La iniciativa fue presentada por la diputada Alejandra Torres quien propone una interconectividad entre diferentes organismos a fin de que el sistema actual no sea “burocrático y rebuscado”.
La diputada nacional Alejandra Torres (Provincias Unidas) presentó un proyecto de Ley de Integración Digital a fin de establecer los criterios necesarios para la unificación de la información en las distintas bases de datos del Sector Público Nacional, con el propósito de garantizar respuestas rápidas y efectivas a los requerimientos ciudadanos, y promover una gestión más eficiente de los recursos públicos.
Torres argumentó que “se torna indispensable una reforma que obligue a los organismos públicos a compartir entre sí la información y documentación que ya poseen, con el objetivo de reducir la carga administrativa tanto para los ciudadanos como para el Estado”.
Las obligaciones se cumplen, sin excusas. ✍️🇦🇷
Aunque todavía falta para la fecha de vencimiento, acá estoy presentando mi Declaración Jurada Patrimonial ante el Congreso.
Ahora bien, ¿no resulta muy ineficiente que un poder del Estado (Legislativo - Cámara de Diputados) te… pic.twitter.com/5vwrtYYMIg
— Alejandra Torres (@Ale_Torres60) July 14, 2026
En ese sentido, remarcó que “con la tecnología disponible actualmente, es factible implementar mecanismos ágiles y confiables que faciliten este intercambio, eliminando la necesidad de que los ciudadanos actúen como intermediarios entre las diferentes entidades públicas”.
En tanto, señaló que los objetivos de este proyecto están orientados a “reducir la burocracia, simplificar la interacción entre los ciudadanos y el Estado, y mejorar la eficiencia y coordinación dentro del Sector Público Nacional”.
Así, propone un enfoque basado en cuatro ejes fundamentales:
La iniciativa impulsada por el diputado de Evolución Radical propone una modificación en la Ley de Procedimientos Administrativos.
Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Martín Tetaz, presentaron un proyecto de ley que busca modificar el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos, con el objetivo de que el “silencio del Estado” sea favorable para todos los ciudadanos.
“Necesitamos modernizar la administración pública, no podemos seguir siendo víctimas de la burocracia estatal. Con este proyecto queremos garantizar que cuando el Estado no responda, la resolución sea automáticamente favorable al ciudadano”, explicó el legislador de Evolución Radical.
El actual artículo señala que “el silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo”.
La modificación propuesta por Tetaz establece que “el silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como positiva. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido negativo”.
La legislación indica que si el Estado no se pronuncia en 60 días las personas podrán reclamar la resolución y si 30 días más tarde no se efectúa, entonces se considera que hay “silencio de la administración” y que por lo tanto la resolución es a favor del ciudadano.
“El desafío es reformar la administración pública para que sea ágil y simple a bajos costos. Debemos responder a las necesidades actuales minimizando al máximo la variante principal que es el tiempo”, concluyó el economista.
El proyecto fue acompañado por sus pares Margarita Stolbizer, Gabriela Lena, Carlos Zapata, Graciela Ocaña, Manuel Aguirre y Héctor Stefani.