El plenario de comisiones continúa trabajando sobre ese proyecto y se reunió con Luis Cevasco, ex fiscal de la Ciudad, compartió su experiencia de más de 50 años en el sistema penal.
Tal y como lo viene informando parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa llevando a cabo el debate acerca de la creación del sistema penitenciario porteño y recibió a funcionarios que aportaron su experiencia para seguir trabajando el proyecto.
De esta manera, la discusión se llevó a cabo en el marco de un plenario de comisiones conformado por la de Justicia (presidida por Inés Parry de la UCR-EV), Legislación del Trabajo (Matías Barroetaveña de UP), Seguridad (Gimena Villafruela de VxM) y Asuntos Constitucionales (Hernán Reyes de la CC ARI).
Del encuentro participaron diversos especialistas para enriquecer el debate parlamentario, como Luis Cevasco, ex fiscal de la Ciudad, compartió su experiencia de más de 50 años en el sistema penal, quien señaló la necesidad de distinguir entre los distintos perfiles de personas privadas de la libertad y reflexionó sobre el trabajo y el deporte como ejes de reinserción.
Por su parte, el abogado penalista Gabriel Lezzi, focalizó en la situación de personas detenidas en comisarías: “ni los lugares ni el personal están preparados para alojar presos” advirtió, en base a lo cual subrayó la urgencia de que la Ciudad cuente con un servicio penitenciario propio y con una ley de ejecución de la pena que regule cómo deben cumplirse las condenas, destacando la necesidad de incorporar herramientas modernas como la virtualidad en audiencias, que reducen costos y riesgos de traslado.
También estuvo presente la Fundación Espartanos, a través de su directora ejecutiva, Dolores Irigoin, quien presentó la experiencia de la organización enfocada en el rugby como puerta de entrada a un proceso de transformación; mientras que el investigador de la UBA Juan Pablo Parchuc, director del Programa de Extensión Universitaria en Cárceles, planteó la necesidad de separar las funciones de seguridad de las educativas, sanitarias y laborales, que según su opinión, deberían estar en manos de profesionales civiles y con autonomía institucional.
Asimismo, Andrea Casamento, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, destacó la oportunidad histórica que tiene la Ciudad de “pensar un sistema penitenciario desde cero” y Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora, relató su experiencia como magistrado a cargo del control de cuatro cárceles en Ezeiza, consideró fundamental diferenciar las problemáticas de varones y mujeres y recomendó agrupar a los internos por edad y tipo de delito.
Un plenario de comisiones conformado por las de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad y Legislación del Trabajo, sigue profundizando sobre los proyectos de Ley vinculados al tema.
En el marco de un debate que lleva ya varios meses, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa avanzando con la discusión en torno a la creación y régimen jurídico del servicio penitenciario de la Ciudad y la ejecución de la pena privativa de libertad.
De esta manera, un plenario de comisiones conformado por las de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad y Legislación del Trabajo volvió a reunirse con diputados y funcionarios porteños.
El encuentro se llevó a cabo en el salón San Martín y contó con la presencia de Inés Parry, María Fernanda Mollard (UCR-Ev), Gimena Villafruela, Sergio Hernán Siciliano, Paola Michielotto, Ignacio José Parera (VxM), Matías Barroetaveña, Claudia Neira, María Bielli, Victoria Freire, Franco Vitali, Graciana Peñafort, Claudio Ferreño (UP), Rebeca Fleitas, Silvia Imas (LLA), Yamil Santoro (RU) y Claudio Ariel Romero (VF). También estuvieron en el recinto el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad, Leandro Halperin, junto a su equipo.
Halperín fue el encargado de seguir profundizando sobre distintos ejes de discusión que fueron planteados a lo largo de las jornadas anteriores. Al respecto, manifestó que “la ley 24660 plantea un modelo de tratamiento individualizado en función de los criterios que surgen desde el inicio de la pena privativa de libertad como consecuencia del delito” y aseguró que “el desafío es darle un valor agregado”.
En cuanto a la soltura, según el funcionario, no se “prevé ningún plazo diferente al de la Nación, pero sí prevé hacer distintas cosas en las etapas intermedias” y detalló que el Ejecutivo propone tres etapas: “la primera que es de observación durante un período muy corto, ya se trate de privados o no de libertad. En ese sentido proponemos que el Estado se ocupe de todos los condenados, y no solamente de los que van a estar en la cárcel” la cual clasificó como “una mirada nueva”.
Una segunda, de tratamiento, según el diagnóstico previo, las condiciones de infraestructura que el Estado tiene en contexto de encierro, los recursos que el Estado ponga a disposición y, fundamentalmente con el acuerdo que la persona haga del plan de actividades en el marco del Plan de Vida.
Y, la tercera y última describió como “la de prueba, que también tiene un plazo temporal”.
Respecto al tema sobre las medidas sustitutivas al encierro aclaró que “se toman los criterios temporales de similares características de la legislación vigente en el país” pero destacó que en relación a situaciones de madres y a padres, o a otro tutor parental, con hijos menores de cinco años y con alguna discapacidad no se contempla “para ambos a la vez, sino, a uno u a otro”, a lo que calificó como algo “innovador” y profundizó que “también, en estos casos, va a haber Plan de Vida para esas personas”.
Con la presencia del subsecretario de Política Criminal, Leandro Halperín, continuó el debate en torno a la creación del servicio penitenciario y la regulación de la pena privativa de la libertad.
En un plenario de comisiones conformado por la de Justicia -que preside Inés Parry (UCR-Ev)-, Legislación del Trabajo -a cargo de Matías Barroetaveña (UP)-, Seguridad –conducida por Gimena Villafruela (VxM)- y Asuntos Constitucionales -encabezada por Hernán Reyes (CC ARI)-, se reunió con el subsecretario de Política Criminal, Leandro Halperin, para trabajar sobre la ejecución de la pena privativa de la libertad en la Ciudad, en el marco de la ley de creación del sistema penitenciario porteño.
La discusión giró en torno a derechos y obligaciones en el ejercicio del poder disciplinario de las personas privadas de la libertad en contexto de encierro. El trabajo se centra en el proyecto de Ley presentado por el poder ejecutivo y la consideración de distintos proyectos impulsados por diferentes bloques para encontrar un texto unificado que pueda ser debatido en el recinto.
Entre los temas abordados está el desarrollo de un “Plan de Vida” que impulse a las personas condenadas a estar incluidas dentro de distintos programas durante el cumplimiento de la condena: de educación, trabajo, cultura y salud.
También se planteó que la oferta del Plan de Vida sea opcional y no tenga implicancia en la reducción de la pena, persiguiendo la idea de que nada altere la condena fijada, buscando que se respeten los contextos de encierro obligatorios.
En cuanto a las instalaciones, en los planteos está la necesidad de diferenciar ciertos lugares para cuestiones particulares, como mujeres embarazadas o establecer condiciones diferenciadas de alojamiento a jóvenes de 18 a 25 años.