“La negativa a la reforma jubilatoria del Bapro es un acto irresponsable ideado por (Mauricio) Macri y el PRO que arrastra a la UCR”, dijeron desde la bancada de diputados del FdT.
La sesión de este miércoles prevista en la Cámara de Diputados de la provincia se cayó ante la negativa de los legisladores opositores, en su mayoría del PRO y la UCR, que se unieron para bloquear el tratamiento de la reforma jubilatoria del Bapro.
El oficialismo subrayó que hubo un “pedido de la Suprema Corte de Justicia de modificar la ley 15.008 sancionada en el gobierno de María Eugenia Vidal debido a su inconstitucionalidad” y destacó que “el bloque del FdT junto al Frente de Izquierda y el unibloque de Fabio Britos bajaron al recinto para tratar el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo”.
En ese sentido, el presidente del bloque de diputados del FdT, César Valicenti remarcó que “es una muestra más de la irresponsabilidad de los diputados de Juntos por el Cambio que no tienen intenciones de solucionar los problemas de los trabajadores y jubilados el Banco Provincia”.
“La ley impulsada por la ex gobernadora Vidal en 2017 está judicializada, con 5 mil amparos y cautelares de jubilados del BAPRO avalados por la justicia y 11 mil que están esperando resolución a partir del 14 de diciembre cuando la Suprema Corte dicte su inconstitucionalidad, es un acto totalmente irresponsable ideado por el PRO y que arrastra a la UCR”, planteó Valicenti.
Al mismo tiempo, desde el FdT consideraron que “desde Juntos por el Cambio no sólo hicieron una mala ley en 2017, que proponía un ajuste previsional en línea con la política nacional del macrismo, sin discusión en comisiones, sino que ahora se niegan a debatir una nueva ley que dé soluciones al problema que ellos crearon”.
Ante “la impugnación y judicialización” de ley, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzó un proceso de reescritura de la ley con consenso de los trabajadores y que fue enviada a la Legislatura con un amplio debate en comisiones que incluyó la incorporación de las modificaciones solicitadas por la oposición, particularmente, por diputados de la UCR, según detallaron.
“Se hicieron las modificaciones solicitadas y ahora deciden no dar quorum para ni siquiera tratar en el recinto la ley. ¿Por qué decidieron no votarla, por el pedido de Mauricio Macri? Eso le van a explicar a los trabajadores y trabajadoras en cada uno de los distritos”, cuestionó el diputado César Valicenti.
Del mismo modo, los diputados el Frente de Todos aseguraron que “no se entiende a que juegan desde la oposición, la UCR se deja arrastrar por el capricho de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en perjuicio de los trabajadores del Bapro”.
Desde la bancada oficialista remarcan que el proyecto de ley enviado por el gobernador Axel Kicillof “surge a partir del diálogo institucional, democrático y absolutamente responsable de todas las partes”.
“La iniciativa del Ejecutivo repone derechos pero además propone un esquema de financiamiento solidario, no solo es una ley financieramente responsable sino que atiende a los puntos que la oposición marcó en comisiones”, consideraron los diputados del FdT.
Los diputados bonaerenses, comandados por el diputado Federico Otermín, realizaron una sesión para la estadística con un temario de interés general de baja conflictividad para su tratamiento.
El dato de color más importante de la jornada fue el apuro de la bancada oficialista en comenzar la sesión, algo que generó el primer cruce con la oposición que amenazó con abandonar el recinto sino se esperaba a que miembros de ese colectivo llegaran.
El oficialismo tenía que concurrir a un compromiso partidario, convite que tenía al presidente del PJ bonaerense, el diputado nacional del FdT Máximo Kirchner, como anfitrión. Por ello la prisa, que siempre suele corresponderse entre los legisladores cuando esto sucede.
El otro dato de color, fue la guerra de carteles que se desplegó en el recinto a partir de que la bancada del FdT puso en el frente de sus bancas un cartel con la leyenda “Todos con Cristina”.
La respuesta improvisada de la bancada opositora fue “Justicia o Corrupción” y un pequeño inflable con una caricatura de la actual Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner con “traje de presidiaria”.
Desde el bloque del FdT la diputada Susana González fue quien se encargó de solicitar que se sacara ese objeto con la amenaza de retirarse el bloque oficialista de la sesión, el diputado Luciano Bugallo finalmente procedió a retirar el objeto y luego de un intercambio de pareceres se prosiguió con la sesión.
En principio fue tratada la licencia extraordinaria solicitada por la diputada María Fernanda Bevilaqcua, conforme artículo 4° inc b) del reglamento interno, y se procedió a la incorporación del diputado Carlos Battista, que pasó a integrar el bloque del FdT, al igual que la diputada Bevilaqcua.
Entre el temario abordado fue aprobado un proyecto de ley creando el observatorio estatal de violencia y acoso laboral (OEVAL), destinado a la prevención y erradicación de todas las formas de violencia laboral ejercidas contra las y los trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado.
También se aprobó una modificación a ley 15035, de adhesión a la ley nacional 22043, que refiere al abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista.
Ambos proyectos de ley deberán ser considerados por el Senado, al igual que otros 18 proyectos de Ley que obtuvieron el visto bueno de los diputados, por unanimidad de los presentes en el recinto.
Los diputados aprobaron el proyecto de ley que remitiera el Poder Ejecutivo, a través del cual la provincia planteó su adhesión al régimen previsto en la ley nacional 27573, para la vacunación contra el Covid-19 de menores de 18 años.
Como se sabe, en esa la normativa nacional se establece el marco legal para el desarrollo del plan nacional de vacunación destinado a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19, con inclusión de la protección de los niños, las niñas y adolescentes, incorporados por el decreto 431/21.
Cabe señalar que el referido decreto nacional tuvo como uno de sus objetivos la adecuación de la normativa hasta entonces vigente, con el fin de posibilitar la adquisición de vacunas destinada a población especial, en especial, para los niños, niñas y adolescentes, es decir, menores de 18 años.
En la sesión, además, se pudo sancionar el proyecto de ley del senador de JxC Agustín Máspoli, creando un Juzgado de Familia, con asiento en la ciudad de Chacabuco, perteneciente al Departamento Judicial de Junín.
También se sancionó el proyecto de ley, de la senadora de JxC Lorena Petrovich, creando en el ámbito de la provincia de Buenos Aires el programa “mi primera licencia”.
Se trata de un programa dirigidos a jóvenes que sacan su primera licencia de conducir tendiente a dar una formación integral, practica y teórica, de los futuros conductores.
Así la ley, establece el programa que se implementará en todo el territorio provincial, pero que se viene practicando en el municipio de Lanús desde hace unos años, específicamente destinado a los jóvenes que posean, al momento de concluir el mismo, la edad exigida por la ley nacional de Transito para el otorgamiento del registro de conducción habilitante a las categorías A y B.
Se aprobó, asimismo, y se giró a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley instituyendo “la semana provincial del orgullo lgbtiq+” y creación de la “senda por la diversidad”.
No obstante, el atractivo principal se suscitó cuando la sesión desplegó la instancia donde fueron otorgados los cinco minutos para fundamentar proyectos que no obtuvieron el consenso necesario para ser considerados sobre tablas.
Allí fue cuando fundamentó porque debía tratarse el proyecto de declaración de la diputada de JxC Carolina Barros Schelotto donde se repudia la celebración del cumpleaños de la primera dama en la que estaba presente el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Pero al mismo tiempo, se pidió que se aprobara un proyecto de declaración de la diputada Susana González que repudia las condenables acciones denunciadas por el Estado Plurinacional de Bolivia contra el ex presidente argentino Mauricio Macri, por haber colaborado directamente con el golpe de estado desarrollado en Bolivia contra evo morales en el año 2019.
Ambos proyectos no lograron alcanza los dos tercios reglamentarios para ser considerados sobre tablas.
La Cámara baja bonaerense votó una iniciativa remitida por el gobernador que establece un régimen simplificado de pago.
La Cámara baja bonaerense aprobó una iniciativa remitida por el gobernador Axel Kicillof que establece un régimen simplificado de pago de Ingresos Brutos para monotributistas.
En el Gobierno aseguran que se trata de una modificación del régimen impositivo que “permitirá reducir la informalidad a partir de la inclusión tributaria y financiera”.
El gobernador Axel Kicillof, tras la inauguración del período ordinario, viene alentando la implementación de tres medidas, una de ellas es la destinada a la simplificación del Impuesto a los Ingresos Brutos; las otras a favorecer la regularización de deudas de contribuyentes que fueron afectados por la pandemia, incluyendo a las empresas que actúan como Agentes de Recaudación.
Las moratorias que implican estas últimas dos medidas fueron aprobadas por la Cámara de Diputados la semana pasada y el mismo consenso alcanza la simplificación del pago de IIBB para pequeños contribuyentes. Todo deberá ser considerado por el Sanado.
El Régimen simplificado de Ingresos Brutos, creando un sistema para el cumplimiento del pago de Ingresos Brutos beneficiará alrededor de 1 millón de monotributistas bonaerenses.
Esto implica incluir en “un solo importe” lo correspondiente al pago del monotributo, impuesto simplificado de AFIP, e Ingresos Brutos, un tributo que administra ARBA, y que hasta el momento se abonaban por separado.
Entre otros beneficios inmediatos se destaca que los contribuyentes no deberán presentar declaraciones juradas mensuales de Ingresos Brutos en ARBA y tampoco se les aplicarán retenciones, dado que solo pagarán una cuota fija mensual, en función a su categoría del monotributo.
Además, la simplificación agilizará el cumplimiento, reducirá trámites y restará carga administrativa. En términos fiscales generará una mejora en la cobrabilidad impositiva, según estimó el propio titular de ARBA, Cristian Girad.
Cuando el nuevo sistema esté vigente, las personas alcanzadas solo deberán pagar una cuota fija mensual, según su categoría de monotributo. Es decir que al abonar la obligación también estarán pagando, en ese mismo acto, la cuota correspondiente de Ingresos Brutos.
En consonancia con esa simplificación, los contribuyentes ya no tendrán que realizar declaraciones juradas mensuales y ARBA los excluirá de los regímenes de recaudación, por lo que ya no se les aplicarán retenciones de ningún tipo.
En su monto el titular del ente recaudador bonaerense Cristian Girard subrayó que “el nuevo régimen simplificado de Ingresos Brutos es central para la Provincia y va en línea con nuestro objetivo de lograr reducir la evasión con progresividad, para consolidar una estructura tributaria más justa”.
La Cámara de Diputados, presidida por Federico Otermín, aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece dos moratorias impositivas.
El gobernador Axel Kicillof dio un paso firme en la Cámara baja bonaerense al ser aprobada la “ambiciosa” moratoria impositiva que reclamaba.
El proyecto de ley aprobado forma parte del denominado Programa de Recuperación Productiva impulsado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que incluye a la par de los beneficios fiscales, líneas crediticias y otras medidas tendientes a fomentar la producción, reactivar la economía y generar nuevas fuentes de trabajo.
Específicamente los diputados abalaron un proyecto de ley que incluye “dos moratorias” que posibilitarán, tanto a contribuyentes afectados por la pandemia como a empresas que actúan como agentes de recaudación, regularizar deudas impositivas con quitas que pueden llegar al 100% de las multas e intereses”.
La iniciativa que reclama el Ejecutivo ahora deberá ser considerada por los senadores para proseguir con el trámite parlamentario.
En cuanto a las moratorias, la primera apunta a contribuyentes afectados por la pandemia y comprenderá deudas prejudiciales de impuestos patrimoniales vencidas durante 2020. Es decir que abarcará al Inmobiliario (incluyendo todas las plantas, tanto en su componente básico como complementario), Automotores y Embarcaciones Deportivas.
Con este programa, más de 3 millones de contribuyentes podrán ponerse al día con ARBA. La financiación incluirá como principal beneficio la condonación de multas, intereses y recargos, que estará segmentada en función de la capacidad de pago.
De esta forma, recibirán mayores beneficios quienes fueron más afectados; micro y pequeñas empresas, cooperativas, personas de bajo patrimonio y quienes realizan actividades en rubros particularmente perjudicados por la pandemia.
La segunda moratoria se enfocará en los agentes de recaudación. Abarcará deudas provenientes de retenciones y percepciones no efectuadas con relación a Ingresos Brutos y Sellos, así como también aquellas efectuadas y no ingresadas o ingresadas fuera de término, vencidas o devengadas al 31 de diciembre de 2020, tanto en instancia judicial como prejudicial.
Estos planes incluirán la condonación de multas, intereses y recargos, que estará segmentada según el tamaño del contribuyente, de manera que los mayores beneficios se destinarán a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Las dos moratorias se complementarán con la posibilidad de rehabilitar regímenes de regularización caducos. Esta situación comprenderá a contribuyentes con planes caídos provenientes de los Impuestos Inmobiliario –en sus componentes básico y complementario-, Automotores, Embarcaciones Deportivas, Ingresos Brutos y Sellos que dejaron de abonarse durante la pandemia, en el año 2020.
También se podrán regularizar los regímenes de deudas de los agentes de recaudación provenientes de retenciones y percepciones no efectuadas con relación a los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos. Estas rehabilitaciones serán posibles cuando la caducidad de los planes hubiese operado durante el año 2020.
Cuando expuso ante los legisladores el titular de ARBA Cristian Girard señaló que “son medidas extraordinarias, en un contexto de crisis potenciado por la pandemia”.
