Las obras irregulares para la construcción del relleno sanitario de Luján impulsadas por el municipio y el Gobierno nacional deben detenerse inmediatamente, según una reciente resolución de la Justicia Federal de Mercedes, que ratificó la vigencia de la cautelar que había ordenado su suspensión.

La medida cautelar debe cumplirse hasta que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene ahora la última palabra al respecto.

Los Vecinos Autoconvocados de Sucre vienen denunciando la” ilegalidad” de las obras impulsadas por el Municipio de Luján y el Ministerio de Ambiente de la Nación que pretenden la construcción de un relleno sanitario con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el predio Sucre, que ellos denuncian como “no apto para ello, sin zonificación y sin los estudios ambientales ni permisos necesarios y la disposición de residuos peligrosos y elementos tóxicos en el BCA, que contaminan la tierra y el agua de la zona, con graves perjuicios para la salud de trabajadores y vecinos”.

La existencia de residuos peligrosos y la contaminación de las aguas consumidas por los vecinos de la zona, incluida la escuela Justo José de Urquiza Nº3 a la que concurren 60 niños, fue confirmada por informes de peritos altamente calificados e incluso estudios del departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, obtenidos luego de un allanamiento ordenado por la Justicia.

Las autoridades municipales y nacionales han incumplido hasta el momento la medida cautelar firme que les ordenó disponer en un lugar ambiental y legalmente apto los residuos sólidos urbanos y peligrosos, a pesar de estar confirmado en el expediente que las autoridades de CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) están dispuestas a recibir la basura.

Recordemos que la Cámara había revocado parcialmente la medida del juez de primera instancia en cuanto a que “dispuso la prohibición de innovar respecto de la situación del basural a cielo abierto (BCA) -en relación a la ejecución de los trabajos para su saneamiento- y que las demandadas se abstuvieran de ejecutar cualquier obra o acción sobre el predio denominado ‘Sucre’”.

Sin embargo, los actores interpusieron el recurso extraordinario federal, requiriendo la intervención de la Corte Suprema, y el Juzgado de Primera Instancia recordó que el Máximo Tribunal sostuvo en el caso AEDBA/AFIP que “la medida cautelar dictada en primera instancia continúa en vigor hasta tanto esta Corte se expida sobre el recurso extraordinario planteado por la parte actora (…)”. Por ello, en su última resolución intimó a las demandadas a que cesaran las obras bajo apercibimiento de astreintes (multas) por cada día de incumplimiento.

En suma, todo indica que en definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha emitido importantes e históricos fallos en materia ambiental -y en consecuencia ha sentado jurisprudencia al respecto- tendrá la última palabra en este caso, que podría ser otro leading case sobre la cuestión ambiental.

Todo esto sucede en el marco de la existencia de una importante cantidad de denuncias por supuesta corrupción contra el intendente de Luján, Leonardo Boto, varias de ellas por contrataciones presuntamente irregulares o supuesto fraude al Estado.

Es importante mencionar esta cuestión puesto que, en el contexto del plan del relleno sanitario, se ha requerido la investigación de onerosas contrataciones para realizar tareas –como por ejemplo una excavación- que podría haberse ejecutado por un precio sustancialmente menor al pactado.

Lo mismo ocurre con el contrato principal realizado con la empresa EVA S.A., sobre la cual se ha solicitado también que sea puesta en la mira de las investigaciones para determinar connivencias que podrían ser parte de un entramado de corrupción, habida cuenta, además, que también estuvo y está bajo pesquisa en otros municipios en los que ha sido beneficiada con este tipo de trabajos.