En una sala 2 del  segundo piso del Anexo A de Diputados prácticamente desierta, la Comisión de Justicia realizó una reunión informativa presidida por su titular, el libertario Manuel Quintar, en la que el diputado formoseño Fernando Carbajal presentó su proyecto para modificar los artículos 375 y 488 del Código Procesal Penal referidos a la sentencia condenatoria firme y derecho de indemnización.

Se trata de un proyecto presentado en el mes de mayo, inmediatamente después del fracaso de ficha limpia en el Senado, que propone establecer legalmente mediante la reforma del Código Procesal Penal Federal, que la sentencia penal condenatoria quedará en condiciones de ser ejecutada luego que se haya cumplido con el requisito el doble conforme, entendiendo que el mismo queda satisfecho cuando el tribunal casatorio haya declarado improcedente el recurso federal extraordinario de inconstitucionalidad.

Según explicó el autor de la norma, “dictada una sentencia de condena por un tribunal de instancia única, la misma puede ser revisada por un tribunal casatorio o de impugnación (la Cámara Federal o Nacional de Casación Penal, o los Tribunales de Impugnación o Superiores Tribunales Provinciales según quien ejerza el control de doble conforme). Confirmada la sentencia de condena, queda habilitado el recurso extraordinario”.

Según Carbajal, su proyecto implica establecer una “verdadera ley de ficha limpia, y no los mamarrachos jurídicos que algunos irresponsables han agitado en los últimos tiempos con inconfesables fines políticos de baja estofa”.

“Esta es una alternativa que si bien no es ficha limpia, tiene efectos superadores, porque deja claro cuándo queda firme y se puede ejecutar una sentencia”, anunció Quintar al dar inicio a la reunión.

Carbajal valoró la celeridad de su respuesta, que a su juicio permitirá “recuperar el debate sobre este tema”. Si bien reconoció que la realidad política trata de correr temas como ficha limpia, “siempre es un buen momento” para avanzar con ese debate. Empero, se mostró sorprendido por “la ausencia casi masiva de la mayoría de los colegas”, agradeciendo sí la presencia de los pocos que sí concurrieron.

“Me sorprende que haya tantos actores de la política que no vienen a dar la discusión sobre temas con aristas opinables, pero es imprescindible avanzar con esta discusión”.

Al dar detalles de su iniciativa, el exmagistrado destacó que la decisión de cuándo una sentencia se ejecutoriza es siempre una decisión de carácter legislativo. Explicó que “las medidas cautelares son medidas que se toman y ejecutan aunque no estén firmes. Pero en el ámbito penal, no están claras. Las sentencias penales nunca adquieren una firmeza absoluta e irrevocable, a diferencia de lo que sí pasa con otras ramas del derecho. Porque está establecido el principio de revisión del Derecho, con carácter de cosa juzgada. Las sentencias penales nunca adquieren carácter de definitivo”.

Esta falta de firmeza definitiva, continuó, “deja clara la necesidad de una regulación procesal clara que diga en qué momento vamos a ejecutar la sentencia. Esto no lo está diciendo el Código Procesal Penal y a eso apuntamos”. En base a un fallo que estableció jurisprudencia, Carbajal señaló en ese sentido que “la ejecutabilidad de la sentencia se produce a partir del momento en que el recurso extraordinario es rechazado por la Cámara de Casación Penal.

Empero, aclaró que “esto no quiere decir que la sentencia esté firme” porque es susceptible de “recursos extraordinarios”, tales como un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o los mismos tribunales del país que pueden reabrir el caso en casos que se justifique. De persistir esa postura “le habremos cumplido el sueño a los abolicionistas del sistema penal”, consideró.

El diputado formoseño sostuvo luego que las implicancias y efectos concretos de su proyecto son exactamente los mismos que la media sanción aprobada en Diputados de ficha limpia. “Es el mismo proyecto, pero más amplio”, a partir de cuya eventual aprobación la sentencia con doble conforme y el rechazo del recurso extraordinario se convierte en un sentencia ejecutoria.

Pero además, aclaró, su proyecto no se limita a los delitos de corrupción estatal, sino a todos los delitos. “Este era uno de los aspectos que más critiqué durante el debate de ficha limpia, por el ‘estado de igualdad’”, señaló, basado en que según constaba en el proyecto de ficha limpia, la inhabilitación para ser candidato corría para casos de corrupción, pero no para un narcotraficante o y mega empresario.

Por último, se refirió al concepto extendido sobre todo por el kirchnerismo respecto de los casos de “lawfare”. Y reconoció que a su juicio eso existe: “Se utiliza en distintos  ámbitos de las justicias provinciales, muchas veces muy dependientes del poder provincial”, en cuyos casos se apela a la persecución o difamación política.

La diferencia es, aclaró, que “nosotros sostenemos que el lawfare se termina cuando hay sentencias que condenan, y estas sentencias están confirmadas por el sistema. Si no lo reconocemos, la verdad que entramos en un terreno de que lo que cuestionamos no es la validez de la sentencia, sino directamente el sistema republicano”. 

“Republicanos alternantes”

A continuación, el diputado camporista Rodolfo Tailhade anticipó que su bloque, Unión por la Patria, va a analizar el tema. “No hubo tiempo de discutirlo”, señaló, con la esperanza de que se inicie un proceso de discusión. Eso sí, adelantó que “algo que venga a reemplazar ficha limpia no me cierra para nada”, y se quejó de que “el Congreso viene desde hace muchos años reemplazando cuestiones que tienen como exclusivos responsables a los jueces. No digo que este sea el caso, pero roza estas cuestiones. No puede estar el Congreso corriendo el arco a favor de los jueces cuando ellos no cumplen sus responsabilidades”.

“Un artículo absurdo decía que la instrucción puede durar cuatro meses; después tiene que pedir autorización a la Cámara y que le dé un plazo para terminar la instrucción. No hay ninguna instrucción en la historia argentina que haya durado cuatro meses. Jamás se cumplió ese artículo. Los jueces hacen lo que quiere, la Corte no tiene ninguna norma que ordene el tema y el Congreso está todo el tiempo generando soluciones a un problema que es estrictamente judicial”, señaló Tailhade, que reiteró la disposición de su bancada a discutir el tema.

Otra diputada presente en el encuentro fue Mercedes de Mendieta, quien aclaró que solo habían podido darle al proyecto una primera mirada y si bien consideró que la lucha contra la corrupción “es muy importante”, recordó que “cuando discutimos ficha limpia marcamos algunas problemáticas, como podía ser la proscripción o persecución política”.

Luego se pronunció a favor de una reforma judicial profunda, que por ejemplo contenga la elección popular de los jueces.

“Es un tema delicado la corrupción y no creemos que vaya a resolverse con estos proyectos”, concluyó, sintetizando con esa definición esa primera mirada de la izquierda sobre el tema.

Compañera de bloque de Carbajal, Danya Tavela recordó que el proyecto tiene varios meses de presentado, a partir de la caída de ficha limpia, que atribuyó a una “maniobra” de dos senadores. Dijo que el proyecto ya fue discutido en Legislación Penal, pero celebró la “honestidad intelectual” de los que sí asistieron a la reunión y plantearon sus diferencias.

“Se lo reconozco y veo que estamos rodeados de ‘republicanos alternantes’, que se hacen los tontos con el caso fentanilo, o las coimas de la ANDIS”, apuntó la diputada, que reconoció que es necesaria una reforma profunda de la justicia, “pero por lo menos empecemos a discutir estos temas”.

“Los responsables de la representación ciudadana tenemos que convivir con la ejemplaridad”, continuó, y recordó que “hubo acá gente que lloró por ficha limpia, que recolectó firmas, y hoy no está sentada acá. Yo me siento estafada (por ellos) como votante”, y atribuyó el hecho de que haya 40% que no vaya a votar a que “no creen en los que van a elegir”.

El presidente de la comisión, Manuel Quintar dijo sobre el final que La Libertad Avanza veía con buenos ojos un proyecto como ese, que “viene a subsanar algunas cosas con las que personalmente no estaba de acuerdo con ficha limpia”, por ejemplo en cuanto a la amplitud de los temas y que solo estuviera circunscripto a la corrupción. Dijo que podrían aportar sugerencias, tales como que con una revisión en Casación alcanzara para darle ejecutorialidad a la pena. “Es un punto un poco fino y ahí estaría una discrepancia”.

“Creo que el proyecto viene a subsanar esa sensación que tiene la sociedad, donde nunca van presos los corruptos. Es importante también dar la discusión”, dijo, y coincidió con Carbajal respecto del lawfare. “Para mí existe, vengo de una provincia, Jujuy, gobernada por el radicalismo, y ahí hay lawfare. El diputado viene de Formosa, y ahí también”.

Dijo en ese sentido que para desterrar la herramienta del lawfare tenían a disposición el juicio por jurado, y al respecto señaló que “en un año electoral tan politizado reafirmo mi compromiso de cuando asumí acá, esta tenía que ser una comisión técnica, y se alcanzó un dictamen de unanimidad con juicio por jurado”. Pero lamentó que no se hubieran podido poner de acuerdo de una vez con eso y “tener una sesión limpia para votar juicio por jurado antes de que se caiga el dictamen”.

Cerró la reunión anticipando que, como Justicia no es cabecera de ese tema propondría realizar una reunión conjunta, mientras que Carbajal compartió con él y mostró su disposición a hacer una sesión especial para juicio por jurado.