Yamil Santoro (RU) alertó que algunos de los miembros de ese gremio estarían utilizando la “intimidación o fuerza” contra Jorge Macri para “exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones”, tras su decisión de dar marcha atrás con la licitación de las grúas.
Luego de que se acumularan en las calles la basura y se viralizaran los videos en donde los camiones recolectores arrojaban los residuos a la vía pública, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro denunció por “atentado a la autoridad” a integrantes del gremio de Camioneros.
La presentación judicial también lleva la firma de los abogados Juan Fazio y José Magioncalda, en la cuál se alega la posible comisión del delito de atentado contra la autoridad, conforme al artículo 237 del Código Penal.
Según las publicaciones periodísticas citadas en la presentación judicial, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, rechazó una “protesta extorsiva” llevada a cabo por el sindicato de Camioneros. Esta medida de fuerza dejó a la Ciudad inundada de basura y motivó al Gobierno porteño a suspender la preadjudicación de un millonario contrato de acarreo de grúas de automóviles, el cual resultaba “muy oneroso y comprometía las arcas públicas con una erogación de 360 millones de dólares y un anticipo de 8 millones de dólares para las empresas”.
Asimismo, se detalla que Jorge Macri afirmó que la decisión se tomó debido a los altos costos y al impacto financiero negativo para la Ciudad. Según el alcalde porteño, la protesta del sindicato de Camioneros podría estar vinculada a la empresa de acarreo Ashira-Ecoba SA, sospechada de tener vínculos con el sindicato.
En un video compartido por el jefe de Gobierno en redes sociales, se observa cómo un camión de basura vuelca adrede su contenido en una avenida de la Ciudad. Por lo que los hechos denunciados podrían encuadrarse en el tipo penal de atentado contra la autoridad, que implica el uso de intimidación o fuerza contra un funcionario público para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.
En este sentido, desde RU sostienen que “las acciones del gremio de Camioneros intentaron forzar a las autoridades porteñas para que dejara sin efecto una decisión legítima con importantes implicancias económicas”.
La denuncia solicita que se requiera al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los videos de cámaras en la vía pública para corroborar los hechos y determinar los datos del camión y los responsables. Además, se pide investigar los hechos denunciados y aplicar las sanciones correspondientes a quienes resulten autores de los mismos.
La misma fue presentada por el legislador porteño Facundo Del Gaiso quien calificó la conducta del gremialista como “intimidatoria” que “presupone la puesta en riesgo de la seguridad y salubridad de los que habitan y concurren diariamente a la capital porteña”.
Tras la medida sindical de Camioneros que dejó llenas de basura las calles de la Ciudad, el legislador porteño Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica) denunció este martes al titular del gremio, Pablo Moyano, por el delito de extorsión que quedó asignada por sorteo al Juzgado Federal n°5 y registrado bajo el Nro. CFP 2897/2024.
“Las calles de CABA aún siguen con basura por culpa de los chantajes. Pero se va a terminar, no aceptamos vivir bajo las leyes mafiosas de Moyanolandia”, expresó el legislador a través de sus redes sociales.
La denuncia contra Moyano es “por la presunta comisión del delito de extorsión” y reclama que la conducta del dirigente camionero sea “calificada no menos que intimidatoria con una clara intencionalidad de cercenar el margen discrecional que el marco jurídico del Sistema de Compras y Contrataciones les confiere a las autoridades contratantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En el texto también señala el legislador que la extorsión, “en los términos del artículo 168 del Código Penal”, reprime con prisión “de cinco a diez años”.
También platea que “resulta incongruente adoptar una medida de fuerza gremial, en el marco del servicio de recolección de residuos cuyos supuestos incumplimientos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no han sido formalmente denunciados antes las autoridades competentes, y en defensa de trabajadores de una eventual contratación por parte de dicho Gobierno; sin claro tener otras intenciones que la intimidación y extorsión de las autoridades locales”.
A su vez, señala que la medida de fuerza en la supuesta defensa de los choferes de grúas “no tiene otra finalidad que obtener la firma del Sr. Jefe de Gobierno, Jorge Macri, de la adjudicación” del servicio que brindan las empresas Ashira S.A. y Transportes 9 de Julio S.A., ambas compañías, según el legislador, “de pública vinculación” con Camioneros.
“La amenaza de interrupción del servicio de recolección de residuos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por los choferes agremiados en el Sindicato de Choferes de Camiones es una clara intimidación que presupone la puesta en riesgo de la seguridad y salubridad de los que habitan y concurren diariamente a la capital porteña”, señaló.
DENUNCIA PABLO MOYANOSe trata de una propuesta de Vanesa Gagliardi (FIT), quien planteó que “el servicio privado nos cuesta cinco veces más caro que el estatal”.
La legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Vanesa Gagliardi presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cual buscará reestatizar el servicio de higiene urbana.
En ese sentido, la diputada explicó que “es el mayor contrato privado, consume el 7% del presupuesto de la Ciudad y nos cuesta cinco veces más caro que el servicio estatal a cargo del Ente de Higiene Urbana” e indicó que “si reestatizamos todo el servicio nos ahorraríamos más de 124 mil millones de pesos cada año, que podríamos volcar a educación, salud y otras necesidades sociales. Literalmente, es plata de las porteñas y porteños tirada a la basura”.
La iniciativa en cuestión plantea la reestatización del servicio, la derogación de la “Ley 4.120 y se rescinde todo contrato de concesión privada de ella derivado, sin indemnización”, así como también la creación del Ente de Higiene Urbana (EHU). Además, prevé que haya una comisión de control social en cada una de las comunas, la cual deberá estar conformada por tres vecinos de la zona, dos trabajadores del servicio que se desempeñe en la misma y un representante técnico designado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público con acuerdo de la Comisión de Ambiente de la Legislatura porteña.
El proyecto también establece que “los en relación de dependencia de las empresas cuyos contratos se rescinden pueden optar por ser incorporados a la planta permanente del EHU. En tal caso, se respetan sus salarios, antigüedad y condiciones laborales. En caso contrario, se los indemniza acorde la normativa vigente” y ratifica la reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley 1.854 de Basura Cero.
Asimismo, el texto recientemente presentado sostiene que el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos secos se mantiene a cargo de las cooperativas de recicladores urbanos, acorde la Ley 992. También fija que el ahorro que signifique para el Estado la reestatización del servicio, debe ser destinado al equipamiento del EHU y el restante se divida en partes iguales para los presupuestos de salud y educación.
Lo determinó la Secretaría de Espacio Público para optimizar el servicio y de esta manera beneficiar a los vecinos del distrito.
El jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti, participó de la presentación del nuevo convenio alcanzado con la empresa prestadora del servicio de recolección Covelia que se realizó en el Parque Lineal de Monte Chingolo junto al Jefe de Gabinete, Diego Kravetz, y al secretario de Espacio y Servicios Públicos, Gastón Cochello.
En la oportunidad se brindaron detalles del nuevo cronograma de ejecución y ampliación de servicios de higiene urbana que alcanzarán a todos los barrios de Lanús Este y Oeste.
El nuevo convenio contempla la renovación del parque automotor de la empresa, casi en su totalidad y la ampliación de la frecuencia diaria de barrido de arterias que se duplicará a lo largo de la jornada.
También se optimizará el servicio de limpieza post ferias, plazas, paseos y eventos al aire libre, para lo cual se sumarán dos motos barredoras 0KM y equipos de lavado de calles.
En cuanto a los camiones recolectores y sus distintos servicios, aumentarán un 25 por ciento y la recolección contenerizada incrementará su capacidad un 30 por ciento y contará con dos unidades robóticas de elevación de contenedores también 0KM.
Para aquellas zonas generadoras de gran cantidad de residuos sólidos urbanos, el nuevo convenio también establece un importante aumento en la frecuencia de recolección y para el levantamiento de poda y montículos, se sumarán vehículos renovados que elevarán un 25 por ciento el material recogido, con sistemas de última tecnología.
En el convenio presentado por Grindetti la empresa prestadora adhiere a la puesta en marcha de campañas de compromiso con la mejora ambiental, a través de la implementación de programas, capacitaciones y recursos que promoverán la separación en origen de elementos reutilizables.
