La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por Lucas Godoy (FdT), avanzó este miércoles con el dictamen del proyecto de “Ley Nicolás”, sobre seguridad del paciente, que ya contaba con aval de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. 

Durante el encuentro, uno de los autores del texto consensuado, el diputado Fabio Quetglas (UCR), señaló que “los sistemas públicos están siendo cuestionados en todo el mundo” y “la confianza en el sistema es una de las bases de su funcionamiento”. En ese sentido, “todo lo que podamos hacer por mantener la confianza en el sistema es bueno para la sociedad”, consideró. 

El radical aclaró que “esta no es una ley fundacional, hay muchas cosas que se han hecho” como la ley de digitalización de historias clínicas, recientemente, y destacó que “hubo un trabajo colaborativo muy intenso con todos los bloques, con todos los diputados” en la Comisión de Salud, desde donde también se dialogó “con muchísimos actores del sistema”. 

“Sabemos que el sistema de salud está en una situación de mucha fragilidad financiera, pero queríamos construir un instrumento que dé cuenta que a la Argentina no le resulta indiferente mantener estándares de seguridad dignos”, agregó. 

Por su parte, la otra impulsora del tema, la diputada Mónica Macha (FdT), explicó que se busca que en “los errores que pueden aparecer en la práctica médica”, los equipos de salud tengan “un espacio donde poder trabajar, que no se tape, que no se niegue”. “Separo, por supuesto, aquellos actos de negligencia grave; eso tiene otro tratamiento”, añadió.

La oficialista ponderó el “concepto de cultura justa” que incluye el proyecto, el cual “significa poder trabajar en términos de problematizar la práctica cotidiana”. “Hay muchas cosas que ya están en las leyes que tenemos, pero también las estadísticas muestran que es importante generar prácticas que permitan cambiar la cultura del maltrato y la violencia”.

El proyecto tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”. 

De acuerdo a la iniciativa, todas las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán cumplir con esta ley. A su vez, estas entidades tendrán que “dotar a su organización de los medios que permitan: establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables; diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas”, entre otros puntos. 

También se establece que “la autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos”, entre otros puntos. 

En el temario de este miércoles también se sumó otro proyecto que salió de la Comisión de Salud días atrás, y es que tiene que ver con regular el ejercicio profesional de los acompañantes terapéuticos. Desde Juntos por el Cambio anunciaron disidencias, pero aclararon que no eran para obstruir el dictamen. También quedó abierta la posibilidad de modificar la redacción cuestionada cuando la iniciativa se trate en el recinto. 

Al respecto, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) apuntó a “establecer un marco mínimo de formación adecuada del título que estamos intentando acreditar. Si bien es una ley de adhesión, la redacción no queda queda conforme a lo que es la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Profesional Técnica”.

En consonancia, la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) reconoció que “es una propuesta que viene a traer una solución muy importante”, pero “no tuvo giro a la Comisión de Educación”. “Menciona a los títulos de universidades, pero no menciona que tienen que ser de nivel superior”, observó. 

El proyecto define que “el ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico comprende a quienes con matrícula habilitante intervienen a través de un abordaje biopsicosocial integral, en el marco de un equipo interdisciplinario y/o por indicación de un profesional de la salud tratante a cargo, para facilitar la rehabilitación de la persona acompañada, prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover su reinserción en el ámbito comunitario, promoviendo el ejercicio efectivo de sus derechos, bajo el paradigma de salud comunitaria y colectiva”.

Y agrega que “la actividad del acompañante terapéutico se desarrolla a través de la práctica de estrategias terapéuticas no farmacológicas de asistencia en ámbitos institucionales, domiciliarios, ambulatorios y sociales-comunitarios sin distinción de género ni edad”. 

Por otra parte, avanzó el dictamen de un proyecto que busca establecer un régimen de patrimonio cultural inmaterial, con el objeto de “constituirse en un mecanismo de gestión para la identificación y clasificación de las expresiones patrimoniales culturales inmateriales que hay en todo el territorio nacional, con fines de salvaguardia, conservación, difusión y la creación de un registro de carácter público, en los términos de la Ley 26.118”.

Su autor, el diputado Hernán Lombardi (Pro) sostuvo que “el patrimonio cultural inmaterial ha sido valorizado enormemente en las últimas décadas como un elemento insustituible a la hora de generar identidad en un mundo global, preservar tradiciones, costumbres, voces, música”. “Esta ley tiene que ver con lo que hacemos los argentinos, esta ley viene a llenar un bache”, expresó. 

En la comisión también avanzaron proyectos para declarar Capital Nacional de la piedra “Rosa del Inca” -Rodocrosita- al departamento Andagalá de la provincia de Catamarca; el 29 de septiembre de cada año como el Día Nacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos; y el 31 de octubre de cada año como el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y la reforma.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados avanzó este martes con dos iniciativas consensuadas: una de ellas referida a la calidad y seguridad sanitaria, denominada “Ley Nicolás”; y otra sobre jerarquización de la actividad de los acompañantes terapéuticos. 

Sobre el primer proyecto, el diputado Fabio Quetglas (UCR), autor de una de las propuestas que se tomó para el dictamen, expresó su emoción y dijo que “la finalidad última de este tipo de iniciativas es que la sociedad mantenga los niveles de confianza que tiene con el sistema de salud en Argentina”. 

“Tener malas prácticas a la larga lo que hace es que la gente pierda la confianza en cualquier sistema”, continuó y explicó que “la seguridad es un elemento tan deseable como frágil, y por eso la ley, que logra mucho, probablemente no logre todo. De todas maneras es un hito muy significativo”.

La iniciativa presentada por Quetglas fue trabajada -entre otros- en conjunto con Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, que falleció en 2017 a raíz de un diagnóstico mal dado y en quien se inspira el nombre de la ley.

Sobre el proyecto, que ahora deberá ser tratado en las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, el legislador radical apuntó que “introduce instituciones nuevas como el registro del evento centinela y le da rango legal a la certificación de las capacidades de los profesionales”.

A su turno, la diputada Mónica Macha (FdT), impulsora del otro texto que se tomó para el dictamen, destacó el rol de “las organizaciones que le pusieron letra a este proyecto enmarcado y sostenido por profundos dolores irreparables”. Esta ley se trata de “cómo comunitaria y socialmente trabajamos para que esas situaciones no vuelvan a repetirse” y de “construir una práctica sanitaria que no avance o dé lugar a situaciones y daños irreparables”. 

“Este es un proyecto que se basa en la prevención y por eso apuntamos también a la capacitación. Viene a aportar a un cambio cultural”, agregó la oficialista y subrayó que contempla “la posibilidad, que es un derecho, que los pacientes y sus familias puedan saber cuáles son las decisiones que se toman sobre su cuerpo, sobre el proceso de enfermedad que están pasando, que tengan la información”. 

Durante el debate, la diputada Rossana Chahla (FdT) afirmó que “nosotros conocemos cuáles son los errores médicos más frecuentes, pero nunca están documentados. Documentar eso nos va a permitir la prevención”. “Esto va de la mano de la calidad; la calidad en salud no es una opción, es una obligación”, señaló y añadió que “es un avance muy importante, hay que estar muy de cerca en la reglamentación”.

El legislador Rubén Manzi (CC-ARI) coincidió en que “es una excelente iniciativa y más que necesaria en nuestra estructura de salud”, pero observó que veía como “difícil en la operatividad” la “verificación de la capacidad psicofísica del equipo de salud” sobre todo en “la capacidad de control y monitoreo permanente”, ya que eso “significa estructuras y una cultura que hoy no existe, y seguramente también erogaciones económicas para efectivizarlo”. No obstante, valoró que “se logró sintetizar un proyecto proactivo”. 

El otro de los temas que avanzó fue un proyecto de regulación del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico a partir de iniciativas de Soledad Carrizo (UCR), Virginia Cornejo (Pro) y Daniel Gollán (FdT).

Al tomar la palabra, la legisladora Soledad Carrizo reconoció la “unidad” que logró “el colectivo de acompañantes terapéuticos”, que “ha ido madurando y logrando esta mirada de entendimiento de que había que trabajar sobre este proyecto de ley, más allá de las regulaciones provinciales” en 13 distritos. La cordobesa celebró que “más allá de los vaivenes que tenemos en Argentina hay un punto en común cuando queremos encontrarlo”. 

En tanto, el diputado Daniel Gollán resaltó que “hay demandas que en estos tiempos se corporizan en movimientos muy grandes” a través de la organización, facilitada por las redes sociales, de distintos colectivos y “así fue el caso de las acompañantes terapéuticas”, quienes “previamente a venir a vernos tienen el tema estudiado y consensuado”. 

Al reflexionar que “antes era el médico y sus auxiliares, pero hoy tenemos un montón de otros actores del sistema de salud que necesitan formalizar su participación”, el oficialista aseguró que es necesario “darles un criterio de homogeneidad para todo el país y la entidad que merecen”. 

La presidenta de la comisión, Mónica Fein (PS), ponderó que “los acompañantes terapéuticos fueron actores fundamentales de la inclusión, de los procesos de cambio” en los últimos años y “las provincias lo vivieron primero, creando distintos mecanismos de capacitación”. “Hay un desafío que seguramente (el Ministerio de) Educación tendrá que tomar de unificar los procesos de formación, como lo plantea este proyecto”, sumó. 

Otro de los que habló fue el diputado Luis Di Giacomo (JSRN), quien consideró que “hay que ir rumbo a la licenciatura, y esto muy importante porque hay mucha gente de origen humilde que lamentablemente es engañada por pseudo-institutos privados, terciarios, que te dan 100 horas, 50 horas de un curso y te recibís de acompañante terapéutico, pero después no sirve para nada”. “Con esta ley estamos avanzando en cuestiones que van mucho más allá de reconocer la actividad profesional de gente que integra el equipo de salud”, remarcó. 

“Ley Nicolás”

El proyecto tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”. 

De acuerdo a la iniciativa, todas las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán cumplir con esta ley. A su vez, estas entidades tendrán que “dotar a su organización de los medios que permitan: establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables; diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas”, entre otros puntos. 

También se establece que “la autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos”. 

“A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación periódica de las condiciones psicofísicas del equipo de salud. Este requisito será aplicable en los plazos que se determinen por vía reglamentaria”, estipula otro de los artículos.  

La iniciativa determina que “el equipo de salud debe realizar capacitaciones periódicas en materia de calidad y seguridad de la atención sanitaria y legislación vigente vinculada a temáticas de acceso al derecho a la salud, independientemente del área y cargo en el que se desempeñe”. 

Entre otros aspectos, adhiere al Día Mundial de la Seguridad del Paciente, instituido el 17 de septiembre de cada año, “con el objetivo de promover una agenda que busque generar la cultura de la seguridad en el diseño y la prestación del servicio de salud”. 

Regulación del ejercicio de acompañantes terapéuticos

El proyecto define que “el ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico comprende a quienes con matrícula habilitante intervienen a través de un abordaje biopsicosocial integral, en el marco de un equipo interdisciplinario y/o por indicación de un profesional de la salud tratante a cargo, para facilitar la rehabilitación de la persona acompañada, prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover su reinserción en el ámbito comunitario, promoviendo el ejercicio efectivo de sus derechos, bajo el paradigma de salud comunitaria y colectiva”.

Y agrega que “la actividad del acompañante terapéutico se desarrolla a través de la práctica de estrategias terapéuticas no farmacológicas de asistencia en ámbitos institucionales, domiciliarios, ambulatorios y sociales-comunitarios sin distinción de género ni edad”. 

La iniciativa contempla artículos referidos a las condiciones de habilitación; los derechos y obligaciones; las prohibiciones (entre ellas prescribir medicamentos, drogas o fármacos); el registro de sancionados e inhabilitados; y la inclusión en el Programa Médico Obligatorio todas las actividades desarrolladas por acompañantes terapéuticos, entre otros aspectos. 

Además, determina que “para el ejercicio profesional los acompañantes terapéuticos deberán inscribir previamente el título habilitante ante las autoridades competentes designadas por las jurisdicciones locales”. 

“El Poder Ejecutivo Nacional deberá promover ante los organismos que correspondan la creación de la carrera de acompañante terapéutico a cargo de Universidades e Institutos de educación superior, de gestión pública y privada y la unificación de la currícula”, dispone. 

La diputada nacional y vicepresidenta del bloque Frente Todos, Cecilia Moreau, presentó un proyecto de ley para regular la actividad de los acompañantes terapéuticos como colaboradores de la medicina.

El proyecto establece que podrán ejercer la actividad aquellas personas con título habilitante que actúan como soporte cotidiano de otras que se encuentran bajo tratamiento, rehabilitación o reinserción social por padecimientos de salud.

“El trabajo de los acompañantes terapéuticos mejora la calidad de vida de las personas porque articula la integración del tratamiento con la vida cotidiana, asegurando una adecuada socialización y seguimiento. También alivia la carga física y emocional del entorno familiar y social de la persona tratante”, explicó Moreau en su iniciativa.

La legisladora señaló que “las experiencias en tratamientos de discapacidad, autismo, geriatría, oncología, psicosis, han demostrado el importante rol de esta disciplina”. “Sin embargo -advirtió-, en la actualidad, solo resulta accesible para aquellos que cuentan con el poder adquisitivo necesario para abonarlos”.

De aprobarse la ley, los acompañantes terapeúticos podrán integrar los planteles de personal del sistema de salud público, privado o de la seguridad social; educativo -de gestión estatal o privada-; y de desarrollo comunitario, así como ejercer la docencia terciaria y universitaria.

“Brindar un marco regulatorio para el ejercicio profesional de esta actividad, no solamente responde a la necesidad de legitimar esa labor, sino que también pretende establecer sus alcances”, ´puntualizó Moreau.

Acompañaron con su firma los diputados Felipe Álvarez, Rosana Bertone, Esteban Bogdanich, Pablo Carro, Mayda Cresto, Omar Félix, Eduardo Fernández, Alcira Figueroa, Danilo Flores, Lucas Godoy, Estela Hernández, Susana Landriscini, Dante López Rodríguez, Gladys Medina, Carolina Moisés, Ariel Rauschenberger, Ayelén Spósito, Fernanda Vallejos, Jorge Verón, Liliana Yambrún y Carolina Yutrovic.