Luego de que desde el Poder Ejecutivo se anunciara la decisión de prorrogar por decreto la moratoria previsional, atento a que la vigente vence este 23 de julio, hasta tanto el Congreso apruebe la ley impulsada desde el Senado, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió un informe muy completo en el que celebra la medida y advierte que la ampliación de las moratorias previsionales representa una medida tan urgente como necesaria.

Es urgente, señala el informe del CEPA al que accedió parlamentario.com,  por cuanto en la actualidad más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria no cuentan con los 30 años de aportes que exige la ley. De ese número, 906.876 tiene aportes, pero no los suficientes, y 680.724 directamente no cuenta con aporte alguno.

El instituto que dirige el economista Hernán Lechter advierte que solo una de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria están actualmente en condiciones de jubilarse, por lo que el resto requerirá de una moratoria que les permita comprar aportes para acceder a este derecho.

Por múltiples razones, son las mujeres las más complicadas en materia previsional. Pruebas al tanto, solo el 6,6% de las mujeres de entre 55 a 59 años tiene entre 25 a 27 años de aportes, mientras que el 46,1% no cuenta con ningún aporte al sistema jubilatorio. En el caso de los hombres de entre 60 a 64 años, solo 16% tiene entre 25 a 27 años de aportes, al tiempo que un 17,6%, no tiene ningún aporte.

El sector privado, el sector público y los autónomos son los ámbitos con mayor cantidad de personas en condiciones de jubilarse (aportes de entre 25 y 27 años). Pero solo alcanzan 18%, 36% y 20% respectivamente.

A la vez, se percibe la crítica situación para monotributistas, monotributistas sociales y trabajadoras/es de casas particulares, donde solo superan los 25 años de aportes 5,7% (11.922 casos), 0,06% (36 casos) y 0,1% respectivamente (103 casos).

Los datos históricos del mercado de trabajo para personas cercanas a jubilarse que cita el CEPA dan cuenta de un derrotero difícil de sortear a los efectos de poder jubilarse. Desde 1990 en adelante se observa un nivel promedio elevado de desocupación (10,3%) y empleo no registrado (34,7%) y picos sensibles (21,5% en desocupación en mayo 2002 y 50% de trabajo no registrado en el tercer trimestre de 2003). La desocupación e informalidad laboral persistente implica fundamentalmente que una buena porción de trabajadores no logra cumplir con el extremo legal de años de aportes cuando llegan a la edad jubilatoria.

En este escenario, como vemos, las más afectadas son las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación e informalidad que los varones, lo que se vincula a las desigualdades estructurales existentes en el mercado laboral que repercuten directamente en el acceso a derechos de las mujeres pasivas (trabajan menos horas fuera de sus hogares y tienen menos aportes registrados en su recorrido laboral, en buena medida porque suelen estar sujetas a trabajos de mayor precarización e informales, y porque ocupan gran parte de su tiempo en el desarrollo de tareas domésticas y de cuidados no remuneradas).

El informe destaca que se puede constatar que, para las mujeres, el escenario de evolución histórica tanto en desempleo como en trabajo no registrado fue sensiblemente peor a las de los hombres. Mientras que para el período mayo 1990 al tercer trimestre de 2021 el promedio de desocupación de mujeres ascendió a 11,6%; en el caso de los hombres el dato alcanza 9,2%. La brecha, en promedio, ascendió a 2,4%. En el caso del empleo no registrado, para el período que va del tercer trimestre de 2003 al tercer trimestre de 2021, el promedio ascendió a 40,0% para las mujeres, para los hombres sumó 33,4%, es decir, un diferencial para dicho período de 6,6%.

Así las cosas, el CEPA considera que la moratoria se vuelve una herramienta indispensable para, por un lado, no penalizar dos veces a trabajadores informales o desocupados: en su vida activa, sin derechos laborales y, en su vida pasiva, con pensiones por vejez que otorgan menores ingresos que las jubilaciones. Y por el otro, mitigar la brecha de género existente en el sistema previsional.

Ante la pregunta de si las moratorias quiebran el sistema previsional, el CEPA sostiene que “los números no acompañan esta tesis”. Se basa en tal afirmación en un comparativo entre la gestión kirchnerista y la de Cambiemos. Presenta el análisis de los datos histórico según el cual concluyen que la moratoria jubilatoria (11/2005) fue acompañada de “una sensible mejora en cobertura del gasto previsional por Aportes y Contribuciones”. El Centro de Economía Política Argentina lo atribuye a que “los salarios registrados privados se incrementaron significativamente entre 2003 y 2015; a la par se produjo un crecimiento significativo del empleo, que fue acompañado de una mejora en la calidad de los trabajos existentes y nuevos; también se redujo fuertemente la informalidad entre 2003 y 2015; y por cierto no se promovió reducción de contribuciones ni aportes que afectaran la recaudación del sistema”. Es decir, agrega el informe, que “la expansión de la cantidad de personas con acceso a la jubilación se dio al mismo tiempo que mejoró la cobertura del sistema previsional con aportes propios”.

Por el contrario, el CEPA sostiene que “entre 2016 y 2019 se redujo sensiblemente la cantidad de trabajadores activos, el salario real y se promovió la reducción de contribuciones patronales a través de la aplicación de un mínimo no imponible sobre el que no se paga. En este período, se redujo significativamente el porcentaje de Aportes y Contribuciones en relación con el gasto en Seguridad Social. Es decir, entre 2016 y 2019 empeoró la sustentabilidad del sistema”.

En ese marco se destaca la prórroga de la moratoria dispuesta por decreto y la eventual aprobación del proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado, que lograrán promover el acceso al derecho a la jubilación de las personas mayores que, por haber afrontado dificultades en su vida laboral activa, no tienen la totalidad de sus aportes, impulsando para ello la regularización de su situación.

Cabe consignar que la norma permitirá por un lado que aquellas personas que no cuentan con los 30 años de aportes que pide la ley, puedan acceder a una jubilación, al tiempo que quienes aún están en edad pre jubilatoria (10 años antes de jubilarse) puedan computar años de servicio.

Si se considera que todos los adultos mayores sin 30 años de aportes se jubilaran de manera inmediata, el costo fiscal de este proyecto, en caso de aprobarse, alcanzaría aproximadamente 0,04% del PBI, precisa el CEPA.