Luego de recibir financiamiento de 100 millones de dólares de los bancos internacionales FMO, FinDev Canadá y Proparco, Genneia expandirá su capacidad de generación de energía renovable en los municipios de Malargüe y Luján de Cuyo en la provincia de Mendoza.

Ambos parques suministrarán electricidad verde al Mercado de Energías Renovables (MATER), donde abastecerán a empresas comprometidas con el cumplimiento de sus objetivos de sostenibilidad. Además, la financiación de estos proyectos, con una capacidad conjunta de 270 MW, fotalece la estrategia de la compañía.

En tal sentido, el Director de Administración y Finanzas de Genneia, Carlos Palazón dijo que "el apoyo de nuestro socio de Países Bajos, junto con la recientes asociaciones de Canadá y Francia, refuerza nuestro liderazgo en Argentina y nos permite cumplir nuestro compromiso de suministrar energía renovable a grandes usuarios industriales, avanzando en la descarbonización de la industria argentina".

El acuerdo se llevó a cabo en las oficinas de Genneia, con la presencia del presidente de la compañía César Rossi, el Director de Administración y Finanzas, Carlos Palazón, el Director de Asuntos Corporativos, Regulatorios  y Sustentabilidad, Gustavo Castagnino; mientras que por las partes financieras estuvieron Pauline Broertjes, responsable de inversiones de FMO; Carl Daunar, responsable de inversiones d, de Proparco, junto a Mauritz Verheijden, embajador de Países Bajos; Reid Sirrs, embajador de Canadá y Romain Nadal, embajador de Canadá.

Cabe resaltar que FMO, de Países Bajos, fue el organizador principal y aportó un total de 30 millones de dólares, en tanto que FinDev Canadá, la institución bilateral canadiense de financiación del desarrollo, y Proparco, filial del Grupo Agence Française de Développement (Grupo AFD), contribuyeron como prestamistas a esta operación con u$s40 y u$s30 millones, respectivamente. El préstamo a Genneia es a diez años.

La minera canadiense Ontario INc. se suma a las empresas interesadas en comenzar con las exploraciones en Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO). Así lo hicieron saber los ejecutivos, que viajaron a Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo con un estudio sobre el futuro del cobre y la gran demanda que tendrá a futuro.

Del encuentro participaron la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el director de minería, Jerónimo Shantal, y el director general de Impulsa Mendoza, Emilio Guiñazú.

La empresa de Ontario tiene la intención de explorar en siete zonas en la franja denominada “Huemul”, que comprende las exploraciones Huemul, Mirano Norte, Carmencita, Silvana, Huemul Norte, Huemul Sur y Cerro Butalo.

Ontario Inc. se sumaría a Kobrea, que planea una inversión cercana a 20 millones de dólares en las dos primeras temporadas de trabajo en Malargüe. Esta compañía instalará en el corto plazo una oficina en el departamento del Sur para tener contacto directo con la comunidad malargüina, con contratación de personal del departamento para su funcionamiento.

Las empresas interesadas, sin embargo, aguardan por la ratificación de la Legislatura provincial de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que pasó por una multitudinaria audiencia pública, que tiene más de 13 informes sectoriales que son públicos y un informe técnico de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo.

De hecho, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, fue la encargada de presentar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante los legisladores el lunes último. Esta ratificación es uno de los últimos pasos de un largo proceso para dar el visto bueno a los procesos exploratorios.

La DIA aprueba trabajos de prospección y exploración. La zona tiene bajo nivel de trabajos previos, por lo que se espera que en la primera temporada solo se realicen relevamientos primarios, donde casi no hay intervención sobre el ambiente.

Ontario Inc. y otras empresas interesadas aguardan esta aprobación para comenzar a trabajar con técnicos y mano de obra especializada de la provincia.

Tras la reunión, la ministra de Energía y Ambiente contó la importancia que implica para Ontario la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental. “Para ellos es muy importante iniciar esta campaña de prospección inicial para luego pasar a la exploración.

Quieren empezar con las inversiones en esta temporada. Hay que entender que las temporadas de exploración en minería están vinculadas al clima, entonces es muy importante que en noviembre o diciembre las empresas puedan empezar a hacer los primeros movimientos, a tomar las primeras muestras, a hacer los primeros trabajos”.

Además, agregó que la empresa canadiense tiene comprometido tanto el presupuesto como los trabajos previos y los planes de vinculación con la comunidad para iniciar estas tareas en cuanto la Legislatura ratifique la DIA.

Latorre volvió a hacer hincapié en la importancia que haya inversiones de exploración en el Sur de Mendoza. “Necesitamos que en la provincia haya inversiones en exploración, que esas inversiones arrojen sus resultados y que podamos comenzar a producir ese cobre que hoy está demandando el mundo. Hay una ventana de mercado muy importante vinculada con la transición energética y Mendoza tiene ese gran potencial para producir ese cobre que necesita hoy la transición energética, la electrificación de las ciudades en la Argentina, pero también en el mundo”.

La Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa que preside la senadora salteña Nora Del Valle Giménez (Unidad Ciudadana) se reunió este miércoles para abordar una serie de proyectos que avanzaron sin ningún tipo de cuestionamientos.

El primero en ser abordado fue uno de la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana – Mendoza), que modifica el artículo 1° de la Ley 23.272, que establece la integración de La Pampa a la región patagónica, con el fin de incluir al departamento de Malargüe en la mencionada región.

La propia senadora mendocina se ocupó de defender su iniciativa, recordando que se trata de un proyecto que ya fue tratado oportunamente y que contó con dictamen por unanimidad, por el cual vuelven a insistir. Destacó la senadora que Malargüe es el departamento más austral de Mendoza, ocupando un tercio de la totalidad de la provincia, y reconoció que “como tiene características patagónicas, ha tenido algunos beneficios impositivos que tienen que ver con el clima, la dificultad que hay para poblar este tipo de zonas”.

“Pero lo justo sería que lo integremos a la zona patagónica; no solo por las características climáticas, sino por una cuestión de justicia”, enfatizó, recordando que provincias aledañas a Malargüe, como Neuquén, con la cual ese distrito comparte la zona de Vaca Muerta, forman parte obviamente de la región patagónica.

Por eso Fernández Sagasti pidió que al igual que Carmen de Patagones -que fue incluida en la zona patagónica en 2005-, pueda ser incorporada Malargüe a la zona patagónica, para contar con los mismos beneficios. “Sería un hecho de justicia”, concluyó la senadora, antes de que comenzara a circular el dictamen para la firma.

A continuación los senadores firmaron un proyecto del senador Ricardo Guerra que declara como "Capital Nacional del Vino Torrontés Riojano" a la ciudad riojana de Chilecito, tras lo cual la presidenta de la comisión, Nora Giménez, defendió su proyecto para modificar el artículo 64 de la Ley 20.337 de Cooperativas, respecto a las limitaciones para integrar el consejo de administración.

Dicho artículo establece previsiones para integrar los órganos de administración de las cooperativas. Puntualmente indica que no pueden ser consejeros “los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta, hasta 10 años después de su rehabilitación; los fallidos por quiebra casual o los concursados, hasta 5 años después de su rehabilitación; los directores o administradores de sociedad cuya conducta se calificare de culpable o fraudulenta, hasta 10 años después de su rehabilitación”.

Tampoco pueden “los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos; los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos, delitos contra la fe pública; los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades. En todos los casos hasta 10 años después de cumplida la condena”.

“¿Qué es lo que se busca modificar? -se preguntó la autora del proyecto-. Esta suerte de prolongación de inhabilitación y castigo, (que representa) una prolongación administrativa en el funcionamiento de las cooperativas que prorrogan la decisión de la justicia en el cumplimiento de la pena”. Para la senadora salteña, esto afecta al funcionamiento de las instituciones, y contó que el año pasado se entregaron 23 matrículas para cooperativas integradas por personas que estuvieron privadas de su libertad, en aras de bregar por una igualdad de oportunidades y de dignidad humana que tienen los internos de las unidades penales de Argentina.

A su juicio, la vigencia de esos condicionamientos “limita la formación de las cooperativas entre los liberados que buscan su rehabilitación y que tienen enormes dificultades para reinsertarse en el mundo del trabajo”.

Sin cuestionamientos de ninguno de los presentes, el proyecto avanzó para su firma.

Por último, fue tratado un proyecto de la senadora cordobesa Alejandra Vigo que declara a la lechería como economía regional de la Región Centro de la República Argentina, integrada por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Al defender su iniciativa, la senadora Vigo resaltó que “la lechería injustamente hasta el día de hoy no está declarada como una economía regional”. Destacó que la Región Centro constituye la principal cuenca lechera de nuestro país y de América del Sur, y recordó que el sector está pasando por un muy mal momento, debido a la sequía y a las serias dificultades de exportación.

Con todo, resaltó que en 2022 se han producido 8.100.000 litros de leche que corresponden a 3.300 establecimientos lecheros que generan 44 mil empleos directos para esta economía.

“Sería injusto que quedara afuera de los programas que se están llevando a cabo”, señaló sobre el final, para pedir también que en lugar de ser proyecto de resolución, la iniciativa pasara a ser de comunicación, con el texto de requerir al Poder Ejecutivo que declare a la lechería como economía regional de la Región Centro. El proyecto tuvo a continuación dictamen.