El bloque de Unión por la Patria llevó a la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados, a cargo de Hugo Yasky, el debate sobre el endeudamiento familiar a fin de abordar un total de 18 proyectos que buscan darle un alivio a los usuarios de tarjetas de crédito y/o tomadores de préstamos personales a través de plataformas digitales.

El encuentro se llevó a cabo este miércoles en una reunión que contó con especialistas vinculados a la temática de protección, prevención y rehabilitación para consumidores fallidos.

“Este es un tema que acucia a muchos hogares de la Argentina y es el sobreendeudamiento con tarjetas de crédito, billeteras virtuales. Es un tema que no podemos seguir dilatando”, comentó Yasky.

Al tomar la palabra, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, manifestó que el eje del encuentro es retomar un debate que ya se discutió el año pasado en la comisión. “No hay ningún ánimo de sacar despacho en la jornada de hoy”, aclaró el santafecino.

Los expositores

Abrió la ronda de expositores la socióloga y docente Luci Cavallero quien precisó que son 39 billones de deudas que tienen las familias argentinas y se basó en datos del Banco Central: “Hay un fuerte incremento de morosidad históricos, los más altos en los últimos 20 años. No es solo mora bancaria, sino también se genera en préstamos que se sacan de las famosas empresas de finanzas digitales”, e indicó que 1 de cada 4 personas tienen mora con esas billeteras virtuales.

Cavallero señaló que los estudios que se vienen realizando hace más de un año hablando de un endeudamiento de 7 de cada 10 argentinos. “No es un endeudamiento circunstancial sino dedicado a poder subsistir y son usados para los gastos básicos”.

“Estamos en un modelo macro económico que genera ingresos pisados y políticas de desregulación. Hay tasas de interés usureras y dan vergüenza. En ese contexto crece la mora y el endeudamiento de las familias”, planteó.

La socióloga manifestó que se trata de un problema de sustentabilidad económica de las familias y consideró que “el Congreso tiene que estar a la altura para poder darle a las familias un alivio. El endeudamiento está desorganizando la vida y está generando problemas de salud y violencia en la gente”.

“La deuda es un mecanismo político porque individualiza y aísla a las personas haciéndole creer que esa deuda es un índice de fracaso individual cuando el problema es la macroeconomía que arroja a más argentinos a tener que endeudarse y a tener pluriempleo”, apuntó y detalló que las personas endeudadas “usan el crédito para cubrir gastos esenciales, altos niveles de angustia y estrés crónico, deterioro de salud física, imposibilidad de cubrir necesidades básicas”.

Cavallero cuestionó que “hay falta de información clara y accesible sobre las deudas, no hay condiciones de refinanciación, hay ausencia de instancias de negociación, no hay regulación de billeteras virtuales, prácticas abusivas de sistemas de cobranzas. Los bancos ofrecen refinanciaciones con cuotas que exceden la capacidad real de pago, inducen a la mora, entre otras”.

Por último, planteó que el proyecto de ley debe establecer acceso a la información, regulación de intereses, proteger los ingresos, regular los débitos automáticos, regulación de cobranzas y generar instancias de negociación. Que los montos de descuento no pueden dejar por debajo de la línea de pobreza a las familias, regulación de tasas fijadas en relación al costo de vida. Fomentar la responsabilidad de los bancos y las empresas virtuales”.

Arturo Pozzali, doctor en Ciencias Económicas y defensor Adjunto del Pueblo –CABA-, afirmó que “hay un aumento sistemático de consultas y reclamos de familias que no están pudiendo cumplir con el pago. Tienen la voluntad de pago, pero no la capacidad”.

“Aquellos que hoy tienen un crédito hipotecario y problemáticas mayores hay que atender porque las familias no se endeudan para comprar una casa. La morosidad está llegando casi al 22% y esto es algo que no debería volver a pasar”, expresó y agregó: “Lo que está afectando mucho a las familias es la mora automática y debería ser tratado en los proyectos”. En otro aspecto criticó que, a diferencia de los bancos, “la comunicación con las billeteras virtuales es muy dificultosa y cada vez es más compleja”.

Virtualmente, Ariadna Ciammarriello, coordinadora del Área Financiera de la Oficina de Derechos de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios del Consejo Municipal de Rosario, Santa Fe, explicó que “hoy casi se equipara el pedido de la gente de financiación de deuda, del último año, con las denuncias en cuestión de estafas virtuales”. En referencia a esto, resaltó que “el consumidor que viene a la oficina realmente tiene voluntad de pago”. Además, cuestionó la “expansión agresiva, fácil e inmediata del crédito” y “la falta de responsabilidad que tiene las entidades bancarias en evaluar la capacidad crediticia del usuario”.

El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, manifestó que “el negocio es la refinanciación, tasas de 500 o 600 %, que lo vemos en los barrios cuando hablamos con los jubilados, que están produciendo la quiebra de las familias sin ninguna herramienta de solución para los millones de argentinos que están sobreendeudados como consecuencia del plan económico”.

Bussetti propuso que “el mecanismo, que sigue siendo un paliativo, tiene que ser algo jurídico que le permita al usuario sentarse con el acreedor para que pueda refinanciar su deuda como lo hacen las empresas, y que pueda funcionar en todo el país”.

La contadora pública Alejandra Fernández Scarano, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y actual secretaria de Hacienda, Producción y Comercio de la Municipalidad de Hurlingham, presentó un informe acerca de la morosidad en tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales. “A peor calidad del crédito la tasa es mayor porque hay una mayor morosidad y mayor riesgo”, sentenció.

En la continuidad expuso Gabriel Martínez Medrano, director de Legales de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), basó su exposición en el “Régimen de Segunda Oportunidad”, basándose en la experiencia española.

Con respecto a la situación de nuestro país, especificó que “jurídicamente, el principal problema que hay es la fragmentación de las deudas de los consumidores, que se acentúa por las sesiones de créditos”. En esa línea, agregó: “Para las personas que no son comerciantes no existe un mecanismo fácil, barato, rápido y justo para los acreedores que se pueda hacer”.

En representación de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, reflexionó que “si hablamos solamente de las personas sobreendeudadas, estamos trabajando sobre las consecuencias únicamente”. “La solución es que se recupere la capacidad adquisitiva de los salarios y de las jubilaciones”, recalcó.

Al comienzo del encuentro, los legisladores completaron cargos directivos de la comisión que restaban designar. En ese sentido, para la vicepresidencia segunda fue avalado el diputado nacional Marcelo Barbur (UP). Y, para las secretarías primera y tercera fueron elegidos Rosario Goitia (LLA) y Sergio Casas (UP), respectivamente.

Los diputados nacionales de Unión por la Patria, Natalia Zaracho e Itai Hagman presentaron el proyecto RED (Régimen Esencial para el Desendeudamiento), una iniciativa que propone crear un mecanismo nacional para auditar y reestructurar las deudas de los hogares que atraviesan una situación crítica.

La diputada Zaracho advirtió, en un video que publicaron en redes sociales: “Seguramente vos o alguien que vos conocés está sobre endeudado, o con los bancos, o con las tarjetas de crédito, o con el electrodoméstico, o con algunas billeteras virtuales, que se abusan de las necesidades de la gente y que cobran tasas altísimas”.

“No es casualidad, es un modelo que está reventando a las familias”, agregó en su cuenta de X. En ese sentido, junto a Hagman, explicaron que presentaron un proyecto de ley “para ayudar a las familias a salir de la catástrofe crediticia en la que nos metió el gobierno de Milei”.

“Hay que ser muy claros, acá hay responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Y sería absolutamente injusto que todo el costo de esta crisis recaiga en las familias endeudadas”, aseguró el economista y sumó, en su cuenta de X: “Esto es una bola de nieve de la que se aprovechan algunas entidades que se abusan de la necesidad: te endeudas con la tarjeta para pagar la comida, después con la billetera para pagar la tarjeta de crédito, y después con otra aplicación para pagar la billetera”.

Vale mencionar que la irregularidad en créditos personales bancarios se ubica en 12%, 3 veces más que cuando asumió Milei (4,1%) y la irregularidad en el pago de tarjetas de crédito bancarias asciende a 9,3%, más de 6 veces que cuando asumió Milei (1,5%) (datos de BCRA, diciembre 2025).

Hagman detalló que el proyecto crea un fondo para el desendeudamiento constituido con recursos públicos y privados y que tiene como fin resolver o hacer más fácil el refinanciamiento de esas deudas. El fideicomiso que se propone crear en el proyecto de ley, será financiado con contribuciones extraordinarias de las empresas prestadoras de crédito.

“Las personas se inscriben, detallan cuáles son sus obligaciones que han contraído, en qué condiciones y cuál es su situación de morosidad”, sumó el economista y explicó: “Luego que se hace un análisis, se descuentan las cláusulas abusivas y ese fondo de desendeudamiento hace una oferta para recomprar esa deuda y refinanciarla a las familias con tasas de interés mucho más sustentables y que nunca supere la cuota del 30% de sus ingresos”.

Zaracho por su parte, subrayó: “Este no es solamente un problema tuyo, es el problema de millones de argentinos. El gobierno, mientras tanto, dice que la gente se cuelga en pagar las cuotas. Nosotros le decimos que la gente no tiene para pagar las cuotas”. “Las familias quieren pagar sus deudas, nosotros tenemos que ayudar a organizarle la vida a la gente. Por eso vamos a presentar este proyecto”, concluyó la diputada.

HAY QUE PONER UN FRENO
Laburás más, te alcanza menos y las deudas no paran de crecer? No es casualidad, es un modelo q está reventando a las familias.
Con @ItaiHagman presentamos una ley de emergencia. Audita deudas, frena abusos y crear un fondo para que pagues en un plan justo. pic.twitter.com/qnH0INot8d

— Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) March 11, 2026

El diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley para establecer en todo el país un Régimen de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de las Personas Humanas, con el objetivo de dar una salida ordenada y equitativa a quienes enfrentan deudas imposibles de pagar. La iniciativa está dirigida exclusivamente a consumidores y familias trabajadoras, dejando fuera a empresas y actividades comerciales.

El texto propone medidas de prevención, como la obligación de bancos, tarjetas de crédito, billeteras digitales, mutuales y cooperativas de realizar evaluaciones objetivas de solvencia antes de otorgar créditos. También establece una instancia de mediación administrativa gratuita y optativa, previa a un juicio, para facilitar acuerdos con los acreedores. Allí se podrán negociar planes de reestructuración de hasta cinco años, con intereses limitados a la tasa activa del Banco Nación y sin capitalización.

En caso de no alcanzarse un acuerdo, el deudor podrá acudir a la justicia civil, comercial o de consumo, donde se abrirá un procedimiento especial. La sola apertura del proceso implicará la suspensión de ejecuciones, acumulación de juicios y freno a intereses punitorios, salvo en deudas alimentarias, laborales o tributarias.

El régimen prevé que el juez pueda aprobar planes de pago con quitas, reordenamientos y topes de hasta el 35% de los ingresos netos del deudor, con la posibilidad de imponerlos a los acreedores si resultan equitativos. Si el plan se cumple, o tras cinco años de iniciado el procedimiento, el deudor será declarado rehabilitado y los saldos remanentes quedarán extinguidos, salvo obligaciones alimentarias, laborales, tributarias o penales.

El proyecto también incorpora un capítulo de educación financiera obligatoria, con programas en escuelas secundarias y campañas públicas para adultos, en coordinación entre el Ministerio de Capital Humano, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.

En los fundamentos, Agost Carreño subraya que “el 91% de los argentinos está endeudado de algún modo y un porcentaje significativo lo está por cubrir gastos esenciales”, citando datos oficiales que muestran un fuerte aumento de la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales. A su juicio, “no existe un procedimiento nacional que garantice un camino ordenado de rehabilitación para los deudores de buena fe”, y el proyecto busca cubrir ese vacío legal.

La propuesta la hizo el diputado Juan Gómez Parodi, de Unión por la Patria, a través de la presentación de un proyecto de ley en la Cámara baja provincial.

Se propone modificar la Ley de Defensa del Consumidor, incorporando la figura de “sobreendeudamiento”, situación para la cual crea un procedimiento administrativo específico de prevención, saneamiento y reestructuración de pasivos.

Por eso, aclararon que se considera que un consumidor está “sobreendeudado” cuando se ve imposibilitado de hacer frente a compromisos contraídos en una relación de consumo y, el hecho de pagarlos le dificultaría el acceso a bienes esenciales, afectando la salud y la economía familiar.

De aprobarse la Ley, aquellos ciudadanos que se encuentran sobreendeudados podrán presentarse en las oficinas municipales o provinciales de Defensa del Consumidor para iniciar las averiguaciones correspondientes e iniciar un proceso.

Así, en caso de acreditarse la condición de sobreendeudado, el ente iniciaría un protocolo que comprende la citación al proveedor, la mediación entre las partes y la elaboración de un acuerdo.

El acuerdo podrá comprometer quitas de capital, plazos de gracia y planes de pago.

Se establecerá el mecanismo de cancelación, montos, plazos, intereses y cualquier otro aspecto inherente a la relación de consumo.

Este acuerdo deberá ser homologado por el Estado provincial y podrá ser oponible judicialmente.

Con la homologación del acuerdo se considerará agotada la instancia administrativa, pero, hasta que esto no suceda, los plazos judiciales permanecerán suspendidos por hasta 90 días, a fin de evitar situaciones de embargo o inconvenientes que pudieran entorpecer la concreción del convenio.

El proyecto establece también que se refuercen aspectos fundamentales de la defensa del consumidor relacionados con la información, es decir que la persona deberá ser informada claramente al momento de contratar acerca de las condiciones, intereses, modalidad de pago, montos, tasa de interés efectiva anual, comisiones, gastos, sistema de cancelación, plazos y cualquier otro aspecto relacionado con la transacción.

La iniciativa del diputado oficialista extiende su alcance a definiciones tales como “lealtad comercial”, y establece que “el proveedor deberá pretender ganancias justas y razonables por su servicio y no podrá emitir publicidad engañosa que induzca a los consumidores a endeudarse más allá de sus posibilidades, provocando situaciones de sobreendeudamiento”.

También establece el concepto de “préstamo responsable” donde se consigna que el proveedor deberá evaluar “certeramente los antecedentes crediticios y la solvencia patrimonial del consumidor a partir de fuentes disponibles y decidir fundadamente el otorgamiento o la denegatoria del crédito, decisión que deberá ser comunicada al consumidor de modo fehaciente”.

Y por último se insta a brindar “educación financiera” para el público en general y a través del “sistema educativo provincial para contribuir a una gestión razonable de una economía doméstica y de la planificación familiar a fin de prevenir el endeudamiento excesivo”.

"Creemos imprescindible que el Estado provincial oficie como árbitro en estos casos y brinde asesoramiento y contención a un número cada vez mayor de familias que, de otro modo, ingresan en una espiral de endeudamiento que no sólo condiciona la posibilidad de planificar su organización a futuro, sino que muchas veces compromete la posibilidad misma de acceder a los bienes básicos para garantizar su subsistencia”, aseguró el autor del proyecto, el diputado Juan Gómez Parodi.