Diputados de la oposición denunciaron que las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados resolvieron limitar la participación en la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, prevista para el 25 y 26 de marzo. Según afirmaron, los presidentes de ambas comisiones, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, enviaron una nota en la que anticipan que reemplazarán exposiciones presenciales o virtuales por ponencias escritas o videos, una decisión que para la oposición “vulnera” el procedimiento y transforma la audiencia en una reunión meramente informativa.

La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva sostuvo que esa resolución no se condice con el Reglamento de audiencias públicas ni con el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar participación amplia, efectiva y no restrictiva. “La enorme participación lo requiere”, afirmó, y advirtió que en ningún punto de la convocatoria se establece la posibilidad de modificar la modalidad de intervención de las personas inscriptas de forma discrecional.

La controversia surge en un contexto inédito: a una semana de abierta la inscripción ya se han registrado más de 40 mil anotaciones, tanto presenciales como virtuales. El número supera cualquier antecedente cercano: en 2018, cuando se realizaron audiencias sobre la legalización del aborto, participaron alrededor de mil expositores entre ambas cámaras a lo largo de varios meses.

Las jornadas están previstas para el miércoles 25 de marzo, en modalidad presencial, y el jueves 26, de manera remota. Ante el volumen de inscriptos, la oposición exigió este martes al presidente de la Cámara, Martín Menem, y a las autoridades de ambas comisiones que amplíen los días destinados a las exposiciones. Desde el oficialismo, en cambio, evitaron confirmar si habrá modificaciones y solo señalaron que intentarán “no ser restrictivos”.

La disputa se agravó luego de que diputados opositores denunciaran que el registro de inscriptos no se encontraba disponible públicamente. Menem terminó publicando el listado el miércoles por la tarde en la página oficial de Diputados.

La reforma a la Ley de Glaciares ya cuenta con media sanción del Senado, que la aprobó a fines de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. A diferencia de otros proyectos impulsados por el oficialismo con trámite acelerado, como la Modernización Laboral o el Régimen Penal Juvenil, La Libertad Avanza decidió demorar el avance hacia el recinto en este caso, en medio de advertencias sobre una posible judicialización si no se cumple con las audiencias obligatorias previstas tanto en la Ley de Ambiente 25.675 como en el Acuerdo de Escazú.

La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas, propone redefinir qué se considera glaciar y ambiente periglacial, y otorgar a las jurisdicciones el poder de determinar, mediante estudios técnicos, qué áreas deben ser incluidas o retiradas del Inventario Nacional elaborado por el IANIGLA. Para Selva y otros legisladores opositores, la magnitud de la participación ciudadana evidencia la necesidad de ampliar las jornadas y garantizar un proceso sin arbitrariedades.

La oposición sigue muy de cerca la convocatoria a audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo, y, pese a que no se conoce públicamente el listado de los anotados, aseguran que ya hay 18 mil inscriptos y reclaman a al oficialismo que se amplíen las jornadas de participación.

A menos de una semana que se lance formalmente el llamado, la cantidad de interesados en participar se fue incrementando de a miles. Tanto, que el diputado Maximiliano Ferraro comparó: "Llenamos un Movistar Arena... y un poquito más".

Ferraro, de la Coalición Cívica, junto a sus pares Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas), enviaron este martes una nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem; al secretario Parlamentario, Adrián Pagán; y a los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.

En la misiva, los legisladores solicitaron que "se disponga la ampliación de la audiencia pública" convocada para el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción, "a fin de garantizar una participación ciudadana amplia, efectiva y acorde a los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú (aprobado por Ley N° 27.566)".

AUDIENCIA PÚBLICA – LEY DE GLACIARES

Llenamos un Movistar Arena… y un poquito más.
Ya somos 18.000 en la audiencia pública.

Vamos por más pic.twitter.com/OJizjZtvFk

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 9, 2026

Al fundamentar la legislación que garantiza la participación y escucha ciudadana en la toma de decisiones ambientales, los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales remarcaron que "al momento se han registrado más de 15.000 personas para participar. Sin embargo, el formato previsto (dos jornadas de nueve horas cada una, con exposiciones limitadas a cinco minutos por participante) permitiría, en el mejor de los casos, la intervención de aproximadamente 216 expositores, lo que representa una fracción mínima de los inscriptos".

"La obligación asumida por el Estado no se agota en la mera convocatoria formal de una audiencia pública, sino que exige adoptar las medidas necesarias para garantizar que la participación pueda ejercerse de manera real y sustantiva, especialmente cuando existe un interés público masivo en intervenir en el proceso", enfatizaron.

A su vez, recordaron que en las audiencias públicas por el debate de la legalización del aborto durante 2018, "la Cámara de Diputados realizó 15 audiencias públicas a lo largo de casi dos meses, con más de 106 horas de debate y 738 expositores, a lo que se sumaron 5 audiencias adicionales en el Senado con cerca de un centenar de oradores".

"Debe considerarse que la masiva inscripción de participantes refleja la diversidad de sectores sociales, académicos, científicos, productivos, empresarios y territoriales interesados en intervenir en el debate", señalaron Ferraro, Selva y Zigarán.

NO VALE UN “COMO SI” 🤷🏻‍♀️

Ya con 18.000 inscriptos es evidente que los días previstos para la audiencia pública por la reforma a la Ley de Glaciares tendrán que extenderse si el gobierno quiere cumplir con el Acuerdo de Escazú tal cual lo manifestaron en el plenario de comisiones… https://t.co/92w6C5YcDv

— Sabrina Selva (@SabriSelva) March 10, 2026

En ese sentido, consideraron que "limitar materialmente el acceso a la palabra a un número reducido de expositores no solo restringe el ejercicio del derecho a la participación, sino que también empobrece la deliberación democrática".

"Un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización, en tanto podría alegarse que no se han respetado de manera adecuada los estándares de participación establecidos por la Ley General del Ambiente y por el Acuerdo de Escazú, así como los criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del carácter sustantivo de las audiencias públicas en decisiones que afectan derechos colectivos", advirtieron.

La diputada oficialista Juliana Santillán presentó un proyecto de resolución para promover el inicio del procedimiento de sanción disciplinaria contra la diputada nacional Florencia Carignano, “en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional y conforme las disposiciones del Reglamento de esta Honorable Cámara”.

El texto sostiene que la iniciativa se funda en “hechos de público y notorio conocimiento ocurridos durante la sesión celebrada el día 19 de febrero del corriente año, en ocasión del tratamiento del proyecto de reforma laboral”.

Santillán anunció en las redes la presentación de su iniciativa, ante lo cual le salió al cruce la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, quien dijo que lo que hizo su compañera de bloque se arregla con un pedido de disculpas.

Según los fundamentos del proyecto de Santillán, durante esa sesión la legisladora de Unión por la Patria “incurrió en conductas que exceden de manera manifiesta el legítimo ejercicio del debate parlamentario, afectando el normal desenvolvimiento de las deliberaciones y el funcionamiento institucional de este Cuerpo”. En particular, el proyecto menciona “actitudes de hostilidad y violencia dirigidas hacia el personal del Cuerpo de Taquígrafos de esta Honorable Cámara, así como contra los elementos técnicos utilizados para el registro de las intervenciones, cuya integridad resulta esencial para garantizar la fidedigna publicación de lo actuado en el recinto”.

Santillán recuerda que el artículo 66 de la Constitución establece que cada Cámara puede “corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta”, aplicando las sanciones que allí se contemplan, y que su regulación se complementa con el Reglamento interno de Diputados.

El proyecto afirma que las conductas atribuidas a Carignano “no solo son impropias del desempeño parlamentario, sino que importan un agravio a la investidura institucional del órgano legislativo y la dignidad de la representación popular”.

La iniciativa solicita que se active el procedimiento disciplinario correspondiente a fin de que la Cámara evalúe los hechos señalados y determine las medidas que considere pertinentes.

Réplica de una diputada de UP

“Tenés sentada en tu bloque una diputada que no pudo asumir como senadora por una causa vinculada al narcotráfico”, le contestó en las redes la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, que agregó: “Tuviste sentado en tu bloque un diputado que tuvo que renunciar a ser candidato en la provincia de Buenos Aires por el mismo problemita (y tuvimos que votar allanarle las oficinas a pedido de un juez, ¿te acordás?)”.

Selva siguió enumerando: “Tenés sentado en tu bloque un diputado que se agarró a las piñas en el recinto. Tenés una diputada de tu bloque que hostigó durante toda una sesión a una diputada para no dejarla hablar y el presidente de la Cámara ni siquiera la llamó al orden”.

Por último, dijo en relación a Martín Menem que les envió audios por WhatsApp a ustedes, “pidiéndoles que hagan lío para pudrir la sesión de universidades y emergencia en discapacidad”. Y agregó que “si pedimos las cámaras de esta última sesión, se podrá apreciar tu ‘inconducta’, manoteando a una compañera de mi bloque del brazo y un compañero tuyo sacándote para que no te excedas más”.

Por último, consideró que “lo de Florencia Carignano se resuelve con una disculpa. Lo de ustedes es indefendible”.

Tras la declaración de la emergencia ígnea en la Patagonia, a través de dos decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo, la oposición reclama conocer cómo se gestionará la asignación de recursos y asistencia a las provincias afectadas.

A través de un pedido de informes, la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva busca conocer los estudios de impacto de los incendios forestales a llevar adelante en cada una de las provincias: cantidad de hectáreas afectadas, población afectada, infraestructura comprometida y cantidad de hectáreas de bosques nativos, áreas protegidas o zonas de reserva estricta involucradas.

También, en su iniciativa consulta al PEN los criterios para la asignación de recursos a las provincias; los mecanismos de asignación de recursos, fuentes de financiamiento y cronograma de desembolsos destinados al abordaje de la catástrofe ígnea en las provincias alcanzadas por los decretos; y los fondos destinados a los organismos con competencia primaria de jurisdicción nacional para el combate de los incendios forestales en las áreas afectadas.

Además, el proyecto de resolución pide información sobre la distribución de los recursos materiales a las personas, instituciones, y entidades subnacionales afectadas por los incendios; los fondos que se destinarán al Sistema Nacional de para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil; y si hubo fondos extraordinarios destinados a la prevención y combate de los incendios.

Otros puntos son qué acciones se contemplan para la recuperación de las áreas afectadas específicamente en Parques Nacionales; la situación laboral de los brigadistas; el costo diario para el Estado Nacional en el combate de incendios a través del alquiler de medios aéreos; y que se informe si está dentro de las prioridades la adquisición, a través de la compra, de medios aéreos para el combate de incendios forestales.

Según Selva, la emergencia por DNU “llega tarde y de manera improvisada toda vez que ésta medida debió haber sido tomada mucho tiempo antes para evitar que se arrasen miles de hectáreas. Sin embargo, la desidia del Gobierno nacional no solo se observa en sus medidas tardías y obligadas por la coyuntura, sino que en su modo de operar”.

En los argumentos del proyecto, la legisladora dijo que “según datos oficiales, en 2025, se subejecutó el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego en más de 20.000 millones de pesos y en 2024, solo se ejecutó el 22% del presupuesto asignado a dicho organismo”.

Por otra parte, la diputada mencionó que una de las causas de los incendios es el cambio climático. Sin embargo, “desde la asunción del Gobierno las políticas ambientales han sido desfinanciadas y se han eliminado tanto partidas presupuestarias como fondos específicos”.

“Las acciones del presidente Javier Milei tanto en materia ambiental, en general, como en el abordaje de los incendios forestales en particular ha sido por lo menos deficiente, cuando no negligente y el Gobierno eligió para asumir la emergencia que atraviesa la Patagonia el camino más fácil: sin debate, sin transparencia y abriendo la puerta a que los adelantos del Tesoro de la Nación sean de nuevo una variable de negociación en el medio del debate de la reforma laboral y la reforma a la Ley de Glaciares”, enfatizó.

Finalmente, señaló que “es necesario que la sociedad toda tenga acceso a la información respecto a los recursos destinados al abordaje de esta situación con el mayor detalle posible”.

El Gobierno nacional resolvió declarar la Emergencia Ígnea en la Patagonia a través del DNU 73/2026 y la diputada nacional Sabrina Selva afirmó que “reafirma el cinismo y la indiferencia de Javier Milei respecto a los incendios en la Patagonia: su acercamiento a los brigadistas fue Inteligencia Artificial y la Emergencia es puro humo”.

Firmante del proyecto de resolución que impulsó Unión por la Patria, luego de haber recorrido por varios días las zonas afectadas junto a su par de bloque José Glinski, comparó al decreto de necesidad y urgencia con ese texto, y explicó que la iniciativa de la oposición “contempla ayuda directa a las familias afectadas, apoyo a los productores, reconstrucción económica y retribución extraordinaria a los brigadistas”. La postura fue publicada a través de X.

PURO HUMO 🔥💨

La emergencia ígnea que declara hoy el gobierno por decreto, reafirma el cinismo y la indiferencia de Milei respecto a los incendios en la Patagonia: su acercamiento a los brigadistas fue inteligencia artificial y la emergencia es puro humo.

Ayer vendían con… pic.twitter.com/rrZgaZdsOR

— Sabrina Selva (@SabriSelva) January 30, 2026

También le envío un mensaje a cuatro de los mandatarios que elevaron el pedido al Poder Ejecutivo: “Espero que lo gobernadores que exigieron la Emergencia sigan exigiendo que de verdad el Gobierno deje de mirar para otro lado”. El mensaje fue dirigido al rionegrino Alberto Weretilneck, al pampeano Sergio Ziliotto, al neuquino Rolando Figueroa y al chubutense Ignacio Torres. Los últimos dos mantienen diálogo con el oficialismo respecto al avance de los proyecto de ley del temario de sesiones extraordinarias.

Siguiendo con los cuestionamientos publicados contra el DNU 73, Sabrina Selva aseveró que “vendían con bombos y platillos una transferencia de plata al Sistema de Bomberos Voluntarios que en realidad adeudaban y hoy salen con una Emergencia que no resuelve, no responde y no contempla nada”.

Y continúo: “No asignan un solo peso ni a las provincias, ni a los municipios, ni a la gente… No reconstruye una sola casa ni retribuye las pérdidas a un solo productor. No contempla la enorme tarea que llevaron adelante los brigadistas de incendios. No hay un solo peso para la recuperación de bosques nativos que se murieron en el incendio”.

“Milei eligió el camino más fácil: una emergencia sin debate, sin presupuesto, sin planificación y sin la gente”, cargó la diputada massista, quien concluyó: “Hay recursos naturales que son irrecuperables y familias que lo perdieron todo. La catástrofe es real y no termina cuando se apaga el incendio”. “Que la emergencia también sea real”, cerró.

Después de los incendios forestales que tienen fecha de inicio desde el 6 de enero pasado y que aún no han sido controlados, los diferentes espacios opositores exigieron el tratamiento de la Emergencia Ígnea en la Patagonia durante las sesiones extraordinarias que comienzan este lunes. El reclamo fue reiterado por los senadores dialoguistas patagónicos en la reunión del miércoles en la Cámara alta junto a Patricia Bullrich.

El jueves al mediodía, la mesa política del Gobierno nacional resolvió declarar la Emergencia Ígnea en la Patagonia a través de un DNU. Será por un año en las provincias de Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén. Además, se declaró zona de desastre al territorio afectado por los incendios y se encomendaron todas las competencias a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Glinski también cargó contra el Gobierno

El diputado chubutense José Glinski se sumó a los cuestionamientos del DNU 73/2026 y señaló que es "humo sobre el fuego". Luego, consideró que "el Gobierno nacional declaró la Emergencia por los incendios en la Patagonia, pero lo que hizo en realidad fue sacar un papel sin contenido para decir que hizo algo".

Así las cosas, enumeró que "no asigna un solo peso, no crea ningún fondo, no reconstruye una sola casa, no ayuda a un solo productor y no previene que esto no vuelva a pasar”. Indicó, también, que “en el decreto la gente no existe, pero no habla de personas y no da solución a las familias que perdieron su casa, ni a los productores que perdieron su capital de trabajo, ni habla del empleo que se destruyó”.

Del mismo modo, el legislador de Unión por la Patria cargó que “tampoco hay prevención” porque “no hay inversión en brigadas, no hay financiamiento para infraestructura, no hay planificación y no hay manejo del fuego”. “En una Patagonia cada vez más seca, con incendios cada vez más frecuentes, no prevenir es una decisión política catastrófica”, enfatizó en el cierre.

Tras conocerse el temario de la nueva convocatoria a sesiones extraordinarias, diferentes integrantes de Unión por la Patria -en su mayoría legisladores patagónicos- le reclamaron al Poder Ejecutivo de la Nación la inclusión de la declaración de emergencia ígnea en la Patagonia. En esta ocasión, la voz fue alzada por los diputados nacionales Sabrina Selva y el chubutense José Glinski.

En sus perfiles de X, ambos legisladores mencionaron que “los incendios en la Patagonia siguen, aunque no sigan siendo noticia”. Junto a esta advertencia, postearon piezas audiovisuales que muestran los incendios forestales a gran escala en el Parque Nacional Los Alerces, Epuyén, Cholila y Villa Rivadavia. “Es alarmante”, refirieron.

Por su parte, Glinski, acompañado de la legisladora provincial Vanesa Abril, contradijo a las versiones del gobierno de Chubut que daban por resuelto el problema en un 100% y aseveró: “Los incendios en Chubut nunca estuvieron contenidos”. En ese sentido, añadió que “en los últimos días recorrimos las zonas afectadas. Hablamos con brigadistas, pobladores y funcionarios”.

De todas maneras, Glinski opinó de la gestión de Javier Milei e Ignacio Torres al manifestar que “quiero ser justo: el Gobierno nacional y el provincial dispusieron recursos para combatir el fuego, pero no para prevenirlo”. “En vez de ocuparse del manejo preventivo, prefieren correr el foco: buscar presuntos culpables o aumentar penas. No es por ahí”, señaló el diputado nacional que integra Unión por la Patria.

Esta declaración de Glinski surge como respuesta al pedido del gobernador chubutense Ignacio Torres, quien propuso la presentación, a través de sus representantes en el Senado, de un proyecto de “ley de ecocidio”, el cual establece la tipificación del delito en el Código Penal de la Nación. De todos modos, Edith Terenzi, impulsora de la iniciativa, aclaró que venían trabajando en la redacción de esta norma mucho antes de que ocurriera la tragedia de este verano.

Cabe recordar que el temario de sesiones extraordinarias que va desde el lunes 2 al viernes 27 de febrero contempla la Modernización Laboral; la modificación a la Ley de Glaciares; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; y el pliego como embajador en Bélgica del exdiputado Fernando Iglesias.

Para reiterar el pedido de inclusión, Sabrina Selva afirmó que “hay una provincia que se está prendiendo fuego, recursos que se perdieron para siempre y familias enteras que lo perdieron todo”, y concluyó: “No hay lugar para mezquindades políticas, enfrentar esta situación con responsabilidad y solidaridad, es urgente”.

El Gobierno oficializó el segundo llamado a sesiones extraordinarias y desde Unión por la Patria alzaron la voz por la ausencia de la emergencia ígnea en la Patagonia luego de los incendios forestales que se registraron durante los primeros días de enero del 2026. Fue la diputada nacional Sabrina Selva, quien señaló que “para (Javier) Milei es más importante Fernando Iglesias que la Patagonia Argentina”.

El comentario en X de la diputada opositora se debe a que el temario del segundo tramo de extraordinarias (del 2 al 27 de febrero), además del proyecto de Ley de Modernización Laboral y la modificación a la Ley de Glaciares, incluye el pliego para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias en Bélgica.

Luego, señaló que “la situación de la Patagonia es alarmante a raíz de los incendios y la respuesta del gobierno de Milei es profundizar la crisis hídrica modificando la Ley de Glaciares, asegurarle el cargo de embajador a Fernando Iglesias, y no tratar la emergencia ígnea de la Patagonia”. En esa línea, aseveró que “toda marcha acorde al plan de destruirlo todo”.

Los incendios forestales en la Patagonia

El lunes 5 de enero por la tarde se registraron focos de incendio forestal en las provincias de Chubut, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz. La zona más afectada fue paraje chubutense de Puerto Patriada, localidad de El Hoyo, donde se estima que se consumieron más de 1800 hectáreas en las primeras 48 horas llegando ser más de 20.000 para el 14 de enero.

Los motivos del incendio están siendo investigados y no se descartó que haya sido ocasionado intencionalmente con el agravamiento de la sequía, las altas temperaturas, los vientos y la falta de prevención y recursos.

La situación generó que diferentes legisladores presenten proyectos de ley para declarar la emergencia ígnea y el desastre ambiental en las provincias mencionadas. Esteban Paulón de Provincias Unidas, el santacruceño José Glinski de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda fueron quienes encabezaron iniciativas.

También hubo presentaciones para modificar el Código Penal de la Nación para tipificar el delito de “ecocidio”. El rionegrino Sergio Capozzi de Provincias Unidas, la monobloquista Marcela Pagano y el santacruceño Juan Pablo Luque de Unión por la Patria fueron algunos de los legisladores que enviaron propuestas al Congreso.

Con la presencia de los diputados del oficialismo al comienzo, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA se reunió este martes para aprobar el reglamento interno de funcionamiento y avalar la lista de citaciones, oficios y medidas de prueba concernientes a la investigación. Se aprobó que el presidente Javier Milei envíe un informe escrito con un plazo de cinco días.

Resuelta la primera orden del temario, la Comisión Investigadora dio lugar a la determinación de las medidas de pruebas iniciales: Selva, con el aval de los 14 diputados interesados en avanzar en la investigación del Caso $LIBRA propuso citar a Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación, y añadió que “su testimonio es fundamental para esta causa porque debe responder en torno a las graves acusaciones en los Tribunales de Nueva York en chats de Hayden Davis”.

Del lado del oficialismo, dejaron reservada la elección del miembro que ocupe la vicepresidencia y se retiraron de la reunión luego de que sea aprobara el reglamento. Una vez que se anunció el resultado de la votación, el titular de la Comisión Investigadora, Maximiliano Ferraro, dio lugar a los pedidos de citación y medidas de pruebas propuestas por la oposición.

La presentación del ante proyecto de reglamento estuvo a cargo de la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, quien explicó que “es una herramienta muy importante para garantizar el funcionamiento para que los testigos y funcionarios convocados tengan que venir”. En la misma línea, Mónica Frade de la Coalición Cívica aclaró que “los 28 integrantes hemos tenido el (boceto) reglamento en nuestras manos”.

Una vez que la reunión comenzó tomaron la palabra en la Sala 1 los representantes de La Libertad Avanza y el Pro. Primero, el mendocino Álvaro Martínez expresó que “este reglamento dice que va a pedir autorización para someter (presencia) por la fuerza, pero está haciendo las funciones del Poder Judicial de la Nación”; Luego, agregó que “además de ensuciar al Gobierno, están queriendo violar la división de poderes”. Las palabras del libertario fueron avaladas por Silvana Giudici.

Tras un arranque disputado, la propuesta de reglamento interno redactado por el flanco de 14 legisladores de la oposición se aprobó con ese número de votos a favor y las dos abstenciones de Mariano Campero (Liga del Interior) y Yolanda Vega (Innovación Federal). Por su parte, Eduardo Falcone del MID fue el único ausente al momento de votar. El resto de los miembros (LLA, Pro, UCR, Pablo Cervi y Agustín Domingo) optó por no emitir posición.

Luego del presentar el pedido de citación a Karina Milei, la oposición confeccionó (oralmente) una lista que cite a Mauricio Novelli, Javier Terrones Godoy y Sergio Morales, imputados en la Causa $LIBRA; al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; a la designada por el Gobierno para investigar el caso $LIBRA, María Florencia Zicavo; al funcionario de Procuración General de la Nación, Luis Villanueva; y al juez funcionario de la OA, José Mazzoni.

Minutos más tarde, Sabrina Selva sumó al director de Traducciones de Presidencia de la Nación, Walter Kerr; a los empresarios Charles Hoskinson y Diógenes Casares; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al vocero presidencial Manuel Adorni; y al jefe del Consejo de Asesores, Demian Reidel.

También, Ferraro incorporó a esa lista a Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores; a Paul Starc titular de la Unidad de Información Financiera; a la subsecretaria de Asuntos Políticos de Interior, Giselle Castelnuovo; y a Ariel Parkinson, vinculado al universo de las criptomonedas.

Ferraro debutó como presidente de la Comisión Investigadora. Al igual que Selva, propuso nombres para citar.

Después de la confección de la lista de invitados, Rodolfo Tailhade pidió la palabra y expresó: “Vengo a pedir dos medidas de prueba que apuntan a establecer la presunta participación de José Luis Espert y el supuesto hackeo de su cuenta de X este 19 de marzo”. Recordó, el diputado de Unión por la Patria, que aquella noche la cuenta del oficialista publicó un código de criptomoneda y consideró que “parecería la versión 2.0 del Caso $LIBRA”.

“Supongamos que le hackearon la cuenta, Espert tiene tilde gris y tiene doble verificación, y supongamos que Espert es un imbécil y lo hayan engañado dos veces”, comenzó Tailhade fiel a su estilo polémico. Agregó, en ese momento, que “si la perdió, la tuvo que haber recuperado para postear esto o salvo que el hacker, la haya hackeado y se arrepintió”.

Para ese punto, el diputado opositor consideró: “hay dos posibilidades o Espert mintió y jamás perdió el control de su cuenta, o mintió y nunca perdió el control de su cuenta”. Explicó, en esa línea, que “si se denuncia hackeo, X te suspende la cuenta”. Fue en el cierre de su intervención que pidió las copias de la denuncia de Espert al Juzgado correspondiente por el delito informático por el “supuesto” hackeo.

No dejó pasar, tampoco, la chance de cargar contra la máxima autoridad de la Cámara de Diputados y definió a los mensajes del 19 de marzo en el perfil de Espert como “una serie de tuits como los que ponía Martín Menem cuando le descubrieron la cuenta fake”.

Por último, el diputado de Unión por la Patria aseveró que “la recuperó antes de las 48 horas porque nunca fue hackeado”, y cuestionó: “¿Por qué Espert publicó esto un mes después de $LIBRA sabiendo que era un ‘truchada’?. Puede que tuviera programado el tuit y se haya olvidado de borrarlo; o que lo hayan apretado”.

En la sintonía con los pedidos de pruebas y oficios, el diputado cordobés Oscar Agost Carreño se refirió a “los pull de liquidez y retiros de fondos”, y luego agregó “sobre las transferencias”. “Tenemos que averiguar que hay 109 transferencias que son relevantes en la cual están involucrados Davis, su empresa Adventure, Novelli y Terrones Godoy”.

“Voy a pedir que se manden oficios a las billeteras OKX, Kucoin, Binance, Crypto.com, Ficshet Flow, Coinbase, Lemon, Bin X, Mex, Ripio, Buen Bit y Below”, anunció. Así las cosas, añadió que pedirá que se le pregunte sobre los informes de la especificación, montos, activos digitales y moneda fiduciaria involucradas; y también, por la identificación de las wallet de origen y destino, así como la modalidad de cada transacción.

En tercera instancia, solicitó información sobre los criterios de validación y control de la veracidad aplicados al usuario en cuestión; respecto a la vinculación de las billeteras con su deposito y usuario; datos, nombre, documento, correo, beneficiarios finales y accesos relevantes; depósitos, retiros y etiquetas de fondeo.

En el final, Germán Martínez, jefe de bancada de Unión por la Patria, propuso autorizar a Presidencia de la Cámara de Diputados para que operativice cada una de las decisiones tomadas respecto a las citaciones y a las medidas de pruebas aprobadas en esta reunión. Solicitó que sean comunicadas por Secretaría.

Mientras el Gobierno nacional atraviesa un camino empinado rodeado de acusaciones y escándalos, la diputada nacional Sabrina Selva (Unión por la Patria – Buenos Aires) presentó un proyecto de resolución para exigirle al Poder Ejecutivo Nacional una serie de informes todo lo relativo a los procesos de contrataciones y adjudicaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados – PAMI (INSSJP) sobre la adquisición de lentes intraoculares.

“Pareciera que el gobierno de Javier Milei no sólo lucra con los medicamentos de las personas con discapacidad, sino que también se queda con un vuelto de tratamientos en el PAMI”, acompañó Selva en X, donde informó sobre la iniciativa. Esto surgió a partir de la denuncia que hicieron oftalmólogos de distintas provincias que aseguran que el organismo previsional llegó a pagar casi diez veces más por los lentes intraoculares que se usan en las cirugías de cataratas.

En los detalles del informe solicitado por la diputada de Unión por la Patria puntualizó sobre todo lo referido a la licitación 1560/2025 del PAMI, “toda vez que han surgido denuncias y cuestionamientos por sobreprecios en la adquisición de lentes intraoculares”, consignó. “Es urgente que el Gobierno Nacional empiece a dar explicaciones”, aseveró Selva.

Según denunciaron, las firmas Implantec S.A., Visión Médica S.A. y MSZ presuntamente vendieron lentes a los oftalmólogos a valores entre $24.800 y $32.000, y se lo habrían facturado al PAMI por cifras que irían desde los $162.000 hasta los $280.000. Los documentos adjuntados por los profesionales —facturas de compra directa, pedidos de presupuesto, capturas de la licitación y resoluciones oficiales— fueron presentados en la denuncia.

Además, la información requerida contempla el detalle de los procesos de licitación y adjudicación del INSSJP y los criterios para declarar admisibles a los oferentes. Asimismo, informe también los criterios que adoptan las comisiones evaluadoras para aceptar o desestimar las ofertas; Luego insta al Ejecutivo a informar si hubo un exceso en los valores unitarios de referencia para la adjudicación de dicha licitación y en tal caso informe los motivos.

El guante fue recogido por ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) que, a través de su titular Rodolfo Aguiar, acusaron que "desde el sindicato hemos comprobado la existencia de sobreprecios y el pago de retornos en la adquisición que la obra social hizo de lentes intraoculares para la operación de cataratas".

Y siguió: "El bochorno es mayúsculo a partir que en provincias como la mía, Río Negro, por estas horas los dirigentes libertarios hacen proselitismo a través de la campaña visión". "Están vinculando su imagen a una política pública oftalmológica corrupta", cargó.

“No es casual que desde que asumiera este Gobierno, en la gestión de PAMI hayan eliminado todos los controles y las auditorías. Acá hay mucho más que un 3% en vueltos”, concluyó.

Después de aprobar el emplazamiento a comisiones, este martes a las 17 se reúne el plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento con el objetivo de destrabar la designación de autoridades en la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA. En los anteriores encuentros, oficialismo y oposición quedaron empatados en 14 votos.

La oposición, a través de Maximiliano Ferraro, impulsó la moción en la sesión especial del pasado 6 de agosto y el resultado fue de 135 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones. En las anteriores reuniones, la propuesta para presidir tuvo a Sabrina Selva, por el flanco opositor, y a Gabriel Bornoroni, avalado por el oficialismo y sus aliados, con un resultado de 14 avales cada uno.

$LIBRA: SE VIENE EL FINAL DEL BLOQUEO OFICIAL A LA INVESTIGACIÓN

Acabamos de votar que el próximo martes 12 de agosto se reúnan las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para modificar la resolución que reglamenta el funcionamiento de la…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) August 7, 2025

A seis meses de los hechos que acontecieron el 14 de febrero, la oposición motorizó esta maniobra parlamentaria con el fin de obtener la presidencia y comenzar con la investigación vinculada al token $LIBRA difundido por el presidente Javier Milei a través de un mensaje en X, lo que desembocó en un conjunto de procesos judiciales a nivel nacional e internacional.

Así las cosas, el proyecto de resolución que se va a tratar en este plenario es el que plantea que se designe presidente de la comisión "al miembro respaldado por los bloques que representen la mayor cantidad de diputadas y diputados en el pleno". En ese caso, la propuesta de Selva reúne 136 avales contra 103 que respaldan a Bornoroni.

El escenario, a priori, sería favorable para el conjunto de bloques opositores ya que, si se contabilizan las dos comisiones, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica suman un total de 38 integrantes sobre los 66 totales. Dadas las circunstancias, la moción impulsada por Ferraro podría encontrar la aprobación en el plenario.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, tiene 35 integrantes de los cuales 20 son de la oposición. Mientras que Peticiones, Poderes y Reglamento, a cargo de Silvia Lospennato, contiene a 18 opositores sobre 31 vocales designados.

Por otro lado, desde La Libertad Avanza consideran que el pasado 30 de julio, cuando se cumplieron los tres meses desde la primera reunión que tuvo la comisión, se venció el plazo para su actuación. Sin embargo, la oposición remarca que el plazo comienza a regir desde la designación de sus autoridades, algo que nunca pudo concretarse por el empate en 14 votos.

El discurso del presidente Javier Milei en cadena nacional generó una fuerte reacción entre referentes de la oposición. Diputados de Unión por la Patria, el radicalismo, la izquierda y otros espacios expresaron su rechazo al tono y contenido del mensaje, al que calificaron de “autoritario”, “insensible” y “mentiroso”. Las críticas apuntaron especialmente a la intención presidencial de penalizar decisiones legislativas, el recorte a sectores vulnerables y el desprecio por la división de poderes. Desde distintos bloques, advirtieron que el Congreso no será silenciado y que el verdadero límite al modelo libertario se dará en las urnas.

La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva hizo un posteo en el que enumeró sus críticas, a saber:

“❌INSENSIBLE, ANTIDEMOCRATICO, CÍNICO Y MENTIROSO. El presidente, una vez más, pretende llevarse puesto el Congreso de la Nación y sigue amenazando con meter presos a todos los que no piensan como él.

❌No va camino al autoritarismo, es autoritario, no respeta la división de poderes y nunca entendió que la legitimidad popular también implica la representación del pueblo de la Nación Argentina y de las provincias que representa el Congreso de la Nación”.

Agregó que “nosotros no pretendemos quebrar el equilibrio fiscal, pretendemos que su gobierno deje de quebrar a los jubilados, a los discapacitados, a los médicos, a los residentes, a las universidades, a las provincias, a los pibes y a las pibas de la Argentina”, y aseguró que “seguiremos poniendo un límite a tanto cinismo y a tanta crueldad en el Congreso. Necesitamos también ponerle un freno en las urnas”.

Selva cerró diciendo: “Frente a su autoritarismo, más y mejor democracia. Frente a su relato, la defensa de la realidad. Frente a su cinismo, FUERZA PATRIA”.

Por su parte, el diputado Carlos Castagneto señaló: “Tenemos un presidente Javier Milei que nunca leyó la Constitución Nacional, que juró sin conocerla y sin entender la división de poderes ni los derechos y garantías que ella consagra. Un mandatario que gobierna desde el capricho y no desde la ley”.

Desde el radicalismo Martín Tetaz reaccionó diciendo que “el presidente Milei sufre de ilusión monetaria. Piensa que devolverle la inflación a los profesores universitarios, a los médicos y a las prestaciones por discapacidad, implica elevar en términos reales el presupuesto; aumentar su peso en el PBI”.

“Esta ilusión es similar a la de un trabajador que festeja el 30% de paritarias, sin darse cuenta que no alcanza a compensar el 36% de inflación y que por ende, aunque nominalmente gana más, en realidad es más pobre”, agrego. Pero además, continuó, Milei “sufre de problemas de memoria, puesto que en el Decreto 274/24. Javier Milei hizo exactamente eso con los jubilados; estableció que se les devuelva la inflación mes a mes, indexando las prestaciones. Paradójicamente, el presidente sería el primer condenado de su nuevo proyecto de ley, por haber establecido un gasto nuevo (los aumentos a los jubilados), sin explicar la fuente de su financiamiento”.

Tetaz cerró diciendo que “lo más notable es que en la anterior cadena nacional el presidente dijo que su ajuste era 92% motosierra (baja del gasto) y 8% licuadora (por la inflación), pero ahora dice que actualizar salarios docentes y partidas de discapacidad de acuerdo a la inflación, cuesta 2,5 puntos del PBI, o sea, la mitad del ajuste fiscal del gobierno”.

A su vez, el diputado Diego Giuliano estimó: “El presidente, vía cadena nacional, intenta iniciar  una guerra contra el Congreso y se encamina a pedir sanciones penales y cárcel para quienes no piensan como él. Inicia el camino hacia el autoritarismo. Se hace lo que él quiere o promete,  con citas desbordadas,  persecución a las instituciones del país. La tentación de todos los extremos de izquierda y de derecha: callar al Congreso. El dice que queremos quebrar la economía. Nosotros entendemos que con su plan, él quiere quebrar a las provincias, los jubilados, las universidades y la situación de los discapacitados. Hay que ir urgente a la URNA”.

En un extenso posteo, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer señaló: “Si no fuera para llorar, da risa. Quiere penalizar no respetar el Presupuesto y todo el conflicto tiene como causa que no tenemos Presupuesto.  Porque el Presidente no quiere tener Presupuesto y se maneja con el de Alberto Fernández para manejar los recursos a su antojo, darle a los ricos y condenar a los pobres, a los jubilados, a los enfermos”.

“Miente, miente y algo quedará. Van a quedar los trabajadores con salarios que no alcanzan y los que no pueden arreglarse solos. La arrogancia y la crueldad también sostienen la mentira”, agregó Stolbizer, convencida de que “estamos frente a un gobierno autoritario que no respeta la Constitución y solo se le ocurre meter palos e insultos para imponer sus ideas del país para pocos”. Y concluyó: “Que no vuelva el kirchnerismo que nos dejó este presidente horrible. Si para el Presidente mantener funcionando al Garrahan o financiar a los discapacitados es un negocio para la clase política, ese discurso lo escribió Conan”.

Por su parte, la diputada de Democracia para Siempre Danya Tavela dijo que “usar la cadena nacional para explicar por qué hay que negarles un aumento ínfimo a jubilados, recortar la atención de pacientes del Garrahan y desfinanciar universidades solo confirma que estamos frente a un Gobierno insensible e inmoral”.

El diputado nacional Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista/FIT Unidad) contestó a la cadena nacional de Javier Milei diciendo que “habla de los ‘beneficios’ de su motosierra. Pero los salarios y jubilaciones son de pobreza e indigencia; dice que las leyes votadas para la universidad y discapacidad aumentan ‘el gasto’. No es gasto. Es educación pública y asistencia a los más vulnerables”. “El ‘déficit’ no lo generan las y los jubilados, el Garrahan, discapacidad y la universidad, sino el cáncer de la usurera y fraudulenta deuda externa”, señaló, que luego parafraseó al presidente: “El precio de A, genera un déficit de B, pero si le sacas el de la D, te da una satisfacción con el G... ¿a quién le habla este personaje? Todo para intentar justificar su brutal ajuste que está llevando a millones a la desesperación”.

“Ya no veta una ley, sino que va a ‘ordenar’ que no se pague lo que se aprobó por ley. Más autoritario y dictatorial imposible”, planteó Giordano.

A su vez, para el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, "la verdadera razón por la que Javier Milei amenaza al Congreso, es que está preparando una nueva prórroga del Presupuesto, por tercera vez consecutiva, para cristalizar el ajuste brutal. Por otra parte, la amenaza de sancionar a diputados y senadores que no voten como al presidente se le antoja, configura una causal contundente e inequívoca de Juicio Político por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional".

“Discurso falaz y electoralista. El Presidente ignora que el Congreso tiene facultades constitucionales, y gobierna por decisión propia, desde hace 2 años, sin presupuesto”, lo calificó el senador radical Pablo Daniel Blanco.

“Milei quiere castigar al Congreso por cumplir su rol y aprobar leyes que no le gustan. Penalizar lo que afecte su “superávit” es un atropello a la democracia. Para educación, salud o jubilaciones no hay plata. Pero para viajes y sus amigos, sí”, planteó por su parte la socialista Mónica Fein.

Las diputadas nacionales Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva (Unión por la Patria) encabezaron un proyecto de declaración, firmado por varios compañeros de su bloque, en relación a la privatización de AySA y advirtieron sobre la validez de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo para avanzar en la venta de la empresa.

"Un negociado más claro que el agua", advirtieron las legisladoras, impulsoras de una declaración que expresa el "rechazo y profunda preocupación por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 493/2025 y el Decreto N° 494/2025, mediante los cuales se modifica de forma unilateral el marco legal vigente en materia de provisión del servicio público de agua potable y saneamiento, y se autoriza la privatización total de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A., a través de la venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional".

Sobre esto, señalaron que "ambas medidas se dictan en contravención del Convenio Tripartito aprobado por la Ley 26.221 y en perjuicio de las disposiciones del Decreto 304/2006, ratificado por la Ley 26.100".

En tanto, en los fundamentos, las legisladoras indicaron que el DNU 493/25 "lejos de reunir los presupuestos constitucionales que habilitan el dictado de normas por fuera del trámite legislativo ordinario, constituye un fraude a la ley suprema".

"Se trata de una modificación estructural del régimen vigente, orientada a desguazar las condiciones de control público sobre un servicio esencial como el agua potable y saneamiento, sin habilitación del Parlamento y sin participación democrática alguna", enfatizaron.

También cuestionaron que "la medida resulta profundamente regresiva para los usuarios del servicio público, al habilitar un régimen que autoriza cortes por falta de pago y elimina toda previsibilidad tarifaria".

A través de su cuenta de la red social X, Tolosa Paz sostuvo: "AySA no es un botín para los socios extranjeros de (Javier) Milei. Es una empresa clave para el desarrollo de nuestro pueblo. Cumple una función esencial para la salud de las familias que viven en CABA y en 26 municipios del AMBA, casi 15 millones de personas".

"En el período 2020-2023, AySA sumó a más de 1.7 millones de habitantes al servicio de agua potable y cloacas, extendió 4 mil kilómetros las redes instaladas, terminó el Sistema Riachuelo y proyectó obras para seguir avanzando hacia la cobertura total. Logró récords históricos de inversión y de eficiencia, certificando normas ISO y alcanzando el 1° puesto en el índice de transparencia CIPPEC", destacó la exfuncionaria del Frente de Todos.

En esta línea, comparó que "en un año y medio, el gobierno de Milei redujo al mínimo el funcionamiento de la empresa, paralizó las obras y eliminó los controles de calidad, para que el servicio sea malo y así poder venderla más barata a sus amigos".

"¿Cuáles son los argumentos del gobierno para privatizar AySA? El pueblo exige una explicación. Hace algunas décadas pasamos exactamente por la misma situación: el resultado fue nefasto. AySA debe seguir con su planificación para que cada día más argentinos puedan acceder a estos servicios básicos. El acceso al agua potable y a las cloacas son derechos", concluyó Tolosa Paz.

En tanto, Selva denunció que "detrás de la privatización de AySA hay una cosa clara: UN NEGOCIO. AySA no puede pasar a ser botín en manos extranjeras, tiene que seguir siendo una empresa estratégica para el desarrollo".

"Es indispensable para 16 millones de personas en el AMBA y en Capital Federal. Y es urgente continuar con las obras pendientes que este gobierno frenó. El gobierno de Milei vació la empresa, paralizó obras y eliminó controles de calidad para poder rifarla a sus amigos, siempre foráneos", coincidió con su compañera de bloque.

Desde Unión por la Patria insisten con activar la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, luego de que en la última sesión el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no permitiera emplazar a las comisiones para tratar una resolución que busca destrabar su funcionamiento.

El expediente que pretendían emplazar tiene giros a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Nicolás Mayoraz y a la Comisión de Peticiones Poderes y Reglamento que preside Silvia Lospennato, del Pro. Por eso, los diputados de UP Sabrina Selva, Mónica Litza y Juan Marino, como integrantes de la Comisión de Asuntos que es cabecera del expediente, presentaron una nota al diputado libertario Nicolás Mayoraz, para que, en virtud del artículo 109 del Reglamento, convoque de manera urgente a la comisión para abordar y dictaminar el expediente que destrabaría la elección de autoridades de la Comisión Investigadora, poniendo fin a su juicio a las dilaciones y artilugios reglamentarios.

“Se nota mucho que quieren seguir bloqueando el tema, pero vamos a agotar todas las instancias para que se pongan a trabajar y abran las comisiones que presiden”, expresó la diputada Selva, quien fue propuesta por la oposición para presidir dicha comisión.

En la nota presentada a Mayoraz, le detallan las razones por las que debería convocar a las comisiones, en virtud de la necesidad de “garantizar el cumplimiento de los fines para los cuales fue creada la Comisión Investigadora por la estafa $LIBRA, garantizando su normal funcionamiento, sin interferencias ni bloqueos”.

“La resonancia política y judicial no solo a nivel nacional sino internacional que reviste el hecho de que el presidente Javier Milei haya promovido una criptomoneda que derivó en un escándalo, requiere de una mayor celeridad y seriedad por parte de esta honorable Cámara, sin más dilaciones ni artilugios reglamentarios”, le indican Selva, Marino y Litza, por lo cual solicitan que el expediente reciba tratamiento “urgente y preferente despacho”.

Luego de una larga jornada en la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, la diputada nacional Sabrina Selva (Unión por la Patria) consideró que "cada vez hay más hechos que hacen a la necesidad de que la investigación en el Congreso avance, más allá de la de la Justicia".

"Cada vez hay más contradicciones, no sólo con las declaraciones de algunos especialistas, sino también incluso con muchas declaraciones que fue teniendo muy contradictorias el presidente de la Nación, Javier Milei", señaló en relación a la promoción que hizo el mandatario el pasado 14 de febrero sobre un token que subió rápidamente y luego se desplomó, situación por la que se investiga una estafa tanto en la justicia nacional como en Estados Unidos.

En declaraciones a Radio 10, la legisladora enfatizó que "nadie explica hasta ahora quién le dio la información a Milei en torno al proyecto o el número de contrato, que Milei fue el primero en promover en el mundo".

"Lo que llama la atención muchísimo es que al día de hoy nadie explica los chats que filtraron de Hayden Davis, donde él aseveraba que le había dado dinero a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para que Milei hiciera ese tuit", apuntó.

En ese sentido, Selva resaltó "el vínculo previo de Davis con Milei", que recibió en Casa Rosada al empresario detrás del lanzamiento de $LIBRA. "Hay un montón de indicios que se van ordenando cronológicamente en el tiempo, pero hasta acá no lo han podido explicar", insistió.

"Lo más complicado es que Milei es denunciado y no denunciante de Davis", dijo Selva, quien había sido propuesta desde el sector de la oposición para presidir la comisión, pero no se logró debido al empate entre quienes impulsan la investigación y el oficialismo con sus aliados. Sin poder designarse autoridades, las últimas dos reuniones de comisión estuvieron dirigidas por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán.

La diputada rechazó además que desde el Gobierno "se construyó un relato diciendo que él (por Milei) solo difundió la información, pero no explicaron dónde la encontró, quién se la pasó, de qué se trataba el proyecto, financiar PyMEs para qué".

Un pasaje de antología se registró cuando el especialista en cripto Iñaki Aezteguía dijo ante la comisión investigadora que había invertido en $LIBRA y que no se había sentido estafado. Pero fue sorprendido por la diputada de UP Sabrina Selva, que reprodujo un video de él mismo en el que criticaba la moneda virtual que había difundido el presidente Milei.

“Yo por ejemplo invertí en $LIBRA, no me siento estafado. Para mí técnicamente no es una estafa”, remarcó el especialista invitado por el oficialismo. “Hasta acá usted hizo muchas aseveraciones en el sentido de que no podía afirmar que se había tratado de una estafa -arrancó Selva, a lo que el especialista asintió-. Mi pregunta entonces es porqué el día 17 de febrero, a través de su red social de Instagram, publicó un video que lo tengo acá, en mi poder, que lo puedo compartir para que todos lo vean, en donde a través de cinco puntos, usted le recomendaba a las personas no invertir”.

Allí, Apezteguía deciá: “No recomendemos la token $LIBRA que impulsó Javier Milei. N°1: el lanzamiento fue muy apresurado; el sitio web y el token se habían creado tan solo un par de minutos u horas antes del lanzamiento del proyecto. N°2: la documentación técnica; el proyecto no cuenta con una propuesta robusta y seria, ni un equipo técnico reconocido. N°3: el lanzamiento se hizo a través de un tuit de Javier Milei, eso ya generaba cierta sospecha. N°4: la concentración de más del 80% de los token en tan solo tres billeteras. Y N°5: que daba todas las señales para ser un típico pump and dump, donde el proyecto se podía inflar como cualquier meme coin y en cualquier momento las billeteras podían tomar ganancias”.

Y cerraba Apezteguía: “Desde Crossing Capital buscamos que se opere en un mercado lo más transparente posible, y vos puedas obtener rendimientos haciendo inversión inteligente. Si querés saber más, sobre Crossing Capital…”. Ahí apagó Selva la reproducción, lo que llevó al secretario Parlamentario Adrián Pagán a comentar riendo: “Justo le dejó la propaganda”.

Incómodo, el especialista en cripto tan solo comentó con una sonrisa: “Gracias por aumentar la cantidad de seguidores de la cuenta… Yo acá vine a responder por la tecnología”. Y con una mueca agregó: “¿Lo que yo pueda opinar por redes sociales, todo lo que uno diga en redes sociales es una verdad absoluta bajo una declaración jurada? Lo que yo puedo defender acá es la tecnología. La tecnología…”.

No solo que la Libertad Avanza tiene mucho que esconder en torno a la estafa $LIBRA, sino que la gente que trajeron a la comisión los hunde aún más.

Les dejo una joyita de hoy en la reunión informativa.

Vamos a seguir insistiendo con investigar lo que a todas luces fue una… pic.twitter.com/GMOJbWjzcB

— Sabrina Selva (@SabriSelva) June 26, 2025

En medio de la chicana que el presidente Javier Milei deslizó hacia la bancada kirchnerista durante su discurso en la presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso, despertó efusivas reacciones por parte de los pocos diputados de UP que decidieron asistir tales como gritos, abucheos, insultos e ironías. Sin embargo, horas más tarde trascendió un video en donde se visualizó a la diputada camporista Sabrina Selva hacerle un fuck you desde su banca al presidente.

"Ustedes no, pueden abstenerse, porque suman con dificultad", había dicho Milei hacia la reducida bancada kirchnerista, que murmullaba críticas. En ese momento, la legisladora bonaerense Selva decidió levantar su brazo derecho y enrostrarle, a varios metros de distancia, el gesto descalificador.

Momentos después de la disertación de Milei en el Congreso de la Nación, Selva compartió un posteo en su cuenta oficial de X en la que usó una frase presidencial para retrucar: "Los tontos y los necios NIEGAN la realidad".

"Lo único cierto que acaba de decir Javier Milei en el Congreso, lástima que no asume que es uno de esos. Sólo vino a agredir a los diputados de la oposición que vinimos porque respetamos la institucionalidad", agregó la autora del fuck you desde el recinto. También se refirió a la disertación: "Lamentable su discurso. Grotesco. Mentiroso, violento y enajenado de la difícil realidad que atraviesan los argentinos". Y remató su posteo: "Puro SHOW. Que encima no vio nadie".

Tras la viralización del video, Selva volvió a utilizar su cuenta de “X” en la tarde de este martes para arrepentirse del gesto que hizo. “Ayer reaccioné de una manera incorrecta frente a las agresiones que recibimos los diputados de Unión por la Patria de parte del Presidente Milei en el discurso en el que iba a hablar del presupuesto”, se defendió y sumó: “Me arrepiento de haber respondido a su violencia verbal, que es constante, de una forma inapropiada con un gesto que no es común en mi persona”.

La diputada nacional Sabrina Selva (Unión por la Patria), acompañada de los diputados Maximiliano Ferraro (CC-ARI), Esteban Paulon (Partido Socialista) y Pablo Juliano (UCR), presentó un proyecto de ley de velocidades máximas seguras a fin de modificar el artículo 51 de la Ley 24.449 de Tránsito.

La iniciativa es promovida por la Fundación Muni, Coalición Argentina de Movilidad y diversas organizaciones “en pos de una mayor y mejor seguridad vial”. La misma, propone como límite máximo de velocidad en zona urbana de 30 km/h en calles, 50 km/h en avenidas, en vías con semaforización coordinada y sólo para motocicletas y automóviles la velocidad de coordinación de los semáforos.

“La velocidad es uno de los factores más influyentes en la siniestralidad vial, aumentando las probabilidades de sufrir un siniestro y la severidad de las lesiones resultantes de cualquier impacto. Adicionalmente, la velocidad de circulación agrava los efectos de otros factores de riesgo, como el consumo de alcohol en el tránsito o las distracciones”, fundamenta.

Según argumentó, las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) arrojan que en Argentina fallece una persona cada dos horas en siniestros viales, contabilizando tan sólo en el año 2023 la pérdida de 4369 vidas. “Está ampliamente aceptado por numerosos estudios que bajando tan solo un 5% la velocidad media, se pueden reducir un 20% la cantidad de siniestros viales con víctimas fatales”, planteó.

La diputada nacional Sabrina Selva (Unión por la Patria – Buenos Aires) presentó un proyecto de resolución instando al Poder Ejecutivo que revea su postura por la cual Argentina “renuncia a ser miembro de la Alianza de los BRICS a partir del 01/01/2024”, y pidió “dar fundamentos que expliciten las razones que sustentan la medida de revertir la incorporación del país a dicha alianza”.

Selva resaltó que la BRICS es un “bloque de países emergentes que desde hace décadas viene ganando relevancia geopolítica y económica a nivel global”, conformada por a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Así, recordó que el pasado 24 de agosto de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández, se anunció la incorporación oficial de la Argentina a la alianza de los BRICS de “los países más importantes de las economías emergentes que, como bloque, representan el 24 por ciento del PBI global, el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios”.

“La integración de la Argentina a un bloque que representa más del 40% de la población mundial, no solo nos consolida como una nación fraternal y abierta al mundo, sino que abre un sinnúmero de oportunidades económicas, culturales, sociales y políticas. Asimismo, este nuevo escenario significa una integración de Argentina en tanto a nivel regional como mundial. Desarrollando políticas de estado en materia productiva, fomentando la creación de empleo, y potenciando las exportaciones con valor agregado y desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías”, argumentó.