La sesión de Diputados tan gravosa para el Gobierno tuvo un final abrupto, pero no inesperado, ya que todo el tiempo se especuló con la eventual finalización anticipada de la reunión por falta de quórum.

Fue al cabo de una cuestión de privilegio presentada por la diputada rionegrina Lorena Villaverde, que ya había sido destinataria en una sesión anterior de severas denuncias de parte de su comprovinciano kirchnerista Martín Soria, y esta vez le hizo una durísima devolución de gentilezas.

Tras una catarata de denuncias contra su rival -ambos son candidatos a senadores nacionales para el 26 de octubre-, Villaverde cerró su cuestión de privilegio exigiéndole explicaciones a Soria, aunque aclaró que “no espero que lo haga, porque no es un hombre de bien”. Tal el tenor de sus dichos.

Previsiblemente el diputado Martín Soria quiso contestarle, pero el presidente de la Cámara no se lo permitió, pues no podía argumentar haber sido aludido, al tratarse de una cuestión de privilegio en su contra. Sí podía contestarle con otra cuestión de privilegio, para lo cual lo anotaría al final de la lista de las que tenía.

Martín Menem no le dio la palabra a Soria, pero sí al libertario Manuel Quintar, quien no tenía una cuestión de privilegio para hacer, sino que planteó una moción de orden para que se modificara el orden del día y pasar a tratar el expediente 950. Y mientras hablaba, comenzaron a pararse sus compañeros de bancada y aliados para abandonar el recinto.

Estaba claro que esa movida estaba preparada y el presidente del bloque UP, Germán Martínez, lo advirtió: “Esa moción de orden es trucha, es falopa”, dijo el santafesino que sugirió ser más creativo a la hora de tratar de hacer caer la sesión, ya que pedía algo que obligaba a una votación para la cual ya no había quórum. Lo advirtió Martínez, ante lo cual Martín Menem invitó a los diputados que estaban afuera a sentarse para que se votara la moción.

“Si la hacen, la tienen que hacer mejor de lo que lo están haciendo”, lanzó Martínez con ironía, y le explicó a Quintar: “Si usted quería hacer esto, tenía que haber esperado que haber esperado el final del lote (de cuestiones de privilegio) que está anunciado… Así que les recomiendo que se sienten y que laburen”.

Asesorado, Menem le aclaró a su interlocutor que “la moción de orden desplaza cualquier otra situación, eso dice el artículo 127”.  “Sí, tiene otra cosa que hacer -repuso Germán Martínez-: Que es actuar como presidente de la Cámara”.

El titular del Cuerpo insistió en que sí lo estaba haciendo, y le pidió al secretario Parlamentario que leyera el artículo 128, que dice que las mociones de orden serán previas a otro asunto, aun el que esté en debate. Luego leyó el 127, y luego Menem enfatizó que ya habían pasado 7 minutos y al no haber quórum “no me queda otra que levantar la sesión”.

Había 119 diputados presentes, eran las 21.10, y tras 8 horas de sesión, se dio por terminada la misma.

En una sala 2 del  segundo piso del Anexo A de Diputados prácticamente desierta, la Comisión de Justicia realizó una reunión informativa presidida por su titular, el libertario Manuel Quintar, en la que el diputado formoseño Fernando Carbajal presentó su proyecto para modificar los artículos 375 y 488 del Código Procesal Penal referidos a la sentencia condenatoria firme y derecho de indemnización.

Se trata de un proyecto presentado en el mes de mayo, inmediatamente después del fracaso de ficha limpia en el Senado, que propone establecer legalmente mediante la reforma del Código Procesal Penal Federal, que la sentencia penal condenatoria quedará en condiciones de ser ejecutada luego que se haya cumplido con el requisito el doble conforme, entendiendo que el mismo queda satisfecho cuando el tribunal casatorio haya declarado improcedente el recurso federal extraordinario de inconstitucionalidad.

Según explicó el autor de la norma, “dictada una sentencia de condena por un tribunal de instancia única, la misma puede ser revisada por un tribunal casatorio o de impugnación (la Cámara Federal o Nacional de Casación Penal, o los Tribunales de Impugnación o Superiores Tribunales Provinciales según quien ejerza el control de doble conforme). Confirmada la sentencia de condena, queda habilitado el recurso extraordinario”.

Según Carbajal, su proyecto implica establecer una “verdadera ley de ficha limpia, y no los mamarrachos jurídicos que algunos irresponsables han agitado en los últimos tiempos con inconfesables fines políticos de baja estofa”.

“Esta es una alternativa que si bien no es ficha limpia, tiene efectos superadores, porque deja claro cuándo queda firme y se puede ejecutar una sentencia”, anunció Quintar al dar inicio a la reunión.

Carbajal valoró la celeridad de su respuesta, que a su juicio permitirá “recuperar el debate sobre este tema”. Si bien reconoció que la realidad política trata de correr temas como ficha limpia, “siempre es un buen momento” para avanzar con ese debate. Empero, se mostró sorprendido por “la ausencia casi masiva de la mayoría de los colegas”, agradeciendo sí la presencia de los pocos que sí concurrieron.

“Me sorprende que haya tantos actores de la política que no vienen a dar la discusión sobre temas con aristas opinables, pero es imprescindible avanzar con esta discusión”.

Al dar detalles de su iniciativa, el exmagistrado destacó que la decisión de cuándo una sentencia se ejecutoriza es siempre una decisión de carácter legislativo. Explicó que “las medidas cautelares son medidas que se toman y ejecutan aunque no estén firmes. Pero en el ámbito penal, no están claras. Las sentencias penales nunca adquieren una firmeza absoluta e irrevocable, a diferencia de lo que sí pasa con otras ramas del derecho. Porque está establecido el principio de revisión del Derecho, con carácter de cosa juzgada. Las sentencias penales nunca adquieren carácter de definitivo”.

Esta falta de firmeza definitiva, continuó, “deja clara la necesidad de una regulación procesal clara que diga en qué momento vamos a ejecutar la sentencia. Esto no lo está diciendo el Código Procesal Penal y a eso apuntamos”. En base a un fallo que estableció jurisprudencia, Carbajal señaló en ese sentido que “la ejecutabilidad de la sentencia se produce a partir del momento en que el recurso extraordinario es rechazado por la Cámara de Casación Penal.

Empero, aclaró que “esto no quiere decir que la sentencia esté firme” porque es susceptible de “recursos extraordinarios”, tales como un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o los mismos tribunales del país que pueden reabrir el caso en casos que se justifique. De persistir esa postura “le habremos cumplido el sueño a los abolicionistas del sistema penal”, consideró.

El diputado formoseño sostuvo luego que las implicancias y efectos concretos de su proyecto son exactamente los mismos que la media sanción aprobada en Diputados de ficha limpia. “Es el mismo proyecto, pero más amplio”, a partir de cuya eventual aprobación la sentencia con doble conforme y el rechazo del recurso extraordinario se convierte en un sentencia ejecutoria.

Pero además, aclaró, su proyecto no se limita a los delitos de corrupción estatal, sino a todos los delitos. “Este era uno de los aspectos que más critiqué durante el debate de ficha limpia, por el ‘estado de igualdad’”, señaló, basado en que según constaba en el proyecto de ficha limpia, la inhabilitación para ser candidato corría para casos de corrupción, pero no para un narcotraficante o y mega empresario.

Por último, se refirió al concepto extendido sobre todo por el kirchnerismo respecto de los casos de “lawfare”. Y reconoció que a su juicio eso existe: “Se utiliza en distintos  ámbitos de las justicias provinciales, muchas veces muy dependientes del poder provincial”, en cuyos casos se apela a la persecución o difamación política.

La diferencia es, aclaró, que “nosotros sostenemos que el lawfare se termina cuando hay sentencias que condenan, y estas sentencias están confirmadas por el sistema. Si no lo reconocemos, la verdad que entramos en un terreno de que lo que cuestionamos no es la validez de la sentencia, sino directamente el sistema republicano”. 

“Republicanos alternantes”

A continuación, el diputado camporista Rodolfo Tailhade anticipó que su bloque, Unión por la Patria, va a analizar el tema. “No hubo tiempo de discutirlo”, señaló, con la esperanza de que se inicie un proceso de discusión. Eso sí, adelantó que “algo que venga a reemplazar ficha limpia no me cierra para nada”, y se quejó de que “el Congreso viene desde hace muchos años reemplazando cuestiones que tienen como exclusivos responsables a los jueces. No digo que este sea el caso, pero roza estas cuestiones. No puede estar el Congreso corriendo el arco a favor de los jueces cuando ellos no cumplen sus responsabilidades”.

“Un artículo absurdo decía que la instrucción puede durar cuatro meses; después tiene que pedir autorización a la Cámara y que le dé un plazo para terminar la instrucción. No hay ninguna instrucción en la historia argentina que haya durado cuatro meses. Jamás se cumplió ese artículo. Los jueces hacen lo que quiere, la Corte no tiene ninguna norma que ordene el tema y el Congreso está todo el tiempo generando soluciones a un problema que es estrictamente judicial”, señaló Tailhade, que reiteró la disposición de su bancada a discutir el tema.

Otra diputada presente en el encuentro fue Mercedes de Mendieta, quien aclaró que solo habían podido darle al proyecto una primera mirada y si bien consideró que la lucha contra la corrupción “es muy importante”, recordó que “cuando discutimos ficha limpia marcamos algunas problemáticas, como podía ser la proscripción o persecución política”.

Luego se pronunció a favor de una reforma judicial profunda, que por ejemplo contenga la elección popular de los jueces.

“Es un tema delicado la corrupción y no creemos que vaya a resolverse con estos proyectos”, concluyó, sintetizando con esa definición esa primera mirada de la izquierda sobre el tema.

Compañera de bloque de Carbajal, Danya Tavela recordó que el proyecto tiene varios meses de presentado, a partir de la caída de ficha limpia, que atribuyó a una “maniobra” de dos senadores. Dijo que el proyecto ya fue discutido en Legislación Penal, pero celebró la “honestidad intelectual” de los que sí asistieron a la reunión y plantearon sus diferencias.

“Se lo reconozco y veo que estamos rodeados de ‘republicanos alternantes’, que se hacen los tontos con el caso fentanilo, o las coimas de la ANDIS”, apuntó la diputada, que reconoció que es necesaria una reforma profunda de la justicia, “pero por lo menos empecemos a discutir estos temas”.

“Los responsables de la representación ciudadana tenemos que convivir con la ejemplaridad”, continuó, y recordó que “hubo acá gente que lloró por ficha limpia, que recolectó firmas, y hoy no está sentada acá. Yo me siento estafada (por ellos) como votante”, y atribuyó el hecho de que haya 40% que no vaya a votar a que “no creen en los que van a elegir”.

El presidente de la comisión, Manuel Quintar dijo sobre el final que La Libertad Avanza veía con buenos ojos un proyecto como ese, que “viene a subsanar algunas cosas con las que personalmente no estaba de acuerdo con ficha limpia”, por ejemplo en cuanto a la amplitud de los temas y que solo estuviera circunscripto a la corrupción. Dijo que podrían aportar sugerencias, tales como que con una revisión en Casación alcanzara para darle ejecutorialidad a la pena. “Es un punto un poco fino y ahí estaría una discrepancia”.

“Creo que el proyecto viene a subsanar esa sensación que tiene la sociedad, donde nunca van presos los corruptos. Es importante también dar la discusión”, dijo, y coincidió con Carbajal respecto del lawfare. “Para mí existe, vengo de una provincia, Jujuy, gobernada por el radicalismo, y ahí hay lawfare. El diputado viene de Formosa, y ahí también”.

Dijo en ese sentido que para desterrar la herramienta del lawfare tenían a disposición el juicio por jurado, y al respecto señaló que “en un año electoral tan politizado reafirmo mi compromiso de cuando asumí acá, esta tenía que ser una comisión técnica, y se alcanzó un dictamen de unanimidad con juicio por jurado”. Pero lamentó que no se hubieran podido poner de acuerdo de una vez con eso y “tener una sesión limpia para votar juicio por jurado antes de que se caiga el dictamen”.

Cerró la reunión anticipando que, como Justicia no es cabecera de ese tema propondría realizar una reunión conjunta, mientras que Carbajal compartió con él y mostró su disposición a hacer una sesión especial para juicio por jurado.

Bajo la temática “Evaluación de medidas para afrontar la realidad actual del sector privado del sistema de salud”, la Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por Pablo Yedlin (UP), llevó a cabo un debate en la Legislatura de Tucumán, en vísperas del Día de la Independencia.

Además de los diputados nacionales, participaron funcionarios provinciales, legisladores tucumanos y representantes del sector público y privado de salud.

Previamente, la comitiva tuvo un encuentro con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y el gobernador Osvaldo Jaldo, quien será el anfitrión del "Pacto de Mayo" que encabezará el presidente Javier Milei el próximo lunes.

En la mañana de hoy, junto al gobernador @OsvaldoJaldo, recibimos a diputados nacionales de la comisión de Salud, quienes llegaron a la provincia para llevar adelante una sesión informativa federal en la Legislatura tucumana, presidida por el diputado nacional Pablo Yedlin.… pic.twitter.com/9HwZnvBLCb

— Rossana Chahla (@RossanaChahla) July 5, 2024

Al dar la bienvenida en la reunión informativa de la comisión, el vicegobernador de Tucumán y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, se definió como un “ferviente defensor del federalismo” para destacar que la jornada se realice en ese territorio. Y expresó su anhelo por "un país grande en todos los sentidos, con todos los argentinos incluidos y con el equilibrio que se necesita”.

Luego, el ministro de Salud de la provincia, el doctor Luis Medina Ruiz, destacó la convivencia del sector público y privado. “No hay que competir sino complementarnos”, señaló e instó a que “la salud, la educación y la seguridad tengan prioridad en las decisiones”.

Por su parte, Yedlin se refirió al proyecto de ley de su autoría que busca prorrogar la emergencia sanitaria por un año. “El objetivo es evitar que las clínicas privadas y sanatorios que están con deudas previsionales o impositivas fueran puestas en situación de quiebra o sean juzgadas por la justicia como si fueran una empresa o industria habitual; una problemática que lleva más de veinte años”, explicó.

El presidente de la Comisión de Salud detalló que la iniciativa tiene como fin crear un régimen especial para el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) no computable, del cual serán beneficiarios todos los establecimientos sanitarios del país del sector privado que se encuentran inscriptos en el Registro Federal de Establecimientos de Salud, creado por la resolución 1070/09 del Ministerio de Salud de la Nación, o el registro que en su futuro lo reemplace.

Escuchamos al pte. de la UAS @HugoMagonza y a los diputados @manuelquintar, @DrDanielGollan @gerpmartinez @NataliaSarapura @NederEstela @montotomaria @RocioBonacci, @MarioKoltan entre otros referentes del sector privado. pic.twitter.com/BG8VhVgpWx

— Pablo Yedlin (@pyedlin) July 5, 2024

El vicepresidente de la comisión, Manuel Quintar (LLA), afirmó que desde el Gobierno nacional apuntan “a reestablecer la ecuación de la Argentina de los costos y los ingresos de las empresas de medicina en general”. En ese sentido, afirmó: “No podemos vivir de subsidios, de migajas y de parchando las ruedas, porque en algún momento se terminan de romper”.

Con respecto al proyecto de Yedlin, el oficialista aclaró que “es una buena iniciativa" pero "la vamos acompañar en la medida que los tiempos de la macroeconomía nos permitan". "La idea central es no parchar nada sino dar soluciones definitivas”, sentenció.

La diputada María Luisa Montoto (UP), coautora del proyecto, remarcó que “se está poniendo en valor algo muy importante que es la salud, que nos atraviesa a todos, nos iguala”. Al respecto, agregó: “Cuando pensamos en salud, que es lo más preciado de la vida, tenemos que buscar las coincidencias entre lo público y lo privado para el bien común”.

Otra de las intervenciones fue del presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Hugo Magonza, quien valoró el hecho “inédito” que por primera vez en 22 años haya “un clamor transformado en un documento que tiende a solucionar el sistema privado de salud”. En otro orden, sostuvo que “el problema más grave que tenemos es que la salud está invisibilizada, no está en la agenda de la gente”.

En esa línea, Magonza solicitó un plan nacional integral de salud con ciertos pilares: universalidad, solidaridad, equidad, acceso y, sobre todo, con un modelo de atención estructurado para que accedan todos los que están en nuestro país. Por último, subrayó que “no puede haber un sistema de salud que no sea una política de Estado”.

El diputado Daniel Gollán (UP) analizó que “hay que pensar en un sistema de salud nuevo, que no se hace en un día, es un proceso que hay que construirlo con todos los sectores”. Por su parte, la legisladora Cecilia Ibáñez (MID) solicitó una ley que “dé continuidad y futuro para todos”.

Desde la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina + Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (ADECRA+CEDIM), Marcelo Kaufman, especificó: “Nuestro problema no es el no pago de impuestos, nuestro problema son los pagos de miseria que tenemos en el sector salud”. “Abogamos por este diálogo, pero entendamos que todos tenemos responsabilidad para hacer este sector sustentable. Y, por supuesto, en una articulación público-privada porque así vamos a salir adelante”, recalcó.

También expusieron Mario Koltan, presidente de la Cámara Tucumana de Salud; Juan Carlos Tejerizo, subdirector médico del Hospital Italiano; Bernardo Silberstein, de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán; Gabriel Yedlin, legislador de San Miguel de Tucumán; Silvia Jalil, de Salud Federal; y los diputados Natalia Sarapura (UCR) y Germán Martínez (UP).

La comitiva de la Comisión de Salud con el gobernador Osvaldo Jaldo

Jujuy también se tiñó del color del partido de Javier Milei, que en caso de repetir en las elecciones generales en octubre, se alzaría con los senadores por la mayoría y también se quedaría con dos de los tres diputados que se pondrán en juego.

Para diputados, el partido de Milei jugó aliado con el Partido Renovador Federal, que llevó una lista con Manuel Quintar y María Claudia Neme Scheij, que ingresarían a la Cámara baja a partir del 10 de diciembre.

El tercer diputado correspondería a Juntos por el Cambio, por lo que renovaría su banca Jorge Rizotti, de la lista Sigamos Cambiando Jujuy.

La provincia norteña es otra de las que ponen en juego senadores y en ese rubro se impuso también el Partido Renovador Federal, que pondría como senadores a Ezequiel Atauche y Vilma Facunda Bedia.

Cabe recordar que en esta provincial el Frente de Todos perdería entonces dos diputados, mientras que Juntos por el Cambio mantendría la banca que expone.

A su vez, JxC perdería un senador, en tanto que Unidad Federal también perdería el escaño que expone.

La interna de Unión por la Patria fue ganada por Unidad Renovadora, que era encabezada por Carolina Moisés para el Senado y Guillermo Snopek para la Cámara baja.