Los bloques de diputados y senadores de la UCR + Cambio Federal de la Legislatura bonaerense reclamaron al gobernador Axel Kicillof adherir cuanto antes al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, señalando que “creemos fundamental que la provincia de Buenos Aires sea parte del RIGI, a fin de poder acercar o generar las herramientas necesarias para que las futuras grandes inversiones encuentren en nuestro territorio un lugar apetecible para invertir e instalarse”.

“El mejor ejemplo lo tenemos en el proyecto en la planta de licuefacción de GNL que a nuestro entender debía instalarse en Bahía Blanca, inversión histórica cuya decisión quedó entremezclada con la adhesión de nuestra provincia al RIGI”, agregaron los legisladores.

En el mismo sentido manifestaron que “si nuestra provincia hubiera adherido al RIGI rápidamente, la discusión se habría centrado entre las potencialidades del puerto de Bahía Blanca y la costa desértica de Punta Colorada, quitando del protagonismo de la discusión cuestiones subjetivas sobre intereses económicos sectoriales o político partidarios, para enfocarse en los verdaderos motivos del Gobierno nacional para desestimar un estudio técnico de 7 años que indicaba la radicación de la planta de licuefacción de GNL en Bahía Blanca fundamentado en los beneficios del principal polo portuario, petroquímico y logístico de la Argentina”.

“Dilatar los tiempos -continuaron-, y no generar consensos con sectores políticos, productivos y sociales de la provincia nos quitó a los bonaerenses la posibilidad  de capitalizar la mayor inversión unificada de la historia Argentina. Pero existen otras inversiones que pueden concretarse, por lo tanto es indispensable adherir cuanto antes al denominado RIGI”.

Qué dice el RIGI

El día 28 de junio del corriente el Congreso de la Nación aprobó la ley de bases y puntos de partida para libertad de los argentinos que incluye en unos de sus títulos el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual busca brindar incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema de protección de derechos adquiridos a los titulares de un único proyecto de inversión, pero que deberá ser superior a los USD 200 millones.

Los objetivos prioritarios del RIGI son entre otros:

- Incentivar las grandes inversiones nacionales y extranjeras en la RepúbIica Argentina.

- Promover el desarrollo económico, desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos.

- Incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI.

- Favorecer la creación de empleo.

- Generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse.

- Crear para las "Grandes Inversiones" que cumplan con los requisitos un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial.

- Fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales, y fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión.

Es importante destacar que el régimen resultará aplicable a proyectos de los sectores de foresto industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas que cumplan con los requisitos.

Por otra parte podrán solicitar adhesión los Vehículos de Proyecto Único (VPU) titulares de una o más fases de un proyecto que califique como "Gran Inversión".

Los VPU deberán tener por único y exclusivo objeto llevar a cabo una o más fases de un único proyecto de inversión admitido en el RIGI. En consecuencia, los VPU no deberán desarrollar actividades ni poseer activos no afectados a dicho proyecto, con excepción de las inversiones transitorias de su capital de trabajo que hagan a la administración prudente de los fondos de la sociedad.

Serán considerados VPU; las sociedades anónimas, incluidas las sociedades anónimas unipersonales y las sociedades de responsabilidad limitada, las sucursales establecidas por sociedades constituidas en el extranjero de conformidad con el artículo 118 de la Ley General de Sociedades, las Sucursales Dedicadas, y las uniones transitorias y otros contratos asociativos.

Las ventajas que ofrece el RIGI tienen que ver con condiciones tributarias, aduaneras y cambiarias diferenciales.

En cuanto a lo impositivo tendrá una reducción del Impuesto a las Ganancias al 25%. Devolución de saldos a favor de IVA en un plazo no mayor a tres meses y se permitirá el cómputo del 100% del impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.

Las empresas tendrán una exención del pago de Derechos de Importación para traer bienes de capital, repuestos, partes e insumos. Durante los primeros tres años del proyecto no habrá tampoco derechos de exportación, o sea retenciones.

Finalizando encontramos incentivos cambiarios y beneficios en cuanto a las exportaciones estratégicas de largo plazo.

Los senadores y diputados radicales y Cambio Federal salieron a respaldar al gobierno que encabeza Kicillof manifestando “preocupación por la quita” del Fondo de Fortalecimiento Fiscal.

Según los legisladores opositores “la provincia de Buenos Aires viene siendo discriminada en materia de coparticipación federal desde hace varios años”.

Además, “la relación entre lo que los bonaerenses aportan y lo que reciben es abismal y ello perjudica la calidad de vida de las vecinas y los vecinos de cada pueblo o ciudad de nuestra provincia”.

Luego consignaron que “el gobierno nacional ha resuelto de modo intempestivo, mediante el dictado del decreto 192/2024, recortar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal”.

“El Presidente de la Nación y su equipo de gobierno creen que ahogando financieramente a la provincia de Buenos Aires van a disciplinar o castigar al gobernador Kicillof, pero en la realidad castigan y perjudican a todas y a todos los bonaerenses”, detallaron.

Y en ese sentido consideraron que “la búsqueda del equilibrio fiscal es esencial, pero la arbitrariedad y el conflicto no hacen otra cosa que poner en riesgo la salud, la educación, la seguridad y la vida de los argentinos”.

Para los legisladores opositores “el presidente debería enviar en forma urgente al Congreso de la Nación el Presupuesto 2024 para dar certidumbre del rumbo, de las políticas, de los recursos y de cómo piensa administrar el país”.

“Ello implica dotar de previsibilidad a cada provincia y a la ciudad de Buenos Aires, para poder proyectar con certeza la orientación y ejercicio de cada gobierno de nuestra forma federal de Estado, tal cual lo ordena la Constitución Nacional”, agregaron.

En un comunicado conjunto de senadores y diputados los integrantes de los bloques UCR Cambio Federal afirmaron que “siempre vamos a defender a nuestra provincia, a sus vecinos y sus intereses, más allá de los gobiernos que circunstancialmente la conduzcan; al mismo tiempo, en nuestro rol de representantes del pueblo de la provincia, exigimos que el gobernador cumpla con sus responsabilidades y con sus obligaciones”.

Y en ese sentido reclamaron que “resolver inmediatamente la situación de IOMA que está poniendo en serio riesgo la salud pública, garantizar el inicio y el normal desarrollo del ciclo lectivo en todas las escuelas y establecimientos educativos provinciales y promover seguridad para nuestros vecinos que no pueden vivir en paz, son las cuestiones a las que, Kicillof y su equipo, deberían abocarse de inmediato y sin excusas, tras cuatro años de gobierno”.

“Los bonaerenses no merecen ser castigados, ni por las peleas entre el presidente y el gobernador ni por la inacción de un gobierno provincial que fue elegido para resolver los problemas y no, para profundizarlos”, concluyeron los legisladores opositores.

La iniciativa, que es empujada por senadores de la bancada compuesta por radicales y aliados busca acompañar y potenciar un proyecto presentado por los diputados del mismo espacio al introducir un cuarto artículo para que la Comisión bicameral creada a los efectos de la emergencia, elabore un proyecto de ley con estrategias y propuestas a fin de buscar una solución real a la situación.

El bloque de diputados provinciales UCR + Cambio Federal presentó un proyecto para declarar de forma “urgente” la emergencia en materia sanitaria, económica y financiera del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), con el objetivo de paliar el déficit sanitario, económico y financiero de los últimos años.

A raíz de la crisis estructural que afecta a millones de bonaerenses y pone en riesgo el derecho a la salud en la provincia, la iniciativa busca posibilitar el funcionamiento del organismo en pos de cumplir con el mandato constitucional de promover el bienestar general.

En ese sentido, se establece la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control del Instituto Obra Médico Asistencial en el ámbito de la Legislatura bonaerense que estará integrada por seis diputadas/os y seis senadoras/es y que contará con la presencia en sus reuniones de la Defensoría del Pueblo, Asociaciones de Usuarios y Consumidores, Universidades, organizaciones sindicales, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, que redactará un proyecto de Ley, una vez finalizado su proceso de diagnóstico.

“Estamos frente a una situación crítica ya que hace tiempo que los prestadores de IOMA vienen denunciando importantes atrasos en los pagos y desactualizaciones en los costos de las prestaciones médicas; por lo que muchos profesionales de la salud decidieron cobrar adicionales o en otros casos han dejado de atender por IOMA”, dijo el senador Agustín Mospoli.

Por su parte, el senador radical marplatense Ariel Bordaisco se refirió puntualmente a la situación que se vive en su ciudad al sostener que “hay más de 100.000 afiliados a la espera de respuestas, la falta de diálogo con el IOMA se ha vuelto evidente”, y agregó “estamos atravesando años de desactualización en el acompañamiento de costos de prestaciones, pagos demorados a más de 90 días, han dejado al distrito sin el acceso adecuado a la atención médica. Es imperativo que el gobierno aborde y resuelva de manera urgente para garantizar el bienestar de sus afiliados”.