La iniciativa fue dictaminada este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. UP, el Pro, la UCR y la izquierda, entre los firmantes. La propuesta surgió de un reclamo de Periodistas Argentinas.
Las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados dictaminaron a favor de un proyecto que prevé la incorporación a la Ley 26.485 -Protección Integral a las Mujeres- de la modalidad de violencia hacia las mujeres en el contexto laboral y académico.
La iniciativa fue avalada por todo el arco opositor, incluyendo a los bloques aliados del oficialismo y la oposición más dura. El texto fue presentado con firmas de integrantes de Unión por la Patria, el Pro, la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, a raíz de un pedido realizado desde el colectivo Periodistas Argentinas, que en julio pasado se presentó en el Congreso en el marco de denuncias contra Pedro Brieger.
Durante la reunión realizada en el Salón Delia Parodi, a la que no asistió ningún miembro de La Libertad Avanza, se celebró el consenso alcanzado.
Precisamente, el proyecto plantea incorporar el inciso “j” al artículo 6 de la Ley 26.485, sobre las modalidades en que se manifiesta violencia contra las mujeres.
El nuevo inciso reza: “Violencia y acoso sexual contra las mujeres en el contexto laboral o académico, que consiste en la conducta o comportamiento verbal, no verbal, físico y/o psicológico, efectuado por cualquier medio, de índole sexual y no consentido, con el propósito y/o el efecto de atentar contra la dignidad de la mujer, generando sobre la misma un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y/u ofensivo”.
En el arranque del debate, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (UP), destacó las firmas de distintos bloques que llevó el proyecto. Sobre la Ley 26.485, la diputada indicó que hay que “ir reformulándola y pensándola como un proceso vivo” porque “tiene una perspectiva interesante, pero las realidades y los contextos sociales y culturales van cambiando, como las percepciones que nosotras mismas logramos construir sobre la situación de violencia; tal vez situaciones que antes no les dábamos esta envergadura, las naturalizabamos, las dejábamos pasar por miedo, vergüenza, humillación”.
A su turno, el legislador Hugo Yasky (UP) opinó: “Este agregado resulta absolutamente necesario, va a significar un nuevo avance y sobre todo va a hacer justicia; todavía falta mucho para que en el ámbito laboral los derechos de hombres y mujeres sean simétricos”.
En tanto, la diputada Natalia Sarapura (UCR) resaltó el avance de la iniciativa “en un momento en que desde un lugar de poder se instala un discurso de violencia con los sectores más débiles”. “Pareciera que en Argentina no se quiere reconocer la importancia de la vinculación con el escenario internacional y los principios universales que hemos logrado consagrar”, expresó y agregó que “la firma de este dictamen es un mensaje de que a los derechos de las mujeres los vamos a defender”.
A pesar de manifestar su apoyo al proyecto, la legisladora Mónica Schlotthauer (FIT) recordó: “Teníamos una ley que establecía que no nos podían echar por discriminación y eso lo perdimos. Si no logramos derogar la reforma laboral que se estableció (en la Ley de Bases), se convierte en una ley humo”. También advirtió que desde el Gobierno “se sigue recortando un montón de presupuesto a las políticas de las mujeres” y pidió por la vuelta del Ministerio de la Mujer.
“Fue un año difícil en el Parlamento y sin embargo aquí logramos consensuar una medida muy importante para la protección de los derechos de las mujeres”, ponderó la diputada Silvana Giudici (Pro), quien sugirió “seguir por este camino” pero “que lo hagamos sin hipocresía”.
En ese sentido, mencionó que este proyecto comenzó por las denuncias de Periodistas Argentinas contra Pedro Brieger y “nos comprometimos a tratar este tema sin apreciaciones políticas, sin chicanas, sin demorar una política pública que no puede hacerse esperar”, dijo, pero añadió: “Todavía nos falta mucho por avanzar y a mí me gustaría que con la misma contundencia también podamos abordar otros temas que tienen a protagonistas como mujeres que han sido violentadas”.
“Desde el Pro hemos presentado un proyecto para retirarle la jubilación de privilegio a Alberto Fernández, golpeador, que va a ser procesado próximamente, y me parece que es un debate que nos debemos”, reclamó.
Por su parte, la legisladora Julia Strada (UP) observó que “es muy preocupante que desde el poder político se tome a referentas de la cultura, del periodismo, de la política como foco para un ataque misógino; es muy difícil que derrame igualdad, buen trato, buenas formas, lo más probable es que el derrame sea de violencia”. Y rechazó que “tengamos al presidente (Javier Milei) ejerciendo violencia verbal todos los días contra mujeres”.
Avanzada la reunión, la diputada Silvia Lospennato (Pro) afirmó su aval, pero confesó que se preguntó “cuán necesaria era esta ley habiendo ya ratificado el Convenio 190 de la OIT, que específicamente incluye al acoso laboral como una de las prácticas que tienen que evitar tanto los Estados como las empresas”. Y señaló que “fuimos el primer país en ratificar el convenio” por ley.
“Además de ir modificando todas estas normas, tenemos que empezar a trabajar sobre el verdadero problema que afecta a las mujeres en el ámbito laboral y es la escasa participación de las mujeres en el mercado laboral”, sostuvo y expresó que esto “es una tarea pendiente”.
La bonaerense detalló que hay “un 55,5% de mujeres de 14 años o más que están económicamente activas” y en varones esa cifra se eleva al 72,4%. “Esta brecha nos cuesta muchísimo achicarla”, dijo y apuntó que “no es un tema de capacidad por la cual quedamos afuera” del mercado, sino porque “empleamos el doble del tiempo que los varones en tareas de cuidados”.
En el cierre del plenario, desde Periodistas Argentinas, Nancy Pazos manifestó que “esto es ni más ni menos que una reparación muy grande a mucho dolor” y a “muchas mujeres que se callaron durante mucho tiempo y que un día pudieron salir a decir lo que les había pasado”. Mientras que Agustina Kämpfer agradeció a los diputados y reveló: “Yo no me imaginé que íbamos a llegar al Congreso, pero parece que la fuerza colectiva tenía su propio plan”.
El evento tendrá lugar este jueves al mediodía, organizado por la diputada radical Carla Carrizo. Los asistentes firmarán un petitorio.
Bajo el lema “la violencia sigue, las políticas faltan”, diputados, dirigentes y referentes de distintas organizaciones de la sociedad civil se reunirán para elevar un reclamo en defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes de la Argentina.
El encuentro interpartidario, organizado por la diputada radical Carla Carrizo, tendrá lugar este jueves, a partir de las 12, en la Sala 5 del Anexo de la Cámara baja.
En la jornada los asistentes firmarán un petitorio nacional “a favor de las políticas que protegen a las mujeres en Argentina”, dijeron desde la organización y sumaron: “No están en el Pacto de Mayo, pero las necesitamos. Somos mayoría y hoy están suspendidas”.
Del acto participará la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, junto a diputadas y senadoras nacionales.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, este jueves la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, junto a diputadas y senadoras nacionales, anunciará este jueves una reforma integral de la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.
Según informaron fuentes oficiales, la modificación a la norma sancionada en 2009 se hará "a través de un proceso participativo y federal" para "construir los principales lineamientos de una nueva ley".
La propuesta busca poner en discusión nuevos tipos y modalidades de violencias de género, incorporar la perspectiva de diversidad, brindar herramientas para el abordaje de las violencias en un nuevo contexto institucional y fortalecer el rol de las provincias, municipios y organizaciones sociales territoriales, entre otras cuestiones fundamentales para consolidar un modelo integral de política de Estado hacia las violencias por motivos de género.
“La necesidad de actualizar y revisar los temas que aborda la Ley 26.485 pone en perspectiva la realidad dinámica de la sociedad en la que vivimos. La visibilización de las violencias de género, y la forma en que impactan en las trayectorias de vida de mujeres y LGBTI+, nos ofrece hoy una visión mucho más profunda de la problemática y sus diferentes dimensiones”, sostuvieron.
Además, destacaron la importancia de “contar con leyes innovadoras y sensibles a los cambios que se producen en la vida de las personas, normas que reconocen las desigualdades y cómo se actualizan en distintos ámbitos, es vital para tener herramientas legislativas efectivas, que den respuestas concretas cuando se busca resguardar y garantizar derechos tan esenciales como vivir una vida libre de violencias”.
Con este objetivo, “la iniciativa impulsa un proceso participativo, político y territorial liderado por representantes de ambas cámaras, en articulación con el MMGyD, que construya los principales lineamientos para una nueva ley”. A su vez, explicaron que “el proceso implicará la organización de foros territoriales de consulta participativa en todas las provincias del país y la creación de mesas de trabajo con especialistas que dialoguen sobre las reformas normativas necesarias en materia de violencias por motivos de género, violencia económica por motivos de género, acceso al hábitat, acceso al trabajo, entre otros. Los debates y la información reunida en estos espacios de trabajo serán el insumo fundamental para la redacción del proyecto de ley que se presentará el 25 de noviembre del próximo año”.
“Además de impulsar modificaciones en la ley actual que busquen contemplar otras identidades, incorporar la perspectiva interseccional, promover la multiagencialidad y transversalidad de las políticas de género, y afianzar el paradigma de abordaje integral de las violencias, este proceso asume nuevos desafíos. En principio, permitirá abrir el debate para confirmar o hacer cambios en la actual definición y clasificación de los tipos y modalidades de violencia y evaluar qué posibilidades brinda la ley para sustentar las políticas públicas que abordan las violencias de género. Por otro lado, se propone evaluar si existen tipos de violencia específicos ejercidos contra la población LGBTI+ en razón de su identidad de género”, concluyeron.
El acto se realizará en el Congreso de la Nación a partir de las 12.30:
La iniciativa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad prevé prevenir actos, conductas y manifestaciones individuales o colectivas de violencia política que afecten a las mujeres y diversidades.
Por iniciativa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, se presentó un proyecto de ley para establecer un régimen de prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres y diversidades en el ámbito político.
La normativa, amparada en la Ley Nacional 26.485, tiene el objetivo de establecer un marco de protección que permita prevenir actos, conductas y manifestaciones individuales o colectivas de violencia política que afecten a las mujeres y diversidades en su ejercicio de actividades.
También busca garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y todas las personas de la diversidad candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de funciones políticas; asimismo prevé desarrollar e implementar políticas públicas para la erradicación de toda forma de violencia política
“La violencia política contra las mujeres y diversidades es un obstáculo para el pleno ejercicio de sus derechos políticos, que dificulta el acceso y permanencia en todos los puestos de representación y toma de decisión. Prevenir, atender y erradicar este tipo de violencia es indispensable para trabajar en pos de garantizar esos derechos y en el camino a la consolidación de la calidad democrática”, estableció el defensor porteño, Alejandro Amor.
El proyecto tendrá como ámbito de aplicación a los tres poderes del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todos sus niveles y jerarquías. Asimismo, alcanza a todos los partidos políticos, organizaciones sociales y personas que desarrollen actividades de naturaleza política.
La voluntad es, a partir del mismo, avanzar en un abordaje integral de la problemática, adaptándola a las características y dinámicas propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus dependencias.
