La Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa que preside la senadora salteña Nora Del Valle Giménez (Unidad Ciudadana) se reunió este miércoles para abordar una serie de proyectos que avanzaron sin ningún tipo de cuestionamientos.

El primero en ser abordado fue uno de la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana – Mendoza), que modifica el artículo 1° de la Ley 23.272, que establece la integración de La Pampa a la región patagónica, con el fin de incluir al departamento de Malargüe en la mencionada región.

La propia senadora mendocina se ocupó de defender su iniciativa, recordando que se trata de un proyecto que ya fue tratado oportunamente y que contó con dictamen por unanimidad, por el cual vuelven a insistir. Destacó la senadora que Malargüe es el departamento más austral de Mendoza, ocupando un tercio de la totalidad de la provincia, y reconoció que “como tiene características patagónicas, ha tenido algunos beneficios impositivos que tienen que ver con el clima, la dificultad que hay para poblar este tipo de zonas”.

“Pero lo justo sería que lo integremos a la zona patagónica; no solo por las características climáticas, sino por una cuestión de justicia”, enfatizó, recordando que provincias aledañas a Malargüe, como Neuquén, con la cual ese distrito comparte la zona de Vaca Muerta, forman parte obviamente de la región patagónica.

Por eso Fernández Sagasti pidió que al igual que Carmen de Patagones -que fue incluida en la zona patagónica en 2005-, pueda ser incorporada Malargüe a la zona patagónica, para contar con los mismos beneficios. “Sería un hecho de justicia”, concluyó la senadora, antes de que comenzara a circular el dictamen para la firma.

A continuación los senadores firmaron un proyecto del senador Ricardo Guerra que declara como “Capital Nacional del Vino Torrontés Riojano” a la ciudad riojana de Chilecito, tras lo cual la presidenta de la comisión, Nora Giménez, defendió su proyecto para modificar el artículo 64 de la Ley 20.337 de Cooperativas, respecto a las limitaciones para integrar el consejo de administración.

Dicho artículo establece previsiones para integrar los órganos de administración de las cooperativas. Puntualmente indica que no pueden ser consejeros “los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta, hasta 10 años después de su rehabilitación; los fallidos por quiebra casual o los concursados, hasta 5 años después de su rehabilitación; los directores o administradores de sociedad cuya conducta se calificare de culpable o fraudulenta, hasta 10 años después de su rehabilitación”.

Tampoco pueden “los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos; los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos, delitos contra la fe pública; los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades. En todos los casos hasta 10 años después de cumplida la condena”.

“¿Qué es lo que se busca modificar? -se preguntó la autora del proyecto-. Esta suerte de prolongación de inhabilitación y castigo, (que representa) una prolongación administrativa en el funcionamiento de las cooperativas que prorrogan la decisión de la justicia en el cumplimiento de la pena”. Para la senadora salteña, esto afecta al funcionamiento de las instituciones, y contó que el año pasado se entregaron 23 matrículas para cooperativas integradas por personas que estuvieron privadas de su libertad, en aras de bregar por una igualdad de oportunidades y de dignidad humana que tienen los internos de las unidades penales de Argentina.

A su juicio, la vigencia de esos condicionamientos “limita la formación de las cooperativas entre los liberados que buscan su rehabilitación y que tienen enormes dificultades para reinsertarse en el mundo del trabajo”.

Sin cuestionamientos de ninguno de los presentes, el proyecto avanzó para su firma.

Por último, fue tratado un proyecto de la senadora cordobesa Alejandra Vigo que declara a la lechería como economía regional de la Región Centro de la República Argentina, integrada por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Al defender su iniciativa, la senadora Vigo resaltó que “la lechería injustamente hasta el día de hoy no está declarada como una economía regional”. Destacó que la Región Centro constituye la principal cuenca lechera de nuestro país y de América del Sur, y recordó que el sector está pasando por un muy mal momento, debido a la sequía y a las serias dificultades de exportación.

Con todo, resaltó que en 2022 se han producido 8.100.000 litros de leche que corresponden a 3.300 establecimientos lecheros que generan 44 mil empleos directos para esta economía.

“Sería injusto que quedara afuera de los programas que se están llevando a cabo”, señaló sobre el final, para pedir también que en lugar de ser proyecto de resolución, la iniciativa pasara a ser de comunicación, con el texto de requerir al Poder Ejecutivo que declare a la lechería como economía regional de la Región Centro. El proyecto tuvo a continuación dictamen.