Con la desaparición de Loan como telón de fondo y en vísperas de la aprobación en el Senado de un proyecto sobre el tema, un plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y Legislación Penal recibió este martes a expertos que expusieron sobre los proyectos que modifican el Código Penal para incluir una tipificación de la compra y venta de niñas, niños y adolescentes.

En el arranque de la reunión, la presidenta de la Comisión de Familias, la radical Roxana Reyes aseveró: “Tenemos la obligación internacional, hemos sido intimados en el caso Fornerón a cumplir con esta legislación. Sin dudas es un flagelo que requiere que demos un marco normativo”.

Respecto del despacho de un proyecto en el Senado, abogó por “conseguir la mejor ley, que no deje ningún flanco libre a quienes cometen este delito”.

La primera oradora fue la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, quien celebró que “se haya encarado por fin la tipificación del delito de compra-venta” en ambas cámaras en simultáneo. También mencionó que “estamos condenados por el fallo Fornerón desde el año 2012”, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “caso María” nos “condena por algo igual o peor”. En esa causa, “se inició un proceso de una adopción ilegal de un bebé por nacer, de una niña abusada a los 12 años” y “todavía estamos esperando el fallo de la Corte Suprema” de Argentina.

“Nosotros queremos que el término de adopción esté en el texto que se sancione, porque en la República Argentina la mayoría de los casos de compra y venta de niños son para una adopción”, apuntó la funcionaria.

Por otra parte, sugirió que “se utilicen las reglas de Brasilia y se excuse a la persona que entrega cuando está en situación de vulnerabilidad”. En ese sentido, lamentó que los menores sean “una transferencia de activos de las clases más pobres a las clases más favorecidas de la sociedad. Ese activo, que algún día fue la fuerza de trabajo, hoy lo único que le queda a los más pobres es entregar a sus propios hijos para que otros puedan cumplir con su deseo razonable, excusable, respetable de ser madre o padre”. Por eso, pidió que “las que son, en general, mujeres niñas sean exoneradas o no sean perseguidas penalmente, salvo que formen parte de una red delictiva”.

Graham también señaló que “la tipificación tiene que ser, haya remuneración o no haya remuneración”, porque “los niños no se compran, pero tampoco se reciben como regalo”, subrayó.

A su turno, Martha Pelloni, rectora y religiosa de la Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas, dijo estar “emocionada” por el tratamiento de esa cuestión, porque “fue el primer tema con el que me encontré al llegar a Goya, después del caso de María Soledad. Me encontré con empleadas domésticas de casas de ricos que para poder sostener el trabajo cama adentro tenían que entregar el hijo que venía al mundo porque estaban embarazadas”, relató.

La coordinadora de la Red Infancia Robada recordó que recién después de ocho años pudo conseguir las pruebas de los casos. “No podíamos hacer nada, porque nadie le daba credibilidad”, expresó. A su vez, alertó que para este delito hay “una mafia enquistada en el poder político, judicial, policial y las instituciones que nos tienen que cuidar”.

“Esta ley tiene que salir. Es cierto que se regalan los niños, yo lo he visto en el campo. Cuántos niños se han vendido durante tantos años”, exclamó y mencionó al ex intendente de la ciudad correntina de Mercedes, Víctor Cemborain, “quien se candidateaba para gobernador y compraba los bebés para rituales. La misma fiscal iba a los rituales de estas creencias donde se ofrecían bebés”. “Hoy vemos en el caso Loan que la abuela mezcla la creencia católica con la Virgen de Itatí con el Pomberito”, agregó Pelloni.

A su lado,  Gloria Machado, abogada de Infancia Robada, afirmó que “la compra-venta es una clara violación a los derechos humanos, es transversal a muchos derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes”. “Es necesario un cambio de paradigma socio-cultural en la mirada hacia las infancias, en la perspectiva de infancias y en el cuidado”, sostuvo y apuntó contra “la connivencia de los poderes públicos, de los encubrimientos y complicidades de distintos efectores”.

Luis Fernando Velasco, especialista en Derecho Penal y Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina, aseguró: “No hay partidismo en esto, sino lo que tenemos que lograr es una muy buena técnica legislativa para evitar que la modificación genere problemas de los delitos que ya están tipificados, porque cuando modificamos o reemplazamos un artículo esto puede implicar una aplicación de ley penal más benigna para otras personas ya condenadas”.

“Las figuras que tenemos en el 139 y 139 bis (del Código Penal) son muy amplias”, admitió, pero explicó que “el proyecto que tiene dictamen del Senado reemplaza el 139 bis, pero elimina de alguna manera casos que hoy están tipificados”. En este sentido, advirtió sobre un “efecto contrario” y aseveró que hay que ser “muy cuidadosos de no reformar un texto con el cual ya hay condenas y está siendo aplicado”.

Velasco sumó: “Yo recomendaría no ir al texto específico de la compra-venta, sino avanzar en una forma agravada de estas figuras que no implique la derogación de lo que ya esté”. Y reiteró que hay que ser “muy cuidadosos” en las reformas.

José Atilio Álvarez, titular de la Defensoría Pública de Menores, coincidió en la visión sobre la técnica legislativa y pidió “cuidar el tipo que van a incorporar, no sea cosa que, de buena fe, terminemos con una enmienda peor”.

De igual modo, remarcó en la necesidad de “atenuar la situación de la parte vulnerable, de la madre que no participa de una organización”.

“En 45 años que voy a cumplir -en ejercicio del derecho-, el temor del apropiador de niños es el arrepentimiento de la madre. Dejar la puerta abierta para que la madre se arrepienta y ayude a recuperar la identidad de su hijo es un elemento preventivo fundamental en la apropiación de los niños”, indicó.

En la reunión informativa, Álvarez le reclamó a los legisladores que “tengan el valor cívico de sacar una ley lo más correcta posible, que no tolere los escapes de una mafia”.

La diputada nacional Romina Del Plá (PO/FIT-U) criticó los recortes en discapacidad y en el área educativa ante la reunión de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja a la que asistió la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, a quien le consultó por la intervención de la institución en esos temas.

En su intervención Del Plá advirtió: “Podemos partir de la consideración que la situación de la niñez en nuestro país está en un cuadro de extrema gravead y vulnerabilidad”, y se refirió a los recortes en el área de discapacidad.

“En medio de los varios recortes, si bien mañana se va a abordar en la Comisión de Salud el tema, está claro que estamos frente a una situación aguda en relación a que ya había muchas dificultades en el abordaje de la discapacidad en la que muchos niños y niñas padecen esta dificultad, pero ahí vemos en dos aspectos y preguntamos si ha habido alguna intervención en relación a los recortes que están afectando a las prestaciones de tipo privadas en cuanto a acompañantes terapéuticos, especialistas”, explayó la diputada.

También, se refirió al área educativa: “La falta de docentes para la inclusión, la enorme limitación que hay en este sentido y el reforzamiento de las escuelas especiales que en muchas jurisdicciones está en pleno proceso de desmantelamiento en lugar de reforzarlas”.

Al responder, Graham informó: “Tenemos denuncias en este momento sobre obras sociales que no cubren determinadas prestaciones, y allí estamos exigiendo que se cubran esas prestaciones a las obras sociales”.

“Hay un margen de prestaciones a las cuales las obras sociales están obligadas, por ejemplo, algunos apoyos que tienen que ver con acompañamiento terapéutico, pero hay otros apoyos que tiene que ver con talleres como talleres de música para niños autistas que es para ese niño, eso no esta cubierto”, explicó la funcionaria.

Además, contó: “Venimos trabajando con algunas expertas psicólogas y psiquiatras que trabajan el espectro autista porque son los que más complicaciones tienen en las coberturas que es que las obras sociales cubran aquello que por ley si tiene que cubrir como el acompañante terapéutico, porque no se toman en cuenta los talleristas que son para esa patología y más contundentes para acompañar ese proceso”.

“Un tema es exigirle a la obra social que cumpla, ahora entraron tres casos de CABA, y también exigir una reforma de la Ley para tener en cuenta que la terapia no es solamente aquello que hace un médico o psiquiatra, sino que también hay terapias de otro tipo”, remarcó Graham.

Sobre las escuelas especiales, señaló que “hay un debate histórico. Hay un sector que respetamos mucho que dice que hay que salir de esta idea de anormal y normal y entonces poner anormal en una escuela especial y por eso hablan de escuelas con apoyo. Y hay otros que dicen que los niños especiales tienen que ir a una escuela y estar integrados y tener el apoyo dentro del ámbito escolar”.

Al respecto, consideró: “Tenemos que terminar este debate que empezó por lo menos hace 20 años. O salimos por arriba o encontramos alguna tercera solución que, por ejemplo, que algunos niños necesitan alguna escuela especial y otros pueden ser absolutamente integrados con un acompañamiento porque no todas las discapacidades motrices ni mentales son iguales. Un proyecto de ley podría superar este debate histórico porque si hablas de niños especiales estas discriminando, entonces hay que bajar todo eso”.

La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Marisa Graham, asistió este martes a la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, que preside la radical Roxana Reyes (Santa Cruz), para brindar su informe anual en el que alertó: “Desde el inicio de la gestión nos inundaron de denuncias de abuso sexual infantil, es un tema de alta preocupación”.

En su ponencia, también sostuvo que “la Ley de Salud Mental será muy de avanzada para los adultos, pero no incluye a la niñez y la adolescencia”, y pidió que “hay que reformarlo”. También que abogó por la renovación de la Ley de Discapacidad y el régimen penal juvenil.

En su exposición inicial, Graham recordó que la Defensoría “es un organismo de derechos humanos, de un tercio de la población que son las personas hasta 17 años; es autónoma, autárquica e independiente. No depende ni responde a ninguno de los poderes, e incluso puede interpelar al Poder Judicial”.

Al recordar que ella junto a los defensores adjuntos juraron en febrero de 2020 y luego vino la pandemia, mencionó que la tarea “fue muy difícil” porque era “un organismo que se creó desde menos diez, no desde cero”. Sin embargo, “a pesar de esa dificultad hicimos muchísimo en el 2020 y mucho más en el 2021”, destacó.

Y sobre ese 2022, año en que se retomó la presencialidad a pleno, “hubo como una explosión de la Defensoría, nos instalamos más en la población y se definió un poco más cuál es nuestro rol”, resaltó.

La funcionaria agregó que estuvieron “un año y medio armando equipos que no se conocían”, lo cual “fue un obstáculo, pero también una fortaleza” que “generó una cohesión importante”. A continuación, detalló la estructura del organismo, compuesto por una diversidad de profesionales. “Somos el 60% mujeres y el 40% varones”, detalló.

Graham subrayó: “Hemos dado un salto cualitativo teniendo en cuenta que todavía ni siquiera hemos cumplido tres años de existencia como institución”. Y reveló que poseen un “estatuto interno de avanzada”, a partir del cual, por ejemplo, “hay paridad absoluta” en cuanto a las licencias por paternidad, maternidad, adopción o distintos cuidados para todos los trabajadores.

“Trabajamos fundamentalmente con pronunciamientos, comunicaciones y recomendaciones; con campañas de difusión y sensibilización; con mesas de trabajo, con aportes técnicos y con convenios marco con distintas organizaciones”, contó, a la vez que enumeró las “redes” que “acompañan la gestión de la Defensoría” tales como “defensores provinciales, legisladores provinciales por los derechos de los niños, organizaciones territoriales, y promotores de derechos de los niños” que son “150 chicas y chicos de todas las provincias del país”.

En un tramo de su presentación, la defensora aseguró que desde el inicio de la gestión “nos inundaron de denuncias de abuso sexual infantil, lo cual es un tema de alta preocupación. Creo que tiene que ser de preocupación para toda la sociedad”.

Al relatar uno de los casos en los que más trabajó la Defensoría, la funcionaria se refirió a la niñez indígena, de la cual hay un proyecto del diputado Daniel Arroyo al cual expresó su apoyo. “Si hay un nene o una nena, un chico o una chica vulnerable en la República Argentina, son los niños de los pueblos originarios”, señaló.

Sobre el trabajo realizado con la comunidad wichí en el Chaco Salteño, contó que la Defensoría fue “a hablar con las autoridades, con el gobernador, con los ministros” y que viajaron a visitar el territorio muchas veces. Se armaron mesas interministeriales y “logramos reducir un poquito la mortalidad infantil”, apuntó. Sin embargo, “en septiembre de 2021 ese círculo virtuoso que de alguna manera se había gestado, se rompió, dejó de funcionar”.

A partir de ello iniciaron un amparo a la provincia de Salta, que respondió con medidas cautelares. “Nosotros pedíamos garantizar agua, conectividad, caminos, salud, alimentación oportuna y de calidad”, expresó, y agregó: “Se requiere de decisión política, presupuesto y un acompañamiento del Gobierno nacional a estas políticas que tiene que desarrollar la provincia”.

Actualmente aguardan por un fallo de la Corte de Salta, y de ello dependerá si presentan un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informó Graham. “Lo pongo de ejemplo no para estigmatizar, sino para mostrarles como venimos trabajando”, dijo y ponderó que entre las cosas que sí se lograron, se otorgaron 3.500 DNI entre la niñez indígena. “Siguen esos operativos, eso funcionó y funciona, lo que no funciona es lo otro, que es vital”, sumó.

La defensora también mencionó que trabajaron con la niñez migrante; con gestiones para que la Tarjeta Alimentar se ampliara a familias con hijos hasta 14 años; y con bajar el piso del Progresar. “Hay cuestiones que todavía quedan de lo que nosotros llamamos el tutelarismo clásico”, indicó, y remarcó que uno de ellos es la salud mental.

“La Ley de Salud Mental será muy de avanzada para los adultos, pero no incluye a la niñez y la adolescencia y eso hay que reformarlo”, afirmó Graham, al igual que abogó por la renovación de la Ley de Discapacidad y el régimen penal juvenil. Asimismo, hay que “aggiornar la Ley 26.061, que fue un salto cualitativo en su momento, pero hay cosas que podríamos incorporar, por ejemplo, el tema de trabajo infantil”.

Graham ratificó: “Estamos trabajando mucho para que haya defensores en todas las provincias, que sean pares nuestros y que se incorporen a una red horizontal y federal de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

A su turno el defensor adjunto de la Defensoría, Facundo Hernández, procedió a explicar cómo actúan en la defensa de los derechos: “Tenemos un área de admisión de casos porque no podemos intervenir en todos porque haríamos mal nuestro trabajo. Tenemos que rejerarquizar el sistema de protección porque después deben transitar y ser atendidos por los lugares originarios de donde son los casos. Solo en los casos donde no obtenemos respuesta en tiempo y forma ahí interviene la Defensoría”.

“Junto con los litigios estratégicos, lo que se busca es fortalecer y jerarquizar el sistema de derecho que es lo que debería funcionar bien en Argentina y además estamos yendo hacia un sistema federal independiente de todos los dispositivos donde haya niños, niñas y adolescentes”, añadió.

Y sumó: “En materia de admisión de casos es de mayo de 2021 a mayo de 2022 son 441 casos. Este año hubo un salto de un 40% entre 2020-2021 y 2021-2022. De mayo a este año hay 112 nuevos casos. El total de casos que tiene la defensoría desde su creación es de 756 que muchos no son individuales”.

“El grueso de los casos tiene que ver con procedimientos con cuestiones de familia que están siendo abordadas de manera conflictiva en el Poder Judicial. En materia de requerimientos hay una fuerte preponderancia en la provincia de Buenos Aires algo que nos interesa revertir y para lo cual estamos pensando distintas alternativas”, explicó Hernández y agregó: “En materia de quiénes nos requieren hay una preponderancia de que sea un familiar o el referente afectivo del niño o niña. El segundo caso que tomamos de oficio tiene que ver con violencia institucional”.

En esa línea, precisó que “de los 441 casos que ingresaron se llevaron a cabo 4.400 gestiones que van desde pedidos de informes, notas judiciales, articulaciones, asesoramiento, mesas de trabajo. De estos casos 65 son los que forman parte del litigio estratégico donde ponemos mayor peso de las herramientas defensoriales con mayor profundidad”.

Sobre la Ley 22.278, comentó que “hay dos proyectos de ley actualmente con estado parlamentario, pero los dos con edad de 14 años porque no corresponde bajar la edad de imputabilidad porque es algo que reclama el Comité de Naciones Unidas”.

“Una Ley Nacional de reparación histórica de niñez indígena es importante porque es algo que vimos como problema en la falta de un diagnóstico, de planificación, de coordinación y de evaluación de políticas públicas provincias y nacionales. Hay mucho trabajo de terreno, pero falta coordinación”, cuestionó.

En materia de nudos críticos, señaló que “tres provincias no cuentan con la Ley de Protección Integral, nueve provincias tienen algún grado de adecuación de leyes procesales penales, 15 provincias no receptan normativamente la figura de Defensor y, de las 9 que si, 4 no la implementan. Hay una falta de centralidad del sistema de diseño de políticas públicas”.

Entre los obstáculos que se les presentan para el ejercicio de su función precisó que “principalmente pasan por el Poder Judicial y Ministerio Público de la Defensa que no nos reconocen la legitimidad”.