Buscando garantizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual buscará establecer un subsidio para las victimas del delito de trata de personas, a fin de dotarlas de recursos.

Según se desprende del texto, la prestación económica será equivalente a dos canastas básicas totales tipo 2, publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Las misma será abonada en forma mensual y consecutiva por el plazo de un año, pudiendo renovarse por un periodo igual.  “El otorgamiento de la prestación económica, la cual no es incompatible con otras medidas de asistencia integral, no obstará el ejercicio de las medidas de reparación, incluso las económicas”, sostiene el mismo.

Para poder acceder a dicho subsidio, las victimas deben encontrarse en situación de vulnerabilidad y el delito debe haberse cometido en la Ciudad. Si la persona afectada fuese menor de edad, serán los padres, tutores, curadores o quien tenga la guarda los encargados de administrar el beneficio.

En los considerandos de la iniciativa se planteó que “la trata de personas es una de las peores formas de sometimiento humano y conlleva graves violaciones a una amplia gama de derechos fundamentales. Configura uno de los delitos más aberrantes contra la libertad, la persona, la propiedad y la integridad sexual, física y psíquica, porque menoscaba la dignidad humana y restringe las libertades fundamentales”.

“La prestación económica que por medio de este proyecto de ley se crea -entendida esta como uno de los principales elementos que requiere la persona víctima del delito de trata para el logro de su futura autonomía personal y económica, y la inserción laboral y social-, procurará asistir a la persona rescatada en el inicio de ese nuevo camino que ha de emprender, en el cual pueda subsistir dignamente, y pretende erigirse en el sostén necesario para efectivizar el proceso de empoderamiento que le permita superar la situación de vulnerabilidad que la llevó a caer en la red de trata”, sostiene el texto.

Al mismo tiempo que remarca que “de esta forma, se cumpliría con la obligación primera y más inmediata del Estado, que es proteger a las víctimas de la trata frente a una nueva captación que genere daños mayores, ofreciendo una política pública con enfoque de los derechos humanos, el cual considera que emporar a las personas vulnerables garantizando sus derechos humanos reducirá su susceptibilidad a la trata y explotación”.

Luego de una extensa negociación que comenzó en diciembre pasado los legisladores sancionaron la designación por ley de cuatro nuevos defensores adjunto de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Tal como se informó en su oportunidad, en diciembre pasado, se reeligió al actual Defensor del Pueblo bonaerense Guido Lorenzino; en un trámite que levantó suspicacias pues se especulaba con un opositor al frente del organismo, tal como había sucedido cuando se eligió al propio Lorenzino por primera vez, durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

En esa misma oportunidad, en diciembre del 2021, se aprobaron por amplia mayoría, además del Defensor Lorenzino, el resto de los integrantes del oficialismo.

Se avanzó en la designación del Defensor Adjunto General Walter Martello; del Defensor de Derechos Sociales Jorge Ancona; de Servicios Públicos y Obras Públicas Gerardo Ontivero; y de Relaciones Institucionales Marcelo López.

Ahora, la oposición lograría introducir tres nuevos Defensores Adjuntos, mientras que el oficialismo sumaría uno más, al ser sancionada en el Senado la norma aprobada, previamente, en diputados.

A propuesta de la oposición asumirían como Defensor Adjunto General Luis María Ferella; de Usuarios de Servicios de Salud Marcelo Honores; y de Derechos Humanos Martín Brignoli.

Completa el cuadro la asunción del oficialista Ángel García como Defensor Adjunto de Ambiente y Asociaciones Civiles.

Tal y como lo anunció parlamentario.com días atrás, la legisladora del Frente de Todos (FdT) y vicepresidenta segunda de la Legislatura, María Rosa Muiños, expuso en una audiencia pública sus antecedentes como funcionaria pública y aseguró que es idónea para ocupar el cargo de Defensora del Pueblo de la Ciudad, el cual quedó vacante tras la renuncia de Alejandro Amor para dedicarse a la campaña como legislador.

La candidatura de la peronista cuenta con el aval de más de 250 instituciones, personalidades y organizaciones de la sociedad civil que acompañan su candidatura, entre ellas, organismos de Derechos Humanos, organizaciones religiosas, cooperativas, sindicatos, asociaciones civiles, grupos comunitarios, clubes de barrio, centros de jubilados y los dos últimos defensores del Pueblo, Alicia Pierini y el propio Amor.

Durante la audiencia, Muiños recordó que ejerció “funciones de conducción y asesoramiento en diferentes ejecutivos, tanto nacionales como de la Ciudad, y me destaqué en algunas temáticas como la formación para el trabajo, microemprendimientos, la reforma política, promoción y desarrollo comunitario, proyectos productivos y, fundamentalmente, formación y capacitación. En ese carácter, comencé a desarrollar funciones en la Defensoría del Pueblo a partir del 2004” y remarcó que “desde que entré a la Legislatura, siempre me incliné por la construcción de consensos para llegar a la mejor ley posible. En estos casi ocho años presenté cerca de mil iniciativas pensando siempre en cómo mejorar la calidad de vida de los porteños y las porteñas”.

“Vamos a continuar con esa tarea, que se complementa con la recepción de los reclamos a través de los canales virtuales y a impulsar políticas que amplíen y profundicen estos recursos para que más personas tengan acceso a la defensa y a la protección de sus derechos”, añadió y aseguró que “llevo muchos años recorriendo el distrito y creo que podemos lograr una Ciudad inclusiva, equitativa y justa. Si la Legislatura aprueba mi nombramiento, vamos a proteger los derechos humanos, individuales y colectivos; controlar que los funcionarios cumplan adecuadamente con sus obligaciones; supervisar que las empresas de servicios públicos brinden un servicio de calidad; profundizar el fortalecimiento de la institución en beneficio de todos y de todas; y hacer uso de las herramientas legislativas, judiciales y administrativas con las que cuenta el organismo”.

Asimismo se comprometió a “abordar cada una de las problemáticas con sensibilidad, compromiso y mucho trabajo; a llevar adelante una gestión activa, a recorrer las comunas como lo hice siempre, seguir escuchando a cada persona y a las organizaciones” y concluyó señalando que “sabemos que aquellos sectores que padecen una mayor vulneración de derechos son los que más dificultades tienen para hacerlos valer. Y ahí vamos a estar para defenderlos y defenderlas”.

Tras su exposición, Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control y la Comisión de Asuntos Constitucionales emitieron dictamen aconsejando el nombramiento de Muiños y será votado en el recinto el 5 de noviembre.

Tal y como lo adelantó parlamentario.com días atrás, la vicepresidenta segunda de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños, está cada vez más cerca de convertirse en la nueva Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y este lunes se realizará una audiencia pública para que exponga sus antecedentes y dé cuenta de su idoneidad para el cargo.

La mencionada audiencia será este lunes a las 14 y se realizará bajo una modalidad mixta: habrá legisladores en el Salón Dorado y podrá ser vista a través del canal oficial de Youtube del Parlamento.

Cabe recordar que la Junta de Ética, que es conducida por la oficialista María Luisa González Estevarena (VJ), recibió entre el 4 y el 12 de octubre se recibieron las impugnaciones u observaciones respecto de la única candidata para el cargo; en tanto que el 25 se hará una audiencia pública para que exponga sus antecedentes y dé cuenta de su idoneidad.

Recién allí se llamará a una sesión especial, prevista para el 5 de noviembre, en la cual la futura defensora deberá contar con el respaldo de las dos terceras partes del total de los diputados, es decir, al menos 40 votos.

A raíz de la renuncia de Alejandro Amor a la Defensoría del Pueblo porteña para dedicarse de lleno a su campaña como candidato a legislador por el Frente de Todos (FdT), la Junta De Ética, Acuerdos y Organismos de Control analizará este martes a las 11 las postulaciones para ocupar el cargo, aunque quien cuenta con las chances de asumir el mismo es la actual vicepresidenta segunda de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños.

El otro postulante para el cargo fue el abogado ambientalista y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, quien no consiguió que ningún diputado acompañase su candidatura.

Cabe recordar que la mencionada Junta, que es conducida por la oficialista María Luisa González Estevarena (VJ), recibió entre el 4 y el 12 de octubre se recibieron las impugnaciones u observaciones respecto de la única candidata para el cargo; en tanto que el 25 se hará una audiencia pública para que exponga sus antecedentes y dé cuenta de su idoneidad.

Recién allí se llamará a una sesión especial, prevista para el 5 de noviembre, en la cual la futura defensora deberá contar con el respaldo de las dos terceras partes del total de los diputados, es decir, al menos 40 votos.

Tal y como lo anunció el día que cerró la inscripción de listas de cara a las PASO, Alejandro Amor presentó en la Legislatura de la Ciudad su renuncia a la Defensoría del Pueblo, dado a que priorizará la campaña electoral dado a que se postuló como precandidato a legislador porteño por el Frente de Todos (FdT).

En el comunicado que presentó en el Parlamento, Amor se dirigió a Agustín Forchieri –el vicepresidente primero de la Casa y legislador de Vamos Juntos- para presentarle “la renuncia indeclinable al cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el que me honraran los diputados y las diputadas. Motiva la presente, emprender un nuevo desafío en un rol de representación política, manteniendo las mismas convicciones, los mismos valores y los mismos anhelos de servir a la ciudadanía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Si bien el texto tiene fecha del 24 de julio, fecha en la que lo anunció en las redes, recién en las últimas horas ingresó a la Legislatura.

Cabe recordar que en aquel entonces, Amor manifestó que “he presentado mi renuncia al cargo de Defensor del Pueblo para encabezar la lista de Legisladores porteños por el Frente de Todos. Con las mismas convicciones, los mismos valores y el anhelo de trabajar por las y los trabajadores, y la plena vigencia de los Derechos Humanos”.

El ex funcionario encabezará la lista de precandidatos para el FdT y estará acompañado por la legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro; el referente de La Cámpora, Juan Modarelli; Maia Daer, la hija del gremialista; y el actual legislador porteño Juan Manuel Valdés quedó en la quinta posición, con lo cual sus chances de renovar el mandato son altas. También forman parte de la misma la comunera de la Comuna 3, Berenice Iañez; Franco Vitali  por La Cámpora; y  la ex diputada porteña Magdalena Tiesso.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que se exima a los beneficiarios de la Ley Brisa –la reparación económica a hijos de victimas de femicidios- del pago de las contribuciones a Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).

Para poder acceder a este nuevo beneficio, las víctimas colaterales de femicidios deberán ser “propietarias, condómino o usufructuario de un único bien inmueble destinado a vivienda propia o inquilino de un inmueble para uso personal y ser quien paga esa contribución”. Al mismo tiempo que establece que no podrán tener otros inmuebles urbanos o rurales en todo el país y tampoco podrán percibirlo quienes hayan sido condenados como “autor, co autor o cómplice del delito contra su madre”.  

En los fundamentos de la medida, desde la Defensoría explicaron que “los Estados todavía no han logrado erradicar esta forma específica de violencia contra las mujeres, que se lleva en la actualidad la vida de casi una mujer por día” y remarcó que “la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) consigna que entre 2015 y 2018 se registraron un total de 56 víctimas de femicidios en CABA. Esto representa el 58% de los 97 homicidios dolosos de mujeres, trans y travestis”.

“La pandemia del Covid 19 y las medidas de aislamiento expusieron e incluso acrecentaron la violencia de género. La forma más extrema de esa violencia son los femicidios, los cuales no bajan”, aseveraron y explicaron que “este proyecto se propone paliar las dificultades económicas que suelen atravesar las personas que quedan a cargo de los niños y adolescentes que perdieron a su madre y vieron disuelto su hogar familiar”.

Al mismo tiempo que precisaron que estos niños se quedaron “sin ningún tipo de sustento económico porque el padre o progenitor afin, responsable del femicidio, se encuentra –en la mayoría de los casos- cumpliendo la pena de prisión dictada en su contra” y concluyeron señalando que “si bien la reparación del daño que producen los femicidios en las vidas de los niños y adolescentes a los que les han arrebatado a su madre es imposible, creemos que es necesario no sumar a ese padecimiento otros derivados de privaciones económicas”.  

Con la intención de dar respuestas a los reclamos que vienen llevando a cabo las mujeres y las diversidades, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó una iniciativa en la Legislatura porteña a través de la cual buscará instar al alcalde local, Horacio Rodríguez Larreta, a que implemente las medidas necesarias para la creación de un “Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades”.

En los fundamentos de la medida, el organismo explicó que “la Argentina y la región de América Latina presentan altos niveles de violencias por motivos de género y alarmantes cifras de femicidios, travesticidios y transfemicidios” y remarcó que “los reclamos y demandas de los movimientos de mujeres y personas LGBTI constituyen uno de los fenómenos más visibles de la dinámica social y política de democracias occidentales, poniendo en agenda cada vez con más fuerza la necesidad de mejores y más eficaces políticas de prevención de las violencias por motivos de género y de asistencia y protección de aquellas personas que la atraviesan”.

Asimismo consideraron que “el derecho a vivir una vida libre de violencias y a desarrollar proyectos de vida autónomos y sin discriminación se presenta como una condición indispensable para vivir en sociedades más igualitarias, justas y respetuosas de los derechos humanos de todas las personas y el Estado debe cumplir en ello un rol inexcusable en el reconocimiento y garantía de esos derechos”.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado se creó a nivel nacional se creó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a través del Decreto 7/2019 que modificó la Ley de Ministerios 22.520, y que tiene entre sus funciones el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales para prevenir, erradicar y reparar las violencias por motivos de género y asistir integralmente a las personas en situación de violencias en todos los ámbitos.

“En consideración de la importancia creciente de la creación y profundización de políticas públicas de género que incluyan, además de las temáticas de violencia de género, la cada vez más amplia mirada en los diversos y complejos abordajes en todos y cada uno de los aspectos relacionados con las mujeres e integrantes del colectivo LGTBI es menester la creación de un organismo cuya jerarquía sea acorde con la importancia y urgencia que los problemas de su incumbencia exigen”, señaló y concluyó afirmando que “es imprescindible considerar el abordaje de los problemas que no sólo se relacionan con situaciones de violencia, sino también con aquellos vinculados con cada uno de los diversos quehaceres que involucran la vida de los habitantes de la Ciudad con toda su complejidad y diversidad y que a la vez brinden una posibilidad de atención en todos los ámbitos en los que se requiera”.

Por iniciativa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, se presentó un proyecto de ley para establecer un régimen de prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres y diversidades en el ámbito político.

La normativa, amparada en la Ley Nacional 26.485, tiene el objetivo de establecer un marco de protección que permita prevenir actos, conductas y manifestaciones individuales o colectivas de violencia política que afecten a las mujeres y diversidades en su ejercicio de actividades.

También busca garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y todas las personas de la diversidad candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de funciones políticas; asimismo prevé desarrollar e implementar políticas públicas para la erradicación de toda forma de violencia política 

“La violencia política contra las mujeres y diversidades es un obstáculo para el pleno ejercicio de sus derechos políticos, que dificulta el acceso y permanencia en todos los puestos de representación y toma de decisión. Prevenir, atender y erradicar este tipo de violencia es indispensable para trabajar en pos de garantizar esos derechos y en el camino a la consolidación de la calidad democrática”, estableció el defensor porteño, Alejandro Amor.

El proyecto tendrá como ámbito de aplicación a los tres poderes del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todos sus niveles y jerarquías. Asimismo, alcanza a todos los partidos políticos, organizaciones sociales y personas que desarrollen actividades de naturaleza política.

La voluntad es, a partir del mismo, avanzar en un abordaje integral de la problemática, adaptándola a las características y dinámicas propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus dependencias.