El Senado arrancó este miércoles con el debate de dos proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo, que ya cuentan con media sanción: la llamada “ley antimafias” y una iniciativa sobre regularización de armas y extensión del programa de entrega voluntaria. 

Miembros de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales -sin la presencia de senadores de Unión por la Patria- recibieron al director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien aseguró sobre la ley de abordaje integral del crimen organizado que “es un proyecto fundamental” porque “estamos hablando de crimen organizado frente a un Estado desorganizado”.  

La ley “es para crimen organizado, es por determinados delitos, es por una zona determinada, es un control equilibrado donde intervienen las fuerzas policiales; la decisión la toma el fiscal con inmediato control judicial, el que termina controlando todo es el juez, siempre; hay una intervención de las fiscalías con un control judicial como existe en la provincia de Buenos Aires o en Santa Fe”, explicó. 

En ese sentido, subrayó que “esta ley hace que trabajen conjuntamente las fuerzas federales, los jueces federales y los fiscales federales con las fuerzas provinciales y jueces y fiscales provinciales”. “Sin duda que la superposición de trabajo mejora el resultado”, consideró. 

El funcionario remarcó que la norma apunta a desarmar el poder económico que manejan las organizaciones criminales. “En el proyecto original pusimos la extinción de dominio”, recordó, aunque en la Cámara de Diputados por acuerdo con la oposición “se modificó y se puso el decomiso anticipado, lo que nos pareció muy acertado”, dijo. Sobre esto, afirmó que fue consultado con jueces y fiscales, quienes dieron el visto bueno. 

La senadora Carmen Álvarez Rivero (Pro) planteó la duda respecto de la figura de decomiso anticipado, en relación a la constitucionalidad. “Respecto del decomiso le pedimos al juez que tenga certeza, no de un peligro, convicción, es decir, que dicte la sentencia anticipada”, respondió Soto. Mientras que el senador Juan Carlos Pagotto (LLA) admitió que podría haber “un problema de nulidad, pero para eso están los jueces y por eso el decomiso tiene que ser hecho con rigurosidad y de manera excepcional, cuando las circunstancias lo aconsejen”. 

En una de sus intervenciones, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Carolina Losada (UCR), mencionó como en Santa Fe “las bandas narcos con los jefes en las cárceles no solamente organizaban ejércitos de sicarios, sino que vendían una especie de franquicias de territorios”. 

En otro tramo, el representante del Ministerio de Seguridad agregó que “la criminalidad cambia dinámicamente” y “nosotros tardamos para hacer una ley, pero ellos no”. Finalmente, defendió que este proyecto “es un cambio cultural, de concepto, de cómo se entiende la investigación y el delito”. 

Por otra parte, también comenzó a discutirse el proyecto sobre regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria. Para ello asistió el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan, quien señaló que a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo se le hicieron “siete modificaciones” en la Cámara de Diputados, que “le dieron mayor robustez y solidez” al texto, al tiempo de “un mayor consenso, muy buen acompañamiento (en la media sanción) y tenemos la expectativa de que esto ocurra en esta casa”. 

El funcionario afirmó que se busca “saber lo más cercano posible la cantidad de armas que hay en el país, quién las tiene y dónde”. Aclaró que con esta norma “no se están modificando los requisitos para ser legítimo usuario”, mientras que subrayó que el sistema de tenencia “en la práctica ha perdido eficacia”. 

En ese sentido, detalló que actualmente hay “una persona en condición regular y dos personas en condición irregular” sobre tenencia. “Las armas no se esfuman, alguien las tiene y el Estado necesita saber quién las tiene”, insistió y precisó que este año hay “vigentes casi 300 mil personas con su credencial de legítimo usuario”, de los cuales declararon 830 mil armas; sin embargo “hay 600 mil personas que dejaron vencer su credencial, y la inmensa mayoría había declarado armas” en un total de 986 mil. Además, hay más de 800 mil armas que “nunca tuvieron registración”.

Allan dijo que en años anteriores “el Estado gastó 226 millones de pesos y solamente el 2,8% regularizó su situación”. “Nosotros afrontamos otra forma, sí nos comunicamos con los vencidos; concientizando sobre las ventajas de estar a derecho”, manifestó y reveló que están “en plena reconstrucción de la base (de datos)”. Sobre esto, contó que a partir de un cruce de información con el Renaper, conocieron que “más de 120 mil personas están fallecidas”.

Sobre la prórroga del programa de entrega voluntaria, el titular de la ANMaC sostuvo que se busca extenderlo hasta 2027, por un plazo de cuatro años “para evitar los baches”. “Rosario es por lejos la ciudad donde la gente entregó más armas y la Justicia pide este programa, lo necesita”, dijo. 

Allan precisó que en 2017 se entregaron 11 mil armas; en 2018 casi 12 mil; en 2019 unas 7 mil; luego hubo un descenso y en el 2023 “volvió a subir a 4.200”. “Tenemos la expectativa de superar ese número” con la nueva prórroga, expresó e indicó que el año que viene está previsto un presupuesto de 57 millones de pesos para este programa, dado que la entrega se hace a cambio de un incentivo económico. 

También aclaró que “la delincuencia no blanquea en ninguna condición”. “Nosotros vamos a controlar el pedido: que (el arma) no tenga alta de secuestro, que no esté judicializada, que la numeración no esté adulterada, va a haber un exhaustivo examen previo a su regularización”. 

El otro ítem del temario tenía que ver con un proyecto sobre régimen legal para el desarmado de automotores y venta de autopartes. Losada informó que desde el Poder Ejecutivo llegaron “algunas sugerencias” sobre el tema, que iban a ser remitidas a los senadores junto al borrador del dictamen “para que veamos si las tomamos o no” y en la próxima reunión poder debatir y dictaminar. 

La diputada nacional Lorena Macyszyn (Buenos Aires Libre) presentó un proyecto de ley para agravar las penas para delitos de robo cometidos con armas de juguete o réplicas. En el mismo indica que el uso de este tipo de armas debe ser considerado un agravante y no un atenuante que beneficie a los delincuentes. “Los ladrones saben que si usan un arma de utilería salen a los 5 minutos”, afirmó. 

 La legisladora señaló que “para una víctima que está sufriendo un delito es imposible distinguir si el arma que porta el delincuente es de utilería, réplica o de juguete. Por eso presenté el proyecto, para que el uso de este tipo de elementos se considere un agravante y no un atenuante”. 

La aliada del oficialismo propone que se aplique una pena de reclusión o prisión de 5 a 15 años si la violencia ejercida para cometer el robo -con un arma de juguete o de utilería- causara alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91 del Código Penal. Actualmente, el castigo para este tipo de delitos es de 3 a 10 años. En tanto, si el arma utilizada para la comisión de delito fuese de fuego, la escala penal prevista se eleva a un tercio en su mínimo y en su máximo.

Macyszyn, quien integra el bloque Buenos Aires Libre junto a Carolina Píparo, afirmó que “es necesario desalentar este tipo de delitos ya que los delincuentes especulan con la utilización de armas de juguete, de utilería o réplicas con el fin de obtener su libertad rápidamente. Necesitamos leyes a medida de la ciudadanía y no de los delincuentes”

 Entre los fundamentos, sostiene que “la utilización de un arma de utilería cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo acreditada constituye un mayor poder intimidante para la víctima y, por tal motivo, un mayor estado de indefensión”. 

 

En la sesión especial de este jueves, la Cámara baja convirtió en ley por 189 votos a favor, 13 negativos y una abstención, la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2023.

La norma, enviada por el Poder Ejecutivo, modifica además el artículo 4 de la Ley 26.216, sobre las finalidades del programa, que serán: la disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil; la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego; y la sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego.

También, la promoción de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos; el control y reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego; y la incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales.

Los votos en contra correspondieron a los diputados de la Coalición Cívica Victoria Borrego, Laura Castets, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Juan Manuel López, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto y Mariana Stilman. También votaron en contra Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Francisco Sánchez y Alfredo Schiavoni del Pro, y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza). La única abstención fue de la chaqueña Marilú Quiroz (Pro).

El debate

Defendió el dictamen el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, Ramiro Gutiérez (FdT-Buenos Aires), resaltó la aprobación unánime que el proyecto tuvo en el Senado. Un proyecto que “importa una voluntad, una política del Estado nacional, decidida en el año 2006 y que ha tenido una continuidad, Gobierno tras Gobierno, de sostener este programa que retira el remanente de las armas”.

Destacó el legislador que en 2017 se hizo la primera encuesta de victimología, que “reveló un número que pocas veces he visto en mi desarrollo profesional: para robos de autos, camiones y camionetas, en el 93,2% de los casos intermedió un arma de fuego. Es un número altísimo. Por eso, como esas armas si no se entregan para su destrucción, permean al mercado ilícito, nosotros tenemos que ayudar y fomentar estos programas”.

Ramírez puntualizó que “menos armas disponibles son menos violencia y menos víctimas”.

A continuación, el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, Juan Martín, sumó algunos datos, correspondientes a su provincia, Santa Fe. Entre 2014 y 2021, 7 de cada 10 homicidios fueron con armas de fuego.

“Casi la mitad de las muertes no son en defensa propia, sino conflictos interpersonales resueltos de manera muy violenta. Por eso es que hacen falta programas como este”, estimó.

A continuación aclaró que desde Juntos por el Cambio sentían que habían diferencias de criterios en la materia, pero resaltó el consenso mínimo alcanzado para reducir la violencia. “Nadie duda de la herramienta para reducir la violencia”, señaló, pero aclaró que tenían algunas discrepancias sustanciales. Por ejemplo respecto de la dinámica misma del sistema. Por eso planteó que no debía ser renovado sistemáticamente, sino que el programa debía regir de manera permanente.

De hecho, advirtió que “hoy el programa está vencido”, por eso llamó a “ir a un régimen integral”, al tiempo que reclamó también un incentivo económico sustantivo, porque en la actualidad el pago por esas armas ha quedado “totalmente desfasado”.

“Hechas estas salvedades, es mejor tener un programa a no tener ninguno”, reconoció.

A continuación, la diputada chubutense Estela Hernández (Frente de Todos) reconoció coincidencias con el diputado Martín, por ejemplo en el carácter permanente que debía tener el programa. Pero le puso al tema un tono político al preguntarse “cómo se puede pacificar la vida social, los conflictos, cuando permanentemente vemos violencia, ironía, descalificación, aun en esta Cámara”.

“¿Cómo podemos pacificar una sociedad cuando hay diputados de la Nación, alguno sentado quizás aquí, que livianamente en sus redes sociales pide pena de muerte?”, se preguntó en referencia al diputado neuquino Francisco Sánchez (Pro), al que no mencionó puntualmente. Se quejó porque no había escuchado a ningún diputado o diputada de la oposición repudiando esas palabras. “Porque las palabras tienen consecuencias, no se pueden emitir porque sí, tienen consecuencias, porque las escuchan muchísimas personas, y cuando somos representantes, tenemos una función política. Esa palabras pueden tener consecuencias”.

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade se manifestó a favor del proyecto, pero hizo ciertas observaciones, objetando “lo que hoy se va a votar, en el contexto en que se va a votar”.

“Todo lo que han planteado es teórico, y ni siquiera han distinguido las armas que el Estado tiene y la entrega voluntaria de armas, se habla como si fuera todo lo mismo y no es todo lo  mismo. Cuando uno empieza a recabar información se encuentra que hay muy poca”, se quejó, advirtiendo que “como está funcionando el programa, quizá sea más inofensivo que Don José tenga un arma guardada en un placard y no que la entregue al Estado y no sepamos qué sucede después”.

Así las cosas, y basándose en un informe enviado al ANMAC que no la convenció en absoluto, planteó sus dudas respecto del destino de las armas entregadas, reclamó que se haga presente la titular del organismo ante la Comisión de Seguridad Interior, e hizo una moción para que el proyecto volviera a comisión, adonde deberían concurrir las autoridades para responder las dudas planteadas.

La moción fue rechazada.

A su turno, el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) coincidió con su colega Mónica Frade en cuanto a que la ANMAC no había brindado la suficiente información reclamada y por eso él y la legisladora de la CC habían expresado sus disidencias en la comisión. “Estamos votando a ciegas”, reconoció López Murphy, quien consideró también “inadecuado” el sistema de incentivo, y llamó la atención a sus colegas por “haber subestimado el pedido de la diputada Mónica Frade”.

Más allá de compartir el objetivo de la norma, coincidió con la diputada de la Coalición Cívica en la necesidad de que el proyecto volviera a comisión.

Cerró el debate la radical Ximena García que sostuvo que “tenemos que abordar la seguridad como una política de Estado que no dependa de una u otra administración”.