La propuesta contiene cinco módulos y se podrá realizar hasta el próximo 30 de noviembre. Desde la Cámara alta destacaron "alto nivel de interés y compromiso" por parte de los trabajadores.
Arrancó en el Senado la Capacitación Básica Obligatoria para todo el personal, que incluye formación técnico-profesional, formación parlamentaria, formación en idiomas, la Diplomatura Universitaria de Formación Continua en Derecho y Gestión Parlamentaria y el Plan Federal de Capacitación Parlamentaria.
Con el objetivo de elevar la calidad del trabajo legislativo y administrativo, la Cámara alta puso en marcha esta instancia destinada a todos los empleados de planta permanente y transitoria que realicen tareas administrativas y parlamentarias.
En las primeras 24 horas, la iniciativa ya registró más de 1.100 agentes inscriptos y más de 320 certificados emitidos, "lo que marca un alto nivel de interés y compromiso por parte del personal", destacaron desde el Senado.
La propuesta incluye cinco módulos virtuales: Word, Excel, Comdoc, redacción administrativa y primeras herramientas para el trabajo legislativo. El curso se realiza a través de la plataforma de capacitación del Senado, donde cada agente se automatricula, accede al material y rinde cuestionarios autoadministrados. Una vez aprobados, el sistema genera automáticamente el certificado que se incorpora al legajo y al sistema Sarha.
La obligatoriedad está regulada por la disposición RRHH 513/2025 y alcanza a todos los agentes, con excepción de quienes ya hayan completado los cinco cursos del tramo básico desde 2020. Estos últimos podrán solicitar la validación de sus certificados para quedar eximidos.
El plazo para completar la capacitación se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2025. Los trabajadores que ingresen al Senado entre el 1ro. de octubre y el 31 de diciembre contarán con tres meses desde su fecha de alta para realizarla.
Aprobar la capacitación en tiempo y forma será requisito para participar en calificaciones, concursos y procesos de recategorización, según lo previsto por la Dirección General de Recursos Humanos y el artículo 43 de la Ley 24.600.
"Con esta iniciativa, el Senado busca reducir asimetrías, estandarizar competencias y profesionalizar la tarea legislativa y administrativa, consolidando una base común de conocimientos para todos sus trabajadores", se destacó en un comunicado.
Un proyecto de ley de diputados oficialistas prevé que todo el personal de la administración pública se capacite en las prácticas de Resucitación Cardiopulmonar.
La diputada nacional y vicepresidenta del bloque del Frente de Todos (FdT), Cecilia Moreau, presentó este jueves un proyecto de ley para que se capacite de manera obligatoria al personal de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en las prácticas de Resucitación Cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibrilador externo automático, lo cual permitirá salvar vidas ante un paro cardiorrespiratorio.
"La mayor cantidad de muertes por ataque cardíaco y muerte súbita se producen en los ámbitos extra hospitalarios" por lo cual es "de vital importancia la concientización sobre el aprendizaje de la atención primaria básica del paro cardiorrespiratorio", sostuvo Moreau sobre la iniciativa de su autoría, que fue firmada también por pares de su bloque.
La diputada nacional evaluó que "de aprobarse la ley, se ampliaría el universo de ciudadanos y ciudadanas que puedan actuar ante una situación de emergencia y brindar una reacción inmediata" y destacó que "capacitarse en RCP significa amor, empatía y solidaridad para con quienes nos rodean".
"La reanimación cardiopulmonar consiste en un conjunto de maniobras destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos vitales cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene súbitamente. Ante esta situación, las personas deben recibir atención inmediata, puesto que entre tres y cinco minutos después de producido el paro cardiorrespiratorio, comienza la muerte cerebral", subrayó.
Destacó que "desde la Fundación Cardiológica Argentina aseguran que aplicar RCP y desfibrilación dentro de los tres primeros minutos de ocurrido el evento aumenta las posibilidades de llegar con vida a un hospital en un 79%. Pero, por cada minuto que se demora la aplicación de estas medidas, se reducen en 10% las posibilidades de continuar con vida".
Y recordó que, "según datos difundidos por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, basados en estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina una de cada diez personas muere a causa de muerte súbita y un 20% de la población sana desconoce que puede morir por esta causa."
La iniciativa diseñada por Moreau fue firmada también por sus pares de bloque Alicia Aparicio, Rosana Bertone, Mateo Bogdanich, Lia Caliva Lía, Carlos Cisneros, Blanca Osuna y Mayda Cresto.
También respaldan el proyecto Alicia Figueroa Alcira, Silvana Ginocchio Silvana, Lucas Godoy, Estela Hernández, Gladys Medina, Graciela Parola, Ariel Rauschenberger y Liliana Yambrún.
Además, acompañaron la iniciativa los legisladores de Unidad y Equidad Federal José Luis Ramon y de Juntos por Rio Negro Luis Di Giacamo.