Diputados opositores expresaron preocupación por la demora de más de tres años en el trámite que mantiene pendiente la Corte Suprema. Advierten riesgos para la cooperación judicial internacional y mencionan posibles vínculos del acusado con dirigentes políticos locales.
Un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para expresar su “profunda preocupación” por la falta de definición de la Corte Suprema en torno al pedido de extradición de Federico Andrés “Fred” Machado, empresario argentino detenido en abril de 2021 en Neuquén y requerido por la Justicia de los Estados Unidos en el marco de una investigación por narcotráfico y lavado de activos transnacional.
La iniciativa lleva la firma de Ana Carolina Gaillard, Jorge Herrera, Carlos Castagneto, Sergio Palazzo, Mónica Macha, Jorge Romero, Ricardo Daives, Andrea Freites, Juan Manuel Pedrini y Jorge Chica, quienes subrayan que la demora del máximo tribunal —estimada en más de tres años y cuatro meses— “afecta la credibilidad de la Argentina en materia de cooperación judicial internacional” y obstaculiza las investigaciones en curso.
Según el texto, la gravedad de las imputaciones contra Machado, investigado en Texas como parte de una organización criminal transnacional, obliga a una respuesta judicial “pronta y efectiva”. Los diputados recuerdan que ya existe un fallo del juez federal Gustavo Villanueva, de Neuquén, que en abril de 2022 declaró procedente la extradición y dispuso que el acusado permanezca bajo arresto domiciliario hasta su entrega al país requirente.
El proyecto también detalla la participación activa de organismos argentinos en el proceso: la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Dirección de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) y la Fiscalía Federal N.º 2 de Neuquén, que junto al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y la PSA lograron identificar y detener a Machado cuando ingresó desde México.
Desde el punto de vista institucional, los legisladores advierten que la dilación “opera en favor de las estructuras criminales, que pueden reorganizarse, fugar capitales y borrar rastros patrimoniales”. También plantean que la falta de definición del Máximo Tribunal puede afectar el cumplimiento de tratados multilaterales como la Convención de Naciones Unidas contra el Narcotráfico y la Delincuencia Organizada Transnacional.
El texto suma un componente político delicado: menciona publicaciones periodísticas que vinculan a Machado con dirigentes argentinos en actividad, entre ellos José Luis Espert, actual presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados. De acuerdo con investigaciones difundidas por medios como Noticias y Perfil, existirían indicios de que el empresario habría financiado parte de la campaña del legislador.
En ese marco, los firmantes exhortan a los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti a acelerar la definición del expediente “en resguardo de la cooperación judicial internacional, la transparencia institucional y la integridad de las investigaciones en curso”.
Con este pronunciamiento, Unión por la Patria busca instalar en el Congreso la preocupación por la demora en un expediente que consideran de “notoria relevancia institucional, judicial e internacional”, y que combina el avance del crimen organizado con potenciales conflictos de interés en la política argentina.
Acusado por el delito de contrabando, el exsenador nacional fue detenido este martes junto a su secretaria Iara Guinsel Costa.
El exsenador nacional Edgardo Kueider fue detenido este martes por la policía de Paraguay, luego de la orden del juez Rolando Duarte, para dar comienzo al proceso de extradición hacia la Argentina.
El entrerriano permanecía en prisión domiciliaria junto a su secretaria Iara Guinsel Costa en un inmueble de la ciudad de Asunción.
Acusado por presunto contrabando de divisas, Kueider fue arrestado en el Puente de la Amistad -frontera entre Paraguay y Argentina- el pasado 4 de diciembre, cuando se trasladaba con 200 mil dólares en efectivo sin declarar, más otra suma de pesos argentinos y guaraníes.
El pedido de extradición fue requerido desde Argentina por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien investiga a Kueider por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en la causa Securitas, referida al pago de coimas por parte de esta empresa de seguridad privada a funcionarios públicos de distintos organismos, entre las que está involucrada la empresa estatal de energía de Entre Ríos, de la que Kueider fue director entre 2016 y 2018.
El juez aclaró en declaraciones a medios paraguayos que la detención no implica “la extradición inmediata” sino el “inicio formal del proceso”.
La fiscalía de Paraguay había rechazado previamente tres veces el planteo de Arroyo Salgado por problemas formales para evitar nulidades. Estas fallas fueron corregidas desde el Juzgado de San Isidro.
A raíz de su detención en el país vecino y las acusaciones en su contra, Kueider fue expulsado rápidamente del Senado el 12 de diciembre del año pasado.
Los acuerdos despachados obligan a la República Argentina a entregar a personas que sean requeridas por las autoridades competentes para ser sometidas a un proceso penal. Todas las iniciativas tiene suscripción entre 2017 y 2019.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados pasó a la firma este martes cinco proyectos relacionados a acuerdos internacionales sobre tratados de extradición. Todos los textos contaban con el despacho de Relaciones Exteriores y Culto.
El encuentro estuvo encabezado por la presidenta de la comisión, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien recordó la reunión plenaria de este miércoles a las 10 para debatir sobre el proyecto de baja en la edad de imputabilidad, en la previa a la sesión especial solicitada por la oposición dialoguista para tratar los textos del cripto escándalo.
En el final de esta reunión, el diputado rionegrino Martín Soria informó que desde Unión por la Patria volvían a sugerir a Rodolfo Tailhade como secretario de la comisión. La moción no presentó objeciones y fue aprobada por unanimidad.
El primero de los proyectos dictaminados este martes fue el tratado de extradición entre la República Argentina y la República de Chile, suscripto en la ciudad de Santiago el 5 de diciembre de 2023. Ambas naciones se obligan a entregar recíprocamente a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios, que sean requeridas por las autoridades competentes para ser sometidas a un proceso penal, para ser juzgadas o para la ejecución de una pena privativa de la libertad, por un delito que dé lugar a la extradición.
Con el mismo sentido, se aprobaron los tratados de extradición con la República Italiana, la República de Polonia, con la República de Serbia y Costa Rica. Las cinco iniciativas aprobadas tienen suscripción entre 2017 y 2019.
Dura reacción de la vicepresidenta ante el anuncio de que el Gobierno de Boris Johnson extraditará a Estados Unidos al fundador de WikiLeaks.
El gobierno británico firmó este viernes la extradición del creador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde está acusado por haber difundido documentos confidenciales, razón por la cual podría esperarle una pena de hasta 175 años de prisión.
Los defensores del periodista anunciaron que apelarán esta decisión que marca “un día negro para la libertad de prensa”, afirman.
Ante ello se expresó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien tuiteó este sábado que “la decisión de habilitar la extradición de Julian Assange no solo pone en peligro su vida sino que además marca un precedente alarmante para todos los y las periodistas del mundo que investigan y buscan la verdad: disciplinamiento periodístico para todos y todas”.
No es la primera vez que la exmandataria se pronuncia sobre la situación de Assange. En 2019, antes de ser electa vicepresidenta y luego de que éste fuera detenido en la embajada de Ecuador en Londres donde se encontraba, Cristina se pronunció diciendo: “En el mundo al revés, las noticias falsas circulan libremente y aquellos que revelan la verdad son perseguidos y encarcelados. El derecho ala información de los ciudadanos y ciudadanas, bien gracias”.
De acuerdo con la acusación formal que pesa sobre Assange, en marzo de 2010 habría conspirado con Chelsea Manning, un exanalista de inteligencia del Ejército norteamericano, para ayudarla a descifrar una contraseña almacenada en las computadoras del Departamento de Defensa conectadas a la llamada SIPRNet, una red de EE.UU. utilizada para documentos clasificados.
El portal WikiLeaks calificó de “día oscuro para la libertad de prensa y la democracia británica” la decisión de Reino Unido.