La confederación manifestó su “honda preocupación y angustia”, tras la audiencia con la ministra de Seguridad Sabina Frederic, y el ministro de Agricultura Luis Basterra.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, junto a miembros de la Mesa Ejecutiva, y el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), expusieron la gravedad de las distintas tomas y usurpaciones que se vienen sucediendo en distintas provincias y el accionar de la Justicia, federal o provincial en cada caso, manifestando que la demora propia de la burocracia judicial “impide respuestas rápidas y efectivas que pongan fin a los hechos denunciados”.
Asimismo, destacaron la necesidad de respuestas concretas, que desalienten e impidan la toma de tierras, amparadas por distintas organizaciones sociales.
Tanto la ministra Sabina Frederic, como el ministro Luis Basterra, hicieron fuerte hincapié en sostener el pleno respeto a la propiedad privada y sostuvieron que “desde sus áreas de competencia no se alientan ni apañan tomas de tierras bajo ningún concepto”, y ofrecieron un ámbito de recepción de hechos denunciados comprometiéndose a buscar instrumentos que pongan fin a la violación de propiedades privadas, correspondan estas al ámbito tanto público como privado.
CRA instó a las autoridades a “sostener una posición uniforme” por parte de los distintos integrantes del Gabinete nacional en “respetar plenamente la propiedad privada como punto central en el desarrollo productivo y la convivencia pacífica de la sociedad”.
Alertaron sobre un proyecto de Máximo Kircher y referentes de otros bloques de Diputados, que busca evitar la especulación inmobiliaria en tierras incendiadas.
Confederaciones Rurales Argentinas expresó su “enorme preocupación” ante el avance de un proyecto de ley de modificación de la ley conocida como manejo del fuego (Ley 26.815), a través del cual se generan sanciones gravísimas para los productores titulares de la tierra que sufren un incendio, que se suman al hecho de ver quemados sus campos, advierte la entidad.
Sostiene CRA que el proyecto en cuestión no distingue entre incendios provocados e intencionales y tampoco si fueron provocados por terceros ajenos al titular del predio. Es decir, “se iguala sin distinción de responsabilidades, siendo siempre víctima del castigo propuesto el titular registral del inmueble”.
Se trata de una modificación de la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego, por la que se prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios. Estas modificaciones implican cambios en la actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego. Será por el término de 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales.
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“Llama la atención la manifiesta intencionalidad de la norma que pretende ejemplificar bajo el supuesto ideológico que los propietarios queman sus campos, cosechas e instalaciones para hacer negocios futuros”, expresó la entidad a través de un comunicado, en el que advierten que “cuesta entender la razonabilidad política del proyecto que parece inspirarse en el desconocimiento de lo que sucede con los incendios, o peor aún por el desprecio a encontrar soluciones al verdadero problema de los incendios y sus causas reales”.
Sólo por mencionar unos ejemplos, Confederaciones Rurales recuerda que este año en la provincia de Formosa se han quemado más de 500.000 hectáreas, zonas de pastizales, montes bajos, sotobosques, producto de la sequía. En Córdoba, se han incendiado casi 200.000 hectáreas en su mayoría de zonas serranas sin valor productivo y mucho menos inmobiliario, zona de bosque nativo, aplicándose esta nueva ley sería muy difícil de reparar el sistema vegetativo que se quemó.
En ese marco, CRA instó a los diputados y senadores a “rechazar esta modificación normativa, carente de razonabilidad y con un doble castigo a quien ha sufrido un incendio, que, como se ha demostrado muchas veces obedece a la intencionalidad de terceros”. “Reformar una ley debe ser siempre la búsqueda de una norma superadora y no un acto de irracionalidad política fundado en prejuicios inaceptables”, advirtieron finalmente.
