El diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley para establecer en todo el país un Régimen de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de las Personas Humanas, con el objetivo de dar una salida ordenada y equitativa a quienes enfrentan deudas imposibles de pagar. La iniciativa está dirigida exclusivamente a consumidores y familias trabajadoras, dejando fuera a empresas y actividades comerciales.

El texto propone medidas de prevención, como la obligación de bancos, tarjetas de crédito, billeteras digitales, mutuales y cooperativas de realizar evaluaciones objetivas de solvencia antes de otorgar créditos. También establece una instancia de mediación administrativa gratuita y optativa, previa a un juicio, para facilitar acuerdos con los acreedores. Allí se podrán negociar planes de reestructuración de hasta cinco años, con intereses limitados a la tasa activa del Banco Nación y sin capitalización.

En caso de no alcanzarse un acuerdo, el deudor podrá acudir a la justicia civil, comercial o de consumo, donde se abrirá un procedimiento especial. La sola apertura del proceso implicará la suspensión de ejecuciones, acumulación de juicios y freno a intereses punitorios, salvo en deudas alimentarias, laborales o tributarias.

El régimen prevé que el juez pueda aprobar planes de pago con quitas, reordenamientos y topes de hasta el 35% de los ingresos netos del deudor, con la posibilidad de imponerlos a los acreedores si resultan equitativos. Si el plan se cumple, o tras cinco años de iniciado el procedimiento, el deudor será declarado rehabilitado y los saldos remanentes quedarán extinguidos, salvo obligaciones alimentarias, laborales, tributarias o penales.

El proyecto también incorpora un capítulo de educación financiera obligatoria, con programas en escuelas secundarias y campañas públicas para adultos, en coordinación entre el Ministerio de Capital Humano, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.

En los fundamentos, Agost Carreño subraya que “el 91% de los argentinos está endeudado de algún modo y un porcentaje significativo lo está por cubrir gastos esenciales”, citando datos oficiales que muestran un fuerte aumento de la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales. A su juicio, “no existe un procedimiento nacional que garantice un camino ordenado de rehabilitación para los deudores de buena fe”, y el proyecto busca cubrir ese vacío legal.

La propuesta la hizo el diputado Juan Gómez Parodi, de Unión por la Patria, a través de la presentación de un proyecto de ley en la Cámara baja provincial.

Se propone modificar la Ley de Defensa del Consumidor, incorporando la figura de “sobreendeudamiento”, situación para la cual crea un procedimiento administrativo específico de prevención, saneamiento y reestructuración de pasivos.

Por eso, aclararon que se considera que un consumidor está “sobreendeudado” cuando se ve imposibilitado de hacer frente a compromisos contraídos en una relación de consumo y, el hecho de pagarlos le dificultaría el acceso a bienes esenciales, afectando la salud y la economía familiar.

De aprobarse la Ley, aquellos ciudadanos que se encuentran sobreendeudados podrán presentarse en las oficinas municipales o provinciales de Defensa del Consumidor para iniciar las averiguaciones correspondientes e iniciar un proceso.

Así, en caso de acreditarse la condición de sobreendeudado, el ente iniciaría un protocolo que comprende la citación al proveedor, la mediación entre las partes y la elaboración de un acuerdo.

El acuerdo podrá comprometer quitas de capital, plazos de gracia y planes de pago.

Se establecerá el mecanismo de cancelación, montos, plazos, intereses y cualquier otro aspecto inherente a la relación de consumo.

Este acuerdo deberá ser homologado por el Estado provincial y podrá ser oponible judicialmente.

Con la homologación del acuerdo se considerará agotada la instancia administrativa, pero, hasta que esto no suceda, los plazos judiciales permanecerán suspendidos por hasta 90 días, a fin de evitar situaciones de embargo o inconvenientes que pudieran entorpecer la concreción del convenio.

El proyecto establece también que se refuercen aspectos fundamentales de la defensa del consumidor relacionados con la información, es decir que la persona deberá ser informada claramente al momento de contratar acerca de las condiciones, intereses, modalidad de pago, montos, tasa de interés efectiva anual, comisiones, gastos, sistema de cancelación, plazos y cualquier otro aspecto relacionado con la transacción.

La iniciativa del diputado oficialista extiende su alcance a definiciones tales como “lealtad comercial”, y establece que “el proveedor deberá pretender ganancias justas y razonables por su servicio y no podrá emitir publicidad engañosa que induzca a los consumidores a endeudarse más allá de sus posibilidades, provocando situaciones de sobreendeudamiento”.

También establece el concepto de “préstamo responsable” donde se consigna que el proveedor deberá evaluar “certeramente los antecedentes crediticios y la solvencia patrimonial del consumidor a partir de fuentes disponibles y decidir fundadamente el otorgamiento o la denegatoria del crédito, decisión que deberá ser comunicada al consumidor de modo fehaciente”.

Y por último se insta a brindar “educación financiera” para el público en general y a través del “sistema educativo provincial para contribuir a una gestión razonable de una economía doméstica y de la planificación familiar a fin de prevenir el endeudamiento excesivo”.

"Creemos imprescindible que el Estado provincial oficie como árbitro en estos casos y brinde asesoramiento y contención a un número cada vez mayor de familias que, de otro modo, ingresan en una espiral de endeudamiento que no sólo condiciona la posibilidad de planificar su organización a futuro, sino que muchas veces compromete la posibilidad misma de acceder a los bienes básicos para garantizar su subsistencia”, aseguró el autor del proyecto, el diputado Juan Gómez Parodi.