En el marco del 29 aniversario del ataque terrorista perpetrado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conmemoró esa triste fecha y volvió a exigir justicia por las 85 víctimas fatales.

Al mismo tiempo que instaron “a las autoridades judiciales a promover todas las medidas necesarias para individualizar y sancionar a los responsables, y acompaña a los familiares de las víctimas en el reclamo de verdad y justicia”.

La iniciativa en cuestión fue impulsada por la legisladora del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira, quien precisó que “en el ataque murieron 85 personas que se encontraban en el edificio y sus alrededores, contabilizando más de 300 personas que resultaron heridas. La explosión se hizo sentir en todo el barrio de Once y a varios kilómetros a la redonda. Asimismo, más de 100 hogares y comercios cercanos a la sede fueron destruidos por la explosión”.

“Este ataque fue una clara afrenta a la comunidad judía y a toda nuestra sociedad en su conjunto, un acto salvaje que intentó socavar la convivencia en la cual nuestro país vive desde hace décadas, destruyendo a las familias de las víctimas que siguen clamando hasta hoy por justicia”, señaló y detalló que “solo dos años antes, más precisamente el 17 de marzo de 1992, otro ataque terrorista a la Embajada de Israel se llevó la vida de 22 personas y más de 240 resultaron heridas”.

Al mismo tiempo que advirtió que “más recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 25 de marzo de 2021 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su informe donde determinó que los órganos estatales a cargo de la investigación del atentado cometieron graves falencias y desviaron deliberadamente la investigación durante más de ocho años. Esas conductas y omisiones, siguiendo a la CIDH, representan actos de encubrimiento deliberado y constituyen la principal razón por la cual el atentado permanece hasta hoy impune”.

“A 29 años del atentado, las demoras y las maniobras de encubrimiento en el procedimiento judicial afectan el derecho a la verdad sobre lo ocurrido. La causa AMIA no soporta más desprolijidades ni mínimas sospechas de irregularidad. Las víctimas, los familiares y toda la sociedad argentina en su conjunto merecen, de una vez y para siempre, un proceso justo y serio, que traiga verdad y justicia, y evite nuevos atentados y encubrimientos”, sentenció Neira.