Luego del regreso del presidente Javier Milei al país este viernes, se conoció un documento con el detalle de los cambios que desde el Poder Ejecutivo están dispuestos a conceder en el proyecto de ley ómnibus, tras las extensas negociaciones que esta semana encararon funcionarios con referentes de la oposición dialoguista en la Cámara de Diputados.

En el documento, al que tuvo acceso parlamentario.com, se propone limitar el plazo de vigencia de la emergencia de 4 años a un año más otro prorrogable por el Poder Ejecutivo (2 en total), y se eliminan las materias de defensa, social y sanitaria.

Además, se fija en 0% las retenciones para economías regionales -que originalmente se llevaban a un 15%- y se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación.

Respecto a un tema sensible, como es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el punteo que se conoció este viernes establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferido al Tesoro), “deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones”.

En tanto, de la lista de empresas a privatizar, se elimina a YPF, una de las que era requerida por el bloque radical. Desde la UCR también buscaban excluir al Banco Nación.

Por otra parte, se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18% y 27%) y biodiésel (alcanzar en 2026 hasta 15%) y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. También, se elimina la derogación de Ley de Azúcar.

Entre los cambios, se establece un beneficio para contribuyentes cumplidores del impuesto a los Bienes Personales, aunque se sugiere que el capítulo sobre este tributo podría enviarse junto “al proyecto de Ganancias”.

“En base a los comentarios recibidos se modificaron/adaptaron más de 100 artículos”, se destaca y se menciona la posibilidad de modificar lo referido a la eliminación de las PASO, a la espera de una “contrapropuesta de Vidal”. Sobre lo electoral, se elimina la propuesta de cambio en la composición de la Cámara de Diputados.

Un tema por el cual habían alertado los mandatarios patagónicos, como fue la reforma en el Régimen Federal de Pesca, se precisa que “se mantiene la obligación de desembarcar en Argentina; se aclara que el sistema de licitaciones no va a ser internacional; y se mantienen los requisitos actuales con respecto a la tripulación local”.

Otra de las cuestiones que alertaron los gobernadores de provincias productoras fue la de los cambios en la Ley de Hidrocarburos, algo que se lleva varias modificaciones en el documento que fue enviado a los diputados de los bloques dialoguistas. Entre esas, se incluirá “la aclaración ‘Nacional o Provincial’, según corresponda, para evitar cualquier duda sobre competencias de las provincias en la materia, en todo el articulado” y se mantendrá la facultad de las provincias de controlar el plan de inversiones, con lo cual no se derogan los artículos 32 y 33 de la Ley 17.319.

Algo que ya había anticipado en las comisiones la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre el capítulo de “organización de las manifestaciones” es que se elimina el artículo que hacia referencia a la manifestación de tres personas. Sin embargo, se agregará “pena en el Código Penal para bloqueos a comercio o industrias”.

La eliminación de todo el capítulo de reforma a la Ley de Sociedades y todo el capitulo referido a salud pública son otras de las modificaciones al texto original que impulsa el Poder Ejecutivo.

Sobre legislación en materia ambiental, el Ejecutivo acepta cambiar en su redacción original: desechar la nueva definición de “quema” en la Ley 26.562 y establecer un plazo de 90 días para la autorización de quema; se elimina la inclusión de las zonas de categoría I y II como sujetas a proyectos de desmonte y se agrega un artículo “para garantizarle los fondos a la Ley de Bosques en 2024”; finalmente introduce cambios sobre las modificaciones a la Ley de Glaciares “para dar más claridad”.

Algunos puntos de educación señalan que “se aclara que los estudios a distancia son solo para el ciclo orientado de la secundaria. A su vez, los estudios híbridos se limitan a las materias extraprogramáticas o situaciones excepcionales que impidan el desarrollo curricular normal”. También, se eliminan las entidades gremiales del acuerdo de los aspectos laborales como el salario mínimo; y se mejoran los criterios para el financiamiento de universidades en base a comentarios y sugerencia de la oposición, entre otros.

Respecto al capítulo cultura, “se establece una garantía para que los recursos del INCAA, INAMU y CONABIP se mantengan. Los recursos no podrán destinarse en más de un 20% a gastos generales y de funcionamiento interno”.

Se vuelve a incluir el mantenimiento de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica; se eliminan todos los cambios propuestos para el INAMU -solo se elimina la asignación específica-; se trasladan todas las funciones del Instituto del Teatro a la Secretaría de Cultura; se mantiene el Fondo Nacional de las Artes, pero se le pone un tope de gastos generales y funcionamiento interno; y se eliminan los cambios del CONABIP, salvo lo relacionado a financiamiento.

Además, “se amplía el alcance con respecto al articulado enviado al Congreso” de la Ley Micaela.