Con el objetivo de agilizar los debates durante las sesiones, y evitar que las manifestaciones políticas se extiendan de manera prolongada, el oficialismo habilitó a sus aliados a avanzar en la discusión de una serie de proyectos que buscan introducir cambios al reglamento de la Cámara de Diputados.

Con un temario compuesto por cinco iniciativas, cuatro que corresponden al Pro y una a la Coalición Cívica, se llevará a cabo este miércoles desde las 15.30, en la Sala 1 del Anexo, una reunión informativa de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.

El tema no es nuevo, sino que se vuelve recurrente cada tanto, aunque desde hace años no logra regularse. Utilizadas sobre todo por quien le toque ser oposición, varias de las cuestiones de privilegio, herramienta con la que cuentan los legisladores para denunciar una afectación en sus fueros o su decoro, terminan siendo usadas con otro fin. Todas son giradas a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde duermen el sueño de los justos.

La diputada del Pro Silvia Lospennato, presidenta de la Comisión de Peticiones y quien conducirá el debate, es autora de dos de los proyectos del temario. En uno de ellos propone que "el diputado que asuma la representación de un sector político de la Cámara podrá hacer uso de la palabra para realizar consideraciones respecto a temas de actualidad conforme el número de diputados que represente".

De esta manera, establece un tiempo de acuerdo a la cantidad de miembros que tenga cada espacio: si el bloque posee entre 1 a 3 diputados, podrá utilizar hasta 5 minutos; si posee entre 4 a 10, podrá utilizar hasta 10 minutos; si posee entre 10 y 20, podrá utilizar hasta 15 minutos; y si el bloque posee más de 20 diputados, podrá utilizar hasta 20 minutos. Además, busca que los homenajes se traten en el final de la sesión.

La otra iniciativa plantea que las sesiones deben ser convocadas entre las 11 y 14 horas. Actualmente, según el artículo 174, las sesiones no tienen una "duración determinada", pero Lospennato propone que la sesión tenga "una duración máxima de 9 horas y su desarrollo no podrá exceder el horario de las 20 horas". "En el supuesto de haber quedado pendiente de tratamiento parte del orden del día, la sesión pasará a cuarto intermedio y se reanudará al día siguiente a las 11 horas, sin necesidad de conformar nuevo quórum reglamentario", agrega.

Otro de los proyectos del temario corresponde a Alejandro Bongiovanni, también del Pro, quien busca que las cuestiones de privilegio sean solicitadas "luego de concluido el orden del día" de la reunión, y que los homenajes se traten al final del temario, algo que también piden sus pares Lospennato y Martín Maquieyra.

En cuanto al proyecto de Maquieyra, el legislador dispone un esquema de tiempos de acuerdo a la cantidad de diputados por bloque similar al de Lospennato, para "realizar consideraciones respecto a temas de actualidad"; mientras que introduce un cambio sobre las cuestiones de privilegio al llamarlas cuestiones "de garantías".

"Para plantearlas, los diputados dispondrán de 3 minutos, y será requisito inexcusable la identificación del autor de la vulneración motivo del planteamiento, la definición precisa de la conducta impugnada y que la misma enmarque razonablemente en la normativa constitucional que le da sustento", reza el texto.

Finalmente, el proyecto de la CC, con Victoria Borrego a la cabeza, propone introducir un artículo al reglamento para que "luego de definido el orden del día los diputados y con la finalidad de evitar posibles conflictos de intereses deberán comunicar a la Cámara los intereses privados que tengan en relación a los proyectos incluidos en la sesión, que será incorporado al Diario de Sesiones".

"Es que, cumpliendo con las obligaciones constitucionales e internacionales en materia de ética pública, es necesario que los diputados informen a la ciudadanía sobre todos aquellos asuntos en que vayan a tomar intervención en una sesión en la que los proyectos debatidos puedan tener un impacto directo sobre sus intereses privados", argumentó la diputada en la iniciativa.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para dar inicio al debate de una serie de iniciativas que proponen cambios en el reglamento del Cuerpo y, principalmente, dar lugar a la intervención de la Oficina de Presupuesto del Congreso en la práctica legislativa.

Por disposición de la titular de la comisión Silvia Lospennato estuvo presente el director general de la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC), Gabriel Esterelles, quien atendió cuestiones de los legisladores presentes en la reunión.

Además, se completó la nómina de autoridades y el oficialismo propuso al mendocino Álvaro Martínez en la Vicepresidencia segunda de la comisión. Asimismo, los diputados Alejandro Finocchiaro, Sergio Casas, Ricardo Daives, Matías Molle y Pablo Yedlin reemplazaron a Martín Yeza, Hilda Aguirre, Luis Basterra, Nilda Moyano y Rodolfo Tailhade, respectivamente.

En el comienzo de la reunión, la presidenta  -autora de uno de los cinco proyectos- señaló que “es intención de esta Presidencia que se haga un debate integral sobre el presupuesto de esta Cámara de Diputados”, y anunció que “a partir de agosto vamos a iniciar jornadas de discusión (cada 15 días) con participación amplia y plural para analizar nuestro reglamento”. “Pido a todos los bloques que aporten secretarios parlamentarios”, indicó.

Los demás textos tratados son del jefe de bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López; uno de la radical Carla Carrizo; otro de la tucumana Paula Omodeo; y uno del oficialismo, impulsado por Romina Diez, quien no pudo asistir al encuentro por problemas de salud.

Si bien no hubo discrepancias con relación a este debate, Unión por la Patria, a través de Paula Penacca, advirtió que “estamos de acuerdo con mejorar el funcionamiento, pero no limitar las facultades que nos da la Constitución Nacional”.

En esa línea, el diputado de Hacemos Coalición Federal Juan Brügge amplió que “no se puede avanzar sobre las facultades de los diputados, ni condicionarlos”, y añadió: “Me parece que querer incorporar, bajo criterios tecnicistas o de supuesta responsabilidad, proyectos que lo avalen es un exceso”. “Que la democracia no se convierta en tecnocracia”, aseveró el cordobés.

Las exposiciones

En primer término, Juan Manuel López explicó que “se busca modificar que la OPC, entre sus funciones, tenga la posibilidad de elaborar informes para transparentar la asistencia pública a los diferentes sectores productivos”. También, destacó que propone “transparencia en la asistencia estatal a los sectores productivos”.

Con relación a su iniciativa, se refrió a analizar “la asistencia que tienen algunos sectores de la economía y miremos cuales agregan valor y cuales son asistidos por encima de su valor”. “No es contra nadie y sirve para tener información relevante”, añadió.

Al igual que los cinco textos impulsados, el presidente del bloque de la CC dejó en claro que “sería bueno no depender las voluntades de los oficialismos”, en virtud de los giros que debe hacer la Comisión de Presupuesto y Hacienda al organismo del Congreso en cuestión.

En la misma línea, la diputada Carla Carrizo reiteró que el fin de este tratamiento es mejorar la calidad legislativa, y mencionó que en la actualidad “hay exceso de comisiones que no funcionan”. También, de forma autocritica, indicó que “nos falta instalar agenda y necesitamos tener un Congreso a la par de la administración pública”.

Asimismo, la monobloquista tucumana Paula Omodeo afirmó que “el proyecto se llama de responsabilidad fiscal”. Aportó, del mismo modo que “se presentan 2000 proyectos por año y solo 900 llegan a Presupuesto y Hacienda”, y aseveró que “sancionamos algo sin saber el impacto fiscal y alguien lo termina pagando”.

Al igual que López, propuso no dictaminar proyectos de ley sin tener el informe de la OPC y cargó: “Para legislar políticas públicas con responsabilidad fiscal necesitamos tener la información de cuanto le va a costar a la sociedad o que impacto presupuestario va a tener”.

El texto impulsado por la tucumana propone participar obligatoriamente los dictámenes sobre proyectos que “prevean un gasto público por ejercicio fiscal superior a 10.000 salarios mínimos, previo a su tratamiento en comisión”. “Debemos dictaminar con información y responsabilidad fiscal”, repitió.

Brevemente, Paula Pennaca aportó una sugerencia: “Proponemos que sea una obligación de esta comisión pedir la intervención de la Oficina de Presupuesto cuando los despachos que se saquen impliquen erogaciones mayores a 50 mil salarios mínimos, vitales y móviles”.

La presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato, destacó que “no encontramos opiniones en contra sobre legislar basados en el gasto tributario”, y señaló que “estamos discutiendo dos tipos de proyectos que son el de incorporar informes de la OPC que nos parece central y quitarle la exclusividad a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras”.

Por otro parte, mencionó la posibilidad de “autorregularnos con respecto al borrador de dictamen”, y sumó que esta propuesto es para “autorregularnos a nosotros porque este Congreso ha sido violador serial de nuestras normas”. “Hace muchos años que creo que hay que profesionalizar la forma en la que legislamos y lo haremos más tranquilos sabiendo cuál va a ser el impacto fiscal de nuestros proyectos”, explicó.

Brevemente, la diputada radical Karina Banfi manifestó: “No dejemos pasar esta oportunidad de autorregularnos para que cuando discutamos el Presupuesto en el Congreso tengamos un ápice de como hacerlo”. Afirmó que “esto mejora la calidad institucional”, pero pidió que “revisemos este dictamen porque no me gusta como está redactado el borrador”.

La palabra del titular de la OPC

Finalmente, el director de la OPC Gabriel Esterelles consideró que esta iniciativa propone “abrir la demanda para nosotros porque estamos bien en capacidad de respuesta y habrá que ver la capacidad de respuesta”. “Es un desafío que nos den más responsabilidades”, auguró.

Con un breve repaso de la historia y el funcionamiento del organismo legislativo, explicó que “se inspira en el modelo de la OPC de los Estados Unidos - la Congressional Budget Office (CBO)- que es la que más trayectoria tiene en el mundo y cumple 50 años, pero la nuestra adhiere formato propio, particular y reducido con una capacidad limitada de 20 analistas con requisitos para que esos analistas puedan ingresar a la planta permanente de la OPC”.

Señaló que “estamos regulados por las comisiones de Supervisión Parlamentaria”, y se refirió a la asistencia efectiva mencionada por Juan Manuel López: “Estamos en eso y para agosto vamos a definir la metodología porque contamos con un plan de trabajo anual”.

“Cuando recibimos los proyectos de ley, vía comisión, los analizamos e interactuamos cuando el despacho no se interpreta bien y una vez que se analiza la estructura, vamos a los datos”, relató. En esa linea, aportó que “en 2021 se pidieron 24 proyectos, se elaboraron 10 con un tiempo de respuesta de 20 días corridos; en 2022, 16 y se elaboraron 12 con una respuesta de 22 días promedio; y en 2023, salieron 16 sobre 21 con 15 días de respuesta”.

Para este año, brindó un dato particular: “Tuvimos un 2024 marcado por la ley Bases, pero por los 44 temas analizados, tuvimos un promedio de respuesta de 12 días”. Asu vez, comparó: “La CBO tiene un promedio de 15 días, pero tienen más de 200 analistas”.

Para terminar la reunión, Esterelles agradeció el respeto institucional de los diputados presentes con la OPC, y luego, Lospennato anunció que la próxima semana habrá una nueva reunión informativa.