La diputada nacional Blanca Osuna expresó su enérgico rechazo al proyecto de ley sobre “Buenas Prácticas Fitosanitarias” (expediente 26.117), que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos y actualmente se encuentra en tratamiento en la Cámara de Senadores.

Lo hizo  través de una presentación que resume aportes críticos, antecedentes de estudios científicos, fallos judiciales y observaciones al proyecto que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio el que dirigió a la Presidenta del Senado y vicegobernadora, Alicia Aluani, y a los senadores de los bloques mayoritarios, Martín Oliva y José Vergara.

Osuna destacó 2la gravedad de las consecuencias de la ley que pone en riesgo la salud de docentes, estudiantes, familias y comunidades rurales de la provincia, y del ambiente”, dijo.

En la presentación, la diputada remarcó “el valor de las voces que expresan  demandas y temores fundados en casos reales de docentes, estudiantes, familias fumigadas, aportes de científicos, médicos, ingenieros, organizaciones docentes y ambientales que han padecido el uso indiscriminado de agroquímicos y a su vez de quienes han estudiado científicamente el tema y buscan aportar”.

“Este proyecto de ley no puede avanzar sin escuchar a quienes realmente padecen consecuencias del uso de químicos que están estrictamente prohibidos en muchos países por sus comprobados efectos nocivos. Los entrerrianos tienen derecho a ser escuchados y a ser protegidos. De darse la aprobación de esta ley, los legisladores y la comunidad deben saber que se está habilitando una acción dañina y riesgosa para la vida humana, los seres vivos y el ambiente”, afirmó Osuna.

La diputada nacional explicó que el proyecto de ley impulsado por el gobernador Frigerio favorece los intereses de los grandes laboratorios productores de agroquímicos, poniendo en peligro la salud de quienes viven en zonas rurales. “Quienes están en el tema saben los intereses en juego, el poder de grandes laboratorios que producen agroquímicos, el comercio afín y las redes vinculadas a ese negocio son quienes están desesperados en que esta ley salga pronto", sostuvo.

Sostuvo Osuna que estudios médicos y científicos han mostrado que la exposición a agrotóxicos está directamente vinculada con graves consecuencias para la salud, especialmente para la salud infantil. En ese sentido alertó que “esta ley no solo carece de una base científica sólida y de perspectiva amplia en cuanto a lo que debe considerar sino que también ignora los derechos fundamentales de las y los ciudadanos. Además, las organizaciones docentes y ambientales han advertido sobre los riesgos de la ley, que reduce las distancias de seguridad para las fumigaciones, y propone el uso de tecnologías como los drones, sin garantías probadas para la protección de la población”.

“Esta ley vulnera derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a un ambiente sano y equilibrado y el derecho a la salud, consagrados tanto en la Constitución Nacional como en la de la provincia de Entre Ríos”, explicó Osuna. El proyecto reduce las franjas de seguridad para la fumigación con agrotóxicos a solo 15 metros de las escuelas, lo que a su juicio “contraviene contundentes fallos judiciales previos que establecen distancias mucho mayores”.

Además, el proyecto contempla la creación de un Consejo Asesor Fitosanitario con una composición a su juicio “tendenciosa y desigual a favor de quienes se inclinan por el uso de eso productos peligrosos, y excluye premeditadamente a especialistas de salud”. La participación de docentes y ambientalistas es significativamente minoritaria, afirmó. “Este Consejo, excluye a los afectados, ya que concluirá por mayoría, a pesar que según la ley es responsable de fijar protocolos de uso. Por eso se constituye en una excusa burlona de participación falsa. Permitir que los intereses del gran comercio de Agrotóxicos prevalezca  sobre la salud de nuestros niños y niñas está en manos de legisladores entrerrianos”, expresó Osuna.

Por esa conclusión, la diputada instó a “detener el tratamiento del proyecto hasta que se realice una revisión exhaustiva y participativa, que contemple las voces de las comunidades rurales y de los especialistas que advierten sobre los riesgos”.

“Hoy nos toca hacer frente a un proyecto que no solo es una amenaza para la salud, sino también para el futuro de nuestras generaciones. Las y los entrerrianos tienen el derecho a vivir en un ambiente libre de tóxicos y a que sus voces sean escuchadas en el debate”, concluyó Osuna.

Recientemente tomó estado público la suspensión de la reunión en la que se iban a presentar los datos argentinos del proyecto “SPRINT Transición Sostenible de Protección Vegetal: un enfoque de salud global”, comunicada por las autoridades del INTA. En ese marco, la investigadora especialista del proyecto, Virginia Aparicio, debía presentar los resultados argentinos de su estudio el día 21 de junio de manera virtual; sin embargo, esa reunión virtual no se realizó.

Según pudo saberse, el motivo de la no presentación de datos fue una comunicación del INTA, que instruyó a la investigadora a suspender la difusión de los resultados con fundamentos escuetos y generales.

Iniciado en 2008, el proyecto internacional SPRINT está destinado a evaluar la presencia de plaguicidas en Europa y Argentina, y está respaldado por la FAO, organismo de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación.

Argentina y otros once países llevan adelante la investigación en un esfuerzo de coordinación internacional que incluye protocolos acordados para todos los países participantes, muestreos y divulgación de datos preliminares y finales entre otros aspectos. El único dato preliminar que se conoce del estudio realizado en el año 2021 indicaba que, en las muestras biológicas de sangre, orina y materia fecal de 73 participantes argentinos, se constató la presencia de hasta 18 plaguicidas.

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) pidió que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) informe de manera detallada y pormenorizada qué acciones ha llevado adelante el organismo a los fines de la difusión de los resultados nacionales. También reclamó que, en caso de haberle indicado a la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio a suspender la comunicación pública de los resultados, las razones de tal decisión.

Pide Camaño saber si los resultados obtenidos por Aparicio daban cuenta de una alta presencia de plaguicidas no solo en los cultivos, sino también en el agua, aire y cuerpos humanos, lo cual para la diputada “comporta un potencial peligro para la salud”.

También indaga en su proyecto de resolución, habida cuenta de que los datos preliminares de 2021 de dicho estudio surgen la presencia de plaguicidas en el ambiente y en muestras biológicas humanas, apunte qué medidas implementó o postula recomendar a nivel país.

“Cada año se intoxican cerca de 3 millones de personas por la exposición a agrotóxicos y biocidas y/o alguno de sus derivados, varios de estos prohibidos en gran parte del mundo y Europa”, sostiene la diputada Camaño en su proyecto, donde recuerda que “en las últimas dos décadas, se ha intensificado el uso de productos biocidas sintéticos que incrementan el riesgo para la salud de las poblaciones aledañas, y el deterioro del ambiente y de los procesos ecológicos fundamentales para el sostenimiento de la vida”.

Un informe de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) señaló que “el consumo de plaguicidas aumentó un 858 % en los últimos 22 años, mientras que la superficie cultivada lo hizo en un 50 % y el rendimiento de los cultivos solo aumentó un 30%”. Ante ello, Camaño considera que “la suspensión instruida por el (INTA) nos conmina exigir de las autoridades competentes toda la información acerca de sus motivos y fundamentos para restringir la publicación de los resultados argentinos del proyecto SPRINT”.