El diputado de UP Leonardo Moreno explicó los pormenores del proyecto de ley presentado por impulso del intendente de Escobar Ariel Sujarchuk, para reglamentar a las policías municipales y que puedan portar armas no letales.

Moreno indicó que la reglamentación permitiría "homogeneizar las policías municipales, para que todos los municipios tengan las reglas claras en cuanto a los límites que tienen y poder disponer de la logística o mixtear los recursos en cada territorio, y no solo la cuestión del patrullaje, sino también el tránsito, las inspecciones, las infracciones".

Específicamente el legislador provincial detalló que lo que está proponiendo en acuerdo con el intendente Sujarchuk “es el uso de armas no letales para dirimir o disuadir conflictos callejeros”.

“También estamos planteando que las policías municipales de proximidad sean un escalafón de la Policía bonaerense”, agregó luego.

En ese sentido, Moreno adujo que "los intendentes son la primera ventanilla a los reclamos, conocen bien el territorio, por lo que poder disponer de agentes que recorran cada barrio, genera una mayor aceptación de los vecinos".

Y completó, a como de aclaración que “desde el peronismo” y el intendente Sujarchuk “quiere ser transversal ante la demanda de sus vecinos y plantear el rol y el funcionamiento del Estado, interpretando las nuevas demandas”, y agregó “lo que hay que hacer es discutir”.

Para terminar, dijo que Sujarchuf “ahora asume una nueva responsabilidad en plantear la discusión. Esperamos que el debate, mejore y enriquezca el proyecto” de ley que él se encargó de presentar en la legislatura provincial.

Tras el asesinato de la oficial Maribel Salazar en la estación Retiro de la Línea C del subte, los legisladores de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán y Marina Kienast, junto a otros dirigentes de ese espacio, encabezaron una denuncia contra funcionarios del Gobierno Nacional por trabar la compra de armas taser.

De esta manera, los Administrativos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) fueron denunciados por “incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, por dilatar de manera arbitraria la autorización de importación de armas de baja letalidad (pistolas taser) por cuestiones “ideológicas”.

Luego de que ANMaC autorizara la adquisición de las taser por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el responsable, Ramiro Urristi, debió renunciar al cargo y, a partir de ese momento, el organismo comenzó a “dilatar injustificadamente” la autorización de importación; en una demora que ya lleva más de un año y medio.

En la denuncia se explica que “en el expediente EX-2021-16188685-APN-DNRYD#ANMAC, DAJ N° 0547/21, Expte. N° 4-9383000, la ANMaC habría previamente autorizado la adquisición de un lote de sesenta armas electrónicas incapacitantes tiro a tiro, marca Taser, modelo X2, con destino a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires pero, luego de ello, el funcionario autorizante fue desvinculado del organismo, quedando _sic tunc_ ‘trabada’ la importación”.

Además recordaron que el Gobierno porteño ya cuenta con una sentencia de primera instancia favorable, dictada recientemente en un amparo por mora, con el objetivo de obligar a la ANMaC a resolver el pedido de autorización para importación.

Respecto de esta situación, García Moritán se preguntó: “¿Cuándo van a entender que las mezquindades políticas, así como la corrupción, cuestan vidas? ¡Hagan su trabajo y cuidemos a quienes nos cuidan!”.

Por su parte, Kienast señaló que “con las Taser podríamos evitar muchas muertes porque es una herramienta más con la que cuenta la Policía para poder realizar bien su trabajo. Es absolutamente ridículo que no se puedan usar por una decisión arbitraria del Gobierno Nacional”.