposición inmediata y sin trabas de los recursos necesarios. Es una emergencia ante una catástrofe real", aseguró el neurocientífico.

“El problema del hambre no es una cuestión de escasez de comida. Es un problema de organización y de eficacia en las políticas públicas. Se trata de garantizar un derecho humano básico", destacó el doctor Manes y afirmó que “no hay algo más urgente e indispensable que acabar con el hambre. Para resolverlo debe existir una voluntad política real."

Por otra parte, explicó que “las personas que no se alimentan, o no lo hacen adecuadamente, tienen un impacto en la salud en el presente y también en el futuro. Solucionar este tema es una deuda moral de toda la sociedad y no hacerlo es una hipoteca para nuestro futuro”.

El proyecto de resolución pide saber si existen alimentos almacenados en la órbita del Ministerio de Capital Humano; de ser así, un detalle del stock y los depósitos en los cuales se encontrarían almacenados, de manera clasificada por alimento y cantidad.

Piden informar los registros de ingreso y egreso de tales mercaderías, y en esta línea, detallar fechas de adquisición de las mismas y su fecha de expiración.

También reclama saber Manes si está previsto el proceso de entrega de los alimentos almacenados y, en caso de respuesta afirmativa, conocer la forma como está organizada tal distribución y si la misma se haría en el contexto del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, creado en 2020 por resolución del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Por otra parte, se hacen eco de los dichos del vocero Manuel Adorni, que señaló que “estos alimentos son reservados en forma preventiva para emergencias o catástrofes. Esto no es una cuestión que solo ocurre en Argentina; esto pasa en el resto de los países del mundo”. Ante ello, piden conocer qué entiende el Gobierno por “emergencia” y qué por “catástrofe”. “Y de qué manera el Gobierno nacional, frente al vencimiento de los mismos y la no ocurrencia de estos sucesos, los distribuye”.

Que el Gobierno informe por qué no distribuye los alimentos cuando hay emergencia por el hambre y la malnutrición.

Presentamos con diputados de distintos bloques un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que detalle por qué no cumple sin dilaciones con el fallo judicial… pic.twitter.com/Lm7gEhNjES

— Facundo Manes (@ManesF) May 29, 2024

Luego que la Justicia ordenara al Ministerio de Capital Humano establecer "de inmediato" un plan de distribución de cinco toneladas de alimentos guardados en galpones, ante denuncia de los comedores sociales, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz afirmó que la cartera que conduce Sandra Pettovello también tiene "arrumbadas" camionetas que debían ser destinadas a Cáritas en todo el país.

"La parálisis de la política social. ¿Mezcla de incapacidad, ignorancia y crueldad?", tituló en un posteo en la red social X la exministra de Desarrollo Social durante el gobierno anterior. "¿Y si el Ministerio de Capital Humano le explica a la sociedad que también tiene arrumbadas 50 camionetas 0km que fueron adquiridas para asistir las necesidades de los Ministerios de Desarrollo Social de cada una de las 23 provincias argentinas y del Gobierno de CABA, y para ser entregadas a Cáritas?", escribió.

La legisladora cuestionó: "Nos enteramos todos que el Gobierno acopia sin razón ni explicación alguna más de 5 millones de kg. de alimentos, también sabemos que hay herramientas, elementos para atender la urgencia en temporales y tragedias naturales, guardapolvos, útiles escolares, y tantas otras cosas que los argentinos necesitaron en muchas situaciones en los últimos meses".

"Entre tantas cosas también tienen 50 camionetas que, por impericia, necedad, desidia e incluso por crueldad, no han sido entregadas. Llevan más de 6 meses arrumbadas, enfrentando el deterioro y juntando polvo sin cumplir ninguna función social", denunció.

Al posteo sumó fotos y videos, para relatar: "Les muestro imágenes del día en que, con mucha alegría, recibimos los vehículos para luego comenzar el proceso de adjudicación y de firma de los convenios de entrega a sus destinatarios. Fue el 25 de noviembre de 2023. Todos los Ministerios de Desarrollo Social, no importaba su color político, recibirían la suya. Les comparto algunas fotos de la reunión en la que firmamos el convenio marco para esa entrega".

LA PARÁLISIS DE LA POLÍTICA SOCIAL.

¿MEZCLA DE INCAPACIDAD, IGNORANCIA Y CRUELDAD?

¿Y si el Ministerio de Capital Humano le explica a la sociedad que también tiene arrumbadas 50 camionetas 0 KM que fueron adquiridas para asistir las necesidades de los Ministerios de Desarrollo… pic.twitter.com/G3F2w52DX7

— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) May 27, 2024

Tolosa Paz explicó que "el proceso de compra de las camionetas se adjudicó para la adquisición de 80 unidades por licitación pública el 27 de octubre de 2023 y se emitió la orden de compra el 30 de octubre del mismo año. Se pagaron 50 unidades y se entregaron patentadas y listas para su destino final en nuestros depósitos de Villa Martelli el 25 de noviembre de 2023, como veíamos en el video anterior".

"Éste gobierno sólo debería haber continuado con el proceso y la firma de convenios de comodato para que los gobiernos provinciales y Cáritas pudieran acceder a las mismas. No lo hicieron, no lo quisieron hacer. La política social es algo más compleja que la mera entrega de alimentos. La asistencia alimentaria es imprescindible pero es solo una de las tantas obligaciones que tienen los gobiernos", señaló.

La opositora remarcó que "fortalecer los gobiernos provinciales en las áreas de infancia, discapacidad, adultos mayores, que viven en condiciones de vulnerabilidad social fue central a lo largo de toda la historia del Ministerio de Desarrollo Social en Argentina y en ese marco nos preguntamos: ¿No saben? ¿No quieren saber? ¿No están preparados para hacerlo?". "Solo persiguen el falso equilibrio fiscal. Lo demás no existe ni para el presidente ni para sus ministros", finalizó.

Luego que el Gobierno nacional ampliara la denuncia por defraudación al Estado a través de la compra de guardapolvos, por parte de la gestión anterior, la exministra de Desarrollo Social y diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz hizo su descargo a través de las redes.

En un posteo titulado "Ante el clima de época, la denuncia fácil y las amenazas del presidente", la legisladora rechazó las denuncias en su contra por parte de funcionarios del Ministerio de Capital Humano que, tras una auditoría, aseguraron haber detectado compras irregulares por 5 mil millones de pesos.

"Lo voy a decir en el primer renglón así queda claro: denuncian sin saber ni siquiera de lo que están hablando. Están en problemas", enfatizó Tolosa Paz, que continuó: "Si acá existe algún tipo de asociación ilícita o delito (no me refiero a la tipificación penal de esa figura) es la que termina verificándose cuando el presidente de la Nación @jmilei obliga a sus funcionarios inexpertos y con pocas ganas de estudiar y trabajar a denunciar compulsivamente a una dirigente opositora porque está enojado (muy enojado!!) y en esa operación termina involucrando a periodistas que son provistos de información sesgada y empujados a mediatizar una mentira".

Al hacer referencia a la entrevista con Alejandro Fantino, en la que Javier Milei la mencionó, la diputada señaló que "esa afirmación de que el presidente está enojado conmigo no es una idea mía, a las pruebas me remito: el lunes pasado el presidente me nombró insistentemente (en forma explícita e implícita) en una larga entrevista. Quedó claro que está enojado. Eso es un problema, porque un presidente enojado no puede pensar con claridad".

"A partir del 9 de marzo de 2024 comenzó una campaña orquestada desde el Estado para inyectar información falsa, incompleta, sesgada e incluso 'falsificada' en medios de prensa sobre supuestas irregularidades en mi gestión como ministra. Hablemos de una de las tantas operaciones: la de los guardapolvos", expresó.

En ese sentido, habló de que "los denunciantes compulsivos del Ministerio de Capital Humano (enunciados y aplaudidos por el presidente como si la tarea de la ministra fuera la de la Oficina Anticorrupción en lugar de gestionar la política social) ignoran o soslayan que las erogaciones que se hicieron en el marco de los convenios que ellos citan son 'subsidios con cargo a rendir' y dicha modalidad no encuadra dentro de un supuesto contractual, y que, aun así, no todo contrato que celebra la APN tiene que encuadrar en el régimen de compra".

"También ignoran o soslayan que en este caso no hay una adquisición sino una modalidad de cogestión entre el Poder Ejecutivo y organizaciones de la economía social para atender una necesidad de terceros. El Ministerio NO compró guardapolvos. Aunque lo repitan como loros en medios de comunicación y gacetillas: el Ministerio NO compró guardapolvos", aseguró.

La exministra de Desarrollo Social explicó que "esta forma de gestionar una política pública encuadra en una resolución diseñada e implementada como tal desde 2018 (en la gestión de la ministra Carolina Stanley), que determinó lo que se llama 'Convenios de Colaboración para la Implementación de Proyectos Sociales de Acción Conjunta'. Allí se determinan las modalidades de convenio, la aplicación de fondos y el modelo de rendición de cuentas. Es decir, esta modalidad no la inventé yo como ministra, ni siquiera en nuestra gestión de gobierno".

"Se los voy a explicar con sencillez -prosiguió- el Ministerio de Desarrollo Social no adquirió ni compró guardapolvos, sino que generó herramientas de políticas públicas de apoyo y contención de actores sociales vulnerables como cooperativas y trabajadores informales, que convirtiesen planes en trabajo. ¿Recuerdan que durante mi gestión fui muy criticada por algunos sectores por haber hecho una revisión profunda de la asignación de planes Potenciar Trabajo? Bueno, justamente para poder hacerlo y acompañar ese proceso, entre otras cosas, se subsidió a cooperativas para que ellos puedan dar trabajo en el sector textil de la economía popular y produjeran guardapolvos que se destinaron a la inmensa cantidad de niños y niñas, qué si no fuera por el Estado, no podrían haber accedido a ellos. Doble efecto: dar trabajo y al mismo tiempo obtener los guardapolvos para abastecer la necesidad de acompañar la escolarización de los más pobres".

Luego, la legisladora de UP se refirió a la cuestión de "¿dónde están los guardapolvos?". "Es simple: están donde tienen que estar, fueron distribuidos en gobiernos provinciales y municipales y en un sinfín de efectores sociales para que lleguen a las familias y a niños y niñas que los necesitaran. Están siendo usados por miles de miles de niños en nuestro país (salvo los que están amontonados en los depósitos del exMinisterio porque este Gobierno inoperante no los reparte)".

En segundo orden, la bonaerense se refirió a los “denunciantes compulsivos” que "por ignorancia o por malicia, o ambas, meten todo en una misma bolsa y mezclan la celebración de convenios y compromisos en el plano formal (los papeles) con la ejecución del convenio en el plano material (la entrega de guardapolvos y rendiciones)".

"¿A qué me refiero? Si aún hay algunas cooperativas que adeudan guardapolvos, los plazos para exigir su cumplimiento o la ruptura del vínculo estuvieron vigentes para la administración actual. Desde la pésima gestión de las actuales autoridades del Ministerio de Capital Humano no entienden (o no quieren entender) que el subsidio con cargo a rendir necesariamente es anticipado, de lo contrario no hay subsidio", apuntó.

En su extenso descargo, la diputada lanzó que "el Estado asistió a cooperativas para que fabriquen y entreguen en etapas los guardapolvos. Por lo tanto, es lógico que entreguen después de cobrar el subsidio. Es bastante simple para los que sabemos sobre gestión y administración pública. También es cierto que desde la ignorancia y sin estudiar no podrán nunca llevar adelante políticas públicas. Y si encima corren a denunciar compulsivamente sin saber lo que denuncian es flagrante la inconsistencia de lo que denuncian".

"Si en lugar de fabricar o inventar denuncias a pedido del presidente de la Nación se hubieran ocupado de articular con las cooperativas para que terminen de entregar los guardapolvos que faltan y que presenten sus rendiciones, quizás la situación sería otra", consideró y recordó que "las cooperativas que firmaron convenios organizaron sus procesos productivos con la libertad y la responsabilidad de cómo lo hicieron y con quiénes, a quiénes le pagaron y cuánto, recae pura y absolutamente sobre sus autoridades designadas".

Tolosa Paz remarcó que "las organizaciones de la economía social o cooperativas son beneficiarios de la política pública, no son financiadores de la política pública. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia muy grande entre comprar guardapolvos y subsidiar cooperativas para que puedan generar trabajo y fabricarlos?".

"Se firmaron convenios para promover, apoyar y asistir a las organizaciones textiles de la economía social y que puedan fabricar guardapolvos. Fabricaron, entregaron en los depósitos del Ministerio cientos de miles de unidades que fueron distribuidas a lo largo y ancho del país. Terminó nuestro Gobierno y algunas cooperativas hicieron rendiciones de cuentas y otras no porque algunas cooperativas subsidiadas todavía tenían guardapolvos para entregar. Punto", resumió.

Finalmente expresó: "Si ganaron las elecciones y les toca gestionar el Estado tienen que aprender que hay algo que se llama continuidad jurídica de los actos administrativos del Estado. Aunque crean lo contrario en este Gobierno, no vinieron a refundar el país y se tienen que hacer cargo sin beneficio de inventario de gestionar lo público".