Tras la aprobación del proyecto sobre Ganancias, la Cámara baja avanzó en la sesión de este martes con otra iniciativa enviada por Sergio Massa, referida en este caso al “Empleo PyME”, que plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales para nuevos puestos de trabajo y beneficios para las empresas que blanqueen a sus empleados.

La iniciativa cosechó 130 votos afirmativos, 3 negativos -correspondientes a los diputados de izquierda Myriam Bregman, Romina del Pla y Alejandro Vilca- y 63 abstenciones. Juntos por el Cambio, tal cual solicitó Cristian Ritondo antes de la votación, se abstuvo.

Como miembro informante, el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, abrió la ronda de debate al precisar los objetivos del programa de fortalecimiento de empleo mi pyme: “Fomentar la contratación formal de trabajadores, es decir lograr un nivel de crecimiento y actividad privada, en particular jóvenes; formalizar el trabajo que no está registrado; impulsar la transformación de los que hoy son beneficiarios de programas sociales en trabajo formal, registrado y privado”.

“La informalidad se concentra principalmente en las micro empresas. De acuerdo a la información que se nos presentó hoy en día en las empresas de hasta 5 trabajadores hay algo menos de 75% de informalidad. En las de entre 6 y 40, hay un 35%. Entre las de 41 y 100 hay un 15%, y en las de más de 100 un 12%”, precisó Heller y señaló que el proyecto hace foco en las unidades productivas de hasta 5 trabajadores principalmente, pero indicó que “también alcanza a las medianas y grandes empresas cuando se trata de la contratación de nuevos empleados que poseen planes sociales”.

En ese sentido, Heller sostuvo que hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla el proyecto porque “estamos apuntando a incorporar, y solo tiene el régimen valor, cuando se trata de incrementar la cantidad de trabajadores”.

Entre los beneficios de contratación de empleo incremental, los empleadores como condición no tendrán que registrar obligaciones previsionales que sean líquidas y exigibles pendientes de pago, el plazo de la reducción de las cargas patronales se extendería a 24 meses y alcanza al sistema integrado de previsión argentina, al Fondo Nacional de Empleo, al PAMI, al Régimen de Asignaciones Familiares.

“Esta reducción de las cargas no incluye ni la obra social ni la ART son dos obligaciones que se mantienen vigentes. Las micro, pequeñas o medianas o entidades sin fines de lucro cuyos objetivos sean la prestación de servicios sociales gratuitos recibirán hasta un 100% de reducción por 24 meses”, agregó Heller.

Además, señaló que para acogerse a los beneficios de la norma, la regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la presente ley. “Cuando se regularicen hasta 10 trabajadores inclusive el beneficio para los empleadores significa la extinción de acción penal relativa a la Ley Penal Tributaria, la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), la condonación de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios que tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social”.

“Estos beneficios por incorporar hasta 10 trabajadores los recibe las micro, mediana y pequeña empresa en un 100%. La mediana en un tramo 1 en 80% y tramo 2 en un 60%. A partir del trabajador 11 las micros y pequeñas empresas y sin fines de lucro siguen teniendo el 100% de los beneficios de regularización. La mediana tramo 1 y 2 solo el 100% en los intereses, multas y punitorios excluyendo la condonación de capitales para estas últimas”, agregó el diputado.

El beneficio para trabajadores regularizados contó que es la computación a los fines de la seguridad social hasta 60 meses de servicio previo, el decaimiento de los beneficios se producirá en los casos de que en la unidad emperadora reincida en tener personal no registrado y no declarado, tener obligaciones previsionales liquidas y exigibles pendientes, estar sujeto de sanciones, incurrir en prácticas laborales indebidas o reducir la nómina laboral.

“Este proyecto apunta a la reducción del trabajo informal uno de los problemas más graves, fomentar la contratación formal para aumentar el empleo en la actividad privada es el objetivo principal, formalizar el trabajo que hoy no está registrado, impulsar la transformación de los que son beneficiarios de planes sociales en trabajo formal registrado, contribuye a atender a los sectores más débiles de la sociedad a través de medidas”, cerró.

A continuación, el mendocino Lisandro Nieri cuestionó el “trámite exprés” que había tenido el proyecto, “sin considerar numerosos proyectos que tenemos de nuestro bloque”. En ese sentido consideró que el dictamen de minoría representa “una propuesta superadora que apunta a una mayor registración de empleo formal”, que permitiría “aumentar la competitividad entre las pequeñas y medianas empresa y tiene un cálculo fiscal, está valorizado y es factible”.

A juicio del diputado radical, el proyecto de JxC mejoraría también la posición de nuestras empresas en comparación con otros países de la región. En ese sentido comentó que “el esquema fiscal impacta sobre las posibilidades que tienen las PyMEs para generar empleo registrado”. Al respecto expresó que la informalidad en las empresas de menos de 5 empleados es de 59%; en establecimientos de entre 6 y 15 empleados, se reduce a 31%; y pasa a la mitad, 15%, cuando se trata de establecimientos de entre 16 y 40 ocupados. “Después, baja sensiblemente a niveles de 10%”, aseguró.

Nieri precisó a continuación que “en los últimos diez años la Argentina no ha logrado reducir la informalidad, comparando con los mismos países de la región que en el mismo período han bajado sustancialmente la informalidad. Argentina mantiene el mismo nivel de informalidad que hace 9 años”.

Al detallar el dictamen de minoría, Nieri dijo que con el mismo “logramos una detracción de un salario mínimo para los primeros 25 empleados a partir del empleado 26, esa detracción es de un cuarto de un salario mínimo vital y móvil, y el costo pasa a ser de un 0,3% del producto”.

“Si lográramos con esta medida 7 puntos de formalidad, parecido a lo que sucede en la región, el costo fiscal desaparece”, aseguró. Así las cosas, el diputado radical dijo que “proponemos una modificación de las sanciones judiciales por trabajo no registrado; el sistema de sanciones fracasó, no ha logrado mayor registración”.

Por último, dijo que el proyecto opositor establece un incentivo laboral para el empleo joven, según el cual las contribuciones a pagar por los empleadores de estos jóvenes tendrán beneficios para los dos primeros años y se extienden a 4 cada vez que el empleador acompaña al joven en sus distintos niveles de formación educativa”.

El economista Ricardo López Murphy planteó que “el problema del empleo informal es de una extraordinaria gravedad en Argentina como el problema de la baja empresarialidad”. Así, alertó que el problema de la informalidad es “permanente” debido a “malas leyes organizativas del mercado de trabajo y en materia impositiva”.

En ese sentido, opinó: “Lo que debemos hacer es una reforma de carácter más amplio que la que propone el oficialismo y debe tener carácter permanente”. López Murphy recordó que hizo una presentación al respecto que propone una serie de modificaciones que “serían pertinentes para logar esa finalidad de la permanencia, la eliminación de las multas, un régimen distinto del periodo de prueba, un régimen distinto de gravamen a la nómina salarial”.

A su turno, Alejandro “Topo” Rodríguez cuestionó al Gobierno por no haber tenido durante los primeros cien días una política industrial. Según el diputado de Identidad Bonaerense, primero el Gobierno se dedicó a arreglar las deudas, lo cual “le hizo regalar al Gobierno los primeros 100 días, porque el 102 se empezaron a aplicar las medidas de la pandemia. Ningún gobierno debe regalarle a nadie los primeros cien días”, se quejó, y enfatizó: “Nunca el Gobierno tuvo una política industrial sólida, vigorosa”.

Según OCDE, detalló “Topo” Rodríguez, la Argentina tiene el 45% de sus trabajadores en la informalidad: más de 8 millones de personas. Tiene además 1.700.000 MiPyMEs certificadas oficialmente, que a juicioi de Rodríguez explica más del 40% de la producción nacional, y entre el 75 y 80% del empleo. “En la Argentina, el empleo lo generan las PyMEs, no la inversión extranjera directa”, explicó Rodríguez, quien admitió que “mejorar los incentivos va en la buena dirección”.

“Pero hace falta un componente fundamental, una gran cruzada nacional de formación o recalificación laboral para que se encuentren los incentivos tributarios con las capacidades demandadas por las MiPyMEs en la Argentina”.

Asimismo sostuvo que al proyecto le falta una orientación a la inversión, que también se explica por la decisión que toman quienes invierten para producir en las PyMEs.

Qué prevé el proyecto

El proyecto del Poder Ejecutivo plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales por dos años para aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 25 años.

El programa contempla dos beneficios. El primero, consiste en una reducción de contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la ley, siempre que incrementen la nómina laboral de cada empleador.

Por otra parte, se otorgan beneficios a aquellos empleadores que conviertan, de manera gradual, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal que respeten un criterio de representatividad federal, o bien generen oportunidades de acceso al mercado laboral, incluyendo a los jóvenes que ingresen por primera vez.

Se contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100% para PyMEs en los casos de contratar a alguien que no percibe planes sociales, a alguien que sí y a un joven entre 18 y 25 años.

Para el resto de las empresas el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.

Pero además de la reducción total de las cargas sociales para las nuevas relaciones laborales, la iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales.

En este sentido, por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART.

El trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios). También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.

De acuerdo a esto, la empresa “podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.

A su vez, el trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.

Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.