Del acto participará la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, junto a diputadas y senadoras nacionales.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, este jueves la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, junto a diputadas y senadoras nacionales, anunciará este jueves una reforma integral de la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.
Según informaron fuentes oficiales, la modificación a la norma sancionada en 2009 se hará “a través de un proceso participativo y federal” para “construir los principales lineamientos de una nueva ley”.
La propuesta busca poner en discusión nuevos tipos y modalidades de violencias de género, incorporar la perspectiva de diversidad, brindar herramientas para el abordaje de las violencias en un nuevo contexto institucional y fortalecer el rol de las provincias, municipios y organizaciones sociales territoriales, entre otras cuestiones fundamentales para consolidar un modelo integral de política de Estado hacia las violencias por motivos de género.
“La necesidad de actualizar y revisar los temas que aborda la Ley 26.485 pone en perspectiva la realidad dinámica de la sociedad en la que vivimos. La visibilización de las violencias de género, y la forma en que impactan en las trayectorias de vida de mujeres y LGBTI+, nos ofrece hoy una visión mucho más profunda de la problemática y sus diferentes dimensiones”, sostuvieron.
Además, destacaron la importancia de “contar con leyes innovadoras y sensibles a los cambios que se producen en la vida de las personas, normas que reconocen las desigualdades y cómo se actualizan en distintos ámbitos, es vital para tener herramientas legislativas efectivas, que den respuestas concretas cuando se busca resguardar y garantizar derechos tan esenciales como vivir una vida libre de violencias”.
Con este objetivo, “la iniciativa impulsa un proceso participativo, político y territorial liderado por representantes de ambas cámaras, en articulación con el MMGyD, que construya los principales lineamientos para una nueva ley”. A su vez, explicaron que “el proceso implicará la organización de foros territoriales de consulta participativa en todas las provincias del país y la creación de mesas de trabajo con especialistas que dialoguen sobre las reformas normativas necesarias en materia de violencias por motivos de género, violencia económica por motivos de género, acceso al hábitat, acceso al trabajo, entre otros. Los debates y la información reunida en estos espacios de trabajo serán el insumo fundamental para la redacción del proyecto de ley que se presentará el 25 de noviembre del próximo año”.
“Además de impulsar modificaciones en la ley actual que busquen contemplar otras identidades, incorporar la perspectiva interseccional, promover la multiagencialidad y transversalidad de las políticas de género, y afianzar el paradigma de abordaje integral de las violencias, este proceso asume nuevos desafíos. En principio, permitirá abrir el debate para confirmar o hacer cambios en la actual definición y clasificación de los tipos y modalidades de violencia y evaluar qué posibilidades brinda la ley para sustentar las políticas públicas que abordan las violencias de género. Por otro lado, se propone evaluar si existen tipos de violencia específicos ejercidos contra la población LGBTI+ en razón de su identidad de género”, concluyeron.
El acto se realizará en el Congreso de la Nación a partir de las 12.30:
La iniciativa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad prevé prevenir actos, conductas y manifestaciones individuales o colectivas de violencia política que afecten a las mujeres y diversidades.
Por iniciativa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, se presentó un proyecto de ley para establecer un régimen de prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres y diversidades en el ámbito político.
La normativa, amparada en la Ley Nacional 26.485, tiene el objetivo de establecer un marco de protección que permita prevenir actos, conductas y manifestaciones individuales o colectivas de violencia política que afecten a las mujeres y diversidades en su ejercicio de actividades.
También busca garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y todas las personas de la diversidad candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de funciones políticas; asimismo prevé desarrollar e implementar políticas públicas para la erradicación de toda forma de violencia política
“La violencia política contra las mujeres y diversidades es un obstáculo para el pleno ejercicio de sus derechos políticos, que dificulta el acceso y permanencia en todos los puestos de representación y toma de decisión. Prevenir, atender y erradicar este tipo de violencia es indispensable para trabajar en pos de garantizar esos derechos y en el camino a la consolidación de la calidad democrática”, estableció el defensor porteño, Alejandro Amor.
El proyecto tendrá como ámbito de aplicación a los tres poderes del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todos sus niveles y jerarquías. Asimismo, alcanza a todos los partidos políticos, organizaciones sociales y personas que desarrollen actividades de naturaleza política.
La voluntad es, a partir del mismo, avanzar en un abordaje integral de la problemática, adaptándola a las características y dinámicas propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus dependencias.
