Ante los vocales e intendentes, la salteña Yolanda Vega reveló la idea de proyecto de ley que se buscará impulsar que tiene por objetivo bajar el IVA municipal del 21% al 10,5%. "Somos los primeros en la trinchera ante las quejas de los vecinos y cada vez hay más demandas”, alertó Rossana Chahla.
Foto: HCDN
Con la presencia de Fernando Espinoza entre los invitados, la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados reunió a más de una decena de jefes comunales de todo el país para debatir sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la Ley de Coparticipación. A la hora de las exposiciones, los jefes comunales elevaron el reclamo por “falta de recursos” al Gobierno nacional.
En el inicio de la reunión, la cual estuvo a cargo del diputado cordobés Juan Brügge de Encuentro Federal, los presentes pidieron que se abra una instancia de discusión relacionado al Presupuesto y a las reformas que enviará el Gobierno nacional en los próximos días. Luego, el intendente de La Plata, Julio Alak, manifestó unas palabras en homenaje al doctor y exjefe comunal de Berazategui, Juan José Mussi, quien falleció este lunes 24 de noviembre.
Respecto a la propuesta que los jefes comunales buscan tratar por medio de los diputados nacional, la salteña Yolanda Vega de Innovación Federal y exintendenta de San José de los Cerrillos reveló que la idea es proponer que el IVA que pagan los municipios pase del 21% -como lo es actualmente- al 10,5%. “es un verdadero motor de desarrollo local y regional, y es un plan de estímulo económico para la base piramidal del Estado público”, explicó.
La primera en tomar la palabra fue Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán y exlegisladora del Frente de Todos, quien describió que “somos los primeros en la trinchera ante las quejas de los vecinos y cada vez hay más demandas” porque “la gente quiere inmediatez”. Sin nombrar al Poder Ejecutivo Nacional, enfatizó que “los ingresos son finitos”.
De cara a los presentes, la tucumana reclamó “se ha cortado la coparticipación que recibíamos del combustible”, y planteó detalles sobre la situación de su ciudad: “En mi ciudad se necesitan dos obras de infraestructura importantes para que no se inunde la gente y no tenemos los fondos del combustible porque queremos darle más servicio al vecino sin tocarle el bolsillo a la gente”.
Brevemente, Dante Velázquez, representante del Municipio de La Quiaca, consideró estar “cansado de posar para una foto y que después no pase nada”. Luego, señaló “la Ley de Coparticipación no existe”, y sumó: “Queremos que las leyes sean claras y justas para todos porque no se trata de un color político, se trata de la defensa irrestricta de los derechos de los ciudadanos”.
Llegado el turno de Fernando Espinoza, aclaró que no estaba presente en su rol de jefe comunal de La Matanza, sino que lo hizo como presidente de la Federación Argentina de Municipios. En primera instancia, explicó que “hoy los municipios son inviables porque hay provincias que reciben un 80% menos que hace dos años y por ende los municipios reciben menos recursos”.
Fernando Espinoza alertó por una falta de recursos en asistencia social.
Definió, además, que “los municipios somos el primer escalón de la democracia” y llevó el debate a la seguridad social: Espinoza mencionó que “después de nosotros, no hay Estado y lo que no puede solucionar, desgraciadamente no se soluciona”. Del mismo modo, agregó: “Necesitamos en forma urgente recursos para que la gente no pase hambre porque se está empezando a sentir fuerte y antes de marzo del año que viene tenemos que solucionar el tema de la asistencia social porque vamos a tener chicos desnutridos y abuelos que pasen hambre”.
En defensa de la gestión de Axel Kicillof y en detrimento del Gobierno nacional con relación a los giros establecidos en la Ley de Coparticipación, el intendente de La Matanza mencionó que “los municipios también hacemos esfuerzos en seguridad y en tecnología (cámaras de seguridad) porque los gobiernos provinciales no llegan con los fondos”. “No podemos dejar que siga pasando y estamos de acuerdo con la reducción del IVA al 10%”, concluyó.
Un diputado reclamará al Gobierno detalles sobre el crédito externo que negocia el equipo económico, tras confirmar que el Tesoro de EE.UU. se negó a otorgar garantías. Advierte que esa ausencia de respaldo oficial endurece las condiciones impuestas por los bancos privados y exige transparencia sobre los compromisos que asumirá la Argentina.
El diputado nacional Juan Fernando Brügge (Democracia Cristiana – Encuentro Federal) presentará un pedido de informes al Poder Ejecutivo luego de haber advertido días atrás que ningún organismo de Estados Unidos aceptó brindar garantías para el crédito que negocia el equipo económico. Según señaló, esa ausencia de respaldo oficial empuja a los bancos privados a exigir condiciones más duras a la Argentina.
El anuncio de Brügge se inserta en el corazón de una negociación financiera que el Gobierno de Javier Milei había presentado como un salvavidas externo. El diputado sostiene que la falta de información clara y la negativa del Tesoro estadounidense a avalar los préstamos obligan a pedir explicaciones formales: “Queremos saber cuántos bancos están detrás de estos 20.000 millones de dólares, qué tipo de garantías se están ofreciendo y qué compromisos asume el Estado argentino”, remarcó al justificar el pedido de informes.
Brügge recordó que los bancos involucrados acudieron inicialmente al secretario del Tesoro norteamericano para solicitar un aval que les permitiera cerrar la operación, pero la respuesta fue contundente: el Tesoro no asumiría ningún compromiso automático. “Les dijeron claramente: ustedes busquen sus propias garantías, hablen con la Argentina y definan cómo va a garantizar esos fondos”, explicó el diputado, señalando que esa decisión dejó en evidencia que no existe respaldo estatal estadounidense detrás del eventual financiamiento.
Según su análisis, esa negativa obliga a que las entidades utilicen sus propios encajes en la Reserva Federal como garantía, lo que encarece el riesgo y abre la puerta a intereses más elevados. Para Brügge, ese punto es determinante y justifica que el Congreso exija transparencia: “Es indispensable que el Ejecutivo informe qué tipo de acuerdo se está negociando y qué obligaciones futuras podría asumir la Argentina”.
El legislador comparó la situación con los créditos que algunas provincias solicitan en dólares y necesitan la garantía del Gobierno nacional: “Constitucionalmente, los avales recaen en el Estado central. Pero acá los prestamistas pidieron esa garantía y la respuesta fue que no. Eso modifica de raíz los términos de cualquier negociación”. Subrayó que, ante la falta de una “garantía automática”, los bancos podrían endurecer condiciones, elevar tasas o exigir colaterales más exigentes.
La advertencia de Brügge cobra más fuerza en paralelo a los últimos acontecimientos en el frente financiero internacional. El Wall Street Journal confirmó que el préstamo de USD 20.000 millones que estructuraba JPMorgan cayó definitivamente. Frente a ese revés, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, intenta ahora que ese banco —junto con Citigroup y Bank of America— arme un préstamo repo de USD 5.000 millones para cubrir vencimientos inmediatos. La urgencia es evidente: en enero deben afrontarse pagos por USD 4.000 millones, y el propio Caputo admitió que no tiene las divisas.
El diario estadounidense advirtió además que esos bancos quedarían expuestos si la Argentina no logra colocar nueva deuda para cancelar el repo, lo que podría agravar el riesgo y endurecer aún más las condiciones de acceso. Ese tipo de advertencias internacionales, para Brügge, refuerzan la necesidad de que el Congreso acceda a toda la documentación sobre las negociaciones en curso.
El diputado insistió en que, ante un escenario financiero tan delicado, la responsabilidad institucional es insoslayable: “Si el Tesoro de Estados Unidos se corrió y deja todo en manos del sector privado, la Argentina tiene que saber exactamente qué compromisos está asumiendo. No se puede avanzar en acuerdos de esta magnitud sin la debida información pública”.
Por eso, su pedido de informes buscará que el Ejecutivo explique en detalle el estado de situación de la negociación, las condiciones exigidas, los riesgos asumidos y el objetivo real de los fondos, ya sea para engrosar reservas vía swap o para libre disponibilidad. Para Brügge, la transparencia es una obligación constitucional y una garantía para que la Argentina no ingrese en un esquema de endeudamiento opaco que comprometa aún más su frágil situación financiera.
Autoridades, referentes sociales y organizaciones del continente se reunirán el 20 de noviembre en el Salón de Pasos Perdidos para celebrar la edición 2025 de “Liderazgos Transformadores en América Latina”, una iniciativa que reconoce el impacto positivo de proyectos en educación, salud, medio ambiente y participación ciudadana.
La Cámara de Diputados volverá a convertirse en escenario de encuentro regional con la realización de esta ceremonia que distingue a personalidades de América Latina por su aporte a la transformación social. El evento comenzará a las 15.30 y contará con la presencia de instituciones académicas, organizaciones civiles y representantes legislativos de distintos países.
La jornada busca fortalecer redes de trabajo regionales y promover experiencias que, desde diversos ámbitos, generan cambios concretos en las comunidades. Aunque el espíritu del encuentro es colectivo, esta edición tendrá una fuerte impronta parlamentaria, con el diputado nacional Juan Brügge como uno de los anfitriones institucionales.
Brügge, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, acompañará a las delegaciones internacionales y reforzará la agenda de diplomacia legislativa que impulsa desde su banca. También participarán el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón; el coordinador ejecutivo de la Fundación FIDEHUS (México), Zark Vauhlosky Reyes; y la presidenta del Foro Internacional de Liderazgos Transformadores en América Latina, Vilma Emategui. La coordinación general estará a cargo de Juan Szymankiewicz.
La distinción, que cada año gana mayor visibilidad, reconoce a líderes de sectores diversos que impulsan proyectos con impacto social y comunitario. Según los organizadores, el objetivo es institucionalizar experiencias que muchas veces se desarrollan en silencio, pero que transforman realidades de manera profunda.
Además de las distinciones protocolares, el encuentro incluirá espacios de intercambio sobre participación ciudadana, agenda ambiental, desafíos educativos y cooperación parlamentaria. Se espera que la jornada contribuya a consolidar lazos interinstitucionales y a generar nuevas iniciativas de integración regional.
La cita, abierta a delegaciones acreditadas, se realizará en el histórico Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. El cierre incluirá un mensaje conjunto de las autoridades convocantes y la entrega final de reconocimientos a los líderes transformadores de América Latina.
El diputado Juan Brügge presentó un proyecto para que la Cámara baja presente un acción de inconstitucionalidad ante las decisiones presidenciales que “vulneran la soberanía del Congreso”.
El diputado nacional Juan Brügge (EF) presentó un proyecto de resolución que propone que la Cámara de Diputados promueva una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, en rechazo a los tres decretos por los cuales el Poder Ejecutivo promulgó las leyes de Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, pero suspendió su aplicación por no tener establecidas fuentes de financiamiento.
El cordobés aseguró que los decretos presidenciales (681/2025, 759/2025 y 760/2025) “atentan contra la soberanía popular expresada en el Parlamento” y “condicionan la entrada en vigencia de las leyes”.
En ese sentido, apuntó que las normas fueron aprobadas por amplias mayorías y “no pueden quedar a merced de decisiones administrativas que desconocen la voluntad del Congreso”. En los fundamentos del proyecto, el legislador calificó la situación como de “gravedad institucional inusitada”, al considerar que el Ejecutivo “se arrogó facultades que la Constitución no le reconoce”.
“El Gobierno pretende invocar una ley presupuestaria -la 24.629- para no cumplir otras leyes votadas por el Congreso. Eso viola el principio republicano de división de poderes consagrado en el artículo 1° de la Constitución”, argumentó el referente de Democracia Cristiana.
El texto instruye al presidente de la Cámara -o a los vicepresidentes del cuerpo y jefes de bloque, en su defecto- a iniciar la acción judicial dentro de los siete días de aprobada la resolución. Además, autoriza la contratación de asistencia legal para la redacción y presentación de la demanda.
Brügge advirtió que el incumplimiento de las tres leyes afecta a sectores particularmente vulnerables, como las personas con discapacidad, los niños y niñas en edad pediátrica y los docentes y estudiantes del sistema universitario público.
“La vida, la salud y la educación no pueden quedar subordinadas a fórmulas matemáticas o criterios economicistas que desconocen la realidad social”, sostuvo. Además, citó doctrina constitucional y fallos recientes de la Corte Suprema para respaldar su posición, recordando que el máximo tribunal ha reiterado que “ninguno de los poderes del Estado puede actuar por fuera de las atribuciones que la Constitución le confiere”.
El diputado insistió que “la Cámara de Diputados no puede permanecer pasiva ante un acto que desconoce su autoridad institucional. Corresponde acudir a la Corte Suprema para restablecer el orden republicano vulnerado”. Finalmente, pidió a sus pares acompañar la iniciativa “en defensa de la legalidad, la democracia y la soberanía popular”.
El proyecto de ley propone la creación de un Programa Nacional de Promoción del Uso del Gas Natural Comprimido (GNC) y la Energía Eléctrica para la propulsión de vehículos. La iniciativa busca reducir la contaminación ambiental, dinamizar economías regionales y aprovechar el potencial energético del país.
El proyecto de ley , impulsado por el diputado nacional Juan Brügge, establece una serie de beneficios fiscales y financieros para personas humanas y jurídicas que adquieran vehículos nuevos propulsados exclusivamente a GNC o eléctricos, o que conviertan sus unidades actuales. Entre los incentivos se destacan deducciones de hasta el 30% en el Impuesto a las Ganancias para individuos y hasta el 40% para empresas, además de créditos blandos otorgados por el Banco de la Nación Argentina.
La propuesta también contempla acciones de difusión sobre los beneficios ambientales del uso de energías limpias, el impulso a la industria nacional de equipos de GNC y baterías eléctricas, y la activación de mercados regionales. Para acceder al programa, los vehículos deberán estar registrados como propulsados a GNC o eléctricos y contar con habilitación técnica conforme a la normativa vigente.
El régimen tendría una vigencia de cinco años desde su reglamentación, y se invita a provincias y municipios a adoptar medidas tributarias complementarias, como exenciones en tasas e impuestos locales. En los fundamentos del proyecto, se destaca el potencial gasífero argentino y se citan ejemplos de países como Brasil, Colombia, Alemania y Noruega, que han implementado políticas similares con resultados positivos en términos de sustentabilidad y modernización del parque automotor.
La iniciativa se enmarca en una estrategia de transición energética que busca posicionar a Argentina como líder en movilidad sustentable, aprovechando sus recursos naturales y capacidades industriales. Según el legislador, el proyecto representa una herramienta concreta para combatir el cambio climático y fomentar el desarrollo económico con responsabilidad ambiental.
Ante el éxito internacional de la obra de Héctor Oesterheld, el diputado Brügge impulsa la ley de locaciones audiovisuales.
El fenómeno de El Eternauta no solo rescató a un clásico de la historieta argentina para una nueva generación, sino que también puso en vidriera a Buenos Aires como un escenario de impacto global. La serie, producida por Netflix y rodada en emblemáticos rincones de la ciudad, disparó el interés de productoras internacionales por los paisajes urbanos y naturales del país. Ese envión es el que el diputado nacional por la Democracia Cristiana Juan Fernando Brügge busca capitalizar con el relanzamiento de su proyecto de ley de Promoción de Locaciones para la Producción Audiovisual Nacional.
Brügge, un defensor histórico de la cultura como motor económico y de identidad, insistió en el tratamiento de su iniciativa legislativa que propone un régimen integral de promoción de locaciones para producciones audiovisuales en toda la Argentina. “Lo que hizo El Eternauta es abrir una puerta que no podemos darnos el lujo de cerrar. La Argentina tiene todas las condiciones para convertirse en un polo audiovisual de escala mundial”, afirmó el diputado en declaraciones a la prensa parlamentaria.
La propuesta prevé la creación de un Registro Federal de Locaciones, una base de datos accesible y sistematizada con sitios naturales, urbanos, patrimoniales y protegidos que puedan ser utilizados por productoras nacionales e internacionales. El régimen establece beneficios fiscales como la exención del IVA, créditos fiscales por empleo generado y reducción de ganancias para obras con contenido cultural e inclusivo.
“Cada locación filmada es una ventana al mundo que muestra la diversidad, la historia y el talento argentino. Esta ley no es solo para los cineastas, es una herramienta para el turismo, la cultura y la economía regional”, argumentó Brügge, quien ya había presentado este proyecto en años anteriores, pero ahora encuentra una oportunidad más propicia gracias al contexto internacional.
Desde la industria audiovisual celebran el impulso. “El interés de las plataformas es concreto. Están buscando nuevos territorios, y Argentina tiene paisajes únicos, recursos humanos de calidad y costos competitivos. Pero necesitamos reglas claras, agilidad y estímulos”, explicó una fuente del sector, quien ve en esta ley un “salto cualitativo” para posicionar al país como una alternativa real a las locaciones más tradicionales de Europa y Norteamérica.
El texto de la ley también contempla incentivos para productoras extranjeras, que podrían importar temporalmente equipos sin pagar tributos, siempre que facturen parte de su producción hacia el exterior. La autoridad de aplicación será el INCAA, en coordinación con la Jefatura de Gabinete, y se prevé un consejo asesor federal que incluirá referentes de la industria del cine, las provincias y las asociaciones de productores.
El proyecto, que busca tener vigencia por al menos diez años, invita a las provincias y municipios a adherirse con incentivos fiscales propios y apunta a fomentar una red federal de producción audiovisual.
“La cultura no es un gasto, es inversión. Y la pantalla tiene hoy más poder que nunca para contar quiénes somos. Es hora de que Argentina hable en imágenes al mundo”, concluyó Brügge, convencido de que esta ley puede transformar la riqueza paisajística y cultural del país en una verdadera industria de exportación.
El Parlamento ya tiene el texto en sus manos. Y mientras El Eternauta sigue conquistando pantallas, el Congreso tiene la oportunidad de darle un marco duradero al interés que despiertan nuestras calles, plazas y paisajes como escenarios de grandes historias.
El diputado de la Democracia Cristiana destacó que el mensaje y accionar del Sumo Pontífice debe inspirar a quienes ejercen cargos públicos.
El fallecimiento de Su Santidad el papa Francisco enluta no solo a la Iglesia Católica, sino también a todos los que creemos en la dignidad humana como centro de toda acción política. Su legado espiritual y social nos deja una enseñanza profunda que trasciende credos y fronteras.
Francisco fue, en esencia, un faro moral que reclamó con firmeza la centralidad del ser humano en un mundo dominado por intereses financieros y especulativos. Desde la Democracia Cristiana compartimos plenamente su visión de una política orientada al bien común, que no se subordine a los dictados del mercado, sino que coloque en primer lugar a los más vulnerables.
“No hay derechos sociales sin responsabilidad política”, solía advertir con sabiduría. En una de sus reflexiones más contundentes, nos recordaba que “los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales y equitativas. El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social”. Y agregaba con claridad: “Una política verdaderamente al servicio del hombre no puede dejarse dictar leyes por las finanzas y los mecanismos del mercado”.
Este mensaje interpela profundamente a quienes ejercemos cargos públicos. En tiempos donde se cuestionan los pilares del Estado y la solidaridad organizada, las palabras del Papa Francisco resuenan con fuerza y urgencia. Como representante de la Democracia Cristiana, reafirmo el compromiso de seguir trabajando por un país más justo, humano y solidario, tal como él soñó y predicó con su ejemplo.
Que su partida sea semilla de una nueva conciencia política y social.
Será en un acto a realizarse este jueves en el Delia Parodi. Durante el evento, se dará a conocer el plan de trabajo que guiará la acción de la entidad en esta nueva etapa.
El legislador de la Democracia Cristiana Juan Brügge encabezará una institución fundamental para el estudio y desarrollo del Derecho Legislativo en el país: la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario.
La ceremonia de asunción de la nueva Mesa Directiva se llevará a cabo este jueves 27 de marzo a las 18 en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados de la Nación.
La Asociación, fundada el 24 de octubre de 2018 en la sede del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, ha trabajado incansablemente en la promoción de iniciativas que fortalecen la calidad institucional y la transparencia legislativa.
Durante el evento, se dará a conocer el plan de trabajo que guiará la acción de la Asociación en esta nueva etapa, con un enfoque en la participación de expertos, académicos y legisladores para mejorar la práctica parlamentaria.
Brügge cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito jurídico y parlamentario. Es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, donde también ejerce como profesor titular en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, acumulando más de 36 años de docencia. Ha sido autor de diversas obras especializadas en derecho público, conferencista en múltiples foros académicos y asesor en derecho municipal en distintas localidades del país. Su compromiso con la institucionalidad también lo ha llevado a desempeñar funciones clave en el Banco de Córdoba, donde fue responsable de la prevención de lavado de activos y protección de usuarios del sistema financiero.
En el ámbito político, Brügge ha sido legislador provincial en Córdoba y miembro titular del Consejo de la Magistratura provincial. A nivel nacional, ocupó una banca en la Cámara de Diputados entre 2015 y 2019, y fue reelecto para el período 2023-2027. En el Congreso, presidió la Comisión de Comunicaciones e Informática y actualmente lidera la Comisión de Asuntos Municipales, demostrando un firme compromiso con el fortalecimiento institucional y la modernización legislativa. Con su nueva designación al frente de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, el dirigente de la Democracia Cristiana, continuará impulsando el análisis y la capacitación en materia legislativa, consolidando un Congreso más eficiente y transparente.
El diputado de Encuentro Federal confirmó que dará quórum en la sesión donde se debatirá la suspensión, pero habló de "improvisación" por parte del oficialismo.
El diputado nacional Juan Brügge (Encuentro Federal) reiteró su postura firme en contra de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero marcó una diferencia con la estrategia impulsada por el oficialismo de suspenderlas temporalmente.
"Nosotros somos serios y planteamos la necesidad de debatir la eliminación de las PASO en un año no electoral, como lo propusimos en julio del año 2024", recordó el dirigente de la Democracia Cristiana.
Además, criticó al gobierno de La Libertad Avanza, al que acusó de "oportunismo" por su apuro en aprobar una suspensión de las primarias con plazos "prácticamente imposibles de cumplir para la Justicia Electoral".
El legislador resaltó que su iniciativa fue presentada el año pasado para trabajar sobre el tema con "políticas de largo plazo y sin improvisaciones". En ese sentido, cuestionó que el oficialismo busca "suspenderlas de manera exprés y sin un debate profundo", algo que "no se puede hacer entre gallos y medianoches".
Para el cordobés, las PASO "demuestran que este sistema de selección de candidatos ha perdido su razón de ser y se ha convertido en una carga innecesaria para el sistema electoral". "Las PASO nacieron con el objetivo de democratizar la selección de candidatos y fortalecer los partidos políticos, pero en la práctica se han desvirtuado", afirmó.
Uno de los principales cuestionamientos a este mecanismo es que en muchos casos funciona como una "encuesta anticipada financiada por el Estado", lo que genera críticas sobre el uso de recursos públicos para resolver internas partidarias. Además, según el diputado, "en vez de solucionar la crisis de representatividad, las PASO la profundizan, exponiendo alianzas superficiales y acuerdos de cúpula que no reflejan las verdaderas demandas del electorado".
Otro de los puntos cuestionados es "la ineficacia del sistema cuando los partidos presentan lista única". "En estos casos, el mecanismo pierde totalmente su sentido y solo implica un gasto innecesario de recursos públicos", sostuvo. A su vez, criticó la posibilidad de que personas no afiliadas a los partidos participen en la elección de sus candidatos, ya que esto "altera la autonomía partidaria y distorsiona el proceso democrático interno".
Brügge también hizo hincapié en el impacto negativo que tiene la extensión del calendario electoral debido a las PASO. "La prolongación del proceso electoral genera incertidumbre, afecta la gobernabilidad y debilita la autoridad del gobierno en ejercicio", argumentó, y señaló que esto "contradice el artículo 95 de la Constitución Nacional, que establece límites claros para el período electoral".
Bajo estos fundamentos, el legislador reiteró su compromiso con la eliminación definitiva de las PASO y reiteró el cuestionamiento a la "improvisación" del oficialismo al querer suspenderlas "sin un debate profundo y con plazos irrealizables". No obstante, anticipó su presencia en la sesión en que se discutirá el tema: "Vamos a dar quórum en el Congreso porque creemos en el debate, pero no permitiremos que una decisión de esta magnitud se tome a las apuradas".
Las últimas novedades en la interna entre el Gobierno y el Pro tuvieron su correlato en la Ciudad de Buenos Aires, que dispuso adelantar -y obviamente desdoblar- las elecciones. Eso genera consecuencias, como un replanteo puertas adentro del partido amarillo en general y el bloque de diputados en particular, sobre una propuesta que hizo el Ejecutivo y que parecía haber entrado en una vía muerta... y ahora se reactiva. Los proyectos que hay sobre las PASO.
Cuando todo parecía resuelto y el Gobierno nacional se resignaba a postergar su reforma electoral para las elecciones de 2027, que son las que más le interesan, la actualidad vertiginosa metió a sus proyectos enviados para las extraordinarias “no natas” de nuevo en carrera. Para el mes de febrero, fecha en la cual finalmente volverán a abrirse las puertas de los recintos, según parece. Con el objeto de debatir la eliminación de las PASO y la reforma del régimen de financiamiento de los partidos políticos.
Ambos temas parecían fenecidos antes de ser tratados en comisiones; ahora, al menos el primero parecería tener luz verde.
Sucede que los tiempos apremian para todo tema electoral, atento a la premisa de no tratar modificaciones de ese tipo en años de elecciones. Pero hasta el mes de febrero, en tiempos de extraordinarias, se puede. Aunque pasada esa línea, nada debe descartarse, en una época como la actual, cuando los usos y costumbres tienen una gran flexibilidad.
Como sea, una de las bases en las que se asentaba hasta ahora la mayor resistencia a un cambio de índole electoral pareciera estar cediendo. Hablamos del Pro, eje central de la oposición dialoguista, que desalentaba fundamentalmente la eliminación de las PASO que propone el Gobierno nacional. Pero ya se sabe que la necesidad tiene cara de hereje y la prioridad del partido amarillo en tiempos tan volátiles pasa a ser la defensa del territorio fundacional de ese espacio: la Ciudad de Buenos Aires.
Allí el jefe de Gobierno acaba de lanzar el adelantamiento de las elecciones legislativas para el 6 de julio, propuesta consensuada con su primo Mauricio, mandamás partidario. La movida implica la suspensión de las elecciones primarias, para ahorrarle a los porteños ir a votar una vez más -cosa que podría llegar a resultar irritable-, pero sobre todo dinero a las arcas porteñas.
La movida impulsada por Jorge Macri causará un efecto dominó en el bloque Pro.
El argumento para suspender las PASO tuvo los mismos elementos que viene usando el Gobierno libertario para liquidar las primarias a nivel nacional. El viernes hablaba Jorge Macri, pero parecía en realidad estar escuchándose a Guillermo Francos: “Hoy decidimos desdoblar las elecciones legislativas de la Ciudad y conjuntamente vamos a enviar un proyecto y a convocar a la Legislatura a sesiones extraordinarias para tratar la suspensión de las PASO”, adelantó el jefe de Gobierno. Y destacó el diálogo con todos los espacios políticos y las coincidencias para dejar sin efecto las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esto significa un ahorro para la Ciudad de 20 mil millones de pesos, especificó Jorge Macri, que en modo libertario agregó: “Queremos que ese dinero no salga del bolsillo de los porteños y podamos utilizarlo en otras prioridades. Que ellos puedan elegir a sus legisladores sin tener que pagar el costo de un mecanismo que la política tiene que poder resolver hacia adentro, construyendo sus propios consensos y acuerdos internos”.
Por eso, dijo haberle pedido al Gobierno nacional que también suspenda las PASO en todo el país. “Con el jefe del Gabinete nacional, Guillermo Francos, coincidimos en el ahorro de 200.000 mil millones de pesos que significaría eliminarlas. Los argentinos no podemos darnos el lujo de gastar ese dinero cuando hay otras prioridades más relevantes”, aseveró.
Más de un diputado del Pro leyó y releyó ese texto, para verificar si el que hablaba era alguien del Gobierno nacional, o realmente el primo del expresidente de la Nación. En efecto, era Jorge, seguramente con la anuencia de Mauricio, que ya en 2019 mandó a Pablo Tonelli a presentar un proyecto para eliminar las PASO, luego de perder él por amplio margen las de ese año. Comprobó entonces en carne propia los riesgos de tener con mucha antelación una elección que suele adelantar lo que sucederá luego en octubre, lo cual esa vez puso en graves aprietos al Gobierno de Cambiemos, que debió lidiar cuatro meses más sabiendo que estaba de salida. Más allá de la remontada notable posterior de Macri, que igual terminó perdiendo en primera vuelta y por 7 puntos.
Devuelto al llano, el Pro cambió de postura y junto al resto de Juntos por el Cambio planteó una fuerte resistencia para evitar que a fines de 2020 eliminaran las PASO… invocando precisamente ese proyecto de Tonelli, aun con estado parlamentario.
Entre los diputados del Pro no existe una mayoría favorable a la eliminación de las elecciones primarias a las que tanto jugo le sacaron, más allá de que terminaran resultando fratricidas en 2023. Aunque más allá de las consecuencias de entonces, lo cierto es que Juntos por el Cambio no encontraba otra alternativa para dirimir su interesantísima interna. Sí querían cambiarlas, eliminando por ejemplo su obligatoriedad. Ahora deberán ir por todo, o estarán contradiciendo lo que proponen en la Ciudad, aunque allí hablan de suspensión, no de derogar. Como sea será todo o nada.
Unidos con el Pro, como fue durante todo 2024, el oficialismo sumaría 66 votos, aunque como mínimo un par no se plegarían a esa reconvención. Sumarían de otras bancadas 18 votos más, entre ellos los de Innovación Federal y los tucumanos. Les estaría faltando al oficialismo 45 votos más -por tratarse de un tema electoral se necesita una mayoría especial-, que podrá encontrarlos en Unión por la Patria, donde nunca usaron demasiado esta ley impulsada por el kirchnerismo, y no pocos radicales. En ambos espacios ha habido proyectos para eliminarlas.
Proyectos con estado parlamentario
Más allá de los ya citados dos proyectos del Poder Ejecutivo que se pondrán a consideración, hay iniciativas individuales de los propios legisladores en ese sentido de todos los sectores.
La más reciente es del chaqueño Juan Manuel Pedrini, acompañado por sus comprovincianos María Luisa Chomiak y Aldo Leiva, presentada el 29 de noviembre pasado, para suspender las PASO de 2025. Invocan como argumento la escasa competencia real al interior de los partidos, lo que hace que las PASO sean “obligatorias para los ciudadanos, pero facultativas para los partidos”.
Juan Manuel Pedrini propone suspenderlas por única vez en 2025.
Aclaran que la suspensión debe ser “por única vez” y que el gasto público “no resulta motivo válido” para proponerlo. “De hacerse efectiva la suspensión, debe operar como un compromiso para tener una discusión seria e integral de nuestro sistema electoral, que sirva como ocasión para decidir si se modifica, se suprime o se mantiene intacta la legislación vigente desde el año 2009”, dicen los chaqueños, que sugieren que la eventual supresión debe hacerse con “un debate serio, profesional y comprometido con la ciudadanía”.
Decíamos que en el bloque radical anidan también propuestas a favor de la eliminación. Es lo que propuso el 8 de noviembre el correntino José Federico Tournier, alineado con su gobernador Gustavo Valdés.
También auspicia la derogación de las PASO el cordobés Juan Brügge, de Encuentro Federal, que propone restablecer en cambio el anterior sistema de internas de los partidos políticos. Piensa el constitucionalista cordobés que el objetivo fundacional de las elecciones primarias “se ha visto desvirtuado” y terminan siendo tan solo “una encuesta anticipada”. Además, sostiene que la posibilidad de que participen en estas elecciones los “no afiliados” debilita la estructura partidaria y puede llevar a “la imposición de candidatos que no reflejan fielmente las preferencias de los afiliados”.
De ese mismo bloque, otro cordobés, Oscar Agost Carreño, también ha presentado una propuesta en este caso para modificar las PASO, para que las fórmulas propuestas no sean cerradas y, por el contrario, el candidato a vicepresidente de la Nación sea elegido por el candidato presidencial dentro de las 48 horas posteriores a su proclamación.
Como dijimos, desde el Pro María Eugenia Vidal propuso el 12 de julio pasado un proyecto también para modificar el sistema, eliminando la obligatoriedad de ir a votar, como así también excusando a los partidos que lleven listas únicas a participar de las primarias.
María Eugenia Vidal propone que no sean obligatorias.
También la Coalición Cívica presentó propuestas. Lo hizo a través del presidente del bloque, Juan Manuel López, que el 13 de junio propuso entre otras cosas la no obligatoriedad para ir a votar, como así también que aquellos afiliados a un partido político puedan votar solo en la interna del partido al cual se encuentran afiliados, o de la alianza electoral que dicho partido integre. Y si el partido al que están afiliados no compite, no estarán habilitados para votar. En cambio, los ciudadanos que no registren afiliación partidaria, pueden votar en la interna de cualquiera de las agrupaciones. Asimismo participarán solo aquellas agrupaciones políticas que presenten más de una lista interna.
López es autor de otro proyecto relacionado con los montos a distribuir por el Estado entre las agrupaciones políticas.
El 15 de mayo, un grupo de diputados radicales encabezados por Carla Carrizo propusieron que los argentinos residentes en el exterior puedan participar en las PASO, en tanto que en otro proyecto presentado ese mismo día sugieren cambios en los plazos, financiamiento y competitividad. Por ejemplo, acortan los plazos, votándose en septiembre en lugar de agosto. Es lo que también sugirió otra radical, Mercedes Joury, en noviembre de 2023, al modificar los plazos, votando el segundo domingo de septiembre para achicar los tiempos hasta las generales.
La misionera Florencia Klipauca Lewtak propuso el 30 de noviembre de 2023 modificaciones al sistema modificando el número de avales necesarios para ser precandidatos y habilitando a las agrupaciones a designar a sus candidatos a vicepresidentes luego de las PASO.
Hay también propuestas de 2023 del exdiputado Pablo Tonelli y Silvia Lospennato, referidos al monto para distribuir entre las agrupaciones,
En el Senado el exgobernador radical de Mendoza Rodolfo Suárez impulsó el 13 de marzo pasado la eliminación de las PASO. Un proyecto similar presentó un año antes la rionegrina Silvina García Larraburu.
Del año 2023, hay también un proyecto del exsenador misionero Maurice Closs, que elimina la obligatoriedad para votar, como así también la no participación de los partidos que presenten una sola lista.
Rodolfo Suárez y Mariana Juri presentaron un proyecto para derogar las PASO.
La iniciativa fue presentado por el diputado cordobés Juan Brügge, quien aclaró que “no buscamos borrar información relevante ni interferir en el escrutinio público, pero sí proteger a quienes son víctimas de información desactualizada o falsa”.
El diputado nacional Juan Brügge (Encuentro Federal – Córdoba) presentó un proyecto de ley que busca consagrar el "derecho al olvido digital" con el propósito de proteger la privacidad, la reputación y los derechos de los ciudadanos frente a la persistencia de información personal en internet.
La iniciativa establece que toda persona (humana o jurídica) podrá solicitar la eliminación o desindexación de enlaces que contengan datos personales que afecten su integridad o privacidad. No obstante, se excluye información de relevancia pública, histórica, científica o educativa.
Además, la norma propone que las plataformas digitales y motores de búsqueda implementen sistemas accesibles para tramitar estas solicitudes, con la supervisión de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).
Asimismo, el texto pone un énfasis especial en la protección de menores, señalando que los niños, niñas y adolescentes son particularmente vulnerables al impacto de la exposición digital. Brügge subrayó que esta disposición está alineada con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Argentina, que resguarda el interés superior de los menores en todos los ámbitos.
El derecho al olvido ya tiene precedentes en el mundo, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa, que obliga a los motores de búsqueda a eliminar contenidos cuando afectan la privacidad de un individuo sin un interés público legítimo.
En Argentina, aunque existe la Ley de Protección de Datos Personales (25.326), esta se considera insuficiente frente a las complejidades del entorno digital actual. Casos recientes, como el fallo “Denegri vs. Google”, resaltan la urgencia de establecer normas claras que permitan a los ciudadanos ejercer este derecho.
En tal sentido, el diputado cordobés agregó: “En un mundo digitalizado, una información inexacta o irrelevante puede generar daños irreparables a nivel personal y profesional. Es necesario un marco legal que permita a los ciudadanos corregir estas situaciones”, y agregó que “no buscamos borrar información relevante ni interferir en el escrutinio público, pero sí proteger a quienes son víctimas de información desactualizada o falsa”.
El diputado cordobés valoró el rol de la aerolínea de bandera y se manifestó a favor de que el Estado mantenga la participación mayoritaria en la empresa.
En medio del debate sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, que obtuvo dictamen este martes, el diputado Juan Brügge (Encuentro Federal) advirtió sobre “la alarmante situación de la infraestructura de transporte de pasajeros en Argentina” al denunciar “la falta de inversión en rutas y obras públicas, así como la desregulación de normas y controles que -según él- ha dejado a los ciudadanos a merced de un sistema de transporte riesgoso y fragmentado”.
El referente de Democracia Cristiana destacó que este deterioro, agravado desde fines del año pasado, “ha generado enormes problemas en las rutas y vías ferroviarias del país, dejando desconectadas a numerosas comunidades del interior”.
“La situación actual de nuestra infraestructura de transporte de pasajeros es el resultado de años de desatención, y los argentinos lo están padeciendo cada día más. Sin trenes que conecten a los pueblos del interior, ni rutas en condiciones, los ciudadanos quedan cada vez más aislados y sin alternativas seguras para moverse entre regiones”, enfatizó el legislador. En este sentido, alertó que la eventual privatización de Aerolíneas Argentinas “acentuará aún más esta desconexión, privando a los argentinos de una red de transporte accesible que hasta ahora ha sido fundamental para el desarrollo federal”.
El cordobés apuntó a las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como “factores que incrementaron la precariedad y los riesgos en el sistema de transporte público de pasajeros”. “La flexibilización de los controles y la falta de normativa clara han hecho que los pasajeros queden expuestos a un sistema deficiente y peligroso, sin la cobertura de servicios adecuados en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos”, continuó.
Para el integrante del bloque Encuentro Federal, “no podemos aceptar que en tiempos de crisis o emergencias los ciudadanos queden incomunicados o dependientes de un sistema de transporte privado que prioriza el lucro sobre la seguridad y la conectividad”. Y ponderó: “En momentos críticos, como los desastres naturales, muchas aerolíneas de bandera en otros países cumplen un rol esencial para conectar y asistir a las poblaciones más afectadas”.
En ese sentido, valoró que Aerolíneas Argentinas “cumple una función estratégica que trasciende su condición de empresa, actuando como un pilar del federalismo”. “Defender Aerolíneas no es sólo defender una empresa estatal, es defender una herramienta de integración que brinda a los argentinos la posibilidad de conectar sus destinos a lo largo del país”, argumentó. Según su visión, el Estado debe mantener el control de esta compañía para garantizar que el transporte sea accesible y seguro en todas las provincias, independientemente de su rentabilidad.
Sobre esto, se refirió al dictamen que su bloque impulsó, el cual propone un modelo de gestión mixta donde el Estado mantenga una participación mayoritaria y pueda garantizar el rol social de la aerolínea. “Sabemos que privatizar Aerolíneas dejaría a muchas regiones sin conexión, sujetas a un sistema de transporte regido por la rentabilidad en lugar de la conectividad federal”, insistió.
Brügge consideró que “en el contexto de una infraestructura vial y ferroviaria deteriorada, y una política de transporte desregulada, el Estado debe asumir la responsabilidad de planificar un sistema de transporte integral que incluya rutas, trenes y una aerolínea de bandera”. Para el legislador, esto es fundamental no sólo para garantizar el acceso de los ciudadanos a sus destinos, sino también para impulsar el desarrollo económico en las regiones más aisladas.
“La desconexión actual es producto de la desidia y la falta de inversión en obras públicas, y debemos revertirlo. Necesitamos trenes, rutas seguras y una aerolínea que integre al país. No podemos permitir que decisiones de unitarismo centralista determinen el futuro de la conectividad en Argentina; tenemos que pensar en un país verdaderamente federal”, concluyó.
El diputado de EF habló de la situación de las billeteras virtuales, explicó cuáles son los escenarios que podrían perjudicar a los usuarios y refirió que “no llevan, como si lo llevan los bancos y las otras entidades financieras, un legajo de sus clientes”.
El diputado nacional Juan Brügge (Encuentro Federal – Córdoba) es cofirmante de un proyecto de ley, impulsado desde Unión por la Patria, destinado a la regularización de las billeteras virtuales garantizando la protección de los usuarios.
El legislador, que integra la bancada multisectorial que preside Miguel Ángel Pichetto, quien también firmó el texto, amplió que la iniciativa es para “beneficiar exclusivamente a los usuarios porque, en definitiva, lo que queremos con esto, es proteger el sistema financiero en su conjunto, pero especialmente dar protección a los usuarios que lo utilizan”.
Entrevistado por parlamentario.com, el cordobés alertó sobre la desprotección respecto a los usuarios en caso de que las marcas de billeteras virtuales cierren, desaparezcan o quiebren: “Esta ley viene a proteger a los usuarios en ese punto en donde están totalmente desprotegidos y están a la buena de Dios”.
El proyecto de ley en cuestión fue presentado por el diputado opositor Sergio Palazzo, y además de los avales de Brügge y Pichetto, también rubricaron el texto Germán Martínez, jefe de bancada de Unión por la Patria, Carlos Cisneros, Julia Strada y Eduardo Valdés.
El diputado cordobés Juan Brügge alertó que "las billeteras virtuales no llevan un legajo de sus clientes".
- En líneas generales ¿A qué apunta el proyecto de ley?
- “El proyecto de ley apunta a regular todo lo referente a aspectos que hacen a la protección del usuario de este tipo de instrumentos de pago. En principio, las billeteras virtuales no llevan, como si lo llevan los bancos y las otras entidades financieras, un legajo de sus clientes, no hacen un control sobre el origen de los fondos, ni tampoco tienen áreas específicas de protección de usuarios como si la tienen si las entidades bancarias. Por lo tanto, el gran volumen de dinero que manejan justifica, sobradamente, la exigencia de una regulación mínima. No queremos equiparar al 100% a las exigencias que establece el Banco Central hacia los bancos, pero sí exigencias mínimas para protección de los usuarios”.
- Hoy las billeteras virtuales son utilizadas por todos los sectores de la sociedad ¿La propuesta no perjudicará a los usuarios?
- “No para nada. Al contrario, lo va a proteger porque en principio lo que dijimos recién: A los bancos se le exige tener garantía de los fondos que recibe. Hoy, con las billeteras virtuales es muy común que el usuario o el cliente deje en fondos allí en su billetera virtual. ¿Qué sucede si la billetera virtual por cualquier circunstancia cierra desaparece o quiebra? ¿Quién va a responder por esos fondos cuando no se le exige ningún tipo de garantías de los depósitos que allí está? Por lo tanto, esta ley viene a proteger a los usuarios, también, en ese punto en donde están totalmente desprotegidos y están a la buena de Dios en función a la seriedad o no, o la responsabilidad o no, de los titulares o los dueños de las billeteras virtuales”.
- Hay una pelea entre el sector bancario y las Fintech ¿El proyecto a qué sector beneficiaría?
- “Exclusivamente a los usuarios del sistema financiero y de los usuarios de los sistemas de bibliotecas de bibliotecas virtuales porque en definitiva lo que queremos con esto es proteger el sistema financiero en su conjunto, pero especialmente dar protección a los usuarios que lo utilizan”.
El trabajo de esta comisión dirigida por Juan Brügge estará dividido entre el aspecto institucional y el legislativo.
La Comisión de Asuntos Municipales, que preside el diputado de Encuentro Federal Juan Brügge, definió este martes su agenda de actividades, al tiempo que también eligió en la vicepresidencia 1° al diputado, Luis Picat (UCR).
En ese sentido, el titular de la comisión se refirió a la agenda que estará dividida entre el aspecto legislativo e institucional. “Entendemos que la comisión tiene un rol legislativo, tenemos un listado de 18 leyes vigentes pero también tiene un rol institucional importante”, afirmó, y adelantó la convocatoria al funcionario del Ejecutivo del área competente y a la Federación Argentina de Municipios (FAM) donde están integrados los distintos municipios y “podríamos coordinar tareas en encuentros, capacitaciones, reconocimientos a las buenas prácticas municipales, a su vez, esta federación está vinculada a otras confederaciones sudamericanas y federaciones latinoamericanas que podrían ser de mucha utilidad para el trabajo institucional”, agregó .
“El otro aspecto es que se cumplen 30 años de la reforma Constitución de 1994 donde quedó institucionalizada la autonomía municipal, por lo cual resulta interesante encarar una jornada con expertos, académicos, autoridades municipales, ex convencionales constituyentes nacionales que estuvieron participando y que fueron los gestores de que quedara plasmada la autonomía municipal. Es una oportunidad para poner en valor”, agregó y, dentro del plan de trabajo, propuso la conformación de un observatorio de la autonomía municipal a “través del diálogo y de la presencia en las legislaturas provinciales “escuchando a los protagonistas directos en buenas prácticas y experiencias exitosas”.
Por su parte, el diputado Luis Picat hizo hincapié en que “hay una pirámide de desigualdad” entre nación y municipios. “Hay que cambiarla y darle la base de acción tributaria, de recursos, y de servicios de bienes públicos de calidad dirigidos a través del municipio”, añadió. A su vez, habló de la oportunidad que tiene la comisión en “redactar leyes en ese sentido”.
En tanto, el diputado Germán Martínez (UP) dijo que “son ejes interesantes para trabajar”. “Los gobiernos municipales muchas veces resuelven los problemas, nos falta un ámbito para escuchar a los municipios y este es el ámbito adecuado”. “Sabemos las dificultades que hay tenemos una caída en términos reales de las transferencias automáticas de la nación a las provincias del 12% y las transferencias no automáticas una caída promedio del 81% en el primer semestre”, aportó antes de mencionar tres problemas: el costo de los servicios de transporte; el desfinanciamiento de la obra pública; y la cuestión del acceso a la alimentación.
A su turno, la diputada oficialista Lourdes Arrieta comentó que “existe un área dentro de la secretaría del interior que es asuntos municipales a cargo de Carlos D’Abate” y propuso, “invitarlo para conocer el trabajo que se viene haciendo desde el Ejecutivo”. Además, contó que hay un programa denominado Municipios de a Pie que se trata de “una ayuda que brinda nación a los municipios. El diálogo entre nación y municipios está abierto y este es el canal para llevarlo a cabo”, subrayó.
Asimismo, la diputada María Cecilia Ibáñez (MID) reflexionó sobre “pensar las competencias de las provincias y municipios. Creo que es una de las cosas que no funcionan” y donde se encuentra la problemática según la legisladora. Al mismo tiempo, remarcó que “los problemas de los ciudadanos hay que resolverlos con políticas de Estado” y también mencionó el problema demográfico de la población en distintos lugares del país.
Será presidido por el diputado Juan Brügge. Estuvo presente el cónsul belga.
Tras su constitución, el Grupo Parlamentario de Amistad con Bélgica, presidido por el diputado Juan Brügge (Encuentro Federal), recibió la visita de la cónsul general de ese país, Françoise Puissant Baeyens. Del encuentro también participó el asistente diplomático de la embajada de Bélgica, Emiliano Domínguez.
En la apertura del encuentro, Brügge agradeció la presencia de la cónsul y consideró que “la articulación entre ambos países es de suma importancia”. Además, destacó el rol de la comunidad belga en la historia de argentina: “Permitió traernos su cultura, sus costumbres, su tecnología, eso enriqueció nuestra cultura”.
Asimismo, Brügge ponderó el fortalecimiento de una agenda común “vinculada a la energía, la vinculación con el Mercosur, el desarrollo tecnológico y de innovación”. Y concluyó: “Tenemos una agenda muy interesante para desarrollar, así como fortalecer el intercambio parlamentario".
Por su parte, Françoise Puissant Baeyens manifestó que “es un gran placer estar acá en representación del Embajador” y consideró “muy importante contar con un espacio para estrechar los lazos de diplomacia parlamentaria”.
El GPA con el Reino de Bélgica está conformado por los diputados Gabriel Bornoroni y Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza); Yolanda Vega (Innovación Federal); Ana Clara Romero (Pro); Fabio Quetglas (UCR); Paula Omodeo (CREO); Hilda Aguirre, Ricardo Daives, José Glinski, Bernardo José Herrera, Sebastián Nóblega y Natalia Zaracho (Unión por la Patria).
Estuvieron presentes en el encuentro el director de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de RREE y Culto, Leandro Abbenante; la directora general de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Luciana Términe, la coordinadora de los GPA de la Cámara de Diputados, Patricia Cardo.
Se trata de una iniciativa presentada por el diputado cordobés Juan Brügge, quien destacó que es un sistema similar al que se utiliza en su provincia, con la participación de ciudadanos no letrados y jueces.
Con el objetivo de establecer los juicios por jurados, de modo de agilizar estos procesos penales en el plano federal, el diputado Juan Brügge (EF) presentó un proyecto de ley. A diferencia de otros, destacó que se propone un juzgamiento con un tribunal mixto, formado por 8 ciudadanos y 3 jueces que integren los Tribunales Orales Criminales Federales en todo el país.
Según el legislador, dirigente de la Democracia Cristiana, "esta alternativa permite al acusado y a las víctimas de un delito ser juzgado equitativamente, al combinarse los conocimientos y formación en derecho de los jueces con el sentir, sabiduría y poseedores de sentido común que tienen los ciudadanos no letrados".
El cordobés explicó que, con este novedoso método -diferente al de Estados Unidos y similar al que ya funciona en su provincia desde hace varias décadas-, el acusado de delitos graves es juzgado por los ciudadanos en conjunto con los jueces del tribunal penal respectivo, adoptándose la sentencia por mayoría, estando a cargo de los jueces del tribunal la fundamentación jurídica y técnica de la decisión que adopta el jurado popular.
"La idea es evitar una acusación basada en especulaciones pasionales, que muchas veces se ven reflejadas por los medios de comunicación, de ahí la presencia de los jueces letrados; o que el excesivo ritualismo y tecnicismo jurídico de los tribunales tradicionales termine llevando a una pena menor o más laxa para los acusados, que se pretende evitar al estar presente el sentido común aportado por los ciudadanos que integran el jurado popular”, destacó.
La iniciativa busca que los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, en lo Penal Económico y en lo Criminal Federal de la Capital Federal deban integrarse con jurados populares para el juzgamiento de ciertos delitos graves. Entre estos se incluyen delitos contra la administración pública, homicidios agravados, delitos sexuales con resultado de muerte, secuestros extorsivos seguidos de muerte, narcotráfico, trata de personas, entre otros.
En los casos de delitos sexuales contra menores, el juicio se deberá realizar a puertas cerradas y el proyecto permite que, a petición de los representantes legales de la víctima, se sustancie sin la participación de jurados populares.
El diputado nacional señaló que los juicios por jurados se realizarán en la circunscripción judicial federal correspondiente al lugar donde se haya cometido el delito. Si el caso ha generado tal conmoción en una comunidad que impida la formación de un jurado imparcial, el juicio podrá trasladarse a otra jurisdicción por sorteo público, a petición del acusado, de la víctima o el Ministerio Público Fiscal.
El proyecto establece la obligatoriedad de los ciudadanos de integrar el jurado una vez que ha sido seleccionado por sorteo público, determinando que para ser elegido se deben cumplir ciertos requisitos, como ser ciudadano argentino en ejercicio, tener entre 25 y 65 años de edad, haber completado la educación básica obligatoria, y tener plena capacidad para ejercer derechos constitucionales.
Al respecto, Brügge resaltó que "la introducción del juicio por jurados a nivel federal representa un avance significativo hacia una mayor democratización de la justicia en Argentina". “Al involucrar a los ciudadanos en el proceso judicial, se busca garantizar un sistema más transparente y equitativo, donde la voz de la comunidad tenga un rol crucial en la determinación de la culpabilidad o inocencia de los acusados y que esta decisión sea refrendada y fortalecida por el aporte técnico y jurídico de los jueces”, dijo.
El dirigente demócrata cristiano enfatizó que esta medida no sólo busca mejorar la justicia, sino también reforzar la confianza del público en el sistema judicial. "Es fundamental que la justicia sea percibida como justa y transparente por todos los ciudadanos. El juicio por jurados es un paso clave en esa dirección", concluyó.
El diputado cordobés Juan Brügge explicó en la Comisión de Legislación Penal su iniciativa para que se contemplen las finalidades implícitas de explotación.
La trata de personas es un tema que volvió a la agenda parlamentaria a raíz del caso de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes hace casi dos meses. En ese marco, y a la espera de un proyecto del Senado sobre compra y venta de menores, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados mantuvo una breve reunión informativa sobre una iniciativa del cordobés Juan Brügge.
El legislador de Hacemos Coalición Federal explicó su proyecto ante sus pares, mediante el que se busca modificar la redacción del artículo 145 bis del Código Penal. El nuevo texto plantea que “será reprimido con prisión de cuatro a ocho años, el que ofreciere, captase, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, o para cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”. El agregado se refiere a “cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona”.
“El delito de trata de personas es uno de esos delitos que se llaman dinámicos, porque están constantemente en cambio y evidentemente va mutando en sus técnicas, en sus medios, en sus formas de llevar adelante. Es un delito transnacional que impacta en lo más profundo del ser humano, que es la dignidad de la persona”, sostuvo el diputado.
En su exposición, señaló que “a raíz de los hechos lamentables del caso Loan” concluyó en que “nuestra legislación no está del todo actualizada”. “Más allá de lo que ha avanzado el Senado en la tipificación concretamente de la venta de niños, nosotros entendíamos que el actual artículo que tipifica a la trata en el Código Penal, el 145 bis, está también desactualizado en función de lo que dice el derecho comparado”, explicó.
A continuación, mencionó que el Parlamento Europeo ha sancionado recientemente una nueva normativa que va en ese sentido. También dijo que el agregado al Código Penal que propone va en línea con lo que establece el Protocolo de Palermo, al que Argentina está adherida hace más de 20 años.
La reforma es para que el artículo se refiera “no sólo a la finalidad explícita de explotación, sino a las finalidades implícitas”, apuntó Brügge. “Viene a agregar una herramienta más para la Justicia y sirve también para combatir a la delincuencia organizada. La trata interna existe y es algo que tenemos que combatir, no solamente con la prevención, sino dándole herramientas concretas en el Código Penal a los jueces y fiscales”, finalizó.
El diputado estuvo acompañado por Darío Vezzaro, con quien trabajó el proyecto. El abogado penalista puso como ejemplo que “en la justicia de Córdoba se ha iniciado un proceso acusando de trata de personas a los titulares de clínicas de fertilidad asistida, por la vulnerabilidad de mujeres donantes de óvulos”, un tema en torno al cual “se plantea la discusión de si hay o no trata”, algo que podría estar contemplado así si el artículo hablara de “otras finalidades”, como plantea la iniciativa, señaló Vezzaro.
En la reunión, conversaron para fortalecer acuerdos turísticos, culturales y económicos entre las dos naciones.
El diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, Juan Brügge, recibió a la embajadora vietnamita Minh Nguyet Ngo en una visita que buscó profundizar la colaboración social, cultural y económica entre Argentina y Vietnam.
Tras la reunión, el cordobés señaló: “Hemos recibido la grata visita de la embajadora de Vietnam en mi despacho. Fue una reunión muy fructífera donde intercambiamos ideas sobre los vínculos entre nuestros pueblos y la necesidad de profundizar la colaboración que ya existe”.
Según Brügge, la embajadora mostró un especial interés en fortalecer las relaciones con las provincias argentinas, haciendo hincapié en la región centro, que incluye Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Además, la enviada vietnamita subrayó la importancia del intercambio comercial entre los dos países, especialmente en el sector de granos, y manifestó su intención de mejorar la colaboración técnica en materia tecnológica.
“Vietnam tiene un amplio e importante intercambio comercial con Argentina, en especial en el tema de granos. Además, la embajadora expresó su interés en fomentar la colaboración en áreas como telecomunicaciones y tecnologías aplicadas a la inteligencia artificial”, sentenció el cordobés.
El turismo también fue un tema destacado en la conversación y en la reunión se acordó mantener abiertos los canales de comunicación para que la embajadora visite el interior del país, especialmente Córdoba, y explorar conjuntamente las posibilidades comerciales entre el sector privado y público provincial.
La reunión culminó con un compromiso mutuo de seguir trabajando en el fortalecimiento de los lazos bilaterales. "Quedaron abiertos los canales de comunicación para futuras visitas y colaboraciones. Es fundamental ahondar en las posibilidades de colocar productos argentinos en Vietnam y viceversa", concluyó el legislador cordobés.
La visita de la agregada diplomática de Vietnam marca un paso significativo en la diplomacia argentina y abre nuevas oportunidades para el intercambio y la cooperación entre ambos países.
En la celebración de los 70 años de la Democracia Cristiana del que participaron diputados de diferentes bloques, Juan Brügge habló de “una oportunidad para que los partidos políticos se reencuentren y trabajen juntos hacia un futuro mejor".
El diputado nacional Juan Brügge (HCF – Córdoba) encabezó este jueves el acto de celebración por los 70 años del Partido Demócrata Cristiano en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo. Integrantes de otros bloques acompañaron el evento.
En la celebración, se conmemoró “la historia y los aportes del humanismo cristiano y la promoción de la amistad cívica". Para ello, Brügge destacó "la necesidad de revitalizar la cultura del encuentro entre los argentinos”.
Estuvieron presentes junto al cordobés, los diputados nacionales Diego Santilli (Pro), Maximiliano Ferraro (CC) y Mónica Fein (HCF), además de los presidentes de bloque Germán Martínez (UP) y Miguel Ángel Pichetto (HCF). También, estuvieron los exdiputados Marcelo Stubrin y María Cristina Guzmán.
Así las cosas, Brügge expresó ante los presentes: "En un momento donde la división y la violencia parecen ser la norma, esta convocatoria surge como una oportunidad para que los partidos políticos se reencuentren y trabajen juntos hacia un futuro mejor".
El diputado cordobés enfatizó que esta reunión "no buscaba crear un nuevo espacio político, sino más bien rememorar y valorar las contribuciones históricas de cada partido, fomentando un espacio de diálogo y escucha mutua".
Asimismo, agradeció la presencia de los legisladores de otros espacios: "El evento de hoy tuvo como objetivo no solamente conmemorar la Democracia Cristiana y fue la excusa para convocar a representantes del Partido Justicialista, de la Unión Cívica Radical, del Partido Socialista, el GEN, ARI, el Pro y otros partidos nacionales”.
“Nos dieron una visión de una autocrítica, hablaron de la necesidad de revitalizar la democracia, de volver a construir consensos y puentes”, enfatizó, y sumó: “Este homenaje se presentó como un primer paso hacia un mayor entendimiento y cooperación, esencial para enfrentar los desafíos futuros de la democracia argentina”.
Por su parte, el jefe de bancada de UP, Germán Martínez, destacó que “las veces que la tradición justicialista y la Democracia Cristiana estuvieron más cerca fue cuando el modelo político y económico pusieron a las personas en el centro y la política al servicio de las personas”.
De igual modo, la santafesina Mónica Fein recordó la colaboración histórica entre el socialismo y la democracia cristiana en la conquista de derechos laborales para los obreros, y planteó la necesidad de pensar el futuro de los partidos políticos ante los nuevos desafíos de una profunda desigualdad.
En el final, Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque de HCF, ponderó los 70 años del partido, al destacar la autoridad jurídica y política de Brügge, reivindicando la importancia de la política “en un momento donde hay discursos en contra de los partidos políticos”.
El evento se realizará el próximo jueves 11 de julio y es organizado por el diputado Juan Brügge, en el marco de los 70 años del Partido Demócrata Cristiano.
Con el objetivo de reunir a representantes de diversas fuerzas políticas para reflexionar sobre el valor de los partidos en la democracia moderna argentina, en medio de un contexto de polarización y tensiones, el diputado nacional Juan Brügge encabezará un evento el próximo jueves 11 de julio en el Congreso.
La convocatoria, que se enmarca en la celebración de los 70 años de existencia del Partido Demócrata Cristiano, se llevará a cabo de 14 a 16 horas en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja.
"La esencia de esta convocatoria radica en homenajear no sólo a la historia y los aportes del humanismo cristiano, sino también en promover la amistad cívica, un valor fundamental de la democracia cristiana", señalaron desde la organización.
En tanto, Brügge subrayó "la necesidad de revitalizar la cultura del encuentro entre los argentinos, un concepto que será materializado en un panel donde participarán diversas fuerzas políticas". En ese sentido, habrá miembros del GEN, el socialismo, el radicalismo, el Pro y el Partido Justicialista, entre otros.
Entre los confirmados estarán los legisladores nacionales Mónica Fein (PS), Diego Santilli (Pro), Germán Martínez (UP), Miguel Ángel Pichetto (HCF), Emilio Monzó (HCF) y acompañará también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de LLA. Cada representante expondrá los logros y contribuciones de su partido a lo largo de los años y las perspectivas democráticas para el presente y el futuro.
"Esta reunión no busca crear un nuevo espacio político, sino más bien rememorar y valorar las contribuciones históricas de cada partido, fomentando un espacio de diálogo y escucha mutua", indicó Brügge. “En un momento donde la división y la violencia parecen ser la norma, esta convocatoria surge como una oportunidad para que los partidos políticos se reencuentren y trabajen juntos hacia un futuro mejor”, ponderó el cordobés.
El legislador confesó que su expectativa del evento es "alta" dado "el contexto actual de fragmentación política". "Es vital repensar la democracia y el rol de los partidos políticos, utilizando el aniversario del Partido Demócrata Cristiano como una excusa para reunir a las fuerzas políticas y fomentar la colaboración. Este homenaje se presenta como un primer paso hacia un mayor entendimiento y cooperación, esencial para enfrentar los desafíos futuros de la democracia argentina", consideró.
Finalmente, desde la organización se agregó que el encuentro "promete ser un espacio de diálogo constructivo, crucial para avanzar hacia una sociedad más unida y colaborativa".
El diputado de HCF criticó la ausencia de una política pública clara y coherente respecto a los jubilados.
El diputado nacional Juan Brügge (HCF – Córdoba) se refirió a la media sanción que la Cámara baja le dio a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria el pasado miércoles y afirmó que “nuestros jubilados y pensionados no tienen tiempo que esperar las soluciones”.
Del mismo modo, el legislador cordobés planteó que “la degradación del haber jubilatorio no es un problema reciente, sino que lleva más de siete años acumulando pérdidas significativas”. Según estudios mencionados por el Brugge, la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados ha alcanzado cerca de 26,000 millones de dólares en ese periodo.
"Estamos siendo testigos de una situación de degradación del haber jubilatorio", señaló Brügge, quien también criticó la ausencia de una política pública clara y coherente respecto a los jubilados. Señaló que las respuestas gubernamentales “han sido esporádicas y coyunturales, dependiendo muchas veces de decretos de necesidad y urgencia o leyes ambiguas que no brindan seguridad jurídica a largo plazo”.
Asimismo, afirmó que “no hay una política de Estado y no hay una política pública con referencia de los jubilados”. "Tenemos una deuda pendiente, una deuda social con nuestros jubilados”, concluyó.
Se calienta la interna en el frente de Schiaretti por una disputa por la principal precandidatura en el distrito porteño, que se judicializó. En la DC denuncian “traición” de parte de un dirigente propio.
Desde el cierre de listas del 24 de julio pasado, el frente que postula a la fórmula Juan Schiaretti-Florencio Randazzo está enfrascado en una fuerte discusión en torno al primer lugar de la lista de precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como hemos venido informando desde el fin de semana pasado, se generó una discusión que ha llegado al plano judicial entre la Democracia Cristina de ese distrito y el exdiputado nacional Diego Bossio, que reclama ese lugar. Ese partido, en tanto, propone a su titular, Carlos Traboulsi, y reivindica tal potestad exigiendo se respete que es el único partido del frente Hacemos por Nuestro País que cuenta con personería jurídica en dicho distrito. Sostienen además que el extitular de la ANSeS no tiene domicilio en CABA y es oriundo además de Tandil, provincia de Buenos Aires.
La DC porteña llevó el tema a la justicia, pero este viernes sufrió un revés. Sucede que dos apoderados nacionales de la alianza electoral que promueve al gobernador cordobés para la presidencia, uno perteneciente al Partido Socialista y el otro al propio Partido Demócrata Cristiano, de la provincia de Córdoba, presentaron un escrito judicial donde desvinculan al PDC de CABA de la alianza schiarettista, invocando en cambio al Partido Acritud Renovadora para llevar a Diego Bossio al primer lugar de la lista.
El representante de la DC cordobesa es Juan Brügge, quien tiene una vieja relación con el schiarettismo, a través de cuyas listas llegó a ser diputado nacional entre 2015 y 2019, y es actualmente director del Banco de la provincia de Córdoba.
“La actitud de Brügge es un terrible acto de traición hacia su propio partido político, que es la Democracia Cristiana, y provocará una fuerte disputa interna en el partido”, bramó Carlos Traboulsi, quien disputa con Bossio encabezar la nómina de ese espacio en CABA. Y agregó que Brügge “está sosteniendo sus propios intereses políticos en Córdoba, pese a traicionar a sus propios afiliados y a la DC de la Capital federal en su justa disputa legal con Bossio”.
Todo dependerá ahora de lo que decida la jueza nacional federal con competencia electoral María Servini, quien tendrá la última palabra en los próximos días.