El debate del proyecto generó diferencias dentro de la mayoría de los bloques y críticas de algunos sectores, lo que provocó demoras en el inicio de la sesión, que contó con la presencia en los palcos del recinto de organizaciones a favor y en contra de la iniciativa.

En el marco de un fuerte debate, la iniciativa fue aprobada en general y luego de más seis horas de debate por 147 votos a favor contra 41 y 2 abstenciones.

El proyecto fue respaldado por el Frente para la Victoria/PJ, algunos legisladores del Peronismo Federal, varios radicales y del ARI y rechazado por otros diputados de la UCR, aristas, el bloque Propuesta Federal (PRO), el Justicialismo Nacional y el Partido Unidad Federalista, de Luis Patti, entre otros.

La disputa, que mostró alianzas políticas y coyunturales inesperadas, se sanjó dando "libertad de conciencia" para que cada legislador vote según sus convicciones.

Al presentar la norma en el recinto, el titular de la Comisión de Acción Social, Juan Sylvestre Begnis, sostuvo que el proyecto "obliga a las instituciones públicas a cumplir con el deseo del demandante siempre que se hayan cumplido los requisitos que la ley exige, que son la información y el consentimiento".

"Obliga también a las obras sociales del sistema sindical, a los organismos incluidos en la seguridad social y a las empresas de medicina prepaga a financiar sin cargo para los beneficiarios este tipo de prácticas", agregó Sylvestre Begnis.

La anticoncepción quirúrgica se practica en hospitales públicos de Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa, Chaco, Neuquén, Santa Fe y Capital, entre otras, y -según precisó Sylvestre Begnis- es una práctica "reversible", aunque este punto fue cuestionado desde el radicalismo, el Peronismo Federal, los bussistas de Fuerza Republicana y los pattistas del PAUFE.

La tensión en el recinto estuvo presente todo el tiempo y no aflojó en ningún momento porque el tema en debate provocó tal situación de debate intra bloques que se produjeron alianzas coyunturales impensables: la arista Elisa Carrió se pronunció en contra de la iniciativa como la pattista Nélida Manzur o el bussista Roberto Lix Klett.

También, desde el PRO, la diputada de Fuerza Republicana Eusebia Jerez rechazó la iniciativa y reclamó que se incluya la consulta a un equipo interdisciplinario, y consideró que "si es una ley pensada para los pobres, debería quedar claro que la cobertura se refiere a la contracepción y a su reversión".

A favor se expresaron, entre otros, la duhaldista María del Carmen Rico, la popular neuquina Alicia Comelli y las kirchneristas Juliana Marino y Juliana Di Tullio. "Lo único que les va a quedar a quienes se arrepientan de la ligadura de trompas es la fecundación in vitro, que es muy costosa", dijo el radical Juan Acuña Kunz.

Desde las barras, donde se ubicó medio centenar de mujeres, llovieron los silbidos contra cada uno de los que cuestionó a la iniciativa como el duhaldista residual y neokirchnerista Mario Santander, que integra el bloque del Peronismo Federal.

"Hay que hablar de castración", dijo Santander y las barras se expresaron, e insistió: "es reversible cuando se hace en grandes centros de salud. La técnica moderna que no la va a utilizar el hospital público, que no lo va a hacer porque es muy costoso".

Por su parte, la arista Marcela Rodríguez se postuló a favor de la iniciativa aunque aclaró que su bloque tiene distintas posturas, como la Carrió, que rechaza la anticoncepción quirúrgica. "Estamos discutiendo que una persona pueda elegir sus planes de vida y llevarlos a la práctica ¿Quién de nosotros va a saber más qué es lo que quiere cada persona para su vida?", preguntó Rodríguez al sostener la importancia de la norma. Agregó: "creo que debo respaldar esta iniciativa aún cuando sea irreversible, porque todos los días tomamos decisiones irreversibles ¿Qué decisión más irreversible hay que tener un hijo?".

A su turno, Carrió dejó claras las diferencias con el resto del bloque del ARI al destacar que "el Estado no debe prestar el servicio ni garantizar su reversión si no se demuestra la necesidad de implementar esta práctica".

"Se trata de métodos que deberían responder a una necesidad, y consecuentemente ser un derecho, pero no deberían formar parte jamás de una cultura más ligada al Thanatos que al Eros", agregó Carrió y al cierre de su exposición advirtió sobre las posibles consecuencias de votar contra su propio bloque.

Si bien no estuvo al momento de la votación, Carrió dejó abierta la posibilidad de tomar una decisión respecto a su futuro político, al señalar que su postura "no elude" su "ilimitada responsabilidad" por la forma en que votan los diputados de su bloque.

Muchos objetores cuestionan que no se requiera autorización médica precisa para esas operaciones y que no se haya consultado a la Academia Nacional de Medicina o profesionales de la salud.

La autorización judicial es "requisito ineludible" para menores de edad o personas declaradas judicialmente incapaces, que deben ser oídas e informadas en el proceso de decisión en el que son parte sus representantes legales, señala el proyecto.

El proyecto fue elaborado en base a una serie de iniciativas presentadas por las diputadas Juliana Marino y Graciela Gutiérrez (Frente para la Victoria-PJ); María del Carmen Rico (Peronista Federal), Marcela Rodríguez (ARI) e Irene Bosch de Sartori.